Más de 200 agentes de las fuerzas públicas han sido condenados con penas de hasta 28 años de prisión en Venezuela por violaciones a los derechos humanos, informó este miércoles el fiscal general, Tarek William Saab.Se han dictado condenas a "210 funcionarios policiales y militares, agentes del Estado, que lamentablemente cometieron violaciones a derechos humanos", dijo Saab al ofrecer un balance de las actuaciones del Ministerio Público desde agosto de 2017. En Venezuela la pena máxima de reclusión es de 30 años.Saab estimó que próximamente se conozcan nuevas sentencias contra agentes del Estado involucrados en violaciones de derechos humanos."Vendrán más condenas, pues hay acusaciones ya realizadas que pueden culminar en condenas", dijo a la AFP, al sostener que uno de los focos centrales de su despacho es la "atención a los derechos humanos".Hasta noviembre de 2021 han sido imputados "820 funcionarios de seguridad de Estado por presuntas vulneraciones a los derechos humanos y 40 particulares indiciados como colaboradores inmediatos de estos delincuentes", añadió.Además, 581 funcionarios de distintos organismos han sido "privados de libertad" también por esas presuntas violaciones.La mayoría de los condenados están vinculados con violaciones de derechos humanos cometidas durante protestas contra el gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro, desplegadas entre abril y julio de 2017, las cuales dejaron saldo de al menos 125 muertos.A propósito de estos hechos, la Corte Penal Internacional (CPI) inició una investigación contra Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad durante estas manifestaciones, según un memorando firmado en noviembre pasado en Caracas por el fiscal de ese organismo, Karim Khan, y el presidente Maduro.La CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), ya había emprendido un examen preliminar en 2018 por la acción de efectivos de seguridad en las protestas antigubernamentales de 2017.Le puede interesar: escuche el podcast El Camerino con Tito Puccetti:
La Agencia Jurídica del Estado aseguró que la decisión de la Corte Penal internacional de archivar las investigaciones por violaciones de derechos humanos, es un reconocimiento al sistema judicial colombiano, incluida la JEP, y llamó la atención de este último organismo a no “sembrar nubarrones” en la comunicación.La disputa entre el presidente Iván Duque, y el magistrado Eduardo Cifuentes, de la JEP, continúa luego de cocerse la decisión de la Corte Penal Internacional de archivar las investigaciones por presuntas violaciones de DD.HH. En su momento, el magistrado Cifuentes dijo que sobre este tema el Gobierno desconoce la Jurisdicción Especial de Paz.Precisamente en las últimas horas la tensión se agudizó por cuenta de la Agencia Jurídica del Estado, quien le envió esta carta a la JEP pidiéndole no insinuar que el presidente fue obligado a firmar el acuerdo de cooperación entre el Gobierno y la Corte Penal Internacional para trabajar de manera más estrecha, "el presidente firmó el acuerdo con la CPI de manera convencida, el día anterior revisamos el documento completo”, precisó Camilo Gómez, director de la agencia.Añadió que la investigación preliminar de la Corte contra Colombia se archivó gracias a un informe de la Agencia Jurídica donde explicó cómo funciona el sistema judicial colombiano, incluida la JEP.“Creo que aquí no se trata de ver quien ha hecho más o quien ha hecho menos, sino que se nota un Estado y un sistema de justicia andando, positivo", puntualizó.Sin embargo, para el magistrado de la JEP, Eduardo Cifuentes, la CPI archivó la investigación por otra razón, “la JEP es el único órgano de la justicia en Colombia que tiene competencias semejantes a la CPI, si no existiera esa capacidad en Colombia a través de la JEP, nunca se habría levantado esa investigación preliminar, son los logros de la JEP los que llevaron a levantar esa investigación".Sobre la carta, BLU Radio conoció que los dos juristas conversaron y dieron por superado el impase.Le puede interesar. Escuche las Noticias del día en Spotify:
La Corte Penal Internacional decidió concluir un examen preliminar contra Colombia por delitos cometidos durante el conflicto por miembros del Estado, la guerrilla y grupos paramilitares.Eliecer Arias, indígena Kankuamo y familiar de 3 víctimas de ejecuciones extrajudiciales aseguró que esta decisión es una lectura errada del contexto político y social que atraviesa el país.Desde el partido Comunes también reaccionaron a esta decisión, según el senador Julián Gallo, esto significa un respaldo a la justicia especial para la paz.“Por eso es muy importante que se anuncie que el Gobierno se ha comprometido a preservar lo creado en el acuerdo de paz en materia de justicia, pero también a garantizar su funcionamiento”, agregó Gallo.El consejero para la estabilización, Emilio Archila, afirmó que la decisión demuestra que en el país sí se están investigando y sancionando los crímenes ocurridos durante el conflicto armado: “no existen razones para investigar a Colombia en lo que respecta a paramilitarismo, delitos relativos a las fuerzas armadas, violencia sexual, desplazamiento forzado o falsos positivos”.Por último, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se pronunció por medio de su cuenta de Twitter asegurando que era una decisión equivocada.
