El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la política de Washington hacia Venezuela responde a una estrategia previamente definida y no a decisiones improvisadas. Según explicó, el plan contempla una hoja de ruta dividida en tres fases: estabilización, recuperación y transición política. El objetivo, señaló el funcionario, es propiciar un proceso ordenado que conduzca a la "restauración democrática" en el país.Rubio destacó que uno de los ejes centrales de esta estrategia es la administración de los recursos energéticos venezolanos. En ese sentido, confirmó que Estados Unidos supervisará directamente el manejo de los ingresos provenientes de la comercialización de crudo. Actualmente, se ejecuta un acuerdo que contempla la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, cuyos recursos, según indicó, serán gestionados bajo mecanismos de control para garantizar que los beneficios lleguen a la población venezolana.Aseguró que el plan ya muestra avances iniciales dentro del territorio venezolano. Reiteró que Washington mantendrá un rol activo en la gestión de los activos petroleros y en el control financiero asociado a estos, hasta que se concrete una transición política.
Estados Unidos controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido" y depositará el dinero que resulte de esas transacciones en cuentas controladas por Washington, avisó este miércoles el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright."Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado", declaró Wright en una conferencia energética de Goldman Sachs en Miami.El secretario afirmó que está "trabajando directamente en cooperación con los venezolanos" tras el anuncio del martes del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Venezuela entregará a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para su venta en el mercado norteamericano.El funcionario adelantó que Washington permitirá la venta de crudo de Venezuela a las refinerías estadounidenses y alrededor del mundo, "pero esas ventas las hará el Gobierno de EE.UU. y se depositarán en cuentas controladas por el Gobierno de EE.UU"."Y entonces, a partir de ahí, esos fondos pueden volver a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano, pero necesitamos tener ese poder y ese control de las ventas de petróleo para impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela", expresó.La reunión de Wright con los empresarios energéticos ocurrió un día después de trascender que Venezuela enviará de 30 a 50 millones de barriles en buques de almacenamiento a los muelles de descarga de Estados Unidos, según anunció Trump, quien el viernes planea recibir a líderes de las mayores petroleras en la Casa Blanca.Tras la captura el sábado pasado del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, Trump ha estimado que en un plazo de 18 meses las petroleras estadounidenses reactivarán el sector petrolero de Venezuela, que tiene las mayores reservas de crudo del mundo, el 17 % del total, pero ahora solo aporta el 1 % de la producción.En medio del escepticismo de las petroleras, Wright reconoció que tomará "decenas de miles de millones de dólares y un tiempo significativo" revitalizar esta industria venezolana.Pero sostuvo que "la oportunidad es enorme" al confiar en que en "poco tiempo podrían obtener varios cientos de miles de barriles de petróleo adicionales al día del corto al mediano plazo"."Piensen en qué tan enormes los recursos deben de ser, si (Venezuela) aún está produciendo 800.000 ó 900.000 barriles al día después de esa mala administración", indicó.
En diálogo con Mañanas Blu, Gustavo Coronel, ingeniero venezolano y miembro de la primera junta directiva de PDVSA entre 1976 y 1979, expresó su profunda preocupación y rechazo ante el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la recepción de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano. Coronel calificó esta operación como un "acto de rapiña" que atenta directamente contra los intereses de la nación venezolana y carece de toda transparencia institucional.Falta de transparencia y manejo discrecionalSegún Coronel, el acuerdo implica el envío de crudo tipo Merey —un petróleo pesado de la Faja del Orinoco que suele comercializarse con descuentos— para ser vendido bajo el control directo de Donald Trump. El ingeniero denunció que, según la información disponible, el producto de dicha venta será manejado "personalmente" por el mandatario estadounidense, quien ha afirmado que los fondos se utilizarán en beneficio tanto del pueblo de Venezuela como de los Estados Unidos.Para el experto, esta situación es inaceptable ya que la nación venezolana es la legítima dueña de ese recurso y tiene el derecho de conocer el destino exacto del dinero. "No entiendo cuál es la razón para esa retención... una parte del producto de la venta va a ser retenido por los Estados Unidos", señaló Coronel, subrayando que el 100% de la venta debería pertenecer a Venezuela.De la "tutoría cubana" a la "tutoría de Trump"El análisis de Coronel sugiere un cambio drástico en la dinámica política del país. Afirma que Venezuela ha pasado de estar bajo la influencia cubana a una "tutoría de Donald Trump", donde figuras como Delcy Rodríguez actúan como "títeres" que obedecen órdenes de Washington, enviando petróleo "sin chistar" a discreción del gobierno estadounidense.Coronel lamentó que, a pesar de la salida de Nicolás Maduro, la estructura criminal parece mantenerse igual con los hermanos Rodríguez. Argumentó que el camino "civilizado" para restaurar la industria habría sido reconocer los resultados electorales de julio de 2024 y permitir que un gobierno democrático, liderado por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, implementara un plan de desarrollo serio para la industria petrolera.El colapso de PDVSA y las deudas pendientesAl contextualizar la crisis actual, Coronel recordó que PDVSA pasó de producir casi 4 millones de barriles diarios en los años 90 a menos de un millón en la actualidad. Atribuyó este declive al cambio de filosofía iniciado por Hugo Chávez en 1999, que transformó una empresa comercial eficiente en una herramienta de distribución política y clientelismo, sumado a niveles masivos de corrupción durante gestiones como la de Rafael Ramírez.Finalmente, sobre si este envío de crudo es una forma de cobrarse las deudas por las expropiaciones de 2007 a ExxonMobil y ConocoPhillips (que ascienden a unos 10.000 o 12.000 millones de dólares). Coronel fue tajante: aunque la deuda existe y debe pagarse, este mecanismo arbitrario no es la vía adecuada. "Esa no es la manera civilizada de cobrarse una deuda", concluyó, enfatizando que solo un gobierno democrático podría restablecer una relación comercial justa y transparente con el mundo.Escuche aquí la entrevista:
Luego de que el Gobierno de EE.UU. designara al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO), el Departamento de Justicia estadounidense dio un giro en el plano judicial al rebajar esa figura a un "sistema de clientelismo" y eliminar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como líder de ese grupo narcotraficante.El Departamento de Estado confirmó el 24 de noviembre de 2025 la inclusión del Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas tras haberlo catalogado en julio como grupo terrorista global especialmente designado (SDGT).La medida dio al Gobierno del presidente Donald Trump herramientas adicionales —sanciones financieras, persecución penal ampliada y cooperación internacional reforzada— para aumentar la presión contra el Ejecutivo de Nicolás Maduro.Un grupo disputadoAunque funcionarios estadounidenses mencionan desde los años noventa la existencia de una red integrada por militares venezolanos —cuyo nombre alude a los soles que identifican el rango de los generales—, las investigaciones se formalizaron en marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump.En ese momento, el Departamento de Justicia señaló a Maduro y a altos cargos del chavismo, entre ellos Diosdado Cabello, como líderes de ese grupo narcotraficante, y ofreció recompensas de hasta 50 millones de dólares por información que condujera a su captura.Venezuela siempre ha negado de forma categórica la existencia del Cartel de los Soles y acusó a EE.UU. de fabricar un expediente para desestabilizar al país y derrocar al chavismo.Para el centro de estudios InSight Crime, el Cartel de los Soles "no es un grupo jerárquico o ideológico. Su estructura está constituida por una red difusa de células instaladas dentro de las principales ramas castrenses de Venezuela: el ejército, la marina, la fuerza aérea y la guardia nacional, desde los rangos más bajos a los más altos"."Aunque el concepto se asocia principalmente con los sectores militares, también se han identificado otras ramificaciones del Estado incrustadas dentro del ecosistema criminal, incluyendo a cuerpos policiales, la rama ejecutiva y distintos funcionarios públicos", añade.Colombia también rechaza que se trate de una organización real. Para el presidente colombiano, Gustavo Petro, ese cartel "no existe" y el tráfico regional de cocaína responde a redes criminales transnacionales con centros de operación fuera de Latinoamérica.En contraste, los Gobiernos de Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú, en línea con la Administración Trump, han reconocido al grupo como organización terrorista.Desde agosto, EE.UU. mantiene más de 4.000 efectivos cerca de las costas venezolanas, junto a destructores, buques anfibios, un crucero lanzamisiles, un submarino nuclear y el portaaviones USS Gerald R. Ford, en el marco de su lucha contra el tráfico de drogas que ha llamado 'Lanza del Sur'.El Pentágono asegura que, en el marco de esa campaña iniciada en septiembre, ha destruido más de 30 embarcaciones y causado la muerte de más de un centenar de personas, a las que vinculó con el narcotráfico, en operaciones realizadas en el Caribe y el Pacífico.Trump ha defendido públicamente el despliegue como parte de una ofensiva para "descabezar" el Cartel de los Soles, al que también acusa de colaborar con organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa para enviar drogas a Estados Unidos.Un giro clave en la acusaciónSin embargo, en la nueva imputación presentada por la Fiscalía estadounidense tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, desaparecieron la mayoría de las alusiones al Cartel de los Soles como una organización criminal estructurada.A diferencia de la acusación de 2020 —en la que el término aparecía decenas de veces—, el documento actualizado solo lo menciona en dos ocasiones y ya no presenta a Maduro como su líder.La Fiscalía mantiene los cargos por tráfico de drogas, pero ahora habla de un "sistema de clientelismo" en el que "poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de socios criminales", y señala que esas ganancias van a funcionarios corruptos que "operan en un sistema dirigido desde la cima, conocido como el Cartel de los Soles".Tras su traslado a Nueva York, Maduro y Flores comparecieron por primera vez ante la Justicia estadounidense este lunes. El mandatario venezolano se declaró no culpable y afirmó ser "un prisionero de guerra".
