En el 2020 la JEP decretó medidas cautelares en el cementerio de El Salado, en Bolívar, con el fin de proteger la zona de inhumación del cementerio y las bóvedas que allí se encuentran, debido a que algunas de ellas habían sido alteradas. También se buscaba investigar posible vandalismo a las bóvedas y si la exposición de los cuerpos que evidenció la JEP podría tener alguna relación con una alteración de algún grupo armado presente en la zona.Es importante recordar que entre el 16 y el 20 de febrero del año 2000, en el corregimiento de El Salado, las AUC perpetraron una masacre presuntamente con la aquiescencia de la fuerza pública en la zona, dejando 66 víctimas de las cuales se presume algunas podrían estar en dicho cementerio, por lo que la orden decidió buscar su protección.“Las medidas cautelares decretadas en su momento se han dirigido a la protección del cementerio El Salado de Carmen de Bolívar, con ocasión de la existencia de bóvedas abiertas con exhibición de estructuras óseas, de quienes, en su momento, consideraron los peticionarios podrían corresponder a víctimas de la masacre, en condición de no identificadas”, se lee en la decisión.Sin embargo, la JEP analizó la orden y consideró que se realizaron acciones para lograr el sellamiento y reparación de las bóvedas que presentaban daños y exhibición de estructuras óseas. También se hizo un mantenimiento y la Alcaldía ha cumplido las órdenes con el fin de proteger el cementerio y los cuerpos, por lo que se tomó la decisión de levantar las medidas cautelares, no sin antes advertir que podría reabrirse este trámite si se considera que hay riesgo para los cuerpos.“El Salado era un hecho de absoluta gravedad, en tanto la posible pérdida de estructuras óseas, que podrían ser de víctimas de la masacre, generaría un impacto en el desarrollo o resultados del proceso transicional, luego se conjuró el riesgo con la reparación de las bóvedas, y se estableció que los restos corresponden al cuerpo de una persona que a la postre resultó ser pariente del alcalde de El Carmen de Bolívar. Asimismo, se consideró que era urgente intervenir por la inminencia del riesgo y en ese orden la finalidad de la medida cautelar se agotó de tiempo atrás”, puntualizó la JEP.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
La JEP decidió expulsar a el exsenador del departamento de Sucre Álvaro Alfonso García Romero, más conocido como ‘El Gordo García’, quien había sido condenado por la Corte Suprema de Justicia a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, en el Carmen de Bolívar, perpetrada el 14 de octubre del año 2000 por las autodefensas.Lo que ha determinado la JEP, que había aceptado su sometimiento el pasado 25 de febrero de 2021, es que García Romero no hizo un aporte suficiente de verdad y que incluso negó algunos de los crímenes por los que fue condenado.La JEP había aceptado su sometimiento esperando que el compareciente explicara cómo fue la colaboración y nexos que tuvieron algunos políticos con grupos paramilitares, pues él se había comprometido a aportar información sobre reuniones en las que se había planeado la creación del Bloque Montes de María de las AUC, la reunión de Ralito y asimismo se comprometió a aportar información sobre su participación en la masacre de Macayepo, entre otros hechos.La decisión la tomó la sección de apelación de la JEP y no da posibilidad a García Romero de presentar un recurso, por lo que su proceso volverá a la justicia ordinaria, recordemos que el exsenador se encuentra recluido en La Picota.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Yirley Velazco, lideresa, vocera y defensora de las mujeres de El Salado, cofundadora de Mujer y Vida, aseguró en Mañanas BLU 10:30 que en la pandemia lo único que no se ha detenido son las amenazas. "Las amenazas a pesar de este tema de la pandemia nos han atacado muy fuerte", sostuvo. "En este momento somos asociación 'Mujeres sembrando vida'. Le brindamos acompañamiento a las mujeres cuando son víctimas de violencia sexual o intrafamiliar en Montes de María", contó. Según la lideresa, las víctimas siguen en la lucha, resisten y alzan la voz. "El Salado se caracteriza por ser una población resistente, resiliente, seguimos en la lucha. La mujeres en este momento siguen siendo muy sumisas, pero también hay un liderazgo positivo, seguimos alzando la voz", declaró. Escuche a Yirley Velazco en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:
Mediante un fallo de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar ratificó una sentencia en contra del Estado a título de omisión por parte del Ministerio de Defensa, la Armada Nacional y la Policía en los hechos donde murieron más de 100 personas a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la conocida masacre de el corregimiento de El Salado, Bolívar, ocurrida en febrero del 2000.Vea aquí: Condenan al Estado a indemnizar a víctimas de la masacre de El SaladoDe acuerdo con la sentencia, ni la Policía ni el Ejército tuvieron en cuenta la cercanía de unos 100 hombres armados que se movilizaron por esa región previo a la masacre, la cual, se supone, era de control de las autoridades estatales.Tras el hecho que ocurrió entre el 16 y 22 de febrero del año 2000, en principio 30 personas recibirán la suma de 120 salarios mínimos legales vigentes como reparación a las faltas del Estado. Sin embargo, se deja abierta la posibilidad a que sean más reclamantes.Estos 120 salarios serán vigentes al año 2014 a título de perjuicio de orden moral.De igual manera, el fallo ordena a la parte demandada a que se publique la sentencia en distintos medios de comunicación que los interesados y afectados por estos hechos se presenten a la justicia dentro de los 20 días siguientes a la publicación para reclamar la indemnización.
