El Gobierno colombiano retiró la candidatura de Carolina Olarte-Bácares con la cual buscaba convertirse en juez de Corte Penal Internacional.La jurista le aclaró a Blu Radio que desconoce las razones por las cuales el Gobierno De La Espriella tomó la decisión. Además, explicó que se enteró porque un representante de otro estado le informó sobre esta decisión.Olarte-Bácares estaba en La Haya haciendo “cabildeo” por la candidatura cuando recibió la llamada.Es importante recordar que Colombia no ha tenido magistrados en la CPI. Y aunque esta postulación se dio durante el Gobierno Petro la jurista explicó que era una “candidatura de Estado”."Esta candidatura representa una oportunidad para Colombia de reiterar su compromiso con la Corte y reafirmar el respaldo a su independencia y a la independencia de sus funcionarios”, dijo en su momento la excanciller Rosa Villavicencio.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, envió una carta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para solicitar respaldo a la independencia, autonomía y funcionamiento de la JEP.La misiva, con fecha del 18 de septiembre de 2026, advierte sobre dos iniciativas que actualmente cursan en el Congreso y que, según la Jurisdicción, podrían afectar sus capacidades institucionales.La primera propuesta, presentada por el senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, contempla trasladar 100.000 millones de pesos del presupuesto de funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura.Mientras que la segunda, liderada por el Centro Democrático y el senador Juan Fernando Caicedo, plantea una reforma constitucional para establecer una revisión judicial automática, a cargo de la Justicia Penal Militar, de las sentencias de la JEP contra integrantes de la Fuerza Pública.Frente al eventual recorte presupuestal, Ramelli señala que este tendría un impacto sobre los recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios y equivaldría, según la carta, a cerca del 62 % de los recursos previstos para ese concepto en el proyecto de presupuesto.La JEP también advierte que ya tiene una desfinanciación acumulada de 84.663 millones de pesos. Según el documento, un nuevo recorte comprometería, entre otros aspectos, los recursos destinados al sistema de protección de víctimas, testigos, intervinientes y funcionarios judiciales.En particular, Ramelli señala que están previstos 62.478 millones de pesos para convenios con la Unidad Nacional de Protección y otros 29.362 millones para el funcionamiento de sus sedes, incluidos arriendos, servicios públicos y mantenimiento.La carta también advierte sobre una posible afectación de más del 40 % de los recursos destinados al centro de datos y a la interoperabilidad del sistema judicial, aspectos relacionados con la seguridad de la información y la operación digital de los procesos de la JEP.Sobre la segunda iniciativa, Ramelli sostiene que una revisión automática de las sentencias de la JEP por parte de la Justicia Penal Militar modificaría la estructura y las competencias del esquema judicial establecido en el Acuerdo Final de Paz y, según la Jurisdicción, afectaría su autonomía e independencia.En ese contexto, el presidente de la JEP pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tomar nota de la situación, valorar sus implicaciones frente al Acuerdo de Cooperación firmado entre Colombia y esa instancia en 2021 y reforzar las líneas de comunicación con el Gobierno y la Jurisdicción.
