Por medio de la la resolución 004 del 6 de agosto de 2026, expedida por la Mesa Directiva del Congreso de la República, se abre oficialmente la convocatoria para elegir a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) para el período institucional 2026-2030.El Consejo Nacional Electoral se compondrá de nueve miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno, para un período institucional de cuatro años, mediante el Sistema de Cifra Repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos.Sus miembros serán servidores públicos de dedicación exclusiva, tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.¿Cómo es el cronograma del proceso?6 de agosto: se expide la convocatoria a los Partidos Políticos o Movimientos Políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos y al Congreso de la República.10 de agosto (8:00 de la mañana): inicia la inscripción de hojas de vida.14 de agosto (5:00 de la tarde): cierra la inscripción.14 de agosto: las hojas de vida se trasladaran a la Comisión de Acreditación.Del 15 al 19 de agosto: la comisión revisará los requisitos de los aspirantes.20 de agosto: la comisión entregará su informe.25 de agosto: el Congreso en pleno elegirá a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral.¿Quiénes podrán postular candidatos?La Mesa Directiva del Congreso convocó a los partidos, movimientos con personería jurídica y coaliciones para que postulen sus candidatos a integrar el Consejo Nacional Electoral.El documento recuerda que el CNE, mediante la Resolución N.E.-3328 del 13 de julio de 2026, declaró la elección del Senado de la República y asignó las curules para el período 2026-2030 a las colectividades Partido de la U, Centro Democrático, Pacto Histórico, Partido Conservador Colombiano, la coalición Cambio Radical-Alma, Alianza por Colombia, Movimiento Salvación Nacional, Ahora Colombia, Partido Liberal Colombiano y los movimientos Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y Alternativo Indígena y Social (MAIS).Asimismo, el documento señala que el CNE, mediante el oficio CNE-S-2026-003349-DVIE-700 del 4 de agosto de 2026, remitió a la Cámara de Representantes el listado de las organizaciones políticas con representación para el período 2026-2030. Entre ellas figuran las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), representadas por organizaciones sociales, indígenas, de víctimas y comunitarias, además de las agrupaciones Creemos, Libres, MAIS, MIRA, Pacto Histórico, Salvación Nacional, Alianza Social Independiente (ASI), Alianza Verde, Cambio Radical, Centro Democrático, Colombia Renaciente, Partido Conservador Colombiano, Partido de la U, Partido Demócrata Colombiano, Partido Liberal Colombiano, Nuevo Liberalismo y Partido Político La Fuerza.
Con una votación 6 a favor y 1 en contra, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió en la mañana de este lunes conceder personería jurídica al movimiento político del presidente electo Abelardo De La Espriella, Defensores de la Patria.El CNE acogió la ponencia presentada por el magistrado Alfonso Campo (Partido Conservador) y que argumenta que las elecciones presidenciales son un proceso de legitimación democrática tan válido como las elecciones legislativas. Por lo tanto, el respaldo masivo de 12.960.166 votos obtenido por la fórmula de Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo en la segunda vuelta del 21 de junio son prueba suficiente del apoyo ciudadano que exige la Constitución para conformar un partido.La ponencia se apoya en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que permitió flexibilizar el requisito del umbral de votos en el Congreso cuando una fuerza política demuestra un apoyo significativo en elecciones presidenciales. La ponencia destaca que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya ha aplicado esta regla anteriormente para reconocer a otros movimientos como Colombia Humana del hoy presidente Gustavo Petro (2018) y la Liga de Gobernantes Anticorrupción del excandidato Rodolfo Hernández (2022).En la decisión también se sostiene que si se le otorgó personería jurídica a candidatos que quedaron en segundo lugar para garantizar su derecho a la oposición, con mayor razón debe otorgarse a la fuerza ganadora y que negar este reconocimiento al grupo que obtuvo la mayoría de votos sería un trato discriminatorio y contrario al principio de igualdad.Los magistrados consideraron que el movimiento no solo cuenta con una representatividad electoral histórica que supera cualquier umbral exigido, sino que también ha organizado una estructura legal sólida para actuar como partido político.Con esta decisión, Defensores de la Patria se inscribirá formalmente en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos (RUPYM), consolidando así la estructura política que respaldará la gestión de De La Espriella durante su mandato, pero también podrán acceder a financiación estatal, podrán organizarse con estructuras en todo el país, así como otorgar avales para la contienda electoral regional de octubre de 2027.
