Luego de 19 años, el Tribunal Administrativo de San Andrés declaró responsable patrimonialmente al Estado colombiano por la masacre de 33 personas en el corregimiento de El Salado, en Carmen de Bolívar, y ordenó una indemnización que sobrepasaría los 22 mil millones de pesos.
La sentencia señala que se trataron de homicidios que contravinieron el Derecho Internacional Humanitario ya que las personas fueron golpeadas, amenazadas y sometidas de manera degradante y arbitraria, delante de familiares, vecinos y amigos, para luego ser separados de ellos, retenidos en contra de su voluntad y asesinados cruelmente.
El fallo obedece a una acción de reparación directa interpuesta por Alfonso Alvis Badel en representación de las familias de las víctimas.
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La sentencia es clara al señalar que en ningún momento se evidenció que los hoy fallecidos hubiesen participado en el conflicto armado y, por el contrario, se probó que fueron puestos en estado de indefensión para ser asesinados.
El hecho ocurrió en febrero de 2000 por parte de un grupo paramilitar que permaneció tres días en esa zona de los Montes de María, sin ser detectado por los oficiales y suboficiales de la Armada y Policía Nacional, pese a ser alertados sobre este ataque.