La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a prevenir una escalada de la violencia en el país, luego de los ataques, hostigamientos y hechos relacionados con artefactos explosivos registrados entre el 7 y el 8 de agosto en diferentes departamentos, en el marco de la posesión del presidente Abelardo De La Espriella. Los hechos se concentraron principalmente en Cauca y Nariño, aunque también se reportaron eventos en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare.Estos hechos estuvieron dirigidos principalmente contra instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura, vías y corredores estratégicos. Sin embargo, la entidad aclaró que la información disponible no permite afirmar que se trate de una ofensiva nacional coordinada. La Defensoría atribuyó el escenario a dinámicas territoriales y a la actuación de distintos actores, en medio de la fragmentación de las estructuras armadas.La preocupación de la Defensoría está también relacionada con el impacto de estas acciones sobre la población civil. Algunos de los hechos se registraron en cabeceras municipales o cerca de viviendas, establecimientos comerciales y vías de uso cotidiano, lo que ha generado afectaciones a civiles y restricciones a la movilidad. El organismo advirtió, además, sobre el uso reiterado de drones y artefactos explosivos, modalidades que ya habían sido advertidas por su Sistema de Alertas Tempranas y que están modificando las condiciones de la confrontación armada en diferentes territorios.Ante este panorama, la Defensoría recordó a los grupos armados ilegales que la población civil no puede ser puesta en riesgo y exigió el respeto de los principios de distinción, precaución y proporcionalidad establecidos por el derecho internacional humanitario. También pidió abstenerse de realizar acciones que puedan generar efectos indiscriminados y cesar cualquier conducta que afecte la vida, la integridad, la movilidad y los demás derechos de las comunidades.El organismo hizo, además, un llamado al nuevo Gobierno a fortalecer, desde sus primeros días, una respuesta estatal integral que combine las acciones de seguridad con medidas de prevención y protección de las comunidades. La Defensoría indicó que las capacidades institucionales existentes, junto con las advertencias territoriales y las recomendaciones de su Sistema de Alertas Tempranas, pueden contribuir a anticipar escenarios de riesgo y orientar respuestas diferenciadas.
Un nuevo atentado terrorista se registró esta madrugada sobre la vía Panamericana, en el municipio de Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca. Un artefacto explosivo fue activado contra el peaje de Mandivá, en el sector de Cachimbal, el tramo de la carretera que conecta a a Cali con Popayán.Según el reporte de las autoridades, el ataque fue perpetrado con una camioneta blanca acondicionada con explosivos, la cual fue abandonada por su conductor quien escapó del sitio junto a otro sujeto, que lo esperaba metros adelante en una motocicleta.Dos personas resultaron levemente lesionadas, se trataría de personal de seguridad, encargados de vigilar la obra de ese peaje, pues es una estructura que estaba en construcción y que ahora ha quedado gravemente afectada tras este atentado.Las autoridades se encuentran realizando la verificación de la zona, por lo que el paso de la vía Panamericana está restringido a un solo carril, para descartar alguna otra amenaza.
El subintendente de la Policía Rodelo Canchila falleció luego de resultar gravemente herido durante un ataque con explosivos contra la subestación de Policía del corregimiento de San Roque, en Curumaní, Cesar. El uniformado se encontraba prestando servicio de guardia cuando fueron lanzados varios artefactos explosivos contra las instalaciones.El hecho generó momentos de tensión entre los habitantes de San Roque, quienes permanecen en alerta por la situación de orden público registrada en el corregimiento tras el ataque contra las instalaciones policiales. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el atentado y determinar quiénes estarían detrás del lanzamiento de los artefactos explosivos.Este es el hecho más reciente en medio de las afectaciones de orden público registradas en las últimas horas, en el marco de la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella. Según las autoridades, las disidencias de las Farc lanzaron un dron con explosivos contra una unidad de Policía en Porce, Antioquia. Además, un dron cargado con explosivos estalló en la Alcaldía de Teruel, Huila.También se reportó el lanzamiento de un artefacto explosivo contra las instalaciones de la Policía Metropolitana de Pasto y el hallazgo de dos explosivos en un carro de hamburguesas que fue abandonado frente a la Base Antinarcóticos en San José del Guaviare.
