La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, publicó un informe en el cual habla sobre los avances en el país en materia de esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad.Dice que la justicia ha dado “pasos significativos” para investigar estos delitos pero que la Fiscalía de ese alto tribunal internacional continuará haciendo seguimiento al caso colombiano.Sin embargo, dice la Fiscalía de la CPI que existe fundamento razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad como asesinato, traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, violación y otras formas de violencia sexual, tortura, secuestros, entre otros.Por esta razón, asegura el alto tribunal, estará en contacto con autoridades colombianas para concluir si deberá abrir una investigación.Por otro lado, el ente investigador de la CPI también constata que el nivel de violencia en zonas rurales, incluyendo áreas previamente ocupadas por las FARC-EP, ha aumentado significativamente.Según la información disponible, entre las principales causas del aumento de la violencia están las disputas en curso por el control de economías ilícitas entre múltiples grupos criminales y organizaciones criminales transnacionales.Informa la CPI que, hasta noviembre de 2020, la JEP había dictado 35.015 decisiones relacionadas con siete macro casos relativos a delitos representativos relacionados con el conflicto y a otros aspectos procedimentales.Además, que la JEP señala que 12.625 personas han firmado actas de sometimiento ante ella, incluidos 9.767 miembros de las ex FARC-EP, 2.733 miembros de las fuerzas armadas y otros 115 agentes del Estado.Por otro lado, que la Fiscalía colombiana les informó que, a octubre de 2020, estaba llevando adelante un total de 2.683 casos contra civiles o agentes del Estado que no eran miembros de las fuerzas públicas por crímenes relacionados con la promoción, apoyo o financiamiento de grupos ilegales.De ellos, informó que 1.329 estaban activos, mientras que otros 1.354 estaban inactivos.Sobre falsos positivos, hasta septiembre de 2020, la Fiscalía informó a la CPI estar llevando adelante un total de 2.314 casos activos33 contra 10.949 miembros del Ejército, involucrando 3.966 víctimas de muertes de “falsos positivos”, entre ellos casos iniciados en períodos objeto de informes anteriores. Esto representa 46 casos más que los informados a la Fiscalía en octubre de 2019.La Fiscalía General de la Nación señaló que el aumento en el número de casos obedece a la asignación de investigaciones anteriormente llevadas adelante por la Justicia Militar, así como también a la reactivación de casos en los que se dieron pasos procesales, como por ejemplo sentencias.Incluso, revela la CPI, que la Fiscalía indicó, sin mayor especificación, que a septiembre de 2020, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia tenía en curso 29 casos contra 22 generales del ejército, por los denominados falsos positivos.Finalmente, dice la CPI que recibió información de organizaciones de la sociedad civil expresando su preocupación por la falta de coordinación y cooperación dentro de las jurisdicciones en Colombia y entre ellas; la necesidad de estandarizar las actividades investigativas entre todos los macro casos que lleva adelante la JEP, así como también establecer criterios claros para evaluar las contribuciones a la verdad.Asimismo, información sobre los desafíos respecto de la capacidad de investigar y enjuiciar terceros civiles en el marco del sistema de justicia ordinario.Incluso, que las organizaciones de la sociedad civil también han manifestado su preocupación por la presunta suspensión de facto de las actividades de investigación por parte de la Fiscalía respecto de crímenes relacionados con el conflicto que se consideran parte del análisis de la JEP.
El senador Iván Cepeda explicó que, ante los hechos de violencia en el país por causa de los abusos policiales y las masacres en diferentes zonas del país, envió una comunicación a la Corte Penal Internacional denunciado lo que está ocurriendo en el país.Cepeda señaló que espera que esta instancia judicial emita un concepto sobre la situación de violencia que vive Colombia.
El consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, y la vicecanciller Adriana Mejía se reunieron con el vicefiscal de la Corte Penal Internacional, James Stewart, en La Haya, para reafirmar el compromiso del Gobierno con la protección de líderes sociales y la implementación del acuerdo de paz.“Estuvimos explicándole la política de protección de derechos humanos que tenemos en Colombia frente a los líderes sociales y todo el trabajo relativo al plan de acción oportuna que ha implementado el Gobierno en diferentes territorios”, dijo.Vea también: Fiscalía sostiene que ha esclarecido el 43% de los asesinatos de líderes socialesLa reunión se dio luego de que el senador Gustavo Petro le pidiera a la CPI investigar el asesinato de líderes sociales.También se aprovechó el encuentro para explicar el alcance de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP.“Para el Gobierno colombiano esto es parte de un debate natural, institucional y que la implementación de los acuerdos de paz está garantizada en la medida en que el Gobierno lo está haciendo al invertir recursos en el territorio”, agregó.
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, envió una carta a la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), en la que reporta cifras sobre las investigaciones que se adelantan por el asesinato de líderes sociales en el país. De acuerdo con el documento, el organismo ha logrado avanzar en el esclarecimiento de 214 casos, (de 498) que equivalen al 43% de los mismos. “(…) Entre el 1 de enero de 2016 y el 27 de marzo de 2019, en Colombia han sido asesinados 256 defensores de derechos humanos. Del total de tales homicidios, la Fiscalía ha logrado identificar al día de hoy a los autores de 151 casos, es decir, el 57% del total”, dice el organismo. Así mismo, la Fiscalía manifiesta que ya son 29 las sentencias condenatorias y 53 están en proceso. Le puede interesar: Capturan a otro de los responsables de asesinar líderes sociales en el país Al respecto, el activista Gener Úsuga, una de las 45 personas que viajaron, junto con Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, a la Corte Penal Internacional para establecer la denuncia, dijo que la idea es presionar para que se respete la vida de los líderes en el país. “¿A quién tendrá que investigar la Corte Penal Internacional? No lo sabemos, pero la vida de los líderes sociales en Colombia se debe respetar”, enfatizó. Añadió que, hasta el momento, en Colombia no ha habido resultados de las investigaciones que adelanta la Fiscalía y que esa es la principal razón por la cual recurren a la CPI. “Mentir sobre las cifras es lo que hace el fiscal al decir que hay 229 líderes defensores de derechos humanos asesinados. Eso es completamente falso. En las mismas fechas que menciona el fiscal, donde habla de 229, en ese mismo tiempo hay más de 600 líderes asesinados”, dijo.
En primer lugar, el profesor Carlos López del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita de la Universidad Externado de Colombia, explicó cómo está estructurada la CPI:Dijo que la corte tiene tres órganos: Fiscalía, Magistratura y Secretaría. Al ser preguntado sobre si es posible una intervención, su respuesta fue afirmativa, pues la CPI tiene toda la facultad para hacerlo.“Lo que haría el sistema sería desatar la competencia de la Fiscalía, quien se encarga de investigar, mediante solicitud de documentos y demás pruebas, a abrir una causa, lo que llevaría luego a la acusación ante la Corte Proponente dicha (magistrados) para que procedan a juzgar”, explicó.“La competencia es sobre genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. Y esos son delitos relacionados con el conflicto armado”, agregó.Le puede interesar: Así recibieron sectores políticos objeciones de Duque a ley estatutaria de la JEP¿Cómo lo haría?Conclusión: la primera es que la Fiscalía inicia la causa y empieza a investigar, y a pedir purgas y decretar medidas.“Y eso sería fatal para Colombia de cara a la comunidad internacional, y de la credibilidad del país”, señala el experto.Por su parte, el doctor Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte Constitucional, advierte que, si bien la CPI puede intervenir, no significa que lo vaya a hacer pese a la advertencia que en días pasados ya hizo el vicefiscal de la CPI.En febrero de este año, la Corte Penal Internacional tomó posición frente al pulso que enfrenta al país."Hemos aceptado que las medidas de justicia transicional que Colombia decidió adoptar podrían, si fueran implementadas y aplicadas adecuadamente, cumplir con los objetivos de rendición de cuentas, disponibilidad de recursos para las víctimas y contribución a la disuasión de crímenes futuros, previstos en el Estatuto de Roma. Hemos, por lo tanto, apoyado a la JEP, como el mecanismo clave de justicia transicional adoptado de conformidad con el acuerdo de paz", advirtió el vicefiscal, James Stewart.Ahora, la decisión está en manos de la Corte Penal Internacional.