Un informe presentado por el Miranda Center for Democracy cuestionó la posición que asumió el Gobierno de Gustavo Petro frente al fraude cometido por el régimen del depuesto dictador Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio de 2024. Según el estudio, las decisiones diplomáticas de Colombia contribuyeron a disminuir la presión internacional sobre Nicolás Maduro y a mantener su legitimidad en el escenario internacional.El documento destaca varios hechos posteriores a la elección, como el que el ahora expresidente Petro tardó cerca de 55 horas en pronunciarse sobre los resultados, pese a que la oposición había publicado actas que daban como ganador al opositor Edmundo González con cerca del 67 % de los votos.Otro de los episodios más cuestionados fue la votación en la OEA del 31 de julio de 2024. Colombia se abstuvo de apoyar una resolución que exigía publicar las actas electorales. La iniciativa obtuvo 17 votos, uno menos de los necesarios para ser aprobada.Asimismo, sostiene que mientras Petro tardó varios días en manifestarse sobre los resultados de las elecciones, sí lo hizo con pocos minutos u horas de diferencia frente a victorias como las de Claudia Sheinbaum en México y Donald Trump en Estados Unidos. Y, además, que sus pronunciamientos sobre un llamado al diálogo y negociación política le habrían ayudado a darle oxígeno internacional a la dictadura.El Miranda Center identifica tres factores que habrían condicionado la postura del Gobierno colombiano: la afinidad ideológica con el chavismo, los intereses energéticos relacionados con una eventual cooperación entre Ecopetrol y PDVSA, y la política de Paz Total, debido al papel de Venezuela como garante de los diálogos con el ELN.Sobre este último punto, considerado por ellos como el factor central, el informe cita cifras de inteligencia militar según las cuales 1.276 integrantes del ELN estaban en territorio venezolano en 2024. Por eso, una confrontación directa con Maduro podía poner en riesgo uno de los principales proyectos del Gobierno Petro.El estudio también cuestiona que Petro no se refiriera directamente a la crisis poselectoral durante su discurso ante Naciones Unidas y señala que, aunque no asistió a la posesión de Maduro en enero de 2025, Colombia mantuvo las relaciones diplomáticas con Caracas.La conclusión del centro de análisis es que las decisiones del Gobierno Petro redujeron el costo internacional para Maduro tras las elecciones. No obstante, el documento aclara que analiza los efectos de esas decisiones y no demuestra la existencia de un plan deliberado para legitimar al depuesto mandatario venezolano.
El caso por narcoterrorismo contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Estados Unidos fue reasignado este miércoles a la jueza Analisa Torres tras la muerte del magistrado Alvin K. Hellerstein, según indica el archivo judicial.El tribunal del Distrito Sur de Nueva York incluyó en el archivo el documento sobre el proceso de reasignación de casos "previamente asignados a jueces que ya no están ejerciendo por causa de jubilación o muerte" y divulgó que la nueva encargada es la magistrada Torres.Perfil de la nueva juez de MaduroTorres (Nueva York, 1959) fue nombrada jueza para la jurisdicción por el presidente demócrata Barack Obama en 2013 y desde entonces ha presidido numerosos casos de carácter civil, penal y regulatorios.Descendiente de una familia de magistrados de origen puertorriqueño, se graduó con honores en la Universidad de Harvard, se doctoró en la Escuela de Derecho de Columbia y trabajó en bufetes privados al principio de su carrera antes empezar en los tribunales.Previo a su nombramiento como jueza federal en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Torres fue jueza del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York durante cerca de una década, y anteriormente lo fue en los tribunales civil y penal de la ciudad.De qué murió el juezEl juez Hellerstein falleció este miércoles a los 92 años por causas naturales después de casi tres décadas presidiendo casos de alto perfil, informó un portavoz del tribunal a los medios locales.Hellerstein presidía el caso contra Maduro desde marzo de 2020, cuando Estados Unidos presentó la acusación original por narcotráfico y otros delitos. Tras la captura del mandatario venezolano y su traslado a Estados Unidos en enero de 2026, el juez supervisó el desarrollo del proceso penal.El juicio contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína a EE.UU., posesión de armas destructivas y torturas, está programado para el 14 de junio de 2027.La próxima audiencia del caso se prevé para diciembre y está relacionada con las peticiones de la defensa de Maduro y Flores para desestimar la acusación al amparo de la inmunidad soberana.
El juez federal Alvin K. Hellerstein, encargado del proceso judicial contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Nueva York, murió en la mañana de este miércoles 28 de octubre, a los 92 años. La información fue confirmada por Ed Friedland, director ejecutivo del Distrito Sur de Nueva York, tribunal en el que el magistrado trabajó durante casi tres décadas.La muerte del juez se conoce mientras avanza el caso contra Maduro y Flores, quienes fueron capturados en un operativo el pasado 3 de enero y posteriormente trasladados a Estados Unidos. Tras el fallecimiento de Hellerstein, el proceso será asignado aleatoriamente a otro juez federal, al igual que los demás asuntos que estaban bajo su responsabilidad.¿Quién era Alvin Hellerstein, juez del caso contra Maduro?Hellerstein nació en Nueva York en 1933 y se graduó de la Universidad de Columbia. Entre 1957 y 1960 prestó servicio en el Cuerpo de Auditores Generales del Ejército de Estados Unidos. Después trabajó en la práctica privada hasta que el entonces presidente Bill Clinton lo nombró juez federal en Manhattan, en 1998.Durante su trayectoria judicial estuvo al frente de procesos relacionados con empresas, figuras públicas y acontecimientos de relevancia internacional. Su fallecimiento obliga a reasignar los casos que tenía a cargo, incluido el proceso contra el mandatario venezolano y Cilia Flores.¿Qué otros casos llevó el juez Alvin Hellerstein?Entre los procesos que presidió figura la demanda de la discográfica Mayimba Music contra la cantante colombiana Shakira y Sony Music por la canción ‘Loca’. Hellerstein concluyó que la obra era una copia ilegal de un tema del dominicano Ramón Arias Vásquez, pero condenó únicamente a la disquera.También intervino en una solicitud de discovery del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional contra la cerealera argentina Vicentin.Además, admitió una demanda presentada por los propietarios de las Torres Gemelas contra American Airlines y United Continental por los atentados del 11 de septiembre. La reclamación ascendía a 2.800 millones de dólares.Por ahora, el proceso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores deberá continuar ante otro juez federal, cuya asignación se realizará de manera aleatoria, según informó el portavoz del tribunal.
La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado denunció que Estados Unidos la dejó fuera de las negociaciones que celebran esta semana en Caracas el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y un sector de la oposición, en una entrevista publicada este jueves por The New York Times.Machado, que permanece fuera de Venezuela, aseguró durante la entrevista con el diario que regresará al país "antes de lo que se imaginan" para movilizar a sus seguidores de cara a futuras elecciones.La opositora, que lleva meses sin poder volver a su país, afirmó que Washington no la ha incluido en las negociaciones que mantienen esta semana en Caracas el Gobierno venezolano y otra facción de la oposición.Sin embargo, el Departamento de Estado sostuvo que el partido de Machado, Vente Venezuela, había sido invitado a participar y que "María Corina tiene todo el derecho a entrar a su país cuando quiera".La dirigente también cuestionó el papel del empresario Alejandro Betancourt, beneficiario de contratos energéticos y vinculado a un acuerdo con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para controlar alrededor de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas.Lo calificó como "uno de los principales responsables del sufrimiento que padece nuestra gente" y dijo que no sería un socio empresarial viable en un eventual Gobierno suyo.Pese a sus críticas, Machado aseguró que respetará los acuerdos petroleros firmados si cumplen la legislación venezolana. "Quiero ser muy clara: si estos contratos que se están firmando cumplen con la ley venezolana, serán respetados", afirmó.También defendió que Venezuela necesita "seguridad, estabilidad y legitimidad" para atraer nuevas inversiones.Sobre el futuro de Rodríguez, cuyo Gobierno afronta acusaciones de violaciones de derechos humanos, Machado defendió que los responsables rindan cuentas ante la justicia y propuso crear una comisión de la verdad independiente para recoger testimonios de las víctimas y conceder reparaciones."La gente exige justicia, y eso es absolutamente legítimo", dijo.La entrevista se produce después de que Trump descartara a Machado como sucesora de Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, y respaldara a Rodríguez.Machado, que ganó las primarias opositoras de 2023 y apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, afirmó que sigue convencida de que Washington quiere una transición democrática.