La posibilidad de que Colombia se retire de la Corte Penal Internacional (CPI) abriría un debate sobre la manera en que el país enfrentaría la violencia y el crimen organizado, de acuerdo con Luis Moreno Ocampo, quien fue el primer fiscal de ese tribunal.En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Moreno Ocampo se refirió al rumor sobre una eventual intención del Gobierno de Abelardo De La Espriella de retirar a Colombia de la CPI, en medio de la campaña del Gobierno de Donald Trump contra este organismo internacional.El exfiscal comenzó por señalar que Colombia, como Estado soberano, tendría derecho a tomar esa decisión. Sin embargo, manifestó que, en su opinión, la CPI ha tenido un papel importante para el país.“Personalmente yo creo que la Corte Penal Internacional ayudó un montón a Colombia a manejar la violencia”, afirmó Moreno Ocampo.El debate que enfrentaría ColombiaPara el exfiscal, la discusión sobre una eventual salida de Colombia de la CPI va más allá de la permanencia o no del país en el tribunal.Moreno Ocampo planteó que el asunto central está relacionado con la forma en que Colombia enfrentará el crimen organizado en el futuro.“Es cómo Colombia enfrenta el crimen organizado, si lo hace con militares o con justicia”, sostuvo.Según explicó, ese es un problema que considera especialmente relevante debido a la política impulsada actualmente por el Gobierno de Estados Unidos frente a los narcotraficantes.“El gobierno de Trump actual quiere que los narcotraficantes sean enemigos, a los que se puede matar”, afirmó el exfiscal.Moreno Ocampo agregó que esa situación tendría una implicación directa para Colombia al considerar que las acciones contra esos grupos podrían desarrollarse dentro del territorio nacional.“Por eso los van a matar dentro de Colombia. Así que es un problema muy serio”, señaló.¿Qué está en juego con la CPI?Moreno Ocampo explicó que el debate sobre la Corte Penal Internacional forma parte de una discusión más amplia sobre cómo los países manejan sus conflictos.Según el exfiscal, existen dos caminos: recurrir a la guerra y al uso de la fuerza para enfrentar los conflictos, o acudir a la justicia mediante investigaciones y procesos penales.“Es el debate guerra-justicia, es el debate real”, afirmó.En ese sentido, consideró que la CPI puede sobrevivir a la presión que actualmente enfrenta, teniendo en cuenta que son 126 países los que hacen parte del tribunal, según indicó durante la entrevista.Moreno Ocampo también sostuvo que la Corte Penal Internacional tiene una particularidad frente a otras instituciones internacionales: a su juicio, es la única institución global que puede actuar de manera imparcial.“La Corte Penal Internacional es la única institución global imparcial. No hay otra”, aseguró.El exfiscal explicó que esta característica genera tensiones con países grandes que buscan utilizar su poder militar para manejar conflictos, y mencionó específicamente a Estados Unidos y Rusia.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La ofensiva del Gobierno de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) podría tener repercusiones más allá de ese país y alcanzar a naciones como Colombia, que históricamente han mantenido una relación con este tribunal. Así lo explicó el abogado Raúl Eduardo Sánchez, litigante admitido ante la CPI y profesor de la Universidad del Rosario, quien advirtió que el debilitamiento de esta instancia tendría implicaciones para la justicia internacional.En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el experto hizo un repaso de la relación entre Washington y la Corte Penal Internacional, al tiempo que explicó por qué la situación también resulta relevante para Colombia y otros países de la región.¿Por qué Estados Unidos busca debilitar la Corte Penal Internacional?Según Sánchez, la posición de Estados Unidos frente a la CPI no es nueva. Recordó que el país firmó el Estatuto de Roma durante el gobierno de Bill Clinton, pero nunca lo ratificó, y posteriormente la administración de George W. Bush retiró incluso ese respaldo inicial.El abogado señaló que uno de los principales motivos de la oposición estadounidense ha sido evitar que sus ciudadanos puedan ser investigados por presuntos crímenes internacionales.Explicó que esa tensión aumentó cuando la entonces fiscal de la CPI abrió investigaciones sobre posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán, en las que podían aparecer involucrados ciudadanos estadounidenses.A ello se sumaron investigaciones relacionadas con actuaciones del Reino Unido en Irak, lo que, según el experto, incrementó el rechazo de algunos gobiernos hacia el tribunal.