La tesis que tiene la CPI es que es importante que la JEP tenga un marco legal definido cuando está pendiente la sanción presidencial de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción.“De no ser el caso, esto podría ser un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones”, advirtió.La tesis del vicefiscal James Stewart es que la CPI apoya a la JEP como el mecanismo clave de la justicia transicional adoptado de conformidad con los acuerdos de paz en Colombia. Esta declaración se produce 48 horas después de que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, hiciera algunas objeciones a la Ley Estatutaria.Le puede interesar: Fiscal dice que Ley Estatutaria de JEP es contraproducente con política criminalSeñala el pronunciamiento:“La Corte Penal Internacional es el máximo tribunal internacional que juzga a los responsables de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, previstos en el Estatuto de Roma. La CPI se encuentra haciendo un examen preliminar del caso colombiano y ha seguido de manera permanente las decisiones del Estado colombiano para que estos crímenes no queden en la impunidad.Cabe anotar que esta no es la primera vez que la CPI se pronuncia en defensa de la JEP. El primero de noviembre de 2018, Stewart dijo: “Permitan que los magistrados de la JEP hagan su trabajo. Apóyenlos en todos los aspectos que sean necesarios. La paz con justicia y la rendición de cuentas son formas eficaces de garantizar que la paz sea sostenible y duradera”.
El presidente Iván Duque confió en que la Corte Penal Internacional evite que los crímenes de lesa humanidad, de excombatientes de las FARC, queden en la impunidad.Desde París insistió en su respaldo a la reincorporación de los excombatientes de las Farc siempre y cuando respeten el acuerdo de paz y estén en el marco de la legalidad. Vea también: En Francia, Duque hizo férrea defensa de la Ley de Financiamiento “Me parece muy importante que la Corte Penal Internacional tenga el ojo puesto en nuestro país para verificar que en efecto haya verdad, justicia, reparación y no repetición. Y, sobre todo, que garantice que vamos a tener sanciones proporcionales para crímenes de lesa humanidad que están contemplados en el estatuto de Roma”, dijoEn la capital francesa Duque aseguró que los procesos de paz se han adelantado en el marco de los parámetros de la Corte Penal Internacional y del Estatuto de Roma.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó que ha recibido la petición hecha por Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá para que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.Vea también Duque no reconoce a Venezuela como garante del proceso de paz con el ELNLa fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, recordó en un comunicado que la solicitud "no conduce automáticamente a la apertura de una investigación" y que su oficina ya abrió un examen preliminar sobre el país caribeño en febrero de este año. En el documento enviado a La Haya se pide que se investiguen los supuestos crímenes "con vistas a determinar si una o más personas deberían ser acusadas", apuntó Bensouda.El examen preliminar abierto a Venezuela en febrero ponía el foco en supuestos crímenes cometidos "al menos desde abril de 2017", en el contexto de las manifestaciones de la oposición cuando el Tribunal Supremo dejó sin competencias a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.Dicho examen "continuará siguiendo su curso normal, guiado estrictamente por los requerimientos del Estatuto de Roma", carta fundacional de la CPI.Es decir, la Fiscalía aún debe determinar si se cumplen las condiciones suficientes para abrir una investigación plena, como la complementariedad del caso (comprobar si la justicia venezolana ha investigado de forma genuina los hechos denunciados), su gravedad o si los delitos entran dentro de su jurisdicción."Estos factores se aplican a todas las situaciones", aclaró Bensouda, "independientemente de si el examen preliminar se inició sobre la base del artículo 15 del Estatuto (por iniciativa de la Fiscalía) o mediante una remisión de un Estado Parte o un grupo de Estados Parte".Desde el punto de vista judicial, lo único que cambia la denuncia de los seis países americanos es que, si la Fiscalía llegara a la conclusión de que se cumplen los requisitos, podría hacerlo sin pedirle autorización a los jueces de una Sala de Cuestiones Preliminares.El examen preliminar no cuenta con plazos determinados, es decir, la Fiscalía no tiene la obligación de establecerse una fecha límite para decidir si comienza una investigación formal o si, por el contrario, la desecha porque no se cumplen los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma.Se trata de la primera vez en los 16 años de historia de la CPI que un grupo de Estados Parte remiten la situación de un tercer país a la Fiscalía.