El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon no culpables el jueves de nuevos cargos de tortura presentados en su contra en Estados Unidos.Maduro y Flores comparecieron ante un tribunal de Nueva York acusados de conspiración para cometer actos como simulacros de ahogamiento, violaciones y golpizas contra detenidos en Venezuela, incluidos ciudadanos estadounidenses.Desde su captura el 3 de enero en Caracas en una incursión militar estadounidense, la pareja está detenida en Nueva York, donde ya fue inculpada de narcotráfico y posesión de armas de fuego.Maduro, quien durante su primera comparecencia en Nueva York se presentó como "prisionero de guerra" de Estados Unidos, calificó los nuevos cargos de "acusaciones falsas".Según la acusación formal, la pareja utilizó la tortura para "intimidar, hostigar y neutralizar a sus opositores, incluso mediante secuestros".Durante su mandato de 2013 a 2026, organismos de defensa de los derechos humanos acusaron en reiteradas oportunidades a Maduro de recurrir a la represión política para aferrarse al poder.Maduro y Flores se encuentran recluidos en una cárcel de Brooklyn. Su juicio por narcotráfico y posesión de armas de fuego debe comenzar el 1 de junio de 2027. Hasta ahora ambos se ha declarado no culpables.Desde la caída de Maduro, su ex vicepresidenta, Delcy Rodríguez, gobierna Venezuela como mandataria encargada bajo intensa presión del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.
El juez estadounidense Alvin Hellerstein fijó mañana, 15 de octubre, una audiencia en Nueva York para que el depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, respondan a los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que les imputó la Fiscalía de Estados Unidos la semana pasada.Según la orden emitida este miércoles por el juez y publicada en el archivo judicial del caso, la audiencia tendrá lugar a las 11 horas de la mañana (15:00 GMT) y versará sobre los cargos contenidos en la acusación actualizada contra Maduro y Flores.La Fiscalía de EE.UU. presentó hace una semana cargos por conspiración para cometer torturas contra ambos y extendió la imputación de narcoterrorismo, que antes solo pesaba sobre Maduro, a Flores. Siguen acusados de conspiración para importar cocaína a EE.UU. y posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.De acuerdo con el texto de la acusación actualizada, el Gobierno de Maduro infligió torturas contra opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, y presuntamente siguió una estrategia de "represión y torturas" para mantenerse en el poder durante años.Sobre la imputación por narcoterrorismo, EE.UU. alega que Maduro y Flores conspiraron para distribuir y poseer "cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contuvieran una cantidad detectable de cocaína" con la intención de proporcionar "valor económico" a personas u organizaciones relacionadas con "actividades terroristas".Maduro y Flores fueron capturados el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York, donde permanecen detenidos mientras afrontan el proceso.La audiencia de mañana supone la lectura formal de los cargos, tras lo que los acusados tienen derecho a declararse o no culpables.El juicio está programado para junio de 2027, y el próximo 17 de noviembre está prevista otra audiencia en la que el juez abordará una solicitud para desestimar los cargos bajo la figura de la inmunidad soberana, a la que la Fiscalía de EE.UU. se ha opuesto.
En diálogo con Mañanas Blu, el abogado venezolano César Coello, exiliado en Washington desde 2018 y asistente a las audiencias judiciales contra el régimen venezolano, abordó los reveladores detalles de la más reciente actualización del proceso judicial impulsado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro, Cilia Flores y la red operacional de la dictadura en Venezuela. Un esquema de narcotráfico y protección estatalDe acuerdo con Coello, los vínculos entre el chavismo y grupos armados colombianos como las Farc y el Eln no constituyen un fenómeno reciente, sino una dinámica delictiva consolidada a lo largo de los años.Al evaluar las revelaciones presentadas en la acusación norteamericana, el jurista enfatizó la profundidad de la convergencia entre el Estado venezolano y las organizaciones guerrilleras. "Nicolás Maduro y Cilia Flores no se limitaron a que la Farc y el Eln encontraran un santuario que le sirviera de refugio en Venezuela, sino que ellos participaron de forma directa en una relación criminal de beneficio lucrativo que involucraba narcotráfico, armas, acuerdos financieros, protección militar y el uso indebido de las instituciones del Estado venezolano", afirmó Coello. Asimismo, recordó los respaldos públicos brindados por la dictadura a los cabecillas de la guerrilla: "El 28 de julio del 2019 en pleno (...) foro de Sao Paulo, Nicolás Maduro en Caracas dijo que tanto la Farc como 'Santrich' eran bienvenidas en Venezuela".La reunión clave de 2013 y el intercambio de armas por drogaEntre los hallazgos más contundentes señalados por la justicia estadounidense figura un encuentro de alto nivel celebrado en el año 2013. En dicha reunión participaron Nicolás Maduro, Cilia Flores y los jefes guerrilleros Rodrigo Londoño ('Timochenko'), Luciano Marín ('Iván Márquez') y Seuxis Pausias Hernández ('Jesús Santrich'). El propósito central del encuentro fue discutir una millonaria deuda que Maduro mantenía con las Farc a raíz de la asociación conjunta en actividades de narcotráfico. Ante la falta de liquidez, la Fiscalía estadounidense alega que Maduro aceptó saldar la deuda entregando armamento pesado, explosivos y minas antipersona. Según Coello, este material bélico fue suministrado "a sabiendas que ese armamento podría fortalecer las operaciones de la guerrilla contra el Estado colombiano". Para el abogado, esta alianza demuestra la búsqueda de rentas ilícitas tras el colapso del aparato productivo venezolano: "Nicolás Maduro intentó hacer y lo logró por momentáneamente el sueño de Pablo Escobar. Y bueno, por lo que estamos viendo ahora, su situación ante la Corte Federal de Nueva York va a terminar de la misma forma".Pistas clandestinas y vuelos semanales de cocaínaEl jurista hizo especial énfasis en la logística operativa que mantiene activa la alianza entre el régimen y las organizaciones armadas. Las investigaciones judiciales de Estados Unidos dan cuenta de despachos constantes de estupefacientes facilitados desde territorio venezolano."Se verificaba semanalmente (...) transportes narcóticos que salían de pistas clandestinas que estaban controladas por el Ejército de Liberación Nacional en Venezuela. Todo esto con la asistencia y protección de funcionarios militares y de inteligencia venezolana", detalló Coello.. Frente a la contundencia de los testimonios y pruebas, remarcó la solidez del expediente penal: "Es clara la cooperación, es clara la intención y creo que la justicia se está acercando tanto para el pueblo de Colombia como para el pueblo venezolano".Cuestionamientos a la impunidad y al futuro judicialCoello cuestionó la pasividad política frente a la presencia de grupos armados colombianos en suelo venezolano, advirtiendo que la guerrilla "convive con el Estado y a su petición secuestra y asesina colombianos y venezolanos por igual".Finalmente, con respecto a líderes desmovilizados como 'Timochenko', anticipó que el avance de las pruebas en Nueva York terminará exponiendo su participación en la red criminal transnacional: "Cuando se empiecen a esclarecer los hechos, que se empiecen a dar las evacuaciones de prueba, va a ser claro que él era un cómplice más".Escuche aquí la entrevista:
El exdiputado venezolano Rosmit Mantilla, quien estuvo preso en El Helicoide y hoy vive exiliado en París, describió en Mañanas Blu cómo era ‘La Tumba’, un centro de detención del SEBIN en el centro de Caracas que, según relató, funcionaba en la bóveda de un antiguo banco. Mantilla aclaró que no estuvo recluido allí, pero que conoció el lugar por el testimonio de compañeros que sí pasaron por sus celdas.La entrevista se dio un día después de que se conociera la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro, que recoge relatos de torturas a opositores venezolanos y a ciudadanos estadounidenses.Cómo era ‘La Tumba’ del SEBINMantilla explicó que El Helicoide y La Tumba son sitios distintos. “El Helicoide es una estructura y la tumba quedaba en otra sede del SEBIN, en el centro de la ciudad, en un edificio que solía ser un banco”, dijo.Según su testimonio, el inmueble fue desalojado y convertido en oficina de inteligencia, y la bóveda se transformó en siete celdas con control total del ambiente. Los detenidos eran sometidos, afirmó, a luz blanca permanente y a aire acondicionado “a temperaturas muy altas que quemaba la piel”.“Yo no estuve ahí, pero varios de mis compañeros, Lorenzo, por ejemplo, estuvo en la tumba”, precisó. Según ese relato, los presos sabían que era de día porque escuchaban pasar los rieles del metro por encima de la bóveda. Mantilla aseguró que Miguel Rodríguez Torres, jefe del SEBIN cuando él estaba preso, fue “uno de los creadores de la tumba”.Las torturas que presenció en El HelicoideMantilla fue capturado el 2 de mayo de 2014 y liberado en noviembre de 2016. Afirmó que durante ese tiempo nunca tuvo una audiencia justa ni acceso al expediente ni a las pruebas.Contó que fue el único de su grupo que no sufrió torturas físicas, sino psicológicas, pero que presenció las de otros: “Tuve que presenciar y ayudar a presos que amanecían en el piso, bañados en sangre producto de violaciones con objetos contundentes”. También habló de electrocuciones en los genitales, de personas encerradas en cajas y de uñas arrancadas con alicates. “Eso es sistemático, eso es política de Estado para el chavismo”, sostuvo.Relató, además, que por la noche sacaban a los presos de sus celdas para torturarlos y que al amanecer los encontraban inconscientes o ensangrentados. Citó el caso de un preso común acusado del asesinato del diputado chavista Robert Serra, quien, según le contó, estuvo 14 días bajo tortura. Su testimonio no fue verificado de forma independiente en la entrevista.Sobre su propia situación, recordó que sufrió una infección estomacal que requirió una operación de emergencia, con agentes del SEBIN dentro del quirófano “tomándome fotos y grabándome”. Tras su liberación quedó con presentación periódica ante los tribunales, donde, según dijo, los jueces lo amenazaban con devolverlo a prisión.La acusación en EE. UU. y la reacción de las víctimasAnte la acusación estadounidense, Mantilla dijo que las víctimas sienten “sosiego” porque “se comienza a hacer justicia”, una justicia que, a su juicio, les ha negado hasta ahora la Corte Penal Internacional.Según reportó el periodista de Blu Radio Juan Camilo Merlano, el documento recoge casos ya documentados por la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas y suma relatos de ciudadanos estadounidenses identificados como Víctima 7, 8 y 9. Entre ellos figuran denuncias de privación de alimentos, inyecciones que causaban convulsiones, descargas eléctricas y golpizas que dejaron lesiones permanentes.Mantilla advirtió que la acusación omite a otros responsables. Señaló a Delcy Rodríguez, quien según él estuvo al frente del SEBIN entre 2018 y 2021, y planteó: “Habría que ver hasta dónde va a llegar la inmunidad que le ofrece Washington”.“Un sistema que se construyó durante casi 30 años”Consultado sobre quienes hoy piden clemencia para Maduro y su esposa, Cilia Flores, el exdiputado respondió que siente sosiego, pero también preocupación, porque el problema no termina con ellos. “Ellos simplemente fueron los últimos gerentes de esa desgracia, pero fueron 27 años de monstruosidades”, afirmó.Mantilla mencionó a Diosdado Cabello, a quien calificó de “torturador”, y señaló que está acusado en Chile por el asesinato de Ronald Ojeda. “Todavía estamos en manos de criminales”, dijo, y agregó que ahora hay “un pequeño respiro”.Del Helicoide al exilioMantilla, activista por los derechos de la comunidad LGBTI y diputado desde 2015, salió de Venezuela en 2017 por la presión de las citaciones judiciales y los rumores de recaptura. Desde entonces trabaja en la defensa de los presos políticos.Contó que en Europa tuvo que enfrentar “el romanticismo de la Revolución Bolivariana” y explicar que “no es un tema de izquierda y derecha, sino es un tema de derechos humanos”. Sobre sus excompañeros de prisión, dijo que algunos nunca lo superaron, mientras otros se dedican, como él, a contar “una y mil veces” lo que ocurre en Venezuela.