Un operativo de inteligencia y de control de la Policía Nacional permitió frustrar un atentado terrorista que, de acuerdo con las investigaciones, estaba planeado para ejecutarse en el marco de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto en Cali.Según inteligencia, estaba destinado a atacar instalaciones militares y de Policía.La operación se llevó a cabo este martes sobre la vía Panamericana, en el kilómetro 87, sector de la vereda San Rafael, en jurisdicción de Santander de Quilichao, Cauca, donde las autoridades interceptaron un autobús de placas SKM465 acondicionado con 420 kilogramos de nitrato de amonio distribuidos en siete cilindros, además de estructuras que, al parecer, servirían como plataformas de lanzamiento. De acuerdo con la información preliminar, el vehículo había sido acondicionado para ser utilizado como un bus bomba y, según la investigación, su objetivo era atacar instalaciones militares y policiales en Cali durante los eventos relacionados con la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella.Las autoridades atribuyen la planeación del atentado al Frente ‘Jaime Martínez’, una estructura del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’ y señalan como responsable de la preparación del vehículo a alias ‘Max Max’, identificado como el principal explosivista de esa organización.Inteligencia militar también sostiene que la acción habría sido ordenada por el propio alias ‘Iván Mordisco’, con el propósito de generar un hecho de alto impacto durante la jornada de posesión. Tras la interceptación, equipos antiexplosivos trasladaron los siete artefactos explosivos improvisados a una zona segura en zona rural de Santander de Quilichao, donde fueron destruidos mediante detonaciones controladas para eliminar cualquier riesgo para la población. Además del material explosivo, las autoridades incautaron el autobús utilizado para transportar la carga y siete rampas de lanzamiento que hacían parte del acondicionamiento del vehículo.
El Gobierno anunció nuevas recompensas y reveló la identidad de dos de los presuntos responsables de ordenar el atentado con carro bomba ocurrido en la madrugada del sábado 1 de agosto en Cúcuta, ataque que dejó 11 policías y tres civiles heridos.A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien se encuentra en una licencia temporal de 20 días por un procedimiento médico programado desde el pasado 14 de julio, aseguró que las primeras investigaciones de la Fuerza Pública apuntan a alias 'David' y alias 'Nay', también conocido como 'Nike', ambos señalados como integrantes del ELN, como los presuntos responsables de ordenar la acción terrorista.El Gobierno ofrece una recompensa de hasta 800 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a alias 'David' y de hasta 150 millones de pesos por alias 'Nay' o 'Nike'. Además, mantiene una recompensa de hasta 350 millones de pesos por información que conduzca a identificar y capturar a los demás autores intelectuales y materiales del atentado."Los terroristas del ELN que atentaron contra los cucuteños pronto caerán", afirmó Sánchez, y reafirmó que la Fuerza Pública mantendrá las operaciones hasta lograr la captura de los responsables.El anuncio se conoce horas después de que el Gobierno realizara un consejo extraordinario de seguridad en Cúcuta, encabezado por la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, junto con la cúpula militar, la Policía Nacional y las autoridades regionales.Al término de ese encuentro, el Ejecutivo confirmó que elevó de 200 millones a 350 millones de pesos la recompensa por información que permitiera identificar y capturar a los responsables del atentado, antes de individualizar a los presuntos cabecillas señalados por las investigaciones.El ataque fue ejecutado mediante la activación de un vehículo cargado con explosivos frente al comando de la Policía de Norte de Santander, en el sector de Cenabastos. La explosión dejó 11 policías y tres civiles lesionados, ocasionó daños en viviendas cercanas y obligó a suspender las actividades de la central de abastos.Como parte de la respuesta, también se anunció un refuerzo de las operaciones de inteligencia e investigación criminal y el incremento de las acciones militares contra las estructuras armadas ilegales que operan en Norte de Santander.El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, informó que se desplegarán siete pelotones adicionales, cerca de 250 militares y vehículos blindados para reforzar la seguridad en Cúcuta y su área metropolitana hasta el próximo 7 de agosto, fecha de la posesión presidencial.Las medidas también incluyen el fortalecimiento del Plan Candado, la instalación de un Puesto de Mando Unificado permanente y el aumento de los controles de seguridad en la región.
