¿Cómo viven Cali, Medellín y Barranquilla la desaparición forzada?
La desaparición forzada o también llamada desaparición involuntaria de las personas es un delito que viola varios Derechos Humanos y que dependiendo...
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de las circunstancias también se podría convertir en un crimen de lesa humanidad. Así viven el hecho algunas víctimas y dirigentes políticos en estas regiones del país.
Cali
El Valle del Cauca es la tercera región en donde se concentra el mayor número de casos por desplazamiento forzado.
Andrés Santamaría, personero de Cali, manifestó que 300 mil personas padecen de este hecho en el lugar y agregó que 25 personas desaparecen diariamente.
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Medellín
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Hernán Castrillón llegó a Medellín procedente del Municipio de San Luis, oriente de Antioquia. Su madre, Blanca Nubia, dijo que después de ese día nunca más volvió a saber de él.
El personero de Medellín, Rodrigo Ardila, dijo a Blu Radio que de 654 presuntas desapariciones resultaron 32 personas muertas y 352 vivas y agregó que 270 personas siguen perdidas.
El incremento de las desapariciones en la ciudad durante 2013 fue del 25,6 por ciento, según la Personería.
Barranquilla
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El atlántico fue uno de los departamentos más golpeados por la desaparición forzada durante la incursión de grupos paramilitares. Frente al tema, el abogado defensor de los Derechos Humanos José Humberto Torres expresó en El Radar que el delito “es uno de los hechos más graves, más que el secuestro, porque nunca se saben los autores o el paradero de las personas”.
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Por su parte, el director Territorial de la Unidad de Víctimas por autores del conflicto armado, Alfredo Palencia, manifestó que “se ha reducido en los últimos años y no se registran mayores hechos que ratifiquen que se está dando con regularidad” y agregó que el año pasado se utilizaron 12 mil millones de pesos para cubrir temas de indemnización.
Otro caso reciente de desplazamiento forzado se está dando en Cali, Buenaventura, Yumbo y localidades de Pacífico y norte del Cauca en los que pandillas y grupos al margen de la ley obligan a las personas a abandonar sus residencias.