El exdiputado venezolano Rosmit Mantilla, que estuvo detenido dos años y medio en el Helicoide, describió en Mañanas Blu las torturas que, según su testimonio, presenció en las cárceles del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) durante el gobierno de Nicolás Maduro. Habló un día después de que se conociera la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que incluye relatos de torturas contra opositores venezolanos y ciudadanos estadounidenses.Mantilla, activista por los derechos de la comunidad LGBTI, fue elegido diputado en 2015 y hoy vive exiliado en París. Dijo que recibe la acusación con alivio: “Sentimos sosiego las víctimas porque se comienza a hacer justicia con todas las atrocidades que cometió la dictadura”. Añadió que esa justicia les ha negado hasta el momento la Corte Penal Internacional, pese a años de documentación.Detenido sin acceso al expedienteEl exlegislador relató que fue capturado el 2 de mayo de 2014 y liberado en noviembre de 2016. Según dijo, en ese tiempo nunca tuvo derecho a una audiencia justa: "Nunca tuve acceso al expediente, a las pruebas”.Recordó que estuvo a punto de morir por una infección estomacal que obligó a operarlo de emergencia, con agentes del SEBIN dentro del quirófano tomándole fotos y grabándolo. Su libertad, precisó, fue condicionada: debía presentarse cada 15 días ante los tribunales por dos procesos y, en cada visita, los jueces le advertían que podía ser devuelto a prisión si así lo ordenaban.Sobre el motivo de su detención, contó que el fiscal le dijo que le habían ordenado imputarle los mismos delitos que a Leopoldo López, como terrorismo, destrozo de edificio público y asociación para delinquir. Mantilla señaló que la fiscal general de entonces era Luisa Ortega Díaz.“Eso es política de Estado”Mantilla aclaró que él no fue torturado físicamente, sino de forma psicológica, pero dijo que sí presenció los abusos contra otros presos. Describió violaciones con objetos contundentes, electrocuciones en los genitales, personas encerradas en cajas selladas con clavos durante días y detenidos a quienes les arrancaron las uñas con alicates.Según su relato, ocurrían de noche: “Los sacaban de sus celdas y los torturaban toda la noche”. Por la mañana, cuando se abrían las rejas, los encontraban en el piso, “completamente medio inconscientes, otros bañados en sangre”. Calificó esas prácticas como sistemáticas: “Eso es sistemático, eso es política de Estado para el chavismo”.Mantilla mencionó el caso de un preso común acusado del asesinato del diputado oficialista Robert Serra, quien, según le contó, estuvo 14 días bajo tortura para que declarara que la derecha había ordenado el crimen.La Tumba, otra sede del SEBINEl exdiputado explicó que La Tumba no estaba en el Helicoide, sino en otra sede del SEBIN en el centro de Caracas, en un edificio que había sido un banco. Según dijo, la bóveda fue convertida en siete celdas con luz blanca permanente y aire acondicionado a temperaturas que quemaban la piel. Aclaró que no estuvo recluido allí, pero que un compañero suyo, Lorenzo, le contó que los presos sabían que era de día por el ruido del metro que pasaba por encima.Lo que recoge la acusación en Nueva YorkDurante el programa, el periodista Juan Camilo Merlano explicó que varios casos de la acusación habían sido documentados antes por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, pero que los testimonios de estadounidenses detenidos bajo el gobierno de Maduro aportan detalles nuevos. El documento identifica a tres víctimas como Víctima 7, 8 y 9. Entre los relatos figuran privación de alimentos, inyecciones que causaban convulsiones, golpizas con lesiones permanentes y descargas eléctricas. Estos testimonios son los que recoge la acusación y no han sido verificados de forma independiente por este medio.Delcy Rodríguez y el poder en VenezuelaMantilla señaló que, al leer la acusación, notó la ausencia de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, a quien atribuyó la responsabilidad del SEBIN entre 2018 y 2021, hasta que un decreto transfirió esas competencias al Ministerio del Interior. Aclaró que no coincidió con ella en su periodo de detención. “Habría que ver hasta dónde va a llegar la inmunidad que le ofrece Washington”, afirmó.Advirtió además que el problema no se limita a Maduro: “Ellos simplemente fueron los últimos gerentes de esa desgracia, pero fueron 27 años de monstruosidades”. Afirmó que otros señalados por violaciones de derechos humanos siguen en el poder o en libertad, entre ellos Diosdado Cabello, a quien acusó de haber practicado la desaparición forzada. Esas afirmaciones corresponden al entrevistado.Exilio y denunciaMantilla salió de Venezuela en 2017 por la presión de las presentaciones semanales ante los tribunales y los rumores de una posible recaptura. Desde entonces trabaja por los presos políticos y denuncia lo ocurrido. Contó que en Europa tuvo que enfrentar el “romanticismo de la Revolución Bolivariana” y explicar que el asunto “no es un tema de izquierda y derecha, sino es un tema de derechos humanos”.Sobre sus excompañeros de prisión, dijo que algunos nunca superaron lo vivido y otros se dedican, como él, a contarlo. “Nuestro trabajo es contar todo lo que pasa y lo que sigue pasando en Venezuela”, concluyó.