La decisión fue anunciada por la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, al término de un consejo extraordinario de seguridad realizado en la Policía Metropolitana de Cúcuta, en el que participaron la cúpula militar, la Policía Nacional y autoridades locales para evaluar la situación de orden público tras el ataque.El Gobierno Nacional aumentó la recompensa de 200 millones a 350 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado con carro bomba ocurrido en la madrugada de este sábado 1 de agosto frente al comando de la Policía de Norte de Santander, en Cúcuta.De acuerdo con el Gobierno, el atentado fue perpetrado por integrantes del ELN mediante la activación de un vehículo cargado con explosivos en el sector de Cenabastos. El hecho dejó ocho policías y tres civiles heridos, además de daños en viviendas cercanas y la suspensión de las actividades de la central de abastos.Además del incremento en la recompensa, las autoridades anunciaron, también, el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación criminal y el aumento de las operaciones contra las estructuras armadas que delinquen en Norte de Santander.“Frente a estas estructuras criminales ames, la respuesta del Estado será contundente, decidida y sin miedo. En Norte de Santander no hay cese al fuego frente a estas estructuras criminales”, afirmó la Ministra de Defensa (e).Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, informó que se desplegarán siete pelotones adicionales, cerca de 250 efectivos y vehículos blindados para reforzar la seguridad en Cúcuta y su área metropolitana hasta el próximo 7 de agosto, día de la posesión presidencial.Entre las otras medidas adoptadas se encuentran el refuerzo del Plan Candado, la instalación de un Puesto de Mando Unificado permanente, el fortalecimiento de las labores de inteligencia y el incremento de las operaciones militares en la región.Por otro lado, a nivel local, el alcalde de Cúcuta anunció restricciones al parrillero durante 12 horas con motivo del concierto programado para la noche de este sábado y la prohibición de circulación de vehículos de carga pesada en los alrededores del estadio. Asimismo, entre el 6 y el 7 de agosto se aplicarán nuevas restricciones al parrillero, limitaciones al tránsito de vehículos pesados y una jornada de día sin carro.Las autoridades recordaron que la ciudadanía puede suministrar información de manera confidencial a través de la línea 147 contra el terrorismo, habilitada las 24 horas para recibir denuncias que contribuyan a esclarecer el atentado y evitar nuevas acciones criminales.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el atentado con explosivos ocurrido durante la madrugada de este sábado 01 de julio en Cúcuta, Norte de Santander, que dejó 14 personas heridas, entre ellas 11 policías y tres civiles, según los reportes conocidos luego de la explosión.El ataque ocurrió en inmediaciones del comando de la Policía de Norte de Santander y generó varias afectaciones en la zona. De acuerdo con información posterior entregada por la Policía, el atentado habría sido cometido mediante un camión acondicionado con explosivos.En un pronunciamiento publicado tras los hechos, la ONU Derechos Humanos aseguró que el atentado no solo dejó personas heridas, sino que también provocó daños materiales tanto a bienes civiles como a instalaciones de la Policía Nacional, además de generar miedo y angustia entre los habitantes de Norte de Santander.La organización hizo especial énfasis en las obligaciones que tienen los grupos armados no estatales frente al Derecho Internacional Humanitario. Recordó que el DIH y las normas internacionales de derechos humanos prohíben este tipo de ataques indiscriminados, especialmente aquellos que pueden afectar a la población civil."Reiteramos a los grupos armados no estatales que el derecho internacional humanitario #DIH y las normas de derechos humanos prohíben estos ataques", señaló la ONU.En ese sentido, desde las Naciones Unidas reiteraron el llamado a los grupos armados para que respeten estrictamente los principios de distinción, precaución y protección de la población civil.Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que adelanten las acciones necesarias para proteger a la población y avancen con celeridad en la investigación, para de esta forma identificar a los responsables y garantizar el acceso a la justicia."Llamamos a las autoridades competentes a adelantar las acciones necesarias para proteger a la población e investigar con celeridad los hechos, identificar a los responsables y garantizar el acceso a la justicia", añadió.La organización expresó su solidaridad con las personas afectadas por el ataque y reiteró la importancia de adoptar medidas que permitan proteger a la población civil frente a nuevos hechos de violencia en el departamento.