¿Cómo impacta esta situación a Colombia?Sánchez recordó que Colombia mantiene una relación histórica con la Corte Penal Internacional y que incluso suscribió acuerdos con Estados Unidos mediante los cuales militares estadounidenses quedaron protegidos frente a eventuales investigaciones del tribunal.El jurista explicó que esos acuerdos establecen que los soldados estadounidenses no pueden ser entregados ni investigados por la CPI a través de los Estados firmantes, lo que calificó como mecanismos de inmunidad.Por esa razón, considera que cualquier intento por debilitar el funcionamiento de la Corte tiene repercusiones para países que hacen parte del Estatuto de Roma, entre ellos Colombia.¿Qué ocurre si un país abandona la Corte Penal Internacional?Uno de los temas abordados durante la entrevista fue la posibilidad de que un Estado decida retirarse del Estatuto de Roma, como se ha planteado en medio de la discusión sobre Venezuela.Frente a ello, Sánchez aclaró que abandonar la Corte no significa que desaparezcan automáticamente las investigaciones en curso."Aunque se retire cualquier Estado de la Corte Penal Internacional, la competencia y la jurisdicción se mantienen vigentes hasta el día de su retiro", explicó.En ese sentido, sostuvo que los procesos abiertos contra funcionarios o autoridades por hechos ocurridos mientras el país pertenecía al tratado continúan su curso.¿Qué pasa con Venezuela?El abogado recordó que Venezuela enfrenta una investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con hechos ocurridos desde 2014.Precisó que ese proceso se originó tras una remisión presentada en 2018 por varios países, entre ellos Colombia, Argentina, Canadá, Paraguay, Perú y Uruguay.Por ello, explicó que incluso si Venezuela decidiera retirarse del Estatuto de Roma, la investigación seguiría adelante respecto de los hechos ocurridos mientras el país hacía parte del sistema.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) destituyó este viernes al fiscal Karim Khan por presunta conducta sexual indebida, en una decisión sin precedentes para el tribunal encargado de juzgar los crímenes internacionales más graves.La destitución fue aprobada por 82 votos a favor, 13 en contra y 15 abstenciones, superando con holgura la mayoría absoluta de 63 votos requerida para cesar al fiscal, confirmaron a EFE fuentes diplomáticas.Khan, abogado británico de origen pakistaní que asumió la Fiscalía de la CPI en 2021 con un mandato de nueve años, había rechazado las acusaciones de conducta "inapropiada, no deseada o abusiva" formuladas por una antigua colaboradora.Asimismo, Khan había sostenido que existe una campaña para apartarlo del puesto tras solicitar en mayo de 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant.El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, celebró la destitución de Khan y afirmó en la red social X que "el fiscal pensó que su cacería de brujas política contra Israel y sus escandalosas órdenes de arresto distraerían de las graves acusaciones de conducta sexual indebida, pero se equivocó".La salida de Khan no supone el cierre automático de las investigaciones en curso de la Fiscalía, incluida la relativa a la situación en Palestina, que continuará su trámite conforme a los procedimientos de la Corte.La convocatoria de hoy respondió a la recomendación formulada el pasado junio por la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes, órgano ejecutivo de la CPI, que propuso destituir a Khan y dispuso su suspensión mientras el conjunto de los países decidía si había incurrido en una conducta incompatible con el cargo.El procedimiento disciplinario se inició tras una investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas (OIOS) sobre las acusaciones formuladas por una antigua colaboradora de Khan, quien denunció haber sufrido contactos sexuales no consentidos entre marzo de 2023 y abril de 2024 durante viajes oficiales y en dependencias vinculadas a la Fiscalía.La presidenta de la Asamblea de los Estados Partes, la diplomática finlandesa Päivi Kaukoranta, había pedido al abrir la reunión que el proceso se desarrollara respetando "la privacidad de la persona y de la Corte como institución".