El juez Alvin Hellerstein, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, denegó este jueves la libertad bajo fianza y el arresto domiciliario a Cilia Flores, esposa del depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro, en una audiencia que quedó eclipsada por una nueva imputación de la Fiscalía que acusa a ambos de conspiración para cometer torturas contra opositores y ciudadanos estadounidenses.El magistrado justificó su decisión de negarle el arresto domiciliario al considerar que Flores representa un riesgo de fuga debido a su acceso a grandes sumas de dinero y a sus contactos internacionales.Hellerstein señaló que lleva ya meses familiarizado con el expediente, enfatizó la gravedad de las acusaciones y afirmó que el Gobierno cuenta con "pruebas fuertes".Flores, de 69 años, asistió a la vista con el uniforme carcelario azul de manga corta sobre una camiseta gris de manga larga. Lucía visiblemente más delgada y, según su defensa, ha perdido unas 25 libras (más de 11 kilos) y dos dientes. También llevaba el cabello teñido de rubio, en contraste con vistas anteriores en las que se le apreciaban raíces y canas.Aunque inició la sesión sonriente, su semblante se tornó serio a medida que avanzaban los debates.Pese a los reclamos de sus letrados, el juez observó que la veía en mejor estado que tras su captura el 3 de enero en Caracas, cuando llegó a la corte con vendajes por las lesiones sufridas durante la incursión militar estadounidense."La cárcel no es un lugar lindo"La vista giró extensamente en torno a la salud de Flores. La defensa reiteró que padece taquicardia ventricular y opresión torácica y que se le han interrumpido las inyecciones que recibía por su prolapso de la válvula mitral.Por ello, pidió que saliera del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn para someterse a un cateterismo cardíaco y recuperarse fuera de una unidad colectiva con unas 40 presas.Hellerstein se mostró escéptico ante la negativa de Flores a realizarse pruebas dentro del penal: reveló que él mismo se ha sometido a un cateterismo, recordó que es un procedimiento breve de un solo día que define los pasos médicos a seguir y despachó las quejas sobre el penal afirmando que "son las condiciones de una detención".El juez afirmó que "la cárcel no es un lugar lindo donde estar, pero son alegaciones serias" a las que se enfrenta.En un momento de la vista, Hellerstein convocó a la defensa y a la Fiscalía a hablar en privado, en una sala apartada del estrado, para abordar los detalles sobre la residencia a la que sería trasladada Flores en caso de concederse el arresto domiciliario.Ambas partes y el tribunal quisieron evitar a toda costa que trascendiera la ubicación exacta, blindando la información de cualquier filtración para garantizar la seguridad y privacidad del inmueble propuesto.Durante la sesión, la propia salud del magistrado, de 92 años, evidenció fragilidad; apoyado en un bastón y con la voz entrecortada, llegó a excusarse ante la sala: "Tengo problemas de voz, si se me entiende seguiré".Nuevos cargos de torturaAl término de la audiencia, la atención viró hacia el nuevo frente judicial. El fiscal federal James M. McDonald ofreció una rueda de prensa en el exterior del tribunal en la que defendió la nueva acusación por conspiración para cometer tortura y denunció que las prácticas del régimen venezolano causaron un daño "generacional".La nueva acusación sostiene que el régimen venezolano recurrió, entre otros métodos, a descargas eléctricas, asfixia y abusos físicos contra opositores y detenidos, incluidos al menos tres ciudadanos estadounidenses.Los nuevos cargos se suman a las acusaciones previas por "narcoterrorismo y narcotráfico".La comparecencia de McDonald se desarrolló mientras un pequeño grupo de manifestantes se concentraba a las puertas de la corte y coreaba: "Cilia aguanta, el pueblo se levanta" para exigir su libertad.
La nueva acusación presentada por la Fiscalía de Estados Unidos contra Nicolás Maduro señala que el mandatario venezolano habría acordado entregar minas explosivas y otras armas a las FARC para pagar una deuda relacionada con actividades de narcotráfico.Según el documento, el hecho se remonta aproximadamente a 2013, poco después de la muerte del expresidente venezolano Hugo Chávez, cuando Maduro y Cilia Flores habrían participado en una reunión con varios dirigentes de la antigua guerrilla colombiana.Entre los asistentes mencionados por la Fiscalía están Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko; Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; y Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich.El escrito sostiene que durante ese encuentro se trataron asuntos relacionados con una deuda que Maduro tendría con las FARC por su asociación en el narcotráfico. Para pagar al menos una parte de esa obligación, Maduro habría aceptado vender minas explosivas y otras armas a la organización guerrillera.La acusación agrega que Maduro habría reconocido que el suministro de ese armamento aumentaría la capacidad de las FARC para combatir contra Colombia. También afirma que las ventas de minas continuaron aproximadamente hasta 2015 y que entre las operaciones mencionadas figuraba la entrega de minas fabricadas en Cuba.El documento no precisa la cantidad de explosivos que se habrían entregado ni detalla cada una de las transacciones. Sin embargo, vincula el presunto suministro de armamento con la deuda atribuida a Maduro y con las relaciones que, según los fiscales, mantenía con integrantes de la guerrilla colombiana.La acusación también describe otra operación relacionada con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según el escrito, alrededor de 2017, un funcionario venezolano identificado como CC-3 habría ordenado a integrantes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) transportar armas a miembros de ambas organizaciones a cambio de cargamentos de cocaína.La acusación sitúa estos hechos dentro de una presunta red de narcotráfico que habría utilizado estructuras del Estado venezolano para facilitar el transporte de cocaína y establecer relaciones con organizaciones armadas. También sostiene que esas operaciones habrían generado beneficios económicos para funcionarios y grupos involucrados.Los señalamientos sobre las minas explosivas aparecen en las páginas 7 y 8 del documento, en el contexto de la reunión atribuida a Maduro, Flores y los dirigentes de las FARC. Las referencias al intercambio de armas por cocaína aparecen en la página 8.Las afirmaciones forman parte de la acusación de la Fiscalía estadounidense y no constituyen, por sí mismas, una declaración judicial de culpabilidad. El documento tampoco establece en los fragmentos citados la cantidad exacta de explosivos entregados ni ofrece un registro detallado de cada operación mencionada.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela valoró de manera positiva la reciente imputación presentada por la justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por crímenes de tortura. Sin embargo, la organización advirtió que las violaciones a los derechos humanos y el maltrato sistemático en los centros de reclusión continúan ocurriendo en el país bajo los mismos esquemas de impunidad.Diego Casanova, vocero de la agrupación, explicó en Mañanas Blu la postura de las víctimas y de sus familiares frente a los nuevos expedientes internacionales. "Nosotros valoramos de manera positiva que se esté incorporando, ¿no?, esto en un expediente que además es público y comunicacional porque se ha denunciado en reiteradas oportunidades", afirmó Casanova. No obstante, enfatizó que las acciones judiciales internacionales son solo un paso inicial: "esto, a pesar de que no es suficiente, porque aquí han cometido otros graves crímenes y las víctimas tienen derecho a que se conozca todo lo que vivieron".Permanencia del "aparato represivo" e impunidad de los funcionariosDurante la entrevista, Casanova sostuvo que la persistencia de las prácticas de amedrentamiento responde a que la estructura de mando no ha sufrido cambios sustanciales. Ante la continuidad de altos cargos en ministerios clave e instituciones policiales, el vocero expresó la alarma con la que el comité observa el panorama actual."Esto sigue ocurriendo porque quienes dirigen la máquina en este momento siguen siendo los mismos funcionarios", aseveró Casanova, señalando que la tortura y el encarcelamiento se mantienen como herramientas de dominación estatal. De acuerdo con el vocero, el régimen ha estudiado y utilizado estas dinámicas "como instrumento para mantener el control, el miedo y el terrorismo de estado". Asimismo, cuestionó que los responsables directos operen con total impunidad, sin que existan investigaciones por parte de la fiscalía venezolana contra señalados torturadores y represores.Crisis atroz en El Rodeo I y situación de los detenidos extranjerosEl portavoz denunció episodios recientes de agresión dentro de los penales, como los registrados el pasado 10 de julio en la cárcel de El Rodeo I tras el terremoto. Según detalló, en dicho centro de reclusión los prisioneros fueron víctimas de bombardeos con gases lacrimógenos y perdigonazos al protestar por ser reubicados en celdas con fallas estructurales.Casanova calificó a El Rodeo I como un centro de máxima seguridad con un hermetismo absoluto, catalogándolo como el principal recinto de vulneración de derechos en el territorio nacional. "El Rodeo I es una cárcel de máxima seguridad, con un hermetismo total en donde justamente se cometieron en este contexto las cosas más atroces", puntualizó. En este recinto permanecen detenidos entre 20 y 30 ciudadanos colombianos en condiciones sumarias y degradas. Sobre el estado de estos reclusos, Casanova expuso: "allí ellos siguen durmiendo en una litera de cemento sin almohada, con acceso limitado a agua potable, sin acceso a atención médica especializada".Escuche aquí la entrevista:
La Justicia de Estados Unidos acusó este jueves al depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, de conspiración para cometer torturas. La Fiscalía estadounidense presentó la nueva imputación, según consta en el expediente judicial, el mismo día en que está prevista una audiencia sobre la solicitud de arresto domiciliario de Flores.Qué sostiene la Fiscalía: una estrategia de "represión y torturas"De acuerdo con el escrito de acusación, Maduro y Flores llevaron a cabo una estrategia de "represión y torturas" con el fin de mantenerse en el poder. El documento describe presuntas torturas contra opositores, militares y otras personas detenidas, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses.El texto detalla prácticas como presiones, descargas eléctricas y amenazas contra familiares de los detenidos. Según la acusación, "los abusos de las autoridades venezolanas contra ciudadanos estadounidenses" aumentaban a medida que crecía la retórica de Washington contra Caracas.El caso de la "víctima 7"Uno de los casos de ciudadanos estadounidenses incluidos en la imputación está identificado como "víctima 7". Según el documento, esta persona sufrió torturas tras ser "acusada falsamente de participar en una conspiración para asesinar a Maduro".Los tres casos de ciudadanos estadounidenses se remontan a 2022 y se extienden hasta enero de 2026. En ese mes, fuerzas de EE. UU. arrestaron al entonces líder venezolano en el palacio presidencial de Caracas.Los cargos que ya enfrentaban en Nueva YorkLa nueva imputación se suma a los cargos que ambos ya afrontan ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, y posesión y conspiración para poseer armas destructoras.Narcoterrorismo: el cargo se extiende a Cilia FloresLa Fiscalía también extendió a Flores la acusación por conspiración para cometer narcoterrorismo, que hasta ahora solo pesaba contra Maduro. Con este cambio, la acusación atribuye a ambos conspiración para distribuir cocaína con la intención de proporcionar recursos a organizaciones terroristas.En el escrito, la Fiscalía alega que los acusados "se unieron, conspiraron, confabularon y acordaron, de forma intencionada y a sabiendas, entre sí y con otras personas", infringir el artículo 960a del título 21 del Código de los Estados Unidos, que castiga el narcoterrorismo.La captura y el proceso penal en Estados UnidosMaduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el pasado 3 de enero por fuerzas militares estadounidenses en Caracas. Posteriormente fueron trasladados a Nueva York, donde afrontan un proceso penal por presuntamente haber utilizado sus posiciones de poder para facilitar el tráfico de cocaína.Audiencia sobre el arresto domiciliario de Cilia FloresAl margen de la nueva acusación, el juez a cargo del caso, Alvin Hellerstein, convocó este jueves una audiencia para estudiar la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa de Flores.Los argumentos de la defensaLos abogados de la exprimera dama de Venezuela alegan que sufre un delicado y progresivo deterioro de su salud cardíaca, agravado durante sus meses en prisión. Según la defensa, Flores comparte unidad con más de 40 reclusas, un entorno que consideran contraproducente para cualquier recuperación médica.Resumen de los cargosConspiración para cometer torturas: nueva imputación contra Maduro y Flores.Conspiración para importar cocaína a EE. UU.: cargo previo contra ambos.Posesión y conspiración para poseer armas destructoras: cargo previo contra ambos.Conspiración para cometer narcoterrorismo: inicialmente solo contra Maduro, ahora extendido a Flores.