Tras el atentado registrado durante la madrugada de este sábado, que causó terror en Cúcuta luego de que un camión bomba explotara cerca del comando de Policía de Norte de Santander, al menos 10 personas resultaron heridas y se registraron graves daños en la infraestructura policial.Frente a lo ocurrido, varias hipótesis apuntan a que los responsables del atentado serían integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, las autoridades todavía no han emitido un pronunciamiento oficial que vincule a esa guerrilla con el ataque.Según la información preliminar, de los 10 lesionados, dos serían civiles que resultaron afectados por la explosión.Entre los heridos se encuentra el auxiliar Richard Javier Rúa Balaguera, quien sufrió lesiones de gravedad y fue sometido a una intervención quirúrgica. También resultaron heridos el auxiliar Diver José Vergara Guerra, con quemaduras en diferentes partes del cuerpo, y el patrullero Billy Walner Molina Peláez, quien presentó heridas por esquirlas.Los demás uniformados afectados son los patrulleros Diego Alexander Claro Clavijo, Francisco Javier Velásquez Barrera, Carol Dayana Abril Linares, Duván Hernando Covilla Blanco y Marta Jimena Sepúlveda Sepúlveda, quienes sufrieron heridas ocasionadas por la explosión.¿Cómo quedó el lugar de la explosión en Cúcuta?En videos publicados por Blu Radio se observa al director de la Policía y a otras autoridades recorriendo el lugar de los hechos, en inmediaciones del comando de Policía de Norte de Santander, para evaluar la magnitud de los daños.Las imágenes muestran el camión bomba reducido a cenizas, completamente destruido e incinerado por la explosión. También evidencian las afectaciones en inmuebles cercanos al lugar del impacto, entre ellos la sede del banco BBVA, que terminó incendiada y con daños en su fachada.Asimismo, la detonación provocó un incendio que afectó parte del comando de Policía. Mientras tanto, los organismos de emergencia trabajaban para controlar las llamas que aún permanecían en el vehículo tras la explosión.Gobierno ofrece recompensa de $200 millonesTras el atentado, el Gobierno nacional anunció una recompensa de hasta $200 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque con carro bomba.Según la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, el Gobierno rechazó el atentado y aseguró que fueron desplegadas todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de investigación. Además, afirmó que quienes buscan sembrar terror "no quedarán impunes" y confirmó que la recompensa será entregada a quien suministre información verificada y bajo absoluta reserva.