Luego de 19 años, el Tribunal Administrativo de San Andrés declaró responsable patrimonialmente al Estado colombiano por la masacre de 33 personas en el corregimiento de El Salado, en Carmen de Bolívar, y ordenó una indemnización que sobrepasaría los 22 mil millones de pesos. La sentencia señala que se trataron de homicidios que contravinieron el Derecho Internacional Humanitario ya que las personas fueron golpeadas, amenazadas y sometidas de manera degradante y arbitraria, delante de familiares, vecinos y amigos, para luego ser separados de ellos, retenidos en contra de su voluntad y asesinados cruelmente. El fallo obedece a una acción de reparación directa interpuesta por Alfonso Alvis Badel en representación de las familias de las víctimas. Lea también: Corte Suprema pide declarar como delito de lesa humanidad la masacre de El Salado La sentencia es clara al señalar que en ningún momento se evidenció que los hoy fallecidos hubiesen participado en el conflicto armado y, por el contrario, se probó que fueron puestos en estado de indefensión para ser asesinados. El hecho ocurrió en febrero de 2000 por parte de un grupo paramilitar que permaneció tres días en esa zona de los Montes de María, sin ser detectado por los oficiales y suboficiales de la Armada y Policía Nacional, pese a ser alertados sobre este ataque.
La Corte Suprema pidió declarar delito de lesa humanidad la masacre de El Salado perpetrada entre los departamentos de Sucre y Bolívar en febrero del año 2000 con el objetivo de que no prescriban las investigaciones que tiene la justicia contra militares que estuvieron implicados en estos hechos. Además, el alto tribunal dejó en firme la condena de 13 años de prisión contra el capitán Héctor Martín Pita Vásquez por su responsabilidad en estos hechos. Vea también:No incluyen a víctimas de violencia sexual de El Salado en programas de reparaciónSegún la Corte Suprema, el capitán Pita y otros oficiales de la marina permitieron que grupos paramilitares llevaran a cabo el asesinato de un grupo de personas durante varios días en esa región del país. También señaló que no existen elementos para controvertir que el oficial al mando de la Primera Brigada de Infantería de Marina incumplió sus actividades para proteger a la comunidad “prestando de manera omisiva su concurso para ese cometido criminal”.De igual forma, resaltó varios testimonios en el proceso que indicaron que la tropa bajo el mando del capitán después de salir del corregimiento de El Salado “se encontraron con los efectivos paramilitares y en lugar de atacarlos y reducirlos, como era la consigna y su deber, departieron con ellos y discutieron sobre la coordinación de sus acciones”.La Sala Penal tomó la decisión de ratificar las sentencias que fueron emitidas por el Tribunal Superior y el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Cartagena de imponer 13 años de prisión contra el oficial como cómplice de homicidio agravado.
La Corte Constitucional le ordenó a la Unidad de Víctimas que en un mes incluya en el plan de reparación colectiva a las mujeres y niñas que sufrieron violencia sexual durante la masacre de El Salado, perpetrada por grupos paramilitares en el año 2000.La decisión se da luego de que la Corte resolviera una tutela presentada por seis mujeres que no fueron incluidas en el plan piloto que se inició en el 2008 para reparar a las víctimas de El Salado, pues este no incluía un enfoque de género.El plan piloto únicamente hacía mención de los vejámenes de los que fueron víctimas las mujeres, lo cual para la Corte no es suficiente “para acreditar que el programa tuvo un enfoque diferencial”.También se le ordenó a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo hacer seguimiento a la reparación de estas mujeres.
