German Ferrer, diputado chavista y esposo de la fiscal Luisa Ortega, habló en Mañanas BLU sobre el proceso de enjuiciamiento contra la funcionaria por parte del Tribunal Supremo de Justicia.
“Es una situación absolutamente irregular de acoso y amedrentamiento por parte de algunas personas, que agreden y despotrican con discursos de odio a funcionarios de Ministerio Público”, señaló.
Asimismo, sostuvo que tanto él como la fiscal Ortega son chavistas y no maduristas.
“Lo que está haciendo el Gobierno nacional no tiene nada que ver con lo que fueron las propuestas que planteó el presidente Chávez en el año 1999, cuando a través de una constituyente consultada con el pueblo, se creó la Constitución actual”, dijo.
Agregó que la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente fue “ilegalmente convocada” por Maduro, porque no tiene facultad para ello, según la Constitución Bolivariana.
Preguntado por las 80 muertes en el vecino país en medio de los 90 días de protestas, Ferrer señaló que tanto a él como a Ortega les duele la situación.
“Nos duele la muerte de cualquier venezolano. No es posible que se sigan asesinando personas, alguien tiene que ser responsable”, puntualizó.
Fiscal pide a Cámara ratificar a vicefiscal anulado por el Supremo
Cabe mencionar que Ortega solicitó a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, ratificar al vicefiscal Rafael González, luego de que su designación, hecha por la funcionaria, fuera considerada nula por el TSJ.
"Acabo de solicitar ante la Asamblea Nacional la ratificación de la designación del vicefiscal General, Rafael González Arias", indicó Ortega sin más detalles a través de su cuenta en la red social Twitter.
Ante ello el presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, aseguró que tramitará "lo más pronto posible" la solicitud de la fiscal que, consideró, "ratifica su compromiso con la Constitución".
El Supremo informó el martes que la Sala Constitucional declaró nulos los actos del vicefiscal general y designará uno de manera "temporal" debido a que su designación no contó con la autorización del Parlamento que, reitera, está en "desacato" ante la máxima corte.