El Gobierno Nacional anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado con carro bomba registrado en la madrugada de este sábado frente al comando de la Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, un ataque que dejó al menos diez personas heridas, según el balance preliminar, entre ellas varios uniformados.La ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, rechazó el atentado y aseguró que todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de investigación fueron desplegadas para esclarecer lo ocurrido.La funcionaria afirmó que quienes buscan sembrar terror "no quedarán impunes" y confirmó la recompensa de hasta $200 millones, cuya información será recibida bajo absoluta reserva a través de las líneas habilitadas por las autoridades. Además, expresó su solidaridad con las víctimas y sostuvo que el terrorismo no cambiará el rumbo de la ciudad ni del país.El atentado ocurrió en inmediaciones del comando de la Policía de Norte de Santander, a pocos metros de la Central de Abastos de Cúcuta, lo que obligó al cierre de vías y al despliegue de unidades especializadas para inspeccionar la zona y descartar nuevos riesgos.El director de la Policía Nacional, el general William Rincón, se desplazó a Cúcuta para verificar la situación de orden público y acompañar a los policías heridos y a sus familias. El oficial calificó el atentado como un acto "cobarde y despiadado" y confirmó que ocho uniformados resultaron lesionados y que un canino de la institución murió durante la explosión.Sectores políticos rechazan el ataque en CúcutaEl presidente electo, Abelardo De La Espriella, condenó el ataque contra la Policía Nacional, expresó su respaldo a los uniformados heridos y aseguró que los responsables deberán ser capturados y responder ante la justicia. También dijo, a través de su cuenta de X, que el terrorismo no intimidará al país ni frenará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad.En esa vía, el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, atribuyó el deterioro de la seguridad al gobierno saliente de Gustavo Petro y aseguró que el próximo gobierno deberá recuperar el control del territorio, fortalecer la autoridad del Estado y enfrentar con mayor contundencia a los grupos armados.Mientras que el senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, rechazó cualquier acto terrorista dirigido contra la población civil, la Fuerza Pública, dirigentes de oposición o incluso contra el acto de posesión presidencial. El congresista afirmó que la violencia no puede ser utilizada como herramienta política y pidió que las investigaciones permitan establecer plenamente la responsabilidad de los autores.En el ámbito regional, la Alcaldía de Cúcuta rechazó el atentado y manifestó solidaridad con los policías lesionados, sus familias y toda la institución.Además, el senador por Norte de Santander Wilmer Carrillo advirtió que este sería el tercer ataque contra la Policía en menos de una semana, luego de los hechos ocurridos en Puerto Lleras y en la vía hacia la Y de Astilleros. El congresista hizo un llamado al Gobierno Nacional y al gobierno entrante para priorizar la recuperación de la seguridad en Cúcuta y en todo Norte de Santander.Mientras tanto, el gobernador William Villamizar suspendió su agenda oficial para liderar las acciones de seguridad en el área metropolitana de Cúcuta, donde ya se adelanta un consejo de seguridad para establecer quiénes están detrás de este nuevo atentado.
Otro hecho de violencia generó terror en Cúcuta durante la madrugada de este sábado, cuando un camión bomba explotó cerca del comando de Policía de Norte de Santander. El atentado dejó al menos 10 personas heridas, provocó daños en la infraestructura policial y obligó a restringir la movilidad en el sector.Mientras las autoridades adelantan las investigaciones, una de las hipótesis apunta a la posible participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que confirme la autoría del ataque.¿Quién estaría detrás del atentado en Cúcuta?Los primeros trabajos de inteligencia buscan establecer qué grupo armado sería el responsable del atentado. Según la información recopilada hasta el momento, los organismos de investigación indagan si el ELN estaría detrás de esta acción violenta, en medio del aumento de ataques contra la fuerza pública en Norte de Santander.Tras la explosión, unidades de la Sijín, Sipol y otras dependencias de la Policía activaron un plan candado y comenzaron la recolección de pruebas para identificar a los responsables del ataque, ocurrido hacia las 3:20 de la madrugada de este sábado.De hecho, el senador Wilmer Carrillo aseguró que este corresponde al tercer ataque contra la Policía en menos de una semana, tras los hechos ocurridos en Puerto Lleras y en la vía hacia la Y de Astilleros.¿Quiénes fueron los afectados por el atentado?El balance preliminar indica que el atentado dejó 10 personas heridas, de las cuales ocho son uniformados de la Policía Nacional y dos civiles que resultaron afectados por la explosión.Entre los policías lesionados se encuentra el auxiliar Richard Javier Rúa Balaguera, quien sufrió heridas de gravedad y fue sometido a una intervención quirúrgica. También resultaron heridos el auxiliar Diver José Vergara Guerra, con quemaduras en diferentes partes del cuerpo, y el patrullero Billy Walner Molina Peláez, quien presentó lesiones por esquirlas.Los demás uniformados afectados son los patrulleros Diego Alexander Claro Clavijo, Francisco Javier Velásquez Barrera, Carol Dayana Abril Linares, Duván Hernando Covilla Blanco y Marta Jimena Sepúlveda Sepúlveda, quienes sufrieron heridas ocasionadas por la explosión. Todos los lesionados fueron trasladados a la Clínica Medical Duarte para recibir atención médica.¿Qué medidas adoptaron las autoridades tras el atentado?Después de la explosión, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, suspendió una visita oficial al municipio de Chitagá para liderar las acciones de seguridad en el área metropolitana de Cúcuta.Por su parte, el atentado también obligó al cierre temporal de la Central de Abastos (Cenabastos), debido a que la detonación ocurrió cerca de este importante centro comercial y de abastecimiento. Mientras tanto, los organismos de seguridad inspeccionaron la zona para descartar nuevos riesgos, en tanto las autoridades evalúan los daños ocasionados por la explosión.