Llevaba tres días huyendo de la muerte por el monte y entrando al casco urbano del Carmen de Bolívar, Jorge Tapia, entonces un joven de 24 años, se acercó a un rancho donde un viejo tenía encendido un pequeño radio. Allí se enteró por las noticias que su papá, su mamá y un tío habían sido asesinados en El Salado por los paramilitares. Cuenta que los asesinos al mando de alias ‘Jorge 40’ llegaron el 16 de febrero del año 2000 a eso de las 7 de la mañana y se apoderaron de la plaza principal del pueblo, que tenía cuatro salidas por donde muchos de sus habitantes huyeron. "Cuando entraron a El Salado yo me encontraba de un lado del pueblo y mis papás del otro y no podía cruzar, ellos (los paramilitares) estaban allí. Muchos corrimos y tres días después de estar huyendo pensé que me los iba a encontrar, pero ellos (sus papás) se escondieron dentro de una casa donde los encontraron", narra Jorge 18 años después de la matanza.-“Mis papás fueron enterrados en una fosa común”:Al escuchar por la radio los nombres de Néstor Aníbal Tapia (papá), Judit Margot Fernández (mamá) y José Manuel Tapia (tío), Jorge quiso regresar al pueblo, pero otro familiar que observó la masacre le recomendó que no volviera y le contó la historia, que se prolongó por casi una semana. Vea aquí: Víctimas de El Nogal se reunieron con exparamilitares y Farc"Un tío nos contó que mi mamá tenía signos de tortura y a mi papá le encontraron un impacto de bala en el cráneo (...) debió enterrarlos junto a otro tío en una fosa porque estaban en estado de descomposición, mi mamá estaba torturada", cuenta. -“Por cada muerto tocaban la gaita”:Quienes se quedaron en el pueblo y sobrevivieron a la masacre observaron cómo los paramilitares, desde la plaza principal de El Salado, hicieron de la vida y la muerte un sorteo acompañado de gaita y otros instrumentos. "Por cada muerto tocaban la gaita (...) preguntaban por un número. Si decían dos o 24 o el que fuera, los mataban", añade con dolor. La comunidad tuvo que enterrar inicialmente 12 cadáveres, incluidos los de sus padres y tío, por el avanzado estado de descomposición, según le narró a Jorge su tío sobreviviente. -“Regresé 10 años después de la masacre”:Cuenta Jorge Tapia que después de 10 años no había por dónde entrar a El Salado. Debieron emplear dos días para cortar el monte que permitiera el ingreso de los vehículos. "Tenía ansias de ir y al mismo tiempo me quería regresar al ver que ya no tenía a nadie quien ver. Mis seres queridos perdidos y la casa destruida. Fui con mi hermano, fue un impacto terrible, esa misma tarde nos devolvimos", recuerda. -No estoy preparado para un perdón:Sobre la responsabilidad de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ y de Salavatore Mancuso, ambos exjefes paramilitares y determinantes en la masacre en la que murieron un indeterminado número de personas, Jorge pide que hablen con la verdad para saber por qué lo hicieron."Los abogados que nos representan viajaron a Estados Unidos para hablar con Mancuso, y él dijo que tiene miedo de hablar porque no hay garantías, porque teme por su familia", cuenta. -“Más beneficios para los victimarios y menos para las víctimas”:Aunque reconoce que el Estado colombiano ha construido y reparado casas en El Salado, Jorge dice que en temas como educación y empleos quienes más se benefician son los victimarios. “Uno escucha que los victimarios se graduaron, que consiguieron trabajo, y uno se pregunta: ¿Las víctimas qué?”, cuestiona. También asegura que varias víctimas de El Salado, que están desplazadas en las grandes ciudades, las tienen olvidadas y no son sujetas de reparación. -“Un viejo y lindo recuerdo”:Después de 18 años de la masacre, Jorge evoca aquellos años en familia en el campo con su mamá y su papá, felices. "Recuerdo a mi mamá lo pendiente que estaba de uno, entregada a su hogar y mi papá siempre en la agricultura", y agrega: "Éramos cinco hermanos y mis padres muy unidos".-“No hay reparación ni verdad absoluta”:Según Davis Flórez, abogado de las víctimas de la masacre de El Salado, perpetrada por el Bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que comandaba Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, sus defendidos no han podido conocer la verdad total y tampoco han gozado de una reparación integra por esos hechos ocurridos entre el 16 y 22 de febrero del año 2000, que dejaron un indeterminado número de muertos, mujeres violadas y desplazados.