El director del Servicio Informativo de BLU Radio, Ricardo Ospina, reveló en primicia que es inminente que la Corte Penal Internacional, CPI, archive la investigación preliminar que adelanta en el caso de Colombia, desde el año 2004, por violaciones a los derechos humanos.El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, CPI, Karim Khan, entregaría una declaración anunciando el tema en la Casa de Nariño, acompañado del presidente Duque, este jueves en horas de la mañana.El archivo de la investigación preliminar se daría con condiciones como el cumplimento efectivo de la justicia, la Justicia Especial de Paz, Justicia y Paz, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Es decir, si no hay una efectiva aplicación de justicia para los máximos responsables de los crímenes más graves por parte del sistema en Colombia, la Corte Penal Internacional podría reabrir el caso del país.Hace 17 años, la Corte Penal Internacional abrió el caso Colombia ante la avalancha de violaciones a los Derechos Humanos por parte de guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado, con un muy alto índice de impunidad para los máximos responsables.La investigación preliminar de la CPI sobre Colombia es la más antigua que hay en La Haya.Escuche la información en el audio adjunto:Le puede interesar. Escuche las Noticias del día en Spotify:
Según el fiscal de la Corte, el trabajo de la JEP es admirado internacionalmente y por eso es importante que el Gobierno mantenga su apoyo, “hay que apoyar a la JEP, el Gobierno y la sociedad civil, su contribución es positiva y se merece la confianza de los colombianos para que continúe sus acciones hacia la paz y la transparencia, admiro a la JEP”.Reiteró además el llamado para que esta jurisdicción continúe pese a las dificultades que ha tenido por su labor, “sabemos que sus esfuerzos llevan 4 años realizándose, ha sido una intervención difícil de parte de Colombia en los últimos años, ha sido difícil, es de admirar y es necesario continuar con este camino”, explicó.Finalmente, les pidió a los colombianos que crean en esta institución porque va encaminada a lograr su objetivo, que es luchar contra la impunidad, “a la gente de Colombia le digo que este es un viaje que continua y que está comenzando, que por favor crean en las estructuras que se están elaborando, la JEP llegará a la justicia y la verdad”, puntualizó.Por su parte, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, dijo que era importante el apoyo de la Corte Penal Internacional y que hoy se estaba enviando un mensaje contundente, “siempre las víctimas se han visto apoyadas por la CPI, que el Fiscal de la CPI y el presidente de la JEP les digan a nueve millones de víctimas que habrá justicia, es algo muy importante para las víctimas y eso lo estamos haciendo hoy en Colombia”.Por último, reiteró el llamado para que los que han cometido crímenes se sometan a la jurisdicción y cuenten la verdad, de lo contrario podrían resultar en la Corte Penal Internacional, “el mensaje a los perpetradores de los horrendos crímenes que ocurrieron en Colombia es que tienen esa oportunidad de contribuir a la justicia colombiana, de venir acá a la JEP a decir verdad, a asumir plena responsabilidad o de lo contrario algún día ante la Corte Penal Internacional”.Le puede interesar. Escuche las Noticias del día en Spotify:
BLU Radio conoció el Informe Colombia, presentado por el Estado en pleno ante la Corte Penal Internacional, el 26 de septiembre de 2021, con el que busca que ese tribunal archive la investigación preliminar que mantiene por violaciones a los Derechos Humanos en el país desde el año 2004.El documento dice que “el caso colombiano debe ser analizado bajo su propio contexto y diferente al de otro Estado”, entre otras cosas, argumentando que somos “la democracia más antigua del continente” y somos el país que desde hace años ha diseñado diferentes “mecanismos propios para lograr la paz tras 50 años de conflicto”.El informe tiene cuatro partes: el recuento histórico de la adhesión de Colombia al Estatuto de Roma; la creación de mecanismos de justicia transicional para investigar delitos que son competencia de la CPI, como Justicia y Paz y la JEP; los avances en las investigaciones que son de interés de la Corte Penal Internacional como “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, paramilitarismo, civiles no combatientes y financiación a grupos organizados al margen de la ley, delitos sexuales y violencia de género y desplazamiento forzado.Llama la atención la forma en la que el informe destaca mecanismos de justicia transicional para judicializar y buscar condena a responsables de crímenes internacionales cometidos en Colombia, como la JEP y la ley de Justicia y Paz y entrega una cifra reveladora: más de 76 mil miembros de grupos armados se han desmovilizado y entregado sus armas entre 2001 y 2021 en nuestro país.Sobre Justicia y Paz, marco jurídico para la desmovilización de paramilitares, el informe destaca que en 15 años de funcionamiento ha emitido 66 sentencias, condenas a más de 560 postulados y ha juzgado 10 mil hechos que involucran a más de 22.000 víctimas.Además, revela que, en las 66 sentencias, las indemnizaciones superaron los 230 millones de dólares.Sobre la JEP, el informe explica que se han abierto 7 macrocasos que vinculan a más de 9.812 comparecientes de las extintas Farc; más de 3.143 agentes del Estado miembros de la Fuerza Pública y 150 servidores del Estado no combatientes, teniendo acreditadas más de 321.900 víctimas.Estos son detalles del informe:Con corte al 28 de septiembre de 2020, la Fiscalía adelantó investigaciones de las muertes ilegitimas en combate, conocidas como falsos positivos, donde se vinculan algunos miembros de siete divisiones, 36 brigadas y 144 batallones del Ejército Nacional.En total, se registraron más 2.314 casos activos relacionados con los falsos positivos, 3.966 víctimas, 10.949 investigados y 1.749 personas condenadas.Para octubre del mismo año, la Fiscalía reportó que ascendieron a 2.683 los procesos contra terceros. A estos, se ha vinculado a 5.934 personas, entre civiles y agentes del Estado. 1.329 se encuentran activos, según el informe. Además, 1.325 están en etapa de investigación y cuatro en etapa de juicio.Actualmente, la JEP investiga 27 solicitudes de civiles y agentes del Estado no combatientes financiadores de grupos paramilitares o guerrilleros.Sobre delitos sexuales y violencia de género, la Fiscalía investiga 3.499 hechos, respecto de 4.211 víctimas registradas.De las 66 sentencias proferidas en contra de paramilitares, 21 están relacionadas con delitos de violencia sexual.Con respecto al desplazamiento forzado, el informe indica que entre el 2004 y 2020, se registraron un total de 11.771 procesos, de estos, 1.749 se encuentran en etapa de instrucción; 83 en etapa de investigación y hay 530 sentencias.Además, la Fiscalía está investigando 67.840 hechos atribuidos a grupos paramilitares.Hasta el 28 de julio de 2021, han sido acreditadas 274 víctimas, de las cuales el 49 % son de niños y niñas reclutadas, el 51 % corresponde a sus familiares.El informe detalló, además, la hipótesis de investigación, donde las Farc-EP, cumpliendo su estrategia como organización armada, “definieron, promovieron, ejecutaron o permitieron el reclutamiento de niñas y niños” en el conflicto armado del país.Investigaciones y casos del EjércitoA 30 de septiembre de 2020, la Fiscalía tenía en curso 78 casos que involucran a 544 personas, entre los que están altos mandos del Ejército, incluyendo tres coroneles, 12 mayores, seis capitanes, 37 tenientes, 36 sargentos, 30 cabos, 412 soldados; los ocho restantes son miembros de autodefensas o civiles.Estos son algunos de los departamentos donde hay investigación por casos de algunas divisiones del Ejército involucradas en casos de falsos positivos durante los últimos años:Magdalena, Norte de Santander, Casanare, Meta, Vichada, Antioquia, Córdoba y Huila. Escuche todos los detalles en Meridiano BLU: Le puede interesar: escuche y siga La Intérprete, en Spotify