El Tribunal Superior de Medellín rechazó por improcedente una tutela que buscaba dejar sin efectos la resolución del Consejo Nacional Electoral que asignó las dos curules de la Circunscripción Especial de las Comunidades Afrodescendientes para el periodo 2026-2030.La demanda fue presentada por Anderson Becerra García, quien sostenía que la distribución de los escaños no se ajustó a las reglas establecidas en el artículo 263 de la Constitución y que, por esa razón, se vulneraron derechos como la participación política, el debido proceso y la representación efectiva de las comunidades afrodescendientes.Para Becerra, ninguna organización alcanzó el cuociente electoral, pero el Consejo Comunitario El Naranjo sí superó el umbral del 30 % de ese cuociente, por lo que era la única lista habilitada para participar en la distribución de las curules mediante el sistema de mayores residuos. Por eso, para él, no existía fundamento constitucional para adjudicar la segunda curul al Partido Demócrata Colombiano.Ante esto, el Consejo Nacional Electoral y uno de los representantes elegidos respondieron que la decisión fue adoptada dentro de sus competencias y que existía un mecanismo judicial específico para discutir la legalidad del acto administrativo.Fue por eso que el Tribunal explicó que la acción de tutela es un mecanismo excepcional y subsidiario, por lo que no puede utilizarse para reemplazar los procesos ordinarios previstos por la ley. Las diferencias relacionadas con actos administrativos de carácter electoral, como la declaratoria de una elección o la asignación de curules, deben tramitarse mediante el medio de control de nulidad electoral ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mecanismo que incluso permite solicitar medidas cautelares, como una suspensión provisional.Por otra parte, en la decisión se determinó que Becerra García no acreditó haber participado como candidato, representar legalmente a alguna de las listas inscritas o ser destinatario directo de la resolución del CNE. Aunque afirmó actuar en defensa de la comunidad afrodescendiente, no demostró contar con representación jurídica para hacerlo en nombre de toda esa población, la cual ya cuenta con representación en la Cámara de Representantes mediante las dos curules adjudicadas.
En el marco del foro por los 40 años del Código Electoral, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), magistrado Benjamín Ortiz, defendió el trabajo de las comisiones escrutadoras, rechazó los señalamientos de fraude en los procesos electorales y se refirió a las demandas de nulidad presentadas contra la elección presidencial de Abelardo De La Espriella.Durante su intervención, el magistrado Ortiz cuestionó las críticas dirigidas contra las comisiones escrutadoras y aseguró que se trata de funcionarios que actúan con independencia y bajo estrictos procedimientos legales.“Me sorprende y me llena de tristeza ver cómo olímpicamente se va descalificando la tarea de las comisiones escrutadoras, ignorando que son operadores judiciales independientes, revestidos de dignidad, fundamentados éticamente, y que prestan un servicio a la sociedad y a la democracia, y terminan siendo señalados como autores de maniobras fraudulentas", afirmó. "Todo un proceso garantista que lo único que hace es legitimar la transparencia de ese proceso. Cuando salen a vociferar y a proclamar fraudes, jamás le cuentan al oyente o al lector que tuvieron todas las oportunidades procesales para controvertir”, agregó.El presidente del CNE también se pronunció sobre las acciones de nulidad que cursan contra la elección presidencial y explicó que, una vez el Consejo Nacional Electoral declaró la elección y notificó el acto administrativo correspondiente, esa decisión quedó en firme, por lo que ahora corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa pronunciarse sobre su legalidad.