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, podrían enfrentar nuevos cargos por presuntas torturas a estadounidenses en Venezuela, según avanzó este miércoles en exclusiva la cadena CNN.Según CNN, que cita varias personas familiarizadas con la investigación, se espera que Maduro y Flores sean acusados por los fiscales de Nueva York de torturar a ciudadanos de Estados Unidos que estuvieron en cárceles venezolanas.Los nuevos cargos se sumarían a los de conspiración para importar cocaína a EE.UU. y posesión y conspiración para poseer armas destructoras que ya enfrentan ambos en su caso en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Además, Maduro está acusado por narcoterrorismo.Fuentes cercanas a la investigación explicaron a la cadena que la nueva acusación podría basarse en la detención ilegal, según el Gobierno de Estados Unidos, de más de una docena de estadounidenses en cárceles venezolanas mientras Maduro ocupaba el poder.Una de las fuentes señaló que esta imputación se podría extender también a otras personas, también acusadas de torturar a ciudadanos estadounidenses.El anuncio de los nuevos cargos se podría hacer público este mismo jueves, agrega la cadena. Ese día, el juez a cargo del caso, Alvin Hellerstein, tiene previsto celebrar una audiencia por la solicitud de arresto domiciliario presentada por Flores.Sus abogados alegan que la exprimera dama de Venezuela sufre un delicado y progresivo deterioro de su salud cardíaca, agravado durante sus meses en prisión, donde comparte unidad con más de 40 reclusas en un entorno que consideran contraproducente para cualquier recuperación médica.Maduro y Flores se encuentran arrestados en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn donde fueron trasladados el pasado mes de enero tras ser detenidos por las fuerzas estadounidenses en el palacio presidencial en Caracas.Ambos se han declarado no culpables de todos los cargos que pesan contra ellos.
Bárbara César Siero, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, denunció este martes que fue coaccionada para firmar varias sentencias de inhabilitaciones políticas, entre ellas la de María Corina Machado, a quien se le impidió ser candidata presidencial en los comicios de 2024.A través de un video y una carta publicada en sus redes sociales, César Siero relató que el 15 de diciembre de 2023 Machado interpuso su demanda ante el TSJ para que se revisara la medida de inhabilitación que le impuso la Contraloría años antes."Paralelamente a ese hecho, ese mismo día mis dos hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero, el mayor Guillermo Henry César Siero, y mi cuñada la mayor Diana Desirée Victoria Justo, fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)", añadió.La jueza desconocía el lugar de reclusión de sus parientes, no tuvo comunicación con ellas y dijo desconocer los delitos que se les imputaban."A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos", subrayó.Asimismo, dijo que al desconocer sobre el paradero de sus hermanos y cuñada y temiendo por sus vidas, decidió firmar varias sentencias sobre inhabilitaciones políticas, entre ellas la de Machado, quien había ganado las primarias opositoras en octubre de 2023.El 22 de enero de 2024, prosiguió César Siero, el entonces fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, involucró a sus familiares en la llamada operación 'Brazalete Blanco', un supuesto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro en el que también fue vinculada la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel, absuelta del caso la semana pasada."Se trató de una narrativa construida para criminalizarlos y presionarme, por ser competente para conocer de las demandas de carácter político y a la vez enviar un mensaje subliminal a los jueces e integrantes de la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana)", sostuvo la exmagistrada.César Siero también denunció que fue obligada a renunciar a su cargo de magistrada del TSJ en dos oportunidades.En junio pasado, indicó la exmagistrada, su cuñada y su hermano Guillermo Henry César Siero, fueron excarcelados con cautelares junto a otro grupo de militares involucrados en el mismo caso.El jueves, sus hermanos y cuñada fueron condenados a entre tres y doce años de prisión por los delitos de conspiración política y encubrimiento.César Siero responsabilizó al Estado venezolano y a los funcionarios de la DGCIM de cualquier "atentado, amenaza, persecución, hostigamiento, represalia o daño a la integridad" en su contra o la de otros familiares.
La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, celebró este domingo el regreso de su jefa de comunicaciones, Claudia Macero, a Venezuela y recordó que pronto se acerca el "reencuentro de todos" los venezolanos en su país."Los venezolanos te reciben con mucho cariño y respeto, querida Claudia Macero. Cada regreso es otro paso inmenso que nos acerca al reencuentro de todos los venezolanos en casa", dijo Machado en un mensaje en X al celebrar el regreso de la encargada de comunicaciones de su partido Vente Venezuela (VV).Macero regresó este domingo a Venezuela, de donde salió en el primer semestre de 2025 tras permanecer asilada junto a otros cinco compañeros en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas por acusaciones de supuesta conspiración y traición a la patria.La opositora detalló que la decisión de volver fue "personal" y que desconoce cuándo volverá la premio nobel de paz, pero pidió al Gobierno permitir su llegada, luego de las denuncias de que fueron impedidos siete intentos de entrar al país.Decenas de activistas de VV se congregaron a las afueras del aeropuerto para recibir a Macero y posteriormente la acompañaron hasta la plaza Bolívar de la parroquia de Maiquetía para celebrar su regreso."Estoy volviendo (...) para darle confianza a otros de que es el momento de volver a casa. Nuestro país nos necesita y este proceso de democratización real necesita a los venezolanos que la queremos, que nos duele Venezuela y no vamos a descansar un día", declaró Macero desde la plaza.Macero es la segunda de un grupo de cinco opositores cercanos a Machado que salieron del país en mayo pasado, en medio de una operación liderada por Estados Unidos para sacarlos de la sede diplomática de Argentina, donde permanecían desde marzo 2024 para evitar ser arrestados.El Gobierno venezolano, sin embargo, se mofó de esta declaración de Washington y dijo que se había tratado de una negociación.El primero en regresar fue Omar González, el pasado 28 de agosto.En la embajada argentina estuvieron además Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Humberto Villalobos -todos miembros de Vente Venezuela-, y Fernando Martínez Mottola, quien decidió dejar el edificio semanas antes de la salida de sus compañeros y falleció en su domicilio por enfermedad, el 26 de febrero del año pasado.Los opositores estaban acusados por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de conspiración y traición a la patria.
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, demandó este sábado la "pronta liberación" del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el levantamiento del bloqueo a Cuba, y proclamó que ha llegado el momento de que Palestina disponga de su propio Estado."Insistimos en la pronta liberación del líder venezolano y su esposa, y la no repetición de dichos excesos en un futuro", dijo Lavrov al intervenir en la 81.ª sesión de la Asamblea General de la ONU.Subrayó que lo ocurrido a principios de este año supone "una violación de cualquier norma, incluido las normas de la moral", lo que incluye el encarcelamiento de Maduro sin juicio de por medio, y resaltó que "el derecho internacional" defiende "la inmunidad e inviolabilidad de los altos cargos del Estado".Lavrov, cuyo país ha sido durante años un estrecho aliado tanto de Venezuela como de Cuba, destacó que es necesario adoptar medidas para solventar la "desesperada situación humanitaria" en la isla y recordó que el régimen castrista es objeto de "una presión sin precedentes por parte del vecino del norte".Por todo ello, llamó desde la tribuna de Naciones Unidas a "levantar el bloqueo marítimo a la Isla de la Libertad y todas las restricciones al comercio con Cuba, y excluir al país de la largamente odiosa lista de Estados que patrocinan el terrorismo".En cuanto al conflicto palestino, subrayó que Rusia "está convencida de que llegó la hora de solucionar el principal problema de Oriente Medio: garantizar un Estado al pueblo palestino sobre la base de las numerosas decisiones de la ONU".Al mismo tiempo, admitió que no alberga esperanzas de unidad entre las distintas fuerzas palestinas y aseguró que Moscú aboga porque dichos grupos únicamente se planteen objetivos políticos.Denunció que hace casi un año el Consejo de Seguridad, a propuesta de EE. UU., aprobó un plan de paz para Gaza, pero allí "siguen muriendo ancianos, mujeres y niños".Mientras, agregó, "la situación se deteriora en la orilla oeste del río Jordan, donde Israel amplía su actividad colonizadora". "Si seguimos así, fundar un Estado palestino será imposible, ya que simplemente no habrá sitio para ello. Entonces, la seguridad de Israel estará siempre bajo amenaza", aseveró.En cuanto a Ucrania, insistió en que Rusia lucha en el país vecino "por la verdad y la justicia" y que "los objetivos de la operación militar especial se alcanzarán y las amenazas a la seguridad de Rusia serán eliminadas y la vida civil se restablecerá".A su vez, acusó a Europa de "hacer todo lo posible para obstaculizar el arreglo pacífico y torpedear la posibilidad de negociaciones en las que hay muchos interesados, entre ellos, la administración del presidente de EE. UU., Donald Trump".El presidente ruso, Vladímir Putin, que ha intensificado los bombardeos contra Ucrania, aseguró el viernes que los ataques de Kiev durante las recientes elecciones legislativas alejan una eventual reanudación de las negociaciones tripartitas, estancadas desde febrero.