Tras el terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ha recibido 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.De acuerdo con el reporte entregado por el Instituto, hasta el momento han sido abordados 28 cuerpos y los equipos forenses han logrado identificar plenamente a 22 víctimas. Entre las personas identificadas figuran tres procedentes de Manizales: Fernando Alonso González, Catalina Arango Sandoval y Oscar De Jesús Henao Marín.En Pereira se concentran la mayoría de las identificaciones reportadas hasta el momento. Las víctimas plenamente identificadas en esta ciudad son Lina María Rodas Cuadros, Julián Andrés Mejía Moreno, Sandra Patricia Chica Montoya, Gilberto De Jesús Giraldo López, Pilar Jiménez Toquica, Sergiña Moncada Aguirre, María Araenzola González Gutiérrez, Paola Andrea Franco, Dargui González Guerrero, Angela María Acosta González, Juan Manuel Toro Sánchez, Wilson Largo Trejos, Luis Fernando Ossa Hernández, Pedro Nel Díaz Díaz, Aracely Daza Valencia y Roger David Ramírez Quiroz.También fueron identificadas tres personas procedentes de Buenaventura: Mabel Cristina Carvajal Posada, Martha Patricia Correa Grueso y Carlos Alberto Rosero Pretel.Medicina Legal explicó que, debido a las afectaciones registradas en la infraestructura de su sede en Cali, el Instituto trasladó temporalmente la prestación del servicio a los municipios de Palmira y Tuluá, donde cuenta con personal disponible para atender a la ciudadanía.El proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en las sedes correspondientes de cada municipio.El Instituto señaló, además, que, a través de la Dirección General y la Subdirección Forense, participa en el Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU) instalado por el presidente de la República. Desde ese espacio, Medicina Legal coordina con las entidades que integran el PMU la información oficial relacionada con la emergencia.
Un incendio forestal que comenzó el pasado viernes 10 de agosto en la vereda San Francisco, zona rural de Matanza, Santander, completa cinco días activo y ha consumido entre 15 hectáreas de cobertura vegetal. La emergencia se registra en una zona montañosa de difícil acceso, donde la falta de fuentes de agua cercanas ha complicado las labores de control.Oscar Durán, comandante de Bomberos de Matanza, explicó que las llamas avanzan en un sector con abundante vegetación, árboles y una zona de bosque de pinos, además de una gran cantidad de material vegetal seco conocido como capote, que facilita la propagación del fuego.Según el reporte entregado por el organismo de socorro, la emergencia habría comenzado después del mediodía del viernes. De acuerdo con información suministrada por habitantes de la zona, existe la sospecha de que el incendio habría sido provocado de manera intencional, situación que ya es objeto de investigación por parte de las autoridades.El trabajo de los organismos de emergencia se ha extendido durante varios días y ha coincidido con la atención de otros incendios forestales en municipios cercanos. "El domingo, las llamas se reactivaron y el lunes fue necesario reforzar las labores con tres motobombas estacionarias", señaló Durán.A la emergencia también acudió durante algunas horas el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bucaramanga, mientras que más de 30 habitantes de la zona se han sumado a las labores para intentar contener el avance del fuego.La principal dificultad está relacionada con el acceso al agua. El incendio se encuentra en una zona alejada de los puntos de abastecimiento, por lo que los bomberos y la comunidad han tenido que instalar un sistema para llevar el líquido hasta la parte alta de la montaña."Tuvimos que instalar cerca de 300 metros de conducción hasta una primera motobomba y posteriormente otros 300 metros para lograr acercar el agua hasta el punto donde se encuentran las llamas. Desde allí, la comunidad utiliza sus propias motobombas estacionarias para intentar atacar directamente el incendio", explicó el comandante de Bomberos de Matanza.El uso de herramientas manuales y pequeñas cantidades de agua ha sido insuficiente debido a la cantidad de material vegetal presente en el terreno. Por eso, los organismos de socorro buscan ahora llevar un mayor volumen de agua hasta la parte alta para avanzar en el control del incendio.Mientras continúan las labores, la Policía Nacional acompañó las operaciones en la zona para adelantar las verificaciones correspondientes frente a los señalamientos de habitantes de la comunidad sobre las personas que presuntamente habrían iniciado el incendio.
