Luego de que la Procuraduría General de la Nación pidiera al Consejo Nacional Electoral (CNE) vigilar los recursos que financian las actividades de recolección de firmas y a los candidatos, que, sin sustento legal anticipen sus campañas políticas, la presidenta de la autoridad electoral, Yolima Carrillo, señaló que hay varias investigaciones administrativas al respecto.
Carrillo explicó que el CNE tiene un total de 25 expedientes abiertos por propaganda electoral anticipada en medio del proceso de recolección de firmas que adelanta 210 grupos significativos de ciudadanos que buscan avalar candidatos para 2018, de los cuales 47 son para la Presidencia de la República, 54 para Senado y 109 para Cámara de Representantes.
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“La publicidad que realizan los grupos significativos de ciudadanos debe estar limitada al proceso de recolección de firmas. Quienes aspiran a ser inscritos como candidatos a través de ese mecanismo deben limitarse a la actividad que les permita solamente buscar que el ciudadano lo respalde con su firma, pero no podrá extralimitarse buscando que el ciudadano le respalde una candidatura. Hay un límite fijado en el espacio público que es de competencia de los alcaldes, quienes deben controlar la propaganda en sus municipios”, explicó la magistrada.
Carrillo indicó que es necesario que se reglamente el mecanismo de firmas, principalmente frente a temas como la financiación y rendición de cuentas y reveló que el Ministerio de Hacienda alista recursos para los tribunales de garantías electorales, “que ayudarán a desconcentrarse la tarea que hace el CNE en las diferentes regiones del país”.
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