Por medio de una carta de cerca de cinco páginas, Human Rights Watch dio su concepto a la fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre el por qué deben agilizarse los exámenes preliminares sobre crímenes cometidos en territorio colombiano.En la misiva con fecha del 30 de septiembre, HRW, que durante años ha seguido de cerca la evolución de la violencia en Colombia y los esfuerzos que hace la justicia transicional para dar respuesta a las víctimas, asegura que, “cerrar el examen preliminar, en deferencia de las investigaciones nacionales, resultaría prematuro y contraproducente para los afectados”.En ese sentido, HRW también insta a la fiscalía de la Corte Penal Internacional a que mantenga el examen preliminar abierto e intensifique sus esfuerzos para interactuar con las autoridades nacionales, las asociaciones de víctimas, sus representantes y otras organizaciones de la sociedad civil, todo con el objetivo de asegurar que existan procesos genuinos.La oenegé destaca el trabajo realizado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) frente a varios de los puntos priorizados por los magistrados de la corte en el último informe anual de 2020. Resultados en los que se interpreta la responsabilidad de mando de algunos casos.Cita como ejemplo la imputación de 26 personas, incluidos un exgeneral y varios coroneles, por casos de falsos positivos, y de ocho exaltos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por toma de rehenes y otros delitos conexos.Avances que, según la oenegé, no se evidencian en las autoridades judiciales colombianas con respecto a otros delitos, incluidos los delitos sexuales, de género y los procesos relacionados con la promoción y expansión de grupos paramilitares.Tras este análisis, en la carta se mencionan personajes de la vida política colombiana y propuestas que podrían afectar el desarrollo del trabajo de la justicia.“El expresidente Álvaro Uribe, mentor del presidente Iván Duque y líder del partido de Gobierno, ha propuesto recientemente una “amnistía” y “casi que un borrón y cuenta nueva”, una idea que recibió el apoyo parcial del dirigente opositor Gustavo Petro, quien lidera las encuestas para la elección presidencial de mayo de 2022. Posteriormente, Uribe propuso reformar la JEP y reducir las penas de prisión para los soldados”.HRW dice que las propuestas que planteó el expresidente Uribe forman parte, “de un patrón de acciones impulsadas por el partido gobernante, el Centro Democrático, para obstaculizar los avances de la JEP”.En la carta de respuesta a la fiscalía de la Corte Penal Internacional, HRW dice que no cederán en sus esfuerzos para lograr que los Estados parte se ocupen, con carácter urgente, de proveer los recursos necesarios para que la Fiscalía pueda implementar su mandato en forma independiente, robusta y cada vez más eficaz en todas las situaciones.Le puede interesar: escuche y siga La Intérprete, en Spotify
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles 13 de octubre que detrás de la muerte de los niños en Tibú hay realmente toda una operación financiera y política para aprovecharse de los migrantes venezolanos, que terminó, según ella, con el asesinato de los dos menores, así como de otros 3.000 venezolanos migrantes en los últimos 6 años.Incluso, Rodríguez sostuvo que uno de los responsables es el propio presidente Iván Duque y que por eso llevarán el caso ante la Corte Penal Internacional.“Informa al país y a la comunidad internacional, que Venezuela llevará a Iván Duque, ante la Corte Penal Internacional por el delito de exterminio y persecución, contemplado en el artículo 71H del estatuto de Roma (…) por la persecución y el asesinato a nuestros migrantes, que se ha convertido en una política sistemática y masiva contra nuestros connacionales”, dijo.La vicepresidenta venezolana además acusó a Juan Guaidó y a toda la oposición que dirige por impulsar esa estigmatización contra los migrantes, esto en complicidad con el Gobierno colombiano.“El delito de xenofobia, de persecución y exterminio, contra los migrantes venezolanos, que fue promovido por el extremismo político venezolano, cuando pidieron sanciones contra el país y dijeron que el sufrimiento económico y social del pueblo de Venezuela era el costo que debía pagarse para que ellos accedieran al poder”, afirmó.El Gobierno de Maduro además confirmó que ya se comunicaron con la oficina de la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, y con el alto comisionado para los refugiados, Filipo Grandi, para que ambos investiguen y actúen este caso de los niños asesinados en Tibú.Le puede interesar. Escuche las Noticias del Día en Spotify:
La carta fue enviada por Víctor Mosquera, abogado de Álvaro Uribe, al fiscal de la Corte Penal Internacional, en la que le pide obtener información fiable e imparcial de cualquier fuente y que no sea utilizada con fines políticos o ideológicos frente a denuncias y declaraciones de Iván Cepeda Castro.En la misiva, la defensa del expresidente Uribe le pide a la Corte revisar las versiones del senador Iván Cepeda, ya que, según ellos, tienen por finalidad instrumentalizar a la CPI para cumplir con los propósitos de su agenda política en Colombia: intentar desprestigiar y atacar al expresidente.En otra parte, se lee que la información entregada por Cepeda no es fidedigna, pues los abogados de Uribe dicen que el senador ha sido relacionado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y sus líderes a lo largo de su vida, incluso, menciona su cercanía con Raúl Reyes: "Es de público conocimiento que el nombre de Iván Cepeda aparecía en numerosos archivos informáticos encontrados en el computador del exjefe guerrillero Raúl Reyes, archivos en los cuales los miembros de la guerrilla se referían al señor Cepeda como ‘Don Iván’ o ‘compañero’".De igual manera, señala que desde hace quince años el senador Cepeda se ha caracterizado por utilizar el poder judicial, aprovechándose de su posición política, para desplegar una serie de acciones de desprestigio en contra del expresidente. “Así, desde el año 2003, durante los primeros años de mandato del expresidente Uribe, el señor Cepeda se unió a las filas de la oposición e inició una serie de cuestionamientos frente a la gestión del entonces presidente, además de sus falsas acusaciones de los supuestos nexos de Álvaro Uribe con actividades paramilitares", puntualiza el texto.El documento también menciona el denominado Caso Uribe en la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente dice que “se conocieron nuevas pruebas que evidenciaban que Iván Cepeda habría visitado más de 20 veces al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y le habría ofrecido beneficios a cambio de obtener sus declaraciones en contra del expresidente Uribe”.La carta concluye que no solo fueron ampliamente conocidos en el país los ofrecimientos que hizo Cepeda al exparamilitar Monsalve, sino que en el proceso judicial Cepeda realizó consignaciones de millonarias sumas de dinero a la madre, la hermana y el hijo de Monsalve. Incluso, después de esto se tuvo conocimiento de que la madre de Juan Guillermo Monsalve, quien no contaba con los recursos económicos para ello, había adquirido un predio avaluado en $400 millones.Siga y escuche la Intérprete en Spotify:
En días recientes se conoció un informe por parte de la CPI en el que se reconocían las prácticas realizadas en Venezuela como delitos de lesa humanidad.Zair Mundaray habló en Mañanas BLU sobre la denuncia y las pruebas que se le entregaron a la Corte Penal Internacional en el año 2017, que llevaron a la exfiscal de este ente, Fatou Bensouda para la entrega de este informe.Las pruebas reunidas por Zair, fueron agrupadas en el caso “Venezuela 1”, siendo uno de los diferentes casos que ha recibido la Corte sobre el país latinoamericano.Estas son evidencia de delitos como 131 homicidios de manifestantes, en su mayoría estudiantes.También de 505 ejecuciones extrajudiciales realizadas por cuerpos de seguridad adscritos a Nicolás Maduro, la operación se denominó “liberación del pueblo”.Además de diferentes casos de tortura, abuso sexual y diferentes atentados contra la humanidad de los detenidos, como lo señaló el informe de la CPI.Dicho informe no señala de forma directa los responsables o el responsable directo de estos actos, pero Zair aclara que, en las denuncias presentadas, Nicolás Maduro la cabeza y el partidario para que los crímenes se llevaran a cabo.Con todas las pruebas presentadas, la pregunta que se hace la comunidad internacional es qué falta o qué se necesita para que se investigue y se abra un proceso correspondiente contra el presidente de Venezuela.El exfiscal exilado en Colombia, expresó que es necesario que el fiscal actual de la CPI, el británico Karim Khan dicte el inicio de la investigación penal.Allí debe indicar los crímenes por los cuales se inicia y el periodo que se investiga y en el cual se cometieron. Por lo que Zair espera que antes de que acabe el 2021, se pueda conocer la noticia de esta investigación.Además de los crímenes, también es importante que se revise el ejercicio judicial en Venezuela, ya que muchos de los actos y sus responsables no son juzgados ni señalados como se debería.