La empresa Metrogas S.A. explicó que las medidas adoptadas por las autoridades frente a la situación del Colegio Santa Lucía de Floridablanca obedecen a criterios de seguridad y están relacionadas con obras de ampliación ejecutadas por la institución educativa sin contar, según la empresa, con las licencias urbanísticas requeridas.De acuerdo con Metrogas, algunas de las construcciones nuevas del colegio fueron realizadas sobre el corredor de la red de gas natural, situación que derivó en actuaciones de las autoridades competentes y en la determinación de una infracción urbanística asociada a dichas obras.La empresa señaló que esta situación representaba un riesgo para la seguridad, debido a que la infraestructura de gas requiere mantener libre el corredor de la red para facilitar las labores de inspección, mantenimiento preventivo y correctivo, atención de posibles emergencias y demás actividades necesarias para garantizar una operación segura.Metrogas afirmó además que el Colegio Santa Lucía tenía conocimiento de la existencia de la red de gas natural desde años atrás. Como evidencia, mencionó oficios enviados en 2020 y 2024, así como la señalización visible instalada en el corredor para advertir sobre la ubicación de la infraestructura.Ante esta situación, la empresa recordó que antes de ejecutar obras o intervenciones es necesario verificar la existencia de redes de servicios públicos y coordinar cualquier actuación con las empresas responsables de su operación.En medio de la controversia, la Alcaldía de Floridablanca ha exigido al Colegio Santa Lucía cumplir con las medidas ordenadas por la Inspección de Policía, así como con las directrices establecidas por Metrogas frente a la infraestructura de gas natural.Según la información entregada en el marco del caso, el municipio sostiene que las actuaciones deben atender las disposiciones adoptadas por las autoridades competentes, mientras se garantiza la seguridad de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad educativa.Por su parte, el Colegio Santa Lucía ha manifestado reparos frente a las actuaciones adelantadas por las autoridades. La institución sostiene que la administración municipal no habría tenido en cuenta un peritaje contratado por el propio colegio.Según la institución educativa, dicho estudio concluye que el plantel puede continuar operando en condiciones normales, posición que contrasta con las consideraciones de seguridad expuestas por Metrogas y las medidas ordenadas por las autoridades.De esta manera, mientras Metrogas insiste en que existe un riesgo asociado a la ocupación del corredor de seguridad de la red de gas, el colegio defiende la posibilidad de continuar con sus actividades con base en el peritaje contratado por la institución.La compañía sostuvo que su actuación en este caso se ha limitado a informar a las autoridades sobre las condiciones de riesgo identificadas, entregar los conceptos técnicos solicitados y acatar las decisiones administrativas y judiciales que han sido adoptadas.Metrogas reiteró que su prioridad es garantizar la protección de la vida y la seguridad de la comunidad educativa, así como mantener la continuidad y operación segura del servicio público esencial de gas natural.La situación del Colegio Santa Lucía está relacionada con la ejecución de obras de ampliación en un área donde se encuentra infraestructura de la red de gas natural. La controversia ha requerido la intervención de las autoridades competentes, que determinaron la existencia de una infracción urbanística, mientras Metrogas ha insistido en la necesidad de preservar el corredor de seguridad de la red para garantizar el acceso a la infraestructura y atender eventuales emergencias.La Alcaldía de Floridablanca, por su parte, exige el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Inspección de Policía y las directrices relacionadas con la seguridad de la red. Entretanto, el Colegio Santa Lucía sostiene que un peritaje contratado por la institución establece que sus instalaciones pueden continuar operando normalmente.El caso enfrenta así dos posiciones: la de Metrogas y las autoridades, que advierten sobre condiciones de seguridad asociadas a la infraestructura de gas, y la del colegio, que cuestiona las medidas y respalda la continuidad de sus actividades con base en el estudio técnico contratado.
En medio de la tensión por el terremoto, un incendio de cobertura vegetal en el municipio de Santa Fe de Antioquia, se salió de control dejando fuertes afectaciones en cultivos del Occidente antioqueño. En lo corrido del año van más de 60 incendios de este tipoLa conflagración, que habría iniciado como una quema controlada, se reportó desde la noche del lunes 10 de agosto y ha estado activo por más de 10 horas en el occidente antioqueño. Las autoridades ambientales recordaron que, en lo corrido del año, los consejos municipales de gestión del riesgo han reportado al DAGRAN un total de 306 emergencias, de las cuales 61 corresponden a incendios forestales.De acuerdo con los organismos de socorro, las labores de control se han dificultado debido a la elevada inclinación de las montañas en esta zona del cañón de Cativo, lo que impide el acceso seguro del personal de emergencia y la entrada de maquinaria pesada.Desde temprano, unidades de bomberos y la Defensa Civil trabajan de manera articulada para sofocar el incendio con máquinas extintoras y herramientas manuales, los organismos de socorro buscan contener las llamas y evitar que se extiendan hacia las viviendas de la zona rural."Se va a verificar la necesidad de apoyo por parte del departamento de la gobernación con helicópteros, pero estamos en la valoración. En este momento se encuentran los cuerpos de bomberos in situ. Ayer no se logró controlar todos los focos de los incendios. Hay un foco del incendio que se encuentra en un cañón de difícil acceso, entonces, es lo que estamos valorando en este instante", manifestó la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes.Ante esta situación, la Gobernación de Antioquia y el DAGRAN reiteraron a la ciudadanía evitar todo tipo de quemas y no arrojar elementos inflamables en áreas verdes.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) anunció que el Congreso Empresarial Colombiano, que se realizará en Cartagena entre el 12 y el 14 de agosto, tendrá como eje central la solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto de 7,4 grados, cuyo epicentro fue el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.Durante los tres días del Congreso se desarrollará una jornada de solidaridad empresarial que buscará concretar donaciones y articular recursos para atender la emergencia. Por eso, la ANDI habilitará diferentes rutas para recibir donaciones de dinero y en especie, entre ellas alimentos, elementos de higiene y artículos de primera necesidad. También se recibirán medicamentos, insumos, dispositivos y equipos médicos, de acuerdo con las necesidades identificadas en las comunidades afectadas. Para quienes quieran aportar dinero, la ANDI estableció dos opciones. Una está destinada a la atención humanitaria inmediata de las personas damnificadas en Abaco, a través de la plataforma habilitada por la organización, y la otra corresponde a la Fundación ANDI, cuyos recursos estarán dirigidos a los procesos de reconstrucción.Para esta segunda opción, la ciudadanía puede contribuir a través de la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 04800004794, cuyo titular es la Fundación ANDI, con NIT 811003959-3. En cuanto a las donaciones en especie, la ANDI habilitó formularios para que empresas y ciudadanos puedan reportar sus aportes de alimentos, elementos de higiene y artículos de primera necesidad, así como medicamentos, insumos, dispositivos y equipos médicos.El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, hizo un llamado a las empresas y a los colombianos a sumar esfuerzos para apoyar a las comunidades afectadas. “Colombia ha demostrado que la unión es su mayor fortaleza; hoy es el momento de poner nuestras capacidades al servicio de quienes más lo necesitan”, concluyó el líder gremial.