“Cuáles fueron los motivos reales del por qué los paramilitares llegaron a esa zona, y muchos militares que participaron de ese hecho no han sido procesados. Hay total impunidad frente a las denuncias contra los militares que facilitaron la entrada de los paramilitares. (…) no habido reparación total a las víctimas ni tampoco una reconstrucción del pueblo y no han podido recuperar sus tierras”, explicó el abogado en diálogo con Blu Radio. Flórez precisa que ha sido difícil avanzar porque en un principio la Fiscalía no tenía identificaba la totalidad de las víctimas. Además, agregó que “se están imputando más de 3 mil hechos entre desplazamiento y homicidios”.Cuenta que se están imputando otras 11 masacres más en los mismos incidentes de reparación, “masacres que ocurrieron antes que los paramilitares llegaran al Salado”. Dentro de los casos de violaciones que se dejaron por fuera los hechos, explica el abogado Flórez que por “violencia sexual en algunos casos las víctimas no lo denunciaron por temor y en otras la Fiscalía no le dieron la relevancia”. -“Hay víctimas de El Salado que no han sido acreditadas ante la Unidad de Víctimas”:Según Flórez, hay víctimas deambulando por el país porque no ha tenido acceso a los bienes y servicios que ofrece la Unidad de Víctimas por este hecho que dejó cientos víctimas. “El Estado no ha podido identificar a la totalidad de las víctimas”. El jurista afirma que se está a la espera a una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre todos esos temas que quedaron por fuera de los escenarios en Colombia “como el sexual y las verdaderas intenciones para tomarse el pueblo”. -“‘Jorge 40’ se reusó a contar la verdad”:Sobre el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, después de su extradición a los Estados Unidos, dice el jurista que se rehusó a colaborar en el marco de Justicia y Paz sobre los hechos de El Salado y fue excluido de la Ley. “Básicamente él colaboró en algo antes de ser extraditado, pero después se rehusó y eso quedó en la impunidad”, añade.Dentro del proceso de Justicia y Paz solo ha habido una sentencia sobre los hechos que reconoció el extraditado paramilitar, Salvatore Mancuso. “En la sentencia no se identifican la totalidad de las víctimas que se registraron en la masacre de El Salado”, explicó el abogado Flórez.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció dos grandes operaciones este jueves que golpearon a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. En la principal de ellas, se logró la captura de Yolima Johana Murgas Guzmán, pareja sentimental de Fredy Castillo Carrillo, alias 'Pinocho', señalado cabecilla de la estructura mencionada.Ese operativo se llevó a cabo de forma simultánea en las poblaciones de Santa Marta y Ciénaga, donde la Policía Nacional y el Ejército realizaron seis allanamientos y capturaron a 13 personas.Dentro del mismo fueron incautadas cocaína, munición, celulares, panfletos intimidatorios y más de 29 millones de pesos en efectivo. Del mismo modo, anunció el presidente, fue hallada una tarjeta bancaria a nombre de alias 'Pinocho'En otra operación que llevó por nombre Kratos, las autoridades de antinarcóticos, en coordinación con la DEA y la Fiscalía, capturaron en Santa Marta y Barranquilla a cuatro narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos.La investigación estableció una conexión de esta organización con el Cártel de Sinaloa, a través de alias ‘Flash’ o ‘Comando 200’. Asimismo, se informó que la red tenía capacidad para enviar más de dos toneladas de cocaína al mes hacia Estados Unidos y, al parecer, lo hacían con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.“He ordenado seguir la ruta del dinero e investigar a quienes, incluso dentro del entorno familiar de estos bandidos, actúen como testaferros o cómplices. Hay que caminarles a todos”, fueron las palabras del presidente De La Espriella en sus redes sociales.“Voy a acabar con esta estructura criminal. Pinocho tiene las horas contadas. Él y todos los narcoterroristas de su grupo deben entregarse sin condición alguna, o les daré de baja como en derecho corresponde. Gracias a la Policía Nacional, al Ejército, a la Fiscalía y a la DEA por su trabajo”, finalizó.