Durante un diálogo con empresarios y miembros de ‘Think tanks’, el presidente Iván Duque anunció que esta semana firmará un documento junto con varios gobiernos de la región, en apoyo al pedido del secretario general de la OEA, Luis Almagro, a la Corte Penal Internacional (CPI) de seguir de cerca al Gobierno de Nicolás Maduro.“Esperamos que la Corte Penal Inicie prontamente una investigación formal que ponga una presión adicional a la dictadura venezolana”, dijo Duque frente a integrantes de la Colombian American Association.El primer mandatario también insistió en que no es partidario de una intervención militar en Venezuela: “Lo que el dictador quiere es crear el demonio de una solución militar para aferrarse en el poder”.Sin embargo, Duque mencionó que “si los venezolanos son quienes están pidiendo el fin de la dictadura, tal vez esta sea una oportunidad para que triunfen los civiles y triunfe la libertad. Y esa puede ser la mejor manera”.
Durante la rendición de cuentas del sector del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, el presidente Juan Manuel Santos reiteró su llamado al Congreso de la República para que este martes apruebe la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la paz, argumentando que, tal y cómo está originalmente planteada, también beneficia a los integrantes de la Fuerza Pública.El mandatario señaló que, contrario a lo que señalan algunos sectores, no sería bueno para las FF.MM. cambiar la JEP para crear dentro de ella una instancia para los uniformados.Conozca más: Iván Duque se reúne este lunes con magistrados de la Justicia Especial de Paz “No es cierto que nuestras fuerzas quieran lo que algunos pretenden decir que quieran, un espacio especial con magistrados especiales dentro de la JEP. Eso no es lo que le conviene a nuestras fuerzas, ahora les preguntaremos a nuestros comandantes de las FF.MM., eso no es lo que les conviene porque inmediatamente los pondrá nuevamente en la lupa de la CPI”.En el mismo evento, el ministro de defensa Luis Carlos Villegas, también rechazó la idea de hacer cambios a la JEP en materia de justicia para los uniformados.Vea también: Ya no hay excusa para no reglamentar los protocolos de la JEP: Santos Poner una instancia exclusiva para la Fuerza Pública en la JEP la convierte en un blanco. En un tiro al blanco se convierte ese proceso judicial. Hoy estamos dentro de esa institucionalidad, pero sin ofrecer especiales vulnerabilidades que terminan es en la discusión sobre la injerencia de la justicia internacional”, indicó Villegas.El presidente Santos, durante un conversatorio con los comandantes de las Fuerzas Armadas, aseguró que ese tipo de cambios no pueden hacerse en esta instancia. Sino que se requeriría una reforma constitucional.Escuche este informe completo:
El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, confirmó a través de su cuenta de Twitter la captura de los presuntos responsables de la agresión a un hincha que se convirtió en la chispa que detonó graves desmanes entre seguidores de Independiente Santa Fe y Nacional en la noche de este martes.Por la brutal agresión contra el hincha cardenal, tres asistentes al juego que portaban camisetas de Nacional permanecen detenidos en la mañana de este miércoles en la URI de Puente Aranda, en Bogotá.En total, siete personas fueron detenidas por los hechos de violencia que empañaron la fiesta del fútbol que tras más de 480 días de sequía registraba el ingreso de hinchas al principal estadio de la capital.Tras labores de verificación, cuatro de los sospechosos puestos en libertad.La pelea inició luego que terminara el primer tiempo del compromiso. Algunos aficionados se agarraron en las tribunas y otros en la gramilla del escenario deportivo.Los hechos obligaron a las autoridades a tomar medidas urgentes para evitar nuevas agresiones, pues en videos que circulan en redes sociales se puede observar la sevicia que tuvieron algunos.“Para evitar nuevos enfrentamientos se concluye la evacuación de los hinchas de los dos equipos con un fuerte dispositivo de Policía”, dijo Gómez.Además, precisó que los capturados fueron identificados gracias a dispositivos electrónicos.“Se han capturado a 3 responsables de la violencia identificados en vídeos de seguridad”, precisó el secretario de Gobierno.Luis Ernesto Gómez indicó que se continúa con las labores de identificación de nuevos casos y los demás responsables de estos ataques que generan indignación en el país.Cabe resaltar que la alcaldesa Claudia López anunció que, luego de estos desmanes, se suspende el ingreso del público a los estadios y habrá una reunión con Dimayor y demás entidades del fútbol colombiano para aplicar “medidas más severas”.“Se suspende el ingreso de público a los estadios y se convoca mañana a las 10:00 de la mañana a Dimayor y demás miembros de mesa de seguridad en el fútbol para que se apliquen las más severas sanciones por los hechos inaceptables de hoy en el Campín”, precisó la alcaldesa.“Lo que han hecho unos hinchas desadaptados y violentos es inaceptable con Bogotá”, agregó la mandataria local, quien mostró su descontento y rechazó lo sucedido, pues la esperada vuelta del público se dio tras casi un año desde la pandemia por coronavirus y terminó con una jornada “inaceptable”.
