La caída del Decreto 0581 de 2026 abre una nueva discusión sobre las reglas que buscan combatir la tercerización y la intermediación laboral ilegal en Colombia. Frente a este panorama, la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (ACOSET) manifestó su disposición a trabajar con el nuevo Gobierno para construir una regulación más clara, que proteja los derechos de los trabajadores, evite los abusos y permita que las empresas que operan dentro de la ley continúen generando empleo formal.
ACOSET considera que combatir la intermediación laboral ilegal es necesario, pero advierte que es importante diferenciar las prácticas que vulneran los derechos de los trabajadores de las formas de contratación que están permitidas en Colombia. Según el gremio, las confusiones sobre el alcance de estas actividades han generado incertidumbre para las empresas y dificultades en el mercado laboral.
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En ese sentido, la asociación insiste en que la tercerización no es ilegal por sí misma y que las Empresas de Servicios Temporales cumplen una función reconocida por la legislación colombiana, bajo las condiciones establecidas en la Ley 50 de 1990 y las demás normas aplicables. Por eso, señala que las medidas para combatir las irregularidades no deben terminar afectando a las empresas que desarrollan legalmente su actividad y que contribuyen a la generación de empleo formal.
El gremio también plantea la necesidad de establecer con mayor precisión cuáles conductas constituyen tercerización o intermediación laboral ilegal. Su propósito es que las autoridades puedan identificar y actuar frente a las prácticas que incumplen la ley, sin confundirlas con los servicios temporales autorizados.
Otro de los puntos que destaca ACOSET es el trabajo de los inspectores laborales. Para la asociación, es necesario que estos funcionarios cuenten con criterios claros y uniformes al momento de realizar inspecciones, vigilar el cumplimiento de las normas y tomar decisiones. De esta manera, sostiene el gremio, se pueden ofrecer mayores garantías para los trabajadores y más seguridad jurídica para las empresas.
La discusión también pone sobre la mesa la importancia de revisar las reglas desde el punto de vista técnico y jurídico. ACOSET considera que esta revisión debe permitir prevenir los abusos, fortalecer la formalización laboral y conservar las modalidades legales de contratación que facilitan el acceso al empleo.
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Al referirse a este panorama, Miguel Pérez García, presidente de ACOSET, aseguró: “Colombia necesita combatir con decisión la intermediación laboral ilegal, pero también garantizar que las empresas que actúan dentro de la ley puedan continuar generando empleo formal. La protección de los trabajadores y la seguridad jurídica no son objetivos opuestos, deben avanzar de manera conjunta”.
El dirigente gremial también recordó que, durante la concertación del Decreto 0581 con el Gobierno anterior, se buscó proteger la actividad de un sector que genera empleo formal y flexible para miles de colombianos. Sin embargo, señaló que quedaron aspectos por aclarar, especialmente en la interpretación de la tercerización y la intermediación laboral, lo que, a juicio del gremio, produjo incertidumbre e impactos en el mercado de trabajo.
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Ante los cambios en esta discusión normativa, ACOSET manifestó que está dispuesto a participar en espacios de diálogo con el Gobierno nacional, el Ministerio del Trabajo y los demás actores del mundo laboral para aportar su conocimiento y contribuir a la construcción de nuevas reglas.
El gremio sostiene que el objetivo es avanzar hacia un mercado laboral en el que se protejan los derechos de los trabajadores, se combatan las prácticas ilegales y se mantengan las oportunidades de empleo formal. Para ACOSET, estos propósitos deben avanzar de manera conjunta, con normas claras que permitan distinguir las irregularidades de las actividades empresariales autorizadas por la ley.