La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió este jueves que los compromisos expresados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre ellos el de la celebración de elecciones, se traduzcan "de inmediato en hechos concretos y verificables"."Ya basta de retórica. El país necesita garantías para ejercer los derechos políticos, recuperar las tarjetas y los símbolos de los partidos, eliminar las inhabilitaciones, liberar de inmediato y sin condiciones a todos los presos políticos, asegurar la independencia de los poderes y contar con un CNE (Consejo Nacional Electoral) confiable, plazos claros y un cronograma electoral verificable", dijo la PUD en un mensaje en X.La coalición señaló que también debe garantizarse el regreso de los venezolanos en el exterior "sin persecución ni obstáculos y el pleno ejercicio de sus derechos"."Delcy Rodríguez ha sido parte de los 27 años durante los cuales se produjo la falta de democracia, se consolidó el privilegio por pertenecer a un partido y se profundizó la persecución política", aseveró la coalición.Por tanto, prosiguió, sus compromisos "deben estar acompañados de acciones concretas, verificables y coherentes con la urgencia que vive Venezuela"."La Plataforma Unitaria Democrática seguirá articulando a las fuerzas democráticas. Venezuela exige hechos, no más promesas. La democracia no admite más excusas", agregó.Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado enero en Caracas, prometió el miércoles ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas que "habrá elecciones" en su país, sin anticipar una fecha, con garantías para "todas las fuerzas políticas".En ese sentido, explicó que se inició "un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos".Además, expresó que las instituciones venezolanas "estarán preparadas para garantizar ese proceso inclusivo y transparente".Este jueves, cientos de opositores salieron a las calles en Caracas para exigir unas elecciones presidenciales en 2027 y que se permita el regreso a Venezuela de su líder y premio nobel de la paz María Corina Machado, quien ha intentado viajar desde Panamá tres veces esta semana y se lo han impedido, según su equipo.
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
La decisión del exministro venezolano Alex Saab, señalado como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, de declararse culpable este martes de lavado de dinero en EE.UU. y alcanzar un acuerdo de cooperación con la Fiscalía abre interrogantes sobre el posible impacto de su testimonio en el caso contra el exgobernante, aunque el acuerdo no lo menciona.Estas son las claves del acuerdo de Saab, exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela (2024-2026), con el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) de Estados Unidos, que no nombra a Maduro, recluido en Nueva York acusado de narcotráfico, pero sí a "altos funcionarios del Gobierno venezolano" en 2015, cuando era presidente del país suramericano.La declaratoria de culpabilidadEl empresario de 54 años, nacido en Colombia, se declaró culpable del cargo de conspiración para lavado de dinero en la corte federal del Distrito Sur de Florida, donde primero se había presentado como "no culpable" el 24 de julio tras haber sido deportado el 16 de mayo desde Venezuela por el gobierno interino de Delcy Rodríguez.En su declaratoria, Saab reconoció que en 2015, cuando Maduro era presidente, organizó con "altos funcionarios del Gobierno" un "esquema ilegal" con "sobornos" y "pagos ilegales" del programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero al sur de Florida.La incógnita de otros coacusados y otros cómplicesEl exministro menciona como presuntos cómplices al chavista José Gregorio Vielma Mora, quien entonces era gobernador de Táchira, y a los colombianos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano.Pero también señala a 'co-acusado 1' y 'co-acusado 3', dos sospechosos que la Fiscalía no identificó de manera pública, además de asegurar que "acordó lavar dinero y cometer fraude" con "altos miembros del Gobierno de Venezuela".¿Qué ofrece Saab a EEUU?A cambio, Saab accedió a "cooperar plenamente" con el DOJ con "la aportación de información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas" en "cualquier juicio o proceso" judicial que pida el Gobierno."Asimismo, el procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito", establece el pacto.Además, el empresario aceptó entregar 195 millones de dólares, propiedades y bienes derivados de los crímenes a la Fiscalía, que fijó un plazo de catorce días para que revele todos los activos relacionados con los delitos.Las promesas de EE.UU. a SaabPor estas condiciones, el Gobierno estadounidense aceptó pedir una sentencia menor para el exministro venezolano, quien podría afrontar una pena máxima de 20 años en prisión y una multa de 500.000 dólares, según el acuerdo de 12 páginas.Pero el DOJ advirtió de que se "reserva el derecho de evaluar la naturaleza y el alcance de la cooperación del procesado", así como la "calidad e importancia" de la información para las investigaciones pertinentes.Las posibles implicaciones para MaduroEste proceso cobra relevancia porque ocurre después de la llegada de Maduro en enero a Nueva York, donde afronta cargos por 'narcoterrorismo', narcotráfico y posesión de armas.Aunque el acuerdo divulgado no menciona al gobernante depuesto por EE.UU., el opositor venezolano Carlos Paparoni, exdiputado y dirigente del partido Primero Justicia considera que "la importancia de esto es abrir el proceso de colaboración de Alex Saab con las autoridades" estadounidenses."Si bien todo el mundo está pensando en este momento en la cooperación de Saab en el caso de Nicolás Maduro, creo que la relevancia es que Saab tiene el secreto y la traza de dinero de muchísimos casos abiertos en EE.UU. y de miles de casos más que pueden terminar siendo abiertos", dijo a EFE tras acudir a la audiencia.
El exministro venezolano Alex Saab, señalado por EE.UU. como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, se declaró este martes culpable de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas tras un acuerdo con la Fiscalía, y aseguró que no hubo amenazas ni otro trato para aceptar su culpabilidad.Al comparecer en persona en una corte de Miami, con el pelo canoso y recogido, barba y uniforme ocre de preso, Saab cambió la declaración de "no culpable", que había presentado el pasado 24 de julio, por una de culpabilidad durante una audiencia ante la jueza Kathleen M. Williams en la Corte del Distrito Sur de Florida."Culpable, señoría", manifestó el empresario petrolero, de 54 años, en la audiencia, según constató EFE.El acuerdo de 12 páginas que Saab alcanzó con la Fiscalía, cuyos detalles no fueron revelados, fue revisado por la jueza, tras lo cual el exfuncionario venezolano de origen colombiano podría afrontar una pena máxima de 20 años de prisión.Saab, quien recibirá su sentencia definitiva en enero próximo, admitió que cometió, junto con cómplices con identidades no reveladas, la conspiración para realizar actividades ilícitas, fraude, sobornos a funcionarios públicos y ocultar el origen de los fondos.Las autoridades no revelaron los detalles del acuerdo al momento de la cita, pero el exministro del expresidente Maduro, depuesto por EE.UU. en enero pasado y preso en Nueva York, aseveró que "no" hubo un trato más allá del presentado ante la Fiscalía ni amenazas para que aceptase su culpabilidad.¿Cuánto recibía la familia de Maduro?El periodista venezolano Roberto Deniz, director de Armando.Info y uno de los investigadores que ha seguido durante años las operaciones de Saab, explicó en Mañanas Blu que la declaración de culpabilidad puede ser especialmente relevante por la información que el empresario tendría sobre el manejo del dinero del régimen venezolano.Según Deniz, Saab podría entregar información a la Fiscalía estadounidense sobre personas ubicadas por encima de él dentro de la estructura de poder, entre ellas Nicolás Maduro y Cilia Flores.El periodista también recordó investigaciones de Armando.Info sobre el programa CLAP y los presuntos sobreprecios aplicados a las cajas de alimentos. Como ejemplo, señaló que algunas eran facturadas al Estado venezolano entre 34 y 40 dólares, aunque su costo no superaba los 20 dólares.Deniz afirmó que el fiscal estadounidense Michael Nader, quien acusó inicialmente a Saab, dijo públicamente que el empresario había confesado durante conversaciones con las autoridades que por cada dólar contratado que recibía, la mitad terminaba en manos de la familia de Nicolás Maduro.“Por cada dólar contratado que él recibía, la mitad de ese dólar iba a la familia de Nicolás Maduro”, aseguró Deniz al citar lo que, según explicó, había manifestado el fiscal.¿Puede Saab convertirse en testigo contra Maduro?Para Deniz, una de las principales incógnitas después de la declaración de culpabilidad es si Saab colaborará con las autoridades estadounidenses en otros procesos.El periodista señaló que el empresario tendría conocimiento de movimientos financieros, rutas del dinero, cuentas, paraísos fiscales y operaciones con criptomonedas vinculadas al régimen venezolano.Esa información podría resultar relevante para las investigaciones que involucran a Maduro y Cilia Flores, aunque Deniz aclaró que todavía no se conoce si Saab será llamado como testigo ni qué información podría entregar.Escuche la entrevista en el audio adjunto:
La solicitud de detención domiciliaria presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, tendría pocas posibilidades de ser aprobada por un juez estadounidense, según explicó Abel Arcia, exfiscal en Brooklyn con más de 20 años de experiencia como abogado en Estados Unidos.En entrevista con Mañanas Blu, Arcia analizó los argumentos utilizados por la defensa, que estarían relacionados principalmente con el estado de salud de Flores, su edad y los tratamientos médicos que requiere. Para el exfiscal, esas circunstancias no necesariamente representan una razón suficiente para concederle un régimen de reclusión diferente al de otros detenidos.“Las posibilidades, creemos, de que sea concedida dicha solicitud, las posibilidades son muy bajas”, aseguró Arcia.¿Qué argumentos presentó la defensa de Cilia Flores?De acuerdo con el abogado, la defensa puede argumentar que se trata de una situación excepcional, al involucrar por primera vez a un presidente en ejercicio y a su esposa en un proceso ante una corte criminal.Sin embargo, Arcia considera que ese elemento no cambia las condiciones que deben analizarse para decidir sobre la solicitud de detención domiciliaria.El exfiscal explicó que los abogados de Flores han hecho énfasis en cuestiones médicas y en las consecuencias que habría tenido su permanencia bajo custodia, entre ellas pérdida de peso y problemas de salud.Aunque Arcia dijo creer que las condiciones descritas por la defensa pueden ser reales, sostuvo que no necesariamente constituyen circunstancias extraordinarias dentro del sistema penitenciario estadounidense.“Eso no quiere decir que el juez va a aprobar algo que no se le aprueba a nadie”, afirmó.¿Por qué comparó la petición con el caso de Pablo Escobar?Arcia cuestionó especialmente que la defensa busque para Flores condiciones de reclusión distintas a las habituales para una persona detenida mientras espera el desarrollo de su proceso.Según explicó, quienes permanecen bajo custodia reciben atención médica dentro del sistema penitenciario, sin que el dinero o la posición política permitan escoger libremente médicos privados para atenderlos.“No es que porque yo tengo dinero yo voy a sacar a los tres mejores médicos privados de EE. UU. para que me atiendan. No se puede, eso no se maneja así”, señaló.“Ella prácticamente está solicitando algo al estilo Pablo Escobar. Prisión privada”, afirmó Arcia, en referencia a La Catedral, la cárcel que el narcotraficante colombiano ocupó durante su reclusión.El abogado también sostuvo que Flores habría pasado de unas condiciones de vida privilegiadas a un escenario completamente diferente dentro del sistema de detención estadounidense.¿Qué dijo sobre Maduro como garantía?Otro de los argumentos analizados fue la posibilidad de utilizar a Nicolás Maduro como garantía para una eventual libertad de Flores.Arcia calificó de particular esa propuesta y explicó que, normalmente, una garantía está relacionada con bienes o activos que pueden ser utilizados como respaldo ante la justicia.
Cilia Flores, esposa del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, solicitó este miércoles al sistema judicial de Nueva York poder esperar el juicio en su contra y el de Maduro, fuera de prisión debido a problemas cardíacos.En un documento judicial, la defensa de Flores pide que sea trasladada a una residencia privada en Nueva York y ofrecerle un régimen de arresto domiciliario con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores, de 69 años, asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, día en que fueron capturados por militares de EE.UU., no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.Los abogados de la esposa de Maduro aseguran que los costos de este traslado serán asumidos por Flores y ofrecen también la retención de su pasaporte como parte de las condiciones para garantizar que permanezca bajo custodia.En la carta presentada ante la corte, los abogados describen episodios de dolor de pecho, arritmias, dificultades para respirar y una pérdida de más de once kilos desde su detención.De acuerdo con la petición, el pasado 29 de julio Flores habría sufrido un grave episodio de salud que, según sus abogados, aparentemente pudo tratarse de un infarto leve, aunque este extremo no ha sido confirmado médicamente.Flores y Maduro fueron detenidos en enero durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York, donde afrontan cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo.Ambos se han declarado no culpables de las acusaciones, mientras la Fiscalía sostiene que utilizaron posiciones de poder dentro del Estado venezolano para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.El proceso se encuentra en una fase previa al juicio en la que las defensas han comenzado a presentar recursos para intentar desestimar la acusación.Entre sus principales argumentos figura la reclamación de inmunidad soberana de Maduro como supuesto jefe de Estado y cuestionamientos sobre la legalidad de la operación mediante la que ambos fueron capturados y trasladados a Estados Unidos.La defensa de Flores también ha presentado una petición propia basada en la inmunidad vinculada a su condición de primera dama.El juez federal Alvin K. Hellerstein fijó el pasado julio el comienzo del juicio para el 1 de junio de 2027.Antes de esa fecha, está prevista para el 17 de noviembre una audiencia para escuchar los argumentos de las defensas sobre las mociones destinadas a desestimar el caso, entre ellas la petición de Maduro basada en la inmunidad soberana. EFE
Luego de meses de investigación, la justicia de Chile acusó formalmente a Diosdado Cabello de, presuntamente, cooperar y trabajar de la mano con el Tren de Aragua para cometer crímenes en distintos países de Latinoamérica y perseguir a desertores del régimen venezolano. Sin embargo, el asesinato del teniente Ronald Ojeda en Santiago fue el hecho que desencadenó una investigación más amplia sobre los posibles vínculos del Gobierno de Nicolás Maduro con organizaciones criminales y grupos armados.Noticias Caracol investigó el caso y reveló cómo, según las pesquisas, el régimen de Nicolás Maduro habría establecido alianzas con guerrillas, organizaciones criminales y otros actores para perseguir, secuestrar y asesinar a opositores y desertores en distintos puntos del continente. Entre los grupos señalados aparece el ELN, que habría participado en algunas de estas operaciones.ELN y Tren de Aragua, los señalados por sus vínculos con el régimen de Nicolás MaduroLa denominada operación Cacería, revelada por Noticias Caracol, expuso los presuntos nexos entre funcionarios del régimen venezolano y organizaciones criminales. La investigación se remonta al 13 de diciembre de 2023, cuando Ronald Ojeda y otros opositores venezolanos se reunieron en Cúcuta para analizar posibles estrategias para sacar del poder a Nicolás Maduro.De acuerdo con la investigación, la Dirección de Inteligencia de Venezuela ya habría establecido contacto con el ELN para localizar a los opositores, secuestrarlos en Cúcuta y posteriormente entregarlos al otro lado de la frontera.Ojeda no asistió a aquella reunión y logró evitar el operativo. Tras conocer lo ocurrido, decidió abandonar Colombia y emprender un viaje hacia el sur del continente.“Ojeda toma un bus hasta Rumichaca y empieza a bajar a Ecuador, a Perú y luego hasta Chile. Todo el recorrido lo hace por tierra”, relató a Noticias Caracol un testigo que pidió mantener su identidad en reserva.Meses después, en Chile, un grupo de hombres que se hicieron pasar por policías llegó hasta el apartamento de Ojeda para sacarlo del lugar. Según las investigaciones, los responsables pertenecían al Tren de Aragua y habrían sido contratados para ejecutar la operación. La justicia chilena ha señalado a Diosdado Cabello como uno de los presuntos responsables de coordinarla.Las dudas sobre la actuación de la justicia colombianaPese a las evidencias conocidas posteriormente, en Colombia no se habría adelantado una investigación sobre estos hechos. Fueron las pesquisas desarrolladas en Chile las que permitieron establecer posibles conexiones entre organizaciones criminales, grupos armados y funcionarios del régimen venezolano.Durante cerca de dos años, las autoridades chilenas siguieron diferentes pistas para identificar a los responsables del crimen. La investigación terminó involucrando a personas y redes con conexiones en países como Estados Unidos, Costa Rica y Colombia.Alias ‘Gocho’ y alias ‘Botija’, señalados como presuntos implicados directos en el asesinato de Ronald Ojeda, fueron capturados por Interpol Colombia. Chile solicitó su extradición al gobierno de Gustavo Petro, pero el proceso no avanzó inicialmente. En agosto pasado, el Gobierno colombiano aprobó finalmente su traslado a Chile.¿Qué puede pasar con Diosdado Cabello?La investigación también abre interrogantes sobre el futuro judicial de Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del Gobierno venezolano.“Creo que el señor sabe que sus días están contados y que este incidente puede ser usado por Estados Unidos para habilitar su captura y extradición, sea a Chile o a Estados Unidos”, explicó el profesor y experto en seguridad y defensa Jairo Libreros.La atención también está puesta sobre Delcy Rodríguez, quien ha mantenido a Cabello dentro de la estructura de poder del Gobierno venezolano. Una eventual acusación formal contra el dirigente podría aumentar las tensiones entre Caracas y Washington, especialmente teniendo en cuenta las acusaciones que pesan sobre Cabello y la recompensa ofrecida por Estados Unidos por información que permita su captura.