Con una votación de 6 contra 3, la comisión de Acusación de la Cámara de Representantes archivó la investigación por la presunta financiación de Odebrecht a la campaña presidencial del expresidente Juan Manuel Santos en 2014 y el plebiscito de 2016.En esta sesión se aprobó un auto en el que se le pedía a esta comisión que se inhibiera de iniciar una acción disciplinaria o penal en contra del expresidente Santos por esta presunta financiación; en adición se pedía que el archivo de ese expediente.En ese documento, de autoría de los representantes Jhon Jairo Cárdenas del Partido de la U y Andrés Calle del Partido liberal, se señala que luego de una indagación preliminar, no existía elemento material probatorio que permitiera establecer un nexo causal entre Bernardo Miguel Elías y el ingreso de dineros de la multinacional Odebrecht y la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el año 2014, adicionalmente con la campaña del Plebiscito que se adelantó en el año 2016.Aunque la votación fue mayoritaria, algunos congresistas alegaron que no debía archivarse esta investigación puesto que no hubo una investigación exhaustiva, sin embargo finalmente con 6 votos contra 3 se presentó esta decisión.
Bogotá parece estar más fría de lo normal. Además de las lluvias, en los últimos días la sensación térmica es bastante baja. Por esta razón, Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, consultó a Daniel Useche, jefe de la oficina de pronóstico y alertas del Ideam.“La intensidad de los vientos es fundamental para tener una sensación térmica por debajo de lo que marca el termómetro. En estos días no hemos tenido temperaturas tan bajas, pero la intensidad del viendo, la escasa radiación solar y la abundante nubosidad ha favorecido la sensación de frío en el altiplano cundiboyacense”, dijo Useche.Además, agregó: “Es normal para la época del año. Durante el mes de agosto tienden a incrementarse los vientos alisios, sobre todo, en el altiplano cundiboyacense”.Según el funcionario, esta sensación climática se va a extender por todo agosto; sin embargo, se espera que haya menos lluvias en comparación con junio y julio.Useche también explicó el porqué en Bogotá antes de la llegada de esta época el clima parecía haber aumentado de temperatura. “El desarrollo industrial, el parque automotor, el crecimiento de la ciudad ha favorecido en una condición más cálida, en comparación con lo que sentían los habitantes hace 100 años”.Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:
La apelación del Comité Olímpico Colombiano al TAS en el caso Yuberjen Martínez, la polémica por los desmane en El Campin en el regreso del público al Estadio y otros temas de su interés en el siguiente audio:
Para evitar problemas de orden público en Barrancabermeja por el encuentro de fútbol entre Alianza Petrolera y Millonarios este 4 de agosto a las 7:00 de la noche, la Comisión Local de Seguridad, Convivencia y Comodidad en el Fútbol, ordenó un cierre de fronteras.Con esta medida, los hinchas de Millonarios no podrán ingresar a la ciudad y en las vías habrá puestos de control para evitar la entrada de los buses con los seguidores del equipo bogotano.Leonardo Gómez, secretario del Interior de Barrancabermeja, explicó que el cierre de fronteras busca prevenir alteraciones de orden público.“Habrá cierre de fronteras, las puertas del estadio se abrirán a las 5:00 de la tarde, el uso de tapabocas será obligatorio, se prohíbe el ingreso de alimentos, bebidas y vuvuzelas, no se permitirá el ingreso de menores de cinco años y se deberá cumplir con todas las medidas de bioseguridad”, indicó el secretario del Interior.A su vez en Barrancabermeja y en los alrededores del Estadio Daniel Villa Zapata, la Policía reforzará la seguridad.“Esperamos que las personas que ingresen al estadio tengan un buen comportamiento y mantengan el distanciamiento social”, expresó el alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach.El estadio tiene habilitado un aforo del 40% lo que corresponde a una capacidad de 4.000 personas.