“Una vez el Consejo Nacional Electoral se pronuncia, que lo hace mediante un acto administrativo y el mismo es notificado en una audiencia pública, adquiere firmeza, lo que implica que la autoridad administrativa pierde competencia y serán los tribunales, para el caso de la Sección Quinta del Consejo de Estado, al estudiar la demanda o las demandas, la que determine si el actuar de la corporación que represento se ajustó o no a la Constitución y a la ley al declarar elegido presidente de la República", destacó. "Ya el Consejo Electoral decidió, junto con mis compañeros, y ni siquiera el Consejo Electoral, la ciudadanía decidió. Las autoridades electorales escrutaron”, añadió Ortiz.En el mismo evento, el registrador nacional, Hernán Penagos, abordó el debate sobre la eventual implementación del voto electrónico en Colombia y consideró que, en las actuales condiciones, el país no cuenta con el consenso necesario para avanzar hacia ese modelo.“Si con un sistema electoral eminentemente manual se ha dado cuenta usted la serie de, excúseme la palabra, infundios que se han expresado durante estos últimos dos años, ¿qué tal que tuviéramos en Colombia un proceso de voto electrónico? Y no es que lo esté atacando, estoy hablando de la realidad de nuestro país. El mejor sistema electoral, dicen los que conocen, es aquel que más confianza genera (…) Luego, el voto electrónico puede ser bueno en la medida en que haya un absoluto consenso nacional, pero implementarlo de buenas a primeras sin un consenso nacional no es válido”, manifestó.
A través de un comunicado a la opinión pública, el Comité Intergremial de Santander manifestó su preocupación por el ambiente político que vive el país e invitó a los diferentes sectores a rodear la institucionalidad democrática, respetar la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas y generar confianza en las instituciones.En el pronunciamiento, el Comité aseguró que la fortaleza del país depende del respeto por las reglas democráticas y del diálogo entre quienes tienen diferencias políticas, con el propósito de brindar tranquilidad y certidumbre a los colombianos.Los gremios también ratificaron su reconocimiento a la labor desarrollada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, entidades encargadas de garantizar el desarrollo del proceso electoral, e insistieron en la importancia de respetar los resultados oficiales como una muestra de confianza en las instituciones.Asimismo, señalaron que, una vez superada la contienda electoral, el país debe concentrar sus esfuerzos en construir consensos que permitan avanzar en temas como la generación de empleo, la reactivación económica y el fortalecimiento de la inversión.El Comité advirtió que la estabilidad institucional y la seguridad jurídica son factores fundamentales para mantener la confianza de los inversionistas y promover el crecimiento económico, por lo que invitó a los líderes políticos, sociales y económicos a trabajar de manera conjunta por la unidad nacional.El pronunciamiento fue respaldado por cerca de una veintena de organizaciones empresariales y productivas del departamento, entre ellas la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Fenalco Santander, Camacol Santander, Andi Seccional Santander, Cotelco Santander, Fedepalma, ACIEM Santander, Anato Oriente, Fasecolda, Confecoop Oriente, la Federación de Ganaderos de Santander, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Sociedad Santandereana de Ingenieros, Prosantander, Ascolfa, Fenavi Santander y el Comité de Cafeteros de Santander, entre otros gremios que representan sectores clave de la economía regional.