De acuerdo con el último informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, con corte al 23 de septiembre, el sismo ha dejado 486.917 personas afectadas, agrupadas en 303.934 familias, en 500 municipios de 16 departamentos del país..Las cifras oficiales también reportan 335 personas fallecidas, 4.516 heridas y 105 desaparecidas. Además, se contabilizan 36.478 viviendas destruidas, de acuerdo con los reportes que complementan la información del Registro Único de Damnificados.En materia de infraestructura, el balance señala afectaciones en 4.431 centros educativos, 402 centros de salud, 6.094 centros comunitarios y 182 acueductos.Sin embargo, desde la OCHA advierten que estas cifras todavía pueden cambiar debido a las dificultades para consolidar y actualizar la información en algunas zonas.Uno de los principales vacíos está precisamente en la identificación de daños en municipios apartados y zonas rurales dispersas, donde hay baja capacidad técnica y limitada presencia institucional. Esta situación es particularmente evidente en departamentos como Chocó y Valle del Cauca.En Chocó, por ejemplo, existen diferencias entre los registros de las evaluaciones de daños, los reportes de las secretarías departamentales y municipales y otras fuentes sectoriales. Según la OCHA, estas diferencias dificultan conocer oportunamente las necesidades en salud, alojamientos temporales y vigilancia epidemiológica.Además, las dificultades de conectividad, las barreras geográficas y la presencia de grupos armados complican el acceso a comunidades rurales. En zonas como el Atrato, San Juan y Baudó, incluso la movilidad por los ríos presenta dificultades, lo que afecta el reporte oportuno de las necesidades.Otro de los problemas identificados es que personas refugiadas y migrantes que están en algunas de las zonas más afectadas no estarían quedando registradas, lo que puede limitar su acceso a derechos y a las ayudas disponibles.En Risaralda también persiste un vacío importante, el informe señala que la evaluación de estructuras continúa siendo baja, especialmente en Pereira y otros municipios afectados.A esto se suma que algunas familias todavía no tienen suficiente información sobre los resultados de las evaluaciones estructurales ni sobre las rutas disponibles para acceder a soluciones de vivienda y otros servicios.En los alojamientos temporales también continúan las necesidades. La OIM identificó alrededor de 6.903 personas, correspondientes a 1.970 hogares, ubicadas en 105 alojamientos temporales de Risaralda, Chocó, Valle del Cauca y Caldas.En Chocó, cerca de 501 personas de 173 familias permanecen en nueve alojamientos temporales ubicados en Quibdó, Istmina, Nóvita y Condoto.Allí se mantienen necesidades relacionadas con agua potable, saneamiento, condiciones de habitabilidad, atención en salud física y mental y prevención de enfermedades como dengue y malaria.En Valle del Cauca, especialmente en Buenaventura, persisten problemas en los alojamientos temporales, con dificultades de acceso a agua potable, saneamiento y servicios básicos, además de afectaciones en infraestructura de salud y educación.El informe también advierte que algunas comunidades continúan enfrentando una doble afectación, debido a que, además de las consecuencias del terremoto, tienen necesidades relacionadas con el conflicto armado, lo que dificulta el acceso a servicios y la recuperación.Hasta la fecha, al menos 31 organizaciones humanitarias han atendido a más de 137.000 personas, unas 32.600 familias, en 53 municipios de los departamentos priorizados.La asistencia ha incluido alimentos, agua, elementos de alojamiento e higiene, atención en salud física y mental, educación en emergencias, protección y transferencias monetarias. Desde la OCHA señalan que los socios humanitarios continúan focalizando acciones en zonas rurales donde persisten vacíos de atención.
Carlos Montoya sale de la presidencia de Colpensiones. El presidente Abelardo De La Espriella pidió su renuncia tras las dificultades que tuvo durante su intervención en la Comisión Séptima del Senado de la República donde no respondió todos los requerimientos sobre el sistema pensional del país.En desarrollo...
El Grupo Banco Mundial aprobó un financiamiento adicional de 200 millones de dólares para Colombia (aprox 654 mil millones de pesos) , destinado a fortalecer las labores de respuesta y recuperación tras el terremoto registrado el pasado 10 de agosto. Los recursos buscan respaldar los esfuerzos del Gobierno para atender las necesidades de las poblaciones afectadas y avanzar en las acciones de recuperación luego de la emergencia. Este nuevo financiamiento se suma a los 200 millones desembolsados en agosto para la respuesta inmediata ante la emergencia, según aseguró Susana Cordeiro, vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial.El nuevo financiamiento complementa un préstamo de Políticas de Desarrollo para la Gestión del Riesgo de Desastres, aprobado en febrero, que cuenta con una opción de desembolso diferido ante catástrofes. Este mecanismo permite que Colombia pueda acceder rápidamente a recursos cuando se presenta un desastre natural o una emergencia de gran magnitud, con el propósito de garantizar liquidez para atender las necesidades más urgentes.Juan Martínez Álvarez, representante del Banco Mundial en Colombia, destacó que estos recursos “permitirán incrementar la capacidad de respuesta financiera del país y contribuirán a que los recursos lleguen de manera oportuna a las poblaciones afectadas”. También señaló que el mecanismo busca fortalecer las herramientas con las que cuentan las instituciones para enfrentar las labores de recuperación después de una emergencia.El Banco Mundial recordó que este tipo de instrumentos ya ha sido utilizado por Colombia para responder ante crisis anteriores, entre ellas las relacionadas con el fenómeno de La Niña y la pandemia de COVID-19. Con esta nueva operación, la entidad y el Gobierno buscan fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la capacidad financiera del país para responder no solo a los efectos del terremoto de agosto, sino también ante futuras emergencias.“Este financiamiento adicional del Banco Mundial es una muestra de confianza en Colombia y en la capacidad del Gobierno para responder con responsabilidad en momentos difíciles”, fue lo que dijo Miguel Gomez Martinez, ministro de Hacienda, tras el anuncio.
El Chance Paisita Noche continúa entre los sorteos más consultados por los jugadores de Antioquia y otras regiones de Colombia. Sus diferentes modalidades de apuesta permiten participar con distintas combinaciones y revisar el resultado oficial para comprobar si el tiquete obtuvo algún premio.Además, este chance cuenta con una quinta balota, una cifra adicional que acompaña el resultado principal y ofrece una alternativa complementaria para los participantes.Resultado del Paisita Noche hoy, jueves 24 de septiembre de 2026El número ganador del chance Paisita Noche para este jueves 24 de septiembre de 2026 fue el 1806. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: 1806.Dos últimas cifras: 06.Tres últimas cifras: 806.Los jugadores pueden consultar el resultado en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados para verificar si su tiquete fue ganador.¿A qué hora se juega Paisita Noche?Los sorteos del Paisita Noche se realizan todos los días, aunque el horario depende de la jornada:De lunes a sábado: 6:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, de acuerdo con la modalidad seleccionada. Para obtener el premio mayor es necesario acertar el número completo en el mismo orden anunciado oficialmente.Modalidades de apuesta en Paisita NocheEl juego dispone de varias opciones para participar, de acuerdo con la modalidad elegida.Cuatro cifras directo o superplenoConsiste en acertar las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del resultado oficial.Combinado de cuatro cifrasPermite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan.Tres cifras directoPremia cuando las tres últimas cifras coinciden con el resultado oficial y conservan el mismo orden.Combinado de tres cifrasEntrega premio cuando las tres cifras finales coinciden, aunque aparezcan en una posición diferente.Dos cifras o pataConsiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador.Una cifra o uñaEsta modalidad recompensa a quienes logran acertar solamente la última cifra sorteada.Quinta balota: una alternativa adicionalLa quinta balota fue incorporada al Paisita Noche durante 2025. Se trata de una cifra adicional que acompaña al resultado principal y permite acceder a posibilidades complementarias de premio cuando coincide con la apuesta realizada.Esta alternativa se suma a las diferentes modalidades disponibles para los jugadores habituales del sorteo.Requisitos para reclamar premiosEl proceso de cobro depende del valor del premio obtenido, aunque todos los ganadores deben presentar la documentación exigida por el operador.Documentos básicosTiquete original en buen estado.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.Premios menores a 48 UVTSolo requieren la documentación básica para realizar el cobro.Premios entre 48 y 181 UVTAdemás de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.Premios superiores a 182 UVTTambién será necesario presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.Con sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y la posibilidad de participar mediante la quinta balota, el Paisita Noche continúa siendo uno de los chances más consultados por los jugadores de Antioquia y otras regiones de Colombia.
