En la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) de este miércoles 12 de febrero, la corporación negó las solicitudes de nulidad presentadas por la defensa del presidente Gustavo Petro y que buscaban dejar sin piso el proceso administrativo que se adelanta en su contra, el exgerente de campaña Ricardo Roa, la tesorera, auditores y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, por presunta violación de topes y financiación prohibida de la campaña Petro Presidente 2022.Con seis votos contra tres, los magistrados votaron por seguir adelante con la investigación formal. Solo tres magistrados salvaron su voto: Altus Baquero del partido Liberal, así como Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez del Pacto Histórico.Con esta decisión se espera que se destraben finalmente los tiempos procesales y que se pueda avanzar con la práctica de pruebas por un periodo de tres meses, que pueden ser prorrogados durante dos meses más. Posterior a ello, se daría un plazo de 15 días para que las partes presenten sus alegatos de conclusión y de ahí el despacho podrá durante dos meses presentar ante la sala plena la ponencia de decisión ante la Sala Plena y esta emita una decisión.Sin embargo, los tiempos son cada vez más estrechos y la fecha clave es el 29 de junio (primera vuelta) y 29 de julio (segunda vuelta) de este año, cuando caducaría la competencia del CNE de emitir alguna sanción que podría ser demandada ante el Consejo de Estado.
La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación por prevaricato por acción contra varios magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que formularon cargos contra el presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato y abrieron una investigación formal sobre su campaña presidencial de 2022.La decisión beneficia a los magistrados Álvaro Hernán Prada, Benjamín Ortiz y Alfonso Campo, autores de la ponencia que llevó a la apertura de la investigación. También fueron exonerados Maritza Martínez, Altus Baquero, Cristian Quiroz y el expresidente del CNE, César Lorduy, quienes respaldaron la investigación, aunque aclarando sus votos.El proceso judicial se originó hace varios meses, cuando la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia asumió la denuncia contra los magistrados del CNE. La queja argumentaba que estos funcionarios se extralimitaron en sus funciones al investigar al presidente Petro y su campaña por presunta vulneración al régimen de financiación electoral. Se sospecha que su campaña superó los topes de gasto y recibió aportes de fuentes no declaradas.El presidente Petro calificó la actuación del CNE como un “golpe de Estado” y llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), asegurando que el organismo electoral no ha respetado su fuero presidencial. Sin embargo, el constitucionalista Juan Manuel Charry explicó que el CNE sí tiene la facultad de investigar y formular cargos contra los responsables de la campaña, incluyendo al presidente, aunque no puede destituirlo.Con esta decisión de la Fiscalía, los magistrados quedan libres de cualquier proceso penal en este caso, mientras la investigación administrativa sobre la financiación de la campaña de Petro sigue su curso en el CNE.
El Consejo Nacional Electoral hizo pública la Resolución 204 del 22 de enero de 2025, mediante la cual se fijan los topes de gastos para las campañas electorales de los candidatos a la Presidencia de la República en primera y segunda vuelta, así como el valor de reposición por voto válido en las elecciones que se celebrarán en 2026.Para reajustar el valor de estos topes, el CNE se basó en la variación de los índices de precios al consumidor (IPC) en los años 2022 (13,12 %), 2023 (9,28 %) y 2024 (5,29 %), certificados por el Dane.Por ello, para la primera vuelta, los topes de ingresos y gastos pasarán de $28.536.520.492 a $37.110.502.954 pesos (treinta y siete mil ciento diez millones quinientos dos mil novecientos cincuenta y cuatro).Para la segunda vuelta, si la hubiere, el tope pasará de $13.347.457.427 a $17.357.787.485 pesos (diecisiete mil trescientos cincuenta y siete millones setecientos ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco).Los aportes estatales a los que podrán acceder los candidatos en forma de anticipos serán de $10.104.098.027 pesos para la primera vuelta, de los cuales $6.934.184.921 pesos estarán destinados a la financiación de la propaganda política de las campañas presidenciales. Para la segunda vuelta, los anticipos serán de $6.067.418.806 pesos, de los cuales el 50 % será destinado a propaganda y el saldo a otros gastos de campaña.El valor de reposición de votos para aquellos candidatos que accedan a anticipos estatales será de $4.225 pesos, y sin anticipo, de $8.613 pesos en la primera vuelta. Para la segunda vuelta, será de $2.109 pesos.Cabe señalar que, por la presunta violación de estos topes en 2022, actualmente el CNE adelanta una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro, su gerente de campaña Ricardo Roa, otros funcionarios de la campaña y los partidos que lo avalaron.Según la ley, la violación de estos topes puede acarrear sanciones administrativas del CNE y constituye un delito en el que tanto el gerente de campaña como el candidato, en calidad de responsable solidario, podrían enfrentar penas de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.