El Gobierno de Venezuela anunció este viernes su decisión "firme e irrevocable" de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), por considerar que ese organismo responde a un "sesgo" que ha concentrado su labor de manera "desproporcionada" en países africanos y latinoamericanos."Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía", señaló el canciller venezolano, Félix Plasencia, en un comunicado publicado en X.Además, dijo que por órdenes de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se comunicó de esta decisión al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.Plasencia sostuvo que el "sesgo" de la CPI no es una simple coincidencia procesal, "sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger"."Por eso rechazamos esta dimensión de lawfare, que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir", agregó.Asimismo, el canciller reiteró el compromiso de Venezuela con una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos".En diciembre pasado, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad una ley que deroga la adhesión del país al Estatuto de Roma con el fin, según dijo el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, de "denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje" de la CPI.La norma fue sancionada por el Parlamento después de que la Fiscalía de la CPI anunciara, el pasado 1 de diciembre, el cierre de su oficina técnica en Caracas, al advertir una falta de "progreso real" con Venezuela en materia de "complementariedad", principio que exige al país investigar seriamente los crímenes de los que se les acusa antes de que intervenga este tribunal.Rodríguez afirmó entonces que esta institución "debería servir para proteger a los pueblos y solo sirve para los designios del imperialismo norteamericano".Al comunicar el cierre de su oficina en Caracas, la Fiscalía de la CPI dejó claro que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país "permanece activa" y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países.El entonces Gobierno de Nicolás Maduro, hoy preso en EE.UU., intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
El exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, advirtió sobre los retos que enfrenta la justicia transicional en el país, a propósito de la próxima apertura de una oficina de la Corte Penal Internacional en Colombia, prevista para el 1º de mayo.Según Martínez, esta decisión resulta llamativa, teniendo en cuenta que durante años se aseguró que la Jurisdicción Especial para la Paz era un modelo exitoso de justicia, incluso después de que el fiscal del alto tribunal, Karim Khan, cerrara el examen preliminar que durante 17 años se adelantó sobre el país.Para el exfiscal, la presencia de la Corte podría interpretarse como una señal de alerta frente a posibles riesgos de impunidad en los casos relacionados con el conflicto armado.Martínez señala que uno de los principales problemas es el tiempo: la JEP tiene un plazo máximo de diez años para investigar y presentar acusaciones por crímenes de guerra y de lesa humanidad, período que se vence en dos años.A la fecha, los avances han sido limitados, porque “de los once macrocasos que abrió tardíamente, solamente ha hecho 4 imputaciones parciales en 2 de ellos, aparte de que nada relevante se ha avanzado respecto de los 540 terceros que se sometieron voluntariamente a su jurisdicción”.Martínez, en su columna dominical, recordó que hay impunidad sobre varios de los estudios contenidos en los 17 informes que personalmente entregó como fiscal general a la presidenta de la JEP de entonces, Patricia Linares, “relativos a 223.000 casos con 280.000 indiciados y 197.000 víctimas involucradas, entre ellos los de los vínculos entre las Farc y agentes del Estado y los mecanismos de financiación” de ese grupo armado.El exfiscal enfatiza que, si no se logran resultados antes de que venza el plazo, la Corte Penal Internacional podría asumir directamente los casos, lo que, dice, sería un golpe grave para la justicia colombiana.En su columna dominical, también hace un llamado a buscar acuerdos que permitan fortalecer y ajustar el funcionamiento de la JEP, con el fin de evitar la impunidad y garantizar justicia para las víctimas del conflicto.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las cifras que se han conocido en los últimos días, según las cuales al menos 20 menores de edad han sido asesinados en Cauca luego de ser reclutados por grupos armados ilegales. El mandatario anunció que va a pedir la intervención de la Corte Penal Internacional en Colombia para procesar a los cabecillas de grupos armados responsables de estos crímenes.“El reclutamiento y asesinato sistemático de menores de edad es un crimen contra la humanidad en cualquier lugar del mundo donde se realice”, escribió.“Si hemos pedido a la Corte Penal Internacional que se juzguen genocidas que han bombardeado niños, lo mismo hay que hacerlo si sucede en Colombia. Facultado por el Estatuto de Roma, pediré procesamiento penal internacional a los cabecillas de grupos armados responsables de la ejecución sistemática de menores de edad”, concluyó.Según el gobernador del departamento de Cauca, Octavio Guzmán, al menos 20 niños reclutados por grupos al margen de la ley fueron asesinados, y 73 fueron rescatados durante este año. Ante esto, el presidente colombiano no se había pronunciado hasta ahora, cuando anunció la petición que hará a la CPI.No es la primera vez que el presidente Gustavo Petro sugiere acudir a la justicia internacional. En noviembre de este año, cuando un juzgado de Antioquia decidió absolver a Santiago Uribe en el caso de los 12 Apóstoles, el mandatario cuestionó la decisión y