La seguridad en el Huila enfrenta nuevas presiones por los ataques contra la fuerza pública y las acciones extorsivas contra comerciantes. Horacio Nicolás Montes, abogado, activista huilense y asesor jurídico de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, aseguró que en los últimos tres meses se han documentado 11 ataques en el departamento y pidió al Gobierno nacional cumplir los compromisos adquiridos para fortalecer la capacidad operativa de las autoridades.
Durante una entrevista, Montes señaló que en las últimas 24 horas se registraron acciones en Palermo, Teruel e Íquira. También mencionó hechos de extorsión contra la población civil, como el ataque a una droguería en Algeciras.
Publicidad
“La seguridad de nuestros municipios está bajo una presión que no podemos minimizar ni siquiera normalizar”, afirmó.
¿Qué pide el Huila al Gobierno nacional frente a los ataques?
Montes solicitó que se concreten los compromisos anunciados en Neiva, entre ellos el retorno del Frente de Despliegue Rápido (Fudra) y la entrega de sistemas antidrones para responder a las amenazas que representan estos dispositivos en los ataques.
El abogado reconoció la labor de los integrantes de la fuerza pública y sostuvo que deben contar con las herramientas necesarias para enfrentar a los grupos armados. “Nosotros creemos en nuestro Estado y el Estado debe ser contundente al atacar y demostrar la fuerza que debe tener en contra de los delincuentes”, manifestó.
Publicidad
Además, insistió en que las medidas de seguridad deben traducirse en acciones concretas para evitar nuevas afectaciones a las comunidades.
Publicidad
¿Por qué el Huila es estratégico para los grupos armados?
Montes explicó que la ubicación del departamento facilita la conexión con Cauca, Caquetá y Putumayo, territorios donde, según indicó, hay presencia de grupos armados y actividades relacionadas con el narcotráfico.
También recordó antecedentes de violencia en el Huila, como la masacre de concejales de Rivera y las tomas de Garzón y del edificio Miraflores. A su juicio, la posición geográfica del departamento lo convierte en un corredor relevante para las organizaciones ilegales.
Publicidad
Sobre los responsables de los hechos recientes, evitó atribuirlos directamente a una organización específica y señaló que corresponde a las autoridades judiciales establecer quiénes están detrás de los ataques.
¿Qué consecuencias tiene la violencia para la población civil?
Publicidad
El abogado advirtió que la presión armada no se limita a los enfrentamientos con la fuerza pública, sino que también afecta a comerciantes y habitantes de los municipios.
Por eso, reiteró el llamado al Gobierno nacional para que cumpla los compromisos de seguridad y entregue los recursos necesarios para proteger a las comunidades.
“Confiamos plenamente en nuestra fuerza pública”, concluyó Montes, al señalar que espera que las medidas permitan reducir las acciones criminales en el departamento.
Publicidad