Las universidades que integran la iniciativa Cuidar la Democracia expresaron su preocupación por las recientes declaraciones del presidente saliente y de algunos integrantes de su partido en las que desconocen el resultado de las elecciones presidenciales, y advirtieron que ese tipo de posturas debilita los principios sobre los que se sostiene la democracia.En un comunicado, las instituciones señalaron que el respeto a las reglas constitucionales que rigen la contienda electoral y la transición del poder "no admite excepciones", sin importar quién resulte elegido. En ese sentido, recordaron que la Constitución establece los procedimientos para la elección del presidente y los mecanismos legales para tramitar cualquier reclamación sobre los resultados.Las universidades señalaron que, conforme a esas disposiciones, el Consejo Nacional Electoral declaró como ganador de las elecciones presidenciales para el periodo 2026-2030 a Abelardo De La Espriella.Asimismo, afirmaron que desconocer los resultados sin presentar pruebas ni acudir a las instancias previstas por la ley constituye una actuación que se aparta del orden constitucional"Esta conducta se sale del cauce constitucional y legal y es de la mayor gravedad, pues atenta contra los acuerdos democráticos básicos que hacen posible la alternancia pacífica en el poder", señala el pronunciamiento.Las instituciones también recordaron que todos los servidores públicos tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, un deber que, indicaron, debe ser ejemplificado por el presidente de la República y los altos funcionarios del Estado.Finalmente, las universidades reiteraron que continuarán promoviendo espacios de análisis y producción de evidencia sobre el estado de la democracia en Colombia, con el propósito de fortalecer el respeto por las instituciones y la convivencia entre distintas visiones políticas.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó una acción de tutela, acumulada con otras solicitudes presentadas dentro de la denominada “tutelatón”, mediante la cual varios ciudadanos buscaban que se ordenaran nuevas verificaciones sobre el proceso de las elecciones presidenciales de 2026, en las que resultó elegido Abelardo de la Espriella como presidente de la República.Los accionantes solicitaban medidas relacionadas con la trazabilidad, custodia, auditoría y verificación de la información electoral. Entre sus pretensiones figuraban la conservación integral de los formularios E-14 y demás documentos electorales físicos y digitales, la realización de una auditoría técnica e independiente al software electoral, la verificación de los formularios E-14 en Colombia y en el exterior, el recuento físico de votos y la publicación de información técnica sobre los mecanismos de integridad digital utilizados durante el proceso electoral.Sin embargo, el Tribunal negó el amparo de los derechos al debido proceso, igualdad, participación política, acceso a la información, derecho de petición y acceso a documentos públicos, al considerar que no se acreditó una vulneración que justificara la intervención.En la decisión, la Sala explicó que frente a las solicitudes de verificación de escrutinios, recuento físico de votos y presuntas inconsistencias en los formularios E-14, “las reclamaciones presentadas por los testigos electorales fueron desistidas, por lo que no existe controversia pendiente, ni elementos probatorios que permitan inferir que existe lugar a ordenar la verificación técnica solicitada”.Respecto de la petición para ordenar un nuevo conteo de votos, el Tribunal recordó que el procedimiento electoral asigna esa facultad solo a los testigos electorales dentro del trámite correspondiente. En ese sentido, señaló: “Respecto a la quinta pretensión, orientada a ordenar el recuento físico de votos, la Sala advierte que no se vulneraron los derechos invocados. Conforme al Decreto Ley 2241 de 1986, esta solicitud corresponde exclusivamente a los testigos electorales; por lo tanto, al haberse desistido de las reclamaciones presentadas, no es viable ordenar dicho reconteo a través de la acción de tutela”.La corporación también concluyó que los accionantes no demostraron la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente la tutela. Al respecto, precisó que “los accionantes no probaron la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en tanto que no se evidencian los elementos que lo integran, como la urgencia, inminencia, impostergabilidad y gravedad”.El fallo añadió que la acción de tutela no constituye el mecanismo judicial idóneo para debatir asuntos relacionados con la custodia de actas electorales, la suspensión de bases de datos, auditorías al software o solicitudes encaminadas a controvertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2026, pues el ordenamiento jurídico prevé mecanismos específicos, como el medio de control de nulidad electoral.Para el Tribunal resultó determinante que el Consejo Nacional Electoral ya hubiera expedido el acto administrativo mediante el cual declaró la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de la República. Esa decisión, recordó la corporación, goza de presunción de legalidad mientras no sea anulada por el juez competente, razón por la cual no era procedente, a través de una acción de tutela, ordenar nuevas verificaciones o adoptar medidas que incidieran sobre el resultado oficial de los comicios.