En la noche de este miércoles, 19 de enero, se registró un atentado con carro bomba en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca. El hecho se presentó al frente de la sede de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.La explosión se registró justo en medio de la fuerte militarización en la zona y a escasos metros del cordón de seguridad establecido por la Policía Nacional en el centro de la población.A través de redes sociales habitantes de ese municipio reportaron ráfagas de fusil por lo que se presume que hay fuertes combates en la zona.Hasta el momento se desconoce la magnitud del atentado y si este dejó personas muertas o heridas.Escuche la información en el audio adjunto:
Este miércoles en Blu 4.0, con transmisión de Facebook live, estuvieron Freddy Castro, director de Banca de Oportunidades, y Daniel González, country manager de ‘Resuelve tu Deuda Colombia’, quienes hablaron sobre cómo los colombianos manejan las finanzas.“Nosotros atacamos un problema financiero que es el sobreendeudamiento (...) ponemos sobre la mesa es que de la deuda se puede salir con sus propios recursos”, comentó González.Entretanto, Jair Fajardo, director de la Aeronáutica Civil, contó cuál es la relación entre la red 5G y el funcionamiento de los vuelos.“Este tipo de comunicaciones en 5G podrían llegar a afectar la biónica de los aviones”, detalló.Por su parte, la arquitecta Liliana Becerra contó detalles de la aplicación que desarrolló para que las personas puedan consultar y conocer más sobre Feng Shui."La gente cada vez más está queriendo bienestar y esto del Feng Shui lo ofrece todo”, enfatizó.Escuche el programa completo de Blu 4.0:
Una nueva edición de la Cumbre de la Alianza del Pacífico será este 25 y 26 de enero en Bahía Málaga, Buenaventura y según conoció BLU Radio está confirmada la asistencia de los presidentes de Chile, Sebastián Piñera; México, Andrés Manuel López Obrador y Perú, Pedro Castillo con sus respectivas delegaciones.También asistirá el presidente Guillermo Lasso, de Ecuador, que negocia su integración al bloque y Singapur, país con el que se firmará el acuerdo de libre comercio, este último asistirá de manera virtual para cerrar el trato.Pero este no será el único evento de carácter regional en el mes de enero, al día siguiente de esta Cumbre de la Alianza del Pacífico, el 27 de enero se desarrollará en Cartagena un encuentro de los países que integran Prosur: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú. Cabe recordar que, tras el cambio de poder en Bolivia, con la salida de Jeanine Añez, este se limitó a la condición de país observador y Uruguay, a la de simple invitado.Por último, el 28 de enero, Barranquilla será sede del encuentro de los países que integran la Comunidad del Caribe (Caricom).
La colombiana Camila Osorio se despidió en su debut, primera ronda, en dobles femenino del Australian Open, el primer Gran Slam que se disputa en el 2022.La cucuteña salió a la cancha con la francesa Clara Burel para medirse frente a la canadiense Gabriela Dabrowski y la mexicana Giuliana Olmos. Sin embargo, el resultado no la favoreció.Con dos sets 6-2 y 6-3 terminó el camino de la joven tenista de 22 años, quien venía de perder el domingo, 16 de enero, ante la japonesa Naomi Osaka en la modalidad de sencillos con parciales 6-3 y 6-3.Pese a la eliminación en dobles, Camila Osorio todavía tiene la opción de conseguir una victoria. Será este jueves en la modalidad de dobles mixtos con Juan Sebastián Cabal. Los colombianos se enfrentarán a los australianos Arina Rodiónova y Marc Polmans. Le puede interesar: Entérese de los hechos deportivos más importantes del momento:
La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de convocados para la doble fecha de Eliminatorias para el Mundial de Catar frente Perú y Argentina.La convocatoria tuvo varias sorpresas, entre ellas la ausencia de Duván Zapata, Jhon Córdoba y Yairo Moreno.El portal TransferMarkt dio a conocer el top 10 de los jugadores más valiosos de la convocatoria, la cual es liderada por el extremo del Porto F.C. Luis Díaz, que fue valorado en 40 millones de euros.En segundo lugar, se encuentra el central del Tottenham Davinson Sánchez, con un valor de 30 millones.El podio lo completa Luis Muriel de Atalanta, con un precio de 22 millones.Yerry Mina y Wilmar Barrios comparten el cuarto lugar con un valor de mercado de 20 millones.La lista la completan Rafael Santos Borré (17 millones), Matheus Uribe (16M), James Rodríguez y Jefferson Lerma (15M) y por último Alfredo Morelos (13M).Una de las sorpresas que reveló el portal es la devaluación de James, que tras llegar a la ligar de Catar con un precio aproximado de 28 millones, en menos de cinco meses ha bajado su cotización a casi la mitad, pues no ha tenido continuidad y su nivel no lo ayuda a mantener el valor.Por otra parte, el portal también dio a conocer las ausencias más valiosas, liderada por Duván Zapata con un valor de 33 millones.Escucha y sigue el podcast de El Consultorio:
