La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a prevenir una escalada de la violencia en el país, luego de los ataques, hostigamientos y hechos relacionados con artefactos explosivos registrados entre el 7 y el 8 de agosto en diferentes departamentos, en el marco de la posesión del presidente Abelardo De La Espriella. Los hechos se concentraron principalmente en Cauca y Nariño, aunque también se reportaron eventos en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare.
Estos hechos estuvieron dirigidos principalmente contra instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura, vías y corredores estratégicos. Sin embargo, la entidad aclaró que la información disponible no permite afirmar que se trate de una ofensiva nacional coordinada. La Defensoría atribuyó el escenario a dinámicas territoriales y a la actuación de distintos actores, en medio de la fragmentación de las estructuras armadas.
La preocupación de la Defensoría está también relacionada con el impacto de estas acciones sobre la población civil. Algunos de los hechos se registraron en cabeceras municipales o cerca de viviendas, establecimientos comerciales y vías de uso cotidiano, lo que ha generado afectaciones a civiles y restricciones a la movilidad. El organismo advirtió, además, sobre el uso reiterado de drones y artefactos explosivos, modalidades que ya habían sido advertidas por su Sistema de Alertas Tempranas y que están modificando las condiciones de la confrontación armada en diferentes territorios.
Ante este panorama, la Defensoría recordó a los grupos armados ilegales que la población civil no puede ser puesta en riesgo y exigió el respeto de los principios de distinción, precaución y proporcionalidad establecidos por el derecho internacional humanitario. También pidió abstenerse de realizar acciones que puedan generar efectos indiscriminados y cesar cualquier conducta que afecte la vida, la integridad, la movilidad y los demás derechos de las comunidades.
El organismo hizo, además, un llamado al nuevo Gobierno a fortalecer, desde sus primeros días, una respuesta estatal integral que combine las acciones de seguridad con medidas de prevención y protección de las comunidades. La Defensoría indicó que las capacidades institucionales existentes, junto con las advertencias territoriales y las recomendaciones de su Sistema de Alertas Tempranas, pueden contribuir a anticipar escenarios de riesgo y orientar respuestas diferenciadas.
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