El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Alfonso Ocampo, ya radicó la ponencia que propone dar vía libre al reconocimiento de la personería jurídica al partido político Defensores de la Patria, tras concluir que el movimiento que llevó a la presidencia a Abelardo de la Espriella cumple los requisitos por el respaldo ciudadano acreditado.Dicha ponencia será discutida la próxima semana en la sala plena de la autoridad electoral.Blu Radio, había informado que el pasado 30 de junio, durante la asamblea fundacional de Defensores de la Patria adelantada en Bogotá, se aprobaron los trámites preliminares para la creación del partido y se designó al abogado y exregistrador delegado Nicolás Farfán Namén como apoderado de De La Espriella y Defensores de la Patria para gestionar el trámite de la personería jurídica ante el Consejo Nacional Electoral.Entre los argumentos presentados, están los 12 '960.166 de votos obtenidos en la segunda vuelta presidencial y que según una sentencia de la Corte Constitucional, un apoyo superior al 3 % en una elección presidencial acredita la legitimidad democrática necesaria para obtener personería jurídica.De ser aprobada dicha solicitud, Defensores de la Patria se inscribirá formalmente en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos con lo que podrán acceder a financiación estatal, establecer sus organizaciones regionales y otorgar avales para procesos electorales.
Por medio de un comunicado, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que en la campaña de 2023 cumplió con los topes y límites de las donaciones permitidos, esto tras la indagación preliminar por parte del Consejo Nacional Electoral por presuntas irregularidades durante esta.El mandatario aseguró que toda la información de dicho proceso es pública y está disponible en el aplicativo de cuentas claras.“Desde mi elección como alcalde de Bogotá, mi instrucción a todas las entidades del Distrito ha sido clara: deben cumplir con total rigurosidad las leyes en materia contractual y de inhabilidades, incluidas las derivadas de financiación electoral”, dijo en el comunicado.La decisión que quedó consignada en un auto firmado por la magistrada Fabiola Márquez Grisales, mediante el cual el CNE avocó conocimiento de una queja del concejal Angelo Schiavenato, busca determinar si durante el proceso de campaña electoral hubo posibles vulneraciones a las normas sobre financiación de campañas políticas.Como parte de las primeras actuaciones, el organismo electoral solicitó al Fondo de Financiación de Partidos y Campañas Electorales entregar los informes de ingresos y gastos de campaña del hoy alcalde, Carlos Fernando Galán, y certificar los aportes privados realizados por Compañía de Seguros Bolívar S.A., Seguros Comerciales Bolívar S.A. y Banco Davivienda S.A.Asimismo, requirió al Partido Nuevo Liberalismo, quien fue el que avaló la candidatura del mandatario, para que remita el informe de los aportes públicos y privados de la campaña, mientras que al propio alcalde le dio un plazo de dos días para presentar su defensa y las pruebas que considere pertinentes frente a los hechos que ahora son objeto de la investigación.Frente a esto, el mandatario distrital afirmó que está listo para atender cualquier requerimiento por parte de las autoridades para esclarecer estos hechos.
El Consejo Nacional Electoral abrió una indagación preliminar contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por presunta violación de topes de financiación y las restricciones de aportes privados durante su campaña electoral de 2023, tras la denuncia del concejal Angelo Schiavenato.La decisión quedó consignada en un auto firmado por la magistrada Fabiola Márquez Grisales, mediante el cual el CNE avocó conocimiento de una queja del cabildante que cuestiona posibles vulneraciones a las normas sobre financiación de campañas políticas.Es por esto por lo que, como parte de las primeras actuaciones, el organismo electoral solicitó al Fondo de Financiación de Partidos y Campañas Electorales entregar los informes de ingresos y gastos de campaña del hoy alcalde Carlos Fernando Galán y certificar los aportes privados realizados por Compañía de Seguros Bolívar S.A., Seguros Comerciales Bolívar S.A. y Banco Davivienda S.A.“El argumento central de la queja es que, al sumar los aportes de las empresas del Grupo Bolívar, junto con un aporte adicional realizado por Mercantil Colpatria (Hoy fusionada con Davivienda, miembro del Grupo Bolívar), el monto total de financiación proveniente de este grupo empresarial superaría el umbral del 2 % del tope de gastos, lo cual, según el concejal, podría activar las restricciones de contratación con el Distrito”, señaló en un comunicado el concejal Angelo Schiavenato.Asimismo, requirió al Partido Nuevo Liberalismo, quien fue el que avaló la candidatura del mandatario, para que remita el informe de los aportes públicos y privados de la campaña, mientras que al propio alcalde le dio un plazo de dos días para presentar su defensa y las pruebas que considere pertinentes frente a los hechos que ahora son objeto de la investigación.El auto también ordena solicitar información a la Cámara de Comercio de Bogotá sobre la existencia y representación legal de las empresas mencionadas, así como una ampliación de la queja presentada por el ciudadano que promovió el proceso.Asimismo, el CNE ordenó trasladar copia del expediente a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República, para que evalúen, dentro de sus competencias, si hay lugar a actuaciones penales o fiscales.¿Qué respondió el alcalde Carlos Fernando Galán?Por medio de un comunicado, el mandatario señaló que, en la campaña de 2023, cumplió con los topes y limites de las donaciones. Asimismo, aseguró que toda la información de dicho proceso es publica y esta disponible en el aplicativo de cuentas claras.“Desde mi elección como alcalde de Bogotá, mi instrucción a todas las entidades del Distrito ha sido clara: deben cumplir con total rigurosidad las leyes en materia contractual y de inhabilidades, incluidas las derivadas de financiación electoral”, dijo en el comunicado.Finalmente, afirmó que está listo para atender cualquier requerimiento por parte de las autoridades.
La salida de Richard Páez del Cúcuta Deportivo no estuvo relacionada únicamente con los resultados deportivos. El entrenador venezolano reveló en entrevista con Blog Deportivo que decidió acordar su salida del club después de recibir amenazas directas a través de WhatsApp, mientras que la gerencia deportiva también recibió mensajes intimidatorios en los que se advertía sobre posibles riesgos para su integridad si dirigía el siguiente partido.Páez explicó que su proyecto buscaba cambiar la identidad futbolística del equipo y construir una propuesta más ofensiva, pero reconoció que necesitaba tiempo para consolidarla. También recordó que en el primer semestre consiguió 16 puntos y que confiaba en que el trabajo comenzaba a mostrar resultados, especialmente después de la llegada de nuevos refuerzos.Sin embargo, la salida de varios jugadores importantes y la tardanza en la llegada de los refuerzos dificultaron el proceso durante el segundo semestre. Páez aseguró que tres de los primeros partidos fueron disputados como visitante con un equipo todavía en formación y que, posteriormente, las derrotas aumentaron la presión sobre el proyecto.“Cuando llegamos y perdemos tres partidos (incluyendo copa) y viene el partido de local, que es donde yo considero debería haber salido la idea conceptual de cambiar, de transformar con un resultado ganador, se presentó el problema de que hubo amenazas directas hacia mí a través de vía WhatsApp”, relató.El entrenador explicó que las intimidaciones también fueron dirigidas a la gerencia deportiva del Cúcuta y que el contenido de los mensajes era particularmente grave. Manifestó que era una amenaza directamente para él y no por el rendimiento del equipo."Es un mensaje de una persona que indudablemente representa odio, representa una actitud violenta y una actitud amenazante (...) No es un mensaje simplemente generalizado, sino directamente al ‘Veneco’ que dirige al Cúcuta Deportivo, y que no permitirían que nunca más dirigiera un partido porque no tenía las condiciones para hacerlo”, agregó.Ante esta situación, Páez acudió a los directivos del club para conocer qué garantías podían ofrecerle de cara al siguiente encuentro. La respuesta, según el entrenador, fue que no podían garantizar su seguridad.Páez lamentó que las amenazas terminaran truncando un proyecto que, según su versión, tenía como objetivo construir un Cúcuta competitivo y no limitarse únicamente a evitar el descenso. “Me da dolor que un proyecto que tenía un trabajo de siembra, y que eso lleva su momento”, concluyó.
Durante su gira por las ciudades más afectadas por el terremoto con epicentro en Chocó, el presidente Abelardo de la Espriella llegó hasta Manizales donde encabezó una nueva sesión del Puesto de Mando Unificado para atender afectaciones en la ciudad.Tras el encuentro del que participaron autoridades regionales y locales, De la Espriella anunció una serie de medidas para mitigar, principalmente en materia económica, el impacto por la emergencia a comerciantes y ciudadanos.Entre los principales anuncios, así como lo había hecho en Pereira, el mandatario reveló alivios en materia de pagos de servicios públicos para habitantes del departamento de Caldas.“El gobierno ha planteado el siguiente alivio: vamos a asumir desde el Gobierno nacional el pago de los servicios públicos de esas personas afectadas por tres meses, para que todos encuentren un alivio en medio de esta tragedia terrible que enluta el pueblo colombiano“, puntualizó.Le puede interesar: Gobierno anunció alivios en servicios y subsidios de arriendo para afectados por terremoto en CaldasDe igual manera, para el caso de Manizales, el jefe de Estado destacó en los próximos días el desembolso de 1.150 subsidios de arriendo para familias que debieron evacuar sus viviendas ante afectaciones o colapsos de las infraestructuras.De igual manera, aseguró que ya entregó órdenes expresas a la ministra de Cultura Paola Holguín para que se adelanten las acciones que permitan atender los daños estructurales que sufrió la Catedral Metropolitana, principalmente en su nave oriental, desplomada parcialmente.En materia de balance tras más de 48 horas del fuerte terremoto, en la capital de Caldas se mantiene la cifra de cinco personas fallecidas, 112 heridas, otras 142 en el albergue dispuesto en el coliseo mayor y casi tres mil reportes de afectaciones estructurales.De igual manera, hay 24 colegios públicos cuya infraestructura se encuentra en estado crítico y 25 edificios públicos en riesgo.
El expresidente Gustavo Petro envió una carta a la mesa directiva del Senado en la cual pide permiso para salir del país por el próximo año.“En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 173 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 323 de la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso), me dirijo a ustedes para solicitar respetuosamente la autorización previa de la Plenaria del Senado de la República para salir del territorio nacional”, señala el documento enviado por Petro. El mandatario dice que tiene que atender algunos compromisos de carácter académico y político, entre otros.“En cumplimiento con el artículo 196 de la Constitución Nacional de Colombia, dar permiso durante la vigencia de un año para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como Presidente de la República”, agrega Petro.Es importante recordar que, durante el año siguiente a la terminación de su mandato, quien haya ocupado la presidencia debe pedir permiso al Senado para salir del territorio nacional.“Agradezco de antemano se disponga lo pertinente para que la presente solicitud sea sometida a consideración y votación de la Honorable Plenaria del Senado de la República en la sesión más próxima”, menciona en el documento el expresidente.
La solidaridad con los damnificados por el terremoto que afectó a diferentes regiones de Colombia continúa sumando nombres del mundo del deporte y el entretenimiento. El cantante colombiano Ryan Castro anunció, junto al futbolista español Lamine Yamal, el envío de aviones con ayuda humanitaria hacia las zonas más afectadas. De acuerdo con lo informado en la publicación del Instagram del cantante de reguetón, el primer vuelo ya despegó con destino a Cali, mientras que para este miércoles está previsto el envío de otros dos aviones hacia el Chocó.Ryan Castro también explicó que puso sus plataformas a disposición para ayudar a las personas afectadas y facilitar la llegada de donaciones a las ciudades más afectadas por el terremoto de 7.4 que sucedió este lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana. “Colombia estamos haciendo todo para ayudar en la situación que estamos viviendo, quiero aprovechar esta publicación para visibilizar todas esas situaciones de personas y sectores que necesitan urgente atención, por favor dejar en los comentarios para darle movimiento y entre todos lograr salvar la vida de las personas que se encuentran aún atrapadas”, se lee en la publicación.El cantante también confirmó que la primera aeronave ya salió una carga de ayudas destinada a Cali y anunció que la operación humanitaria continuará en las próximas horas. “Ahora mismo ya despegó el avión que junto a mi equipo hará llegar a Cali nuestra primera carga de ayudas, mañana continuamos con dos aviones hacia Chocó y déjenos acá en este post los lugares que debemos movernos rápido”, escribió Castro en la publicación, en la que además agradeció al futbolista Lamine Yamal por ayudar a visibilizar la emergencia.El artista aseguró que la iniciativa cuenta con el respaldo de las compañías aéreas con las que trabaja habitualmente y que también habilitaron mecanismos para recibir donaciones económicas.“Mucha fuerza a todo el pueblo colombiano. La verdad que es una desgracia lo que ha pasado, pero bueno, mandamos todo nuestro apoyo”, manifestó Yamal en el video que compartió Ryan Castro en su cuenta de Instagram.Esta iniciativa se suma a las diferentes muestras de solidaridad que han surgido desde el deporte, la música y otros sectores, en medio de una emergencia que ha llevado a distintas personalidades a poner sus recursos y plataformas al servicio de los damnificados por el terremoto más fuerte que ha vivido el país en este siglo.
Ante la declaratoria de alerta naranja por el aumento en la actividad del volcán Puracé, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente a entidades del orden nacional y territorial para activar de inmediato los planes de emergencia, fortalecer la capacidad de respuesta y garantizar la protección de las comunidades en el departamento del Cauca.A través de la Circular 003, firmada por el delegado para la Gestión y Gobernanza Territorial, Francisco Canossa Guerrero, la Procuraduría instruyó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a mantener activa la coordinación nacional y territorial, articular los recursos necesarios y liderar las capacidades de respuesta de los organismos de socorro frente a cualquier eventualidad derivada de la actividad volcánica.El llamado también se extendió a la Gobernación del Cauca, a la que se le solicitó fortalecer la respuesta departamental y brindar apoyo logístico, técnico y financiero a los municipios con menor capacidad institucional. En ese mismo sentido, las alcaldías de Inzá, Popayán, Puracé, Rosas, Sotará, Timbío y Totoró deberán adoptar medidas de alistamiento, prevención y mitigación, así como actualizar sus planes de gestión del riesgo.Uno de los puntos clave del requerimiento es la adecuación de albergues temporales, los cuales deberán contemplar no solo la atención de las personas, sino también de animales, en un enfoque integral de la gestión del riesgo. Estas acciones deberán desarrollarse con la participación activa de resguardos y cabildos indígenas, reconociendo su papel fundamental en los territorios.De igual forma, el Ministerio Público instó a los ministerios del Interior, Salud, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Defensa, Vivienda, Ambiente, Agricultura, Comercio y Transporte, así como a las empresas prestadoras de servicios públicos y a la Superintendencia de Servicios Públicos, a activar sus planes sectoriales de contingencia. El objetivo de estas directrices es asegurar la continuidad en la prestación de servicios esenciales, evaluar la capacidad hospitalaria, proteger la infraestructura crítica y garantizar canales de comunicación oportunos con las comunidades aledañas al volcán.Este llamado se da en medio de los reportes del Servicio Geológico Colombiano, que evidencian un incremento sostenido en la actividad sísmica del volcán Puracé, con eventos localizados a menos de un kilómetro de profundidad, así como la emisión de columnas de gases y ceniza, la expulsión de dióxido de azufre y el aumento en las concentraciones de dióxido de carbono en el suelo.Las autoridades mantienen el monitoreo constante de este volcán, ubicado en el departamento del Cauca, mientras avanzan las acciones preventivas para mitigar riesgos y proteger a la población ante un posible escenario de mayor actividad.