El proceso administrativo que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente corre contra el tiempo; sin embargo, hay muchos retrasos en las diferentes etapas del proceso.Durante la Sala Plena del pasado miércoles, los integrantes del Consejo Nacional Electoral buscaban resolver las solicitudes de nulidad presentadas por la defensa del presidente Gustavo Petro en contra de la investigación formal en su contra, su exgerente de campana Ricardo Roa, la tesorera, los auditores y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica por la presunta violación de topes y financiación prohibida de la campaña presidencial de 2022.Sin embargo, a último minuto las magistradas del Pacto Histórico (Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez) solicitaron la rotación del expediente y la sala plena decidió hacer rotación simultánea por lo que la resolución de las nulidades se dará hasta dentro de dos semanas.Una de las cosas que más llama la atención es la presencia del magistrado y expresidente de la corporación, Cesar Lorduy, quien a pesar de haber presentado su renuncia desde el pasado 3 de diciembre sigue ejerciendo en su cargo. El motivo es que hasta el momento las Plenarias del Congreso han tramitado dicha renuncia que solo podrá hacerse desde el próximo 16 de febrero cuando se retomen las sesiones ordinarias.La imposibilidad de votar las nulidades en el caso acentúa la carrera contrarreloj que tiene el tribunal para investigar y pronunciarse de fondo el caso. Luego de la apertura formal se debía surtir la etapa de descargos de los investigados y una vez resueltas las nulidades se tendrán tres meses para la práctica de pruebas, tiempo que podrá ser prorrogada por dos meses más; posteriormente, se deben dar 15 días para los alegatos finales y de ahí la sala plena tendrá dos meses para recibir una ponencia de resolución y tomar una decisión.El riesgo es que según la norma, tres años después de la elección termina la competencia del CNE para fiscalizar las cuentas, adelantar la investigación y emitir sanciones administrativas; fecha que se cumple en junio de este año.
El caso sobre la nulidad de la elección de Altus Baquero como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) tenía en un choque a dos altas cortes. En este caso, el alto tribunal rechazó el incidente de nulidad que interpuso el Consejo de Estado contra la tutela que dejó sin efectos la suspensión provisional de Baquero como magistrado del CNE y lo mantuvo en el cargo.Según la providencia, la Sección Quinta, como parte accionada, tuvo oportunidad de participar activamente en el proceso, además, el fallo cuestionado no introdujo cuestiones jurídicas o fácticas ajenas al expediente, sino que se limitó a suspender, como medida transitoria, los efectos de una sentencia para proteger derechos fundamentales y prevenir un perjuicio irremediable.Sobre la presunta falta de competencia para expedir la Sentencia SU-342 de 2024, la Corte sostuvo que actuó conforme al artículo 241.9 de la Constitución y al decreto 2591 de 1991.El fallo no desbordó las facultades del tribunal, sino que fijó una interpretación constitucional sobre el ejercicio del derecho a ocupar cargos públicos, en el marco del expediente T-9.732.556.La Corte Constitucional aclara que la sentencia no afectaba la autonomía del Consejo de Estado, dado que la sección primera de dicho tribunal ya resolvió una acción de tutela relacionada con la sentencia del 6 de junio de 2024, objeto de controversia.Choque entre las Cortes por la permanencia de Altus Baquero en el CNEEn junio de 2024, el Consejo de Estado declaró nula la elección de Altus Alejandro Baquero como magistrado del Consejo Nacional Electoral, periodo 2022-2026, por falsa motivación, expedición irregular e incumplimiento de las calidades y requisitos constitucionales y legales.Por ello, el magistrado Altus Baquero instauró acción de tutela y la Corte Constitucional amparó de manera transitoria el derecho a acceder a cargos y funciones públicas del magistrado.Incluso la Corte Constitucional además de suspender los efectos de la sentencia de la Sección Quinta, le ordenó al Congreso de la República abstenerse de adelantar un proceso de elección para suplir la vacante de Altus Baquero, hasta cuando se agote el trámite de la tutela impetrada contra la sentencia.
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, advirtió que las elecciones programadas para 2026 en Colombia están en riesgo debido al recorte del 56,75% en el presupuesto asignado a la entidad para 2025. En una entrevista con Mañanas Blu, Prada denunció que la reducción de $600.000 millones afecta directamente la organización y supervisión de los procesos electorales previstos, comprometiendo la democracia en el país.El impacto del recorte presupuestalDe acuerdo con Prada, este ajuste financiero no es solo un “aplazamiento” del presupuesto, como lo ha denominado el Gobierno Nacional, sino una medida que impide garantizar las funciones del CNE. "Este recorte equivale a la totalidad del presupuesto destinado al componente electoral", explicó. Entre las actividades que quedarían afectadas se encuentran las elecciones atípicas programadas para 2025, como la del gobernador del Putumayo y la alcaldía de Puerto Guzmán, así como los preparativos para los comicios legislativos y presidenciales de 2026.El presidente del CNE subrayó que la entidad, al haber ganado autonomía presupuestal y administrativa en los últimos años, asume ahora directamente funciones críticas para la transparencia electoral. Estas incluyen la contratación de auditorías externas, la supervisión de los escrutinios, la implementación de plataformas digitales y la capacitación de testigos electorales. “Es una operación que no puede improvisarse. Sin los recursos adecuados, no podríamos garantizar la legitimidad de las elecciones ni cumplir con nuestras funciones constitucionales”, afirmó.¿Quién asume la responsabilidad?El presidente Gustavo Petro, a través de un trino, aseguró que el recorte no debería afectar las elecciones, argumentando que el presupuesto electoral principal está bajo la gestión de la Registraduría Nacional. Sin embargo, Prada aclaró que, aunque la Registraduría se encarga de la logística electoral, es el CNE quien supervisa, audita y valida los resultados. “La Registraduría opera hasta las 4:00 p. m. el día de las elecciones, pero de ahí en adelante, todo el proceso de escrutinio y auditoría es responsabilidad nuestra. Sin los $600.000 millones que nos están quitando, no podríamos siquiera declarar los resultados oficiales”, enfatizó.Además, Prada señaló que la falta de explicación clara por parte del Gobierno agrava la incertidumbre. "No hemos recibido ningún comunicado formal que justifique esta decisión ni que garantice una solución a tiempo. Necesitamos estabilidad presupuestal para planificar adecuadamente las elecciones", afirmó."Los riesgos para la democracia"El impacto del recorte presupuestal no solo afecta la organización de las elecciones, sino que pone en entredicho la confianza en el sistema electoral colombiano, según dijo.“Para garantizar elecciones transparentes, necesitamos auditar cada etapa del proceso, implementar medidas de ciberseguridad y asegurar la participación de testigos electorales en las 115.000 mesas que se instalarán en todo el país”, explicó Prada. El presidente del CNE también advirtió sobre los riesgos de retrasar la planeación: “Los procesos contractuales deben iniciarse con antelación, y esto solo es posible si contamos con los recursos necesarios desde el principio”.El CNE tiene previsto llevar el tema a la Comisión de Seguimiento Electoral, liderada por el Ministerio del Interior, con el objetivo de buscar una solución. Prada insistió en que, aunque las restricciones presupuestales son comprensibles en el contexto económico actual, estas deben aplicarse de manera proporcional entre las distintas entidades. "Un recorte del 60% en nuestro caso es desproporcionado y pone en jaque una función esencial para la democracia", declaró.Un llamado a la acciónEn su intervención, Álvaro Hernán Prada reiteró la necesidad de que los organismos de control acompañen el proceso para garantizar que las elecciones no sean vulneradas por falta de recursos. "La democracia es un bien público que no puede ser puesto en riesgo por decisiones financieras mal planificadas. Estamos hablando de los derechos políticos de más de 50 millones de colombianos", concluyó.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no solo criticó que el presidente Gustavo Petro no autorizará el giro de cerca de 500.000 millones de pesos para el proyecto Metro de la 80 en la capital antioqueña, sino que expresó su preocupación por la reducción del 50 % al presupuesto del Consejo Nacional Electoral.Por medio de su cuenta en X, el alcalde Gutiérrez le pidió al presidente Gustavo Petro: “Presidente Petro, por favor aclárele al país sus intenciones: ¿se quiere quedar en el poder? Hoy el propio Consejo Nacional Electoral advierte que las elecciones de 2026 están en riesgo”.Además, aseguró el alcalde de Medellín: “Quitarle $600.000 millones al CNE representa un recorte superior al 50 %, no es solo un golpe presupuestal: es una amenaza directa a nuestra democracia. En el mismo acto, de manera absurda, le quita $785.000 millones al sector defensa y fuerzas militares, debilitando nuestro Ejército y Policía… beneficiando así a las estructuras criminales y sus aliados nombrados gestores de paz”.Advirtió el mandatario local que esa decisión de reducir el presupuesto a nivel nacional no es casualidad ni un simple error administrativo: "Es una maniobra peligrosa que busca debilitar las instituciones, que son independientes y garantes de la democracia", agregó.En Antioquia, no llegarán recursos para el Metro de la 80 y para obras del Túnel del Toyo, donde en el caso de Medellín no se destinarán más de 497.000 millones de pesos.El alcalde Gutiérrez enfatizó en Mañanas Blu que el metro de la ochenta, que ya tiene un avance del 24%, se ve severamente afectado por la falta de financiamiento. Según sus declaraciones, el gobierno nacional no ha cumplido con un compromiso de vigencia futuras por un monto que supera los 483 mil millones de pesos, lo que equivale a un desfinanciamiento total del proyecto. "El recorte es del cien por ciento de lo que nos correspondía para este año", menciona el alcalde con visible frustración.Para el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, esta es solo una muestra de que es "una venganza política" y que el presidente Petro está castigando una vez más a la ciudad y el departamento, teniendo en cuenta que las obras ya avanzan en un 29.3 %."Petro castiga a Medellín y Antioquia una vez más, pura venganza política, no nos perdona que no nos quedemos callados frente a la desfachatez. A los 483.000 millones de pesos que ya debe la Nación desde la vigencia 2024, ahora se suman 497.000 millones de pesos de vigencia 2025, que dice que no hará el desembolso y que lo aplaza para el 2026 sin ninguna certeza. Presidente Petro, de nuevo le digo, no le pido que nos quiera, simplemente que gobierne y que cumpla la ley", dijo el mandatario.Otra de las afectaciones se dio en las obras del Túnel del Toyo y vías de acceso, puesto que se aplazan más de 181.000 millones de pesos para el año siguiente.Los recortes significan más que solo escasez de recursos; implican también la incapacidad de ejecutar obras que generan empleo y bienestar para la comunidad. "El mensaje al Gobierno es que no frenen el desarrollo. Estas obras deben avanzar, no pueden quedar en el limbo", advirtió el alcalde.Según el alcalde Gutiérrez, sumando 2024 y 2025, desde el Gobierno nacional se le genera un hueco de $980.000 millones de pesos a este proyecto estratégico, mientras que desde el Distrito de Medellín ya han aportado $586.000 millones, y se han garantizado los recursos correspondientes a vigencias futuras del año anterior y este.Escuche aquí la entrevista:
A través de un comunicado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) advirtió que las elecciones del 2025 y 2026 se encuentran en riesgo por culpa del Gobierno nacional. Y es que, según la entidad, el decreto 0069 del 24 de enero, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, redujo en un 56.75 % el presupuesto asignado a la entidad para este año, que "representa la totalidad del componente electoral"."El aplazamiento presupuestal compromete el cumplimiento de las facultades constitucionales y legales asignadas y en esa medida, se ven imposibilitadas las actividades misionales, particularmente, aquellas relacionadas con las elecciones atípicas del 2025, la realización de las elecciones de Consejos Municipales de Juventud y las actividades preparatorias para las elecciones de Congreso de la República y presidenciales en el año 2026, en lo relativo a testigo electorales, auditorías, escrutinio general y todo el componente tecnológico que garantiza la transparencia de las elecciones", explicó la entidad en su comunicado. Ante este hecho, el CNE le pide al Gobierno nacional replantear el aplazamiento y se estudien las medidas jurídicas. Dice que esta decisión afecta el panorama electoral y limita la realización de unas elecciones "libres", "justas" y "transparentes", afectando "la democracia"."Se solicitará al Gobierno replantear el aplazamiento, sin perjuicio de que se estudien las medidas jurídicas procedentes para controvertir lo decidido en el Decreto 0069 de 2025. Así mismo, se solicitará a los órganos de control la intervención inmediata en esta situación que se advierte irregular", puntualizaron.Pero ante esta denuncia del CNE, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció y dijo que "el presupuesto de las elecciones se encuentra en la Registraduría" y no fue aplazado. Asimismo, que el presupuesto de financiación que maneja el ente no fue aplazado.