Un grupo de congresistas, bajo el liderazgo del senador Antonio José Correa del Partido de la U, busca alertar a la comunidad internacional ante el posible recorte presupuestal a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que contempla una reducción de $170.000 millones para 2027.
La preocupación quedó consignada en tres cartas dirigidas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Congreso de los Estados Unidos, en las que se advierte sobre las consecuencias que podría tener la disminución de recursos para el funcionamiento de la justicia transicional en Colombia.
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De acuerdo con los documentos, la propuesta representaría una caída aproximada del 80,4 % en los fondos para la JEP frente al proyecto de presupuesto presentado inicialmente por el propio Gobierno nacional que sería discutido y aprobado la próxima semana.
Investigaciones y sanciones correrían riesgo
En la carta enviada a la Fiscalía de la CPI, los congresistas advierten que una reducción de esta magnitud podría obstaculizar las investigaciones y los juicios, además de dificultar la ejecución de las sanciones propias de la justicia transicional y la verificación de su cumplimiento.
Por esta razón, solicitan hacer seguimiento urgente al Acuerdo de Cooperación suscrito en 2021 entre el Estado colombiano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, durante el gobierno del entonces presidente Iván Duque. También piden evaluar las consecuencias que el recorte tendría sobre la capacidad de Colombia para investigar, juzgar y sancionar los crímenes de competencia de ese tribunal internacional.
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Los derechos de las víctimas, otra preocupación
Por otro lado la comunicación dirigida a la CIDH pone el foco en las posibles afectaciones a las víctimas del conflicto armado. Según los firmantes, la falta de recursos podría comprometer las audiencias territoriales, la representación judicial, el acompañamiento psicosocial y las medidas de protección, lo que podría dificultar o incluso impedir que algunas víctimas participen en sus procesos y accedan a la justicia.
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Por ello, solicitan que se mantenga el seguimiento anunciado por la Comisión y que se requiera al Estado colombiano un plan con medidas concretas, recursos asignados, responsables y plazos para proteger sus derechos.
Solicitan acompañamiento de Estados Unidos
La tercera carta, enviada al Congreso estadounidense, advierte sobre los riesgos que el recorte supondría para la continuidad de la justicia transicional y la rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
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Los congresistas piden abrir un espacio de diálogo y acompañamiento, solicitar información al Departamento de Estado sobre las posibles consecuencias para la cooperación en materia de justicia y derechos humanos, y expresar a las autoridades colombianas la importancia de garantizar recursos suficientes para cumplir los compromisos del Acuerdo de Paz.
Incertidumbre para víctimas y comparecientes
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La principal advertencia de los firmantes es que la reducción presupuestal podría traducirse en procesos judiciales paralizados, sanciones sin ejecución efectiva y víctimas sin respuestas judiciales oportunas.
Asimismo, podría aumentar la incertidumbre jurídica para quienes comparecen ante la JEP, incluidos antiguos integrantes de las FARC y miembros de la Fuerza Pública.