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes llevará a cabo una nueva inspección sobre la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el presidente Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022.La diligencia se realizará el próximo martes 28 de enero, a partir de las 9:00 a. m. Dicha investigación se centra en la posible violación de los topes establecidos por la ley en la financiación de la campaña de Petro, lo que ha levantado suspicacias sobre el manejo de los recursos durante su carrera hacia la presidencia. Dicha inspección judicial de la Comisión tiene como objetivo revisar los detalles del proceso y determinar si existen elementos suficientes para abrir un proceso formal contra el mandatario.>>> Lea también: Petro responsabiliza a alias 'Pablito' por acciones terroristas del ELN en el CatatumboLa diligencia contará con la presencia de los congresistas Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, ambos del Pacto Histórico, junto al representante por el Partido de la U, Wilmer Carrillo. Este grupo de congresistas forma parte del triunvirato encargado de investigar las actuaciones del presidente Petro durante su campaña presidencial.En los próximos meses, deberán tomar una decisión sobre si se abre un proceso formal o si, por el contrario, se archiva el caso. Siendo este uno de los temas más sonados en el contexto político actual, ya que, de avanzar la investigación, podría tener implicaciones. La diligencia del próximo martes es crucial para determinar el rumbo de esta investigación.Aunque el Consejo Nacional Electoral ha logrado avanzar en la investigación, ya que la sala plena había anunciado pliego de cargos contra el presidente Petro y los directivos de su campaña en meses anteriores, Alirio Uribe dice que la Comisión de Investigación y Acusación ha requerido más pruebas.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela reafirmó este viernes su lealtad a Nicolás Maduro, quien fue investido como presidente de la nación caribeña por el Parlamento, controlado por el chavismo, pese a que la oposición mayoritaria reivindica que Edmundo González Urrutia fue el ganador de los comicios de julio."Concurrimos a este acto de reconocimiento, reafirmación de lealtad y juramento que exalta las bases fundamentales en que descansa la organización militar, como son la disciplina, la obediencia y la subordinación", señaló el titular de Defensa, Vladimir Padrino López, en un acto televisado.Padrino López afirmó que Venezuela enfrenta a una coalición de "potencias extranjeras", lideradas por Estados Unidos, por lo que, insistió, la Fanb debe evitar que "poderes" externos "impongan nuevamente gobiernos neocoloniales y entreguistas que vulneren los sagrados intereses del pueblo".Señaló que la institución militar obedecerá el "mando popular expresado el pasado 28 de julio de 2024 en elecciones libres, universales, directas y secretas", cuyo resultado desglosado no ha sido publicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, pese a estar contemplado en su cronograma."Reconocemos y reafirmamos lealtad y subordinación absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe para el periodo 2025-2031", apostilló.Entretanto, Maduro agradeció el juramento de "reconocimiento y lealtad", al tiempo que dijo que tiene los "poderes dados por el pueblo" para enfrentar "todas las circunstancias presentes y futuras".El líder chavista fue juramentado este viernes como presidente de Venezuela en el Parlamento, mientras que la oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), insiste en que González Urrutia fue el ganador de los comicios de julio pasado, por lo que denunció que Maduro consumó hoy un "golpe de Estado".La PUD asegura que ha reunido el "85 % de las actas electorales" como evidencia del triunfo de González Urrutia, que fueron publicadas en una página web para su consulta, a través de testigos y miembros de mesa la noche de las elecciones, que atestiguan el triunfo de González Urrutia, unos documentos que el Gobierno califica de "falsos".El exembajador, quien recientemente hizo una gira por varios países de América, ha reiterado también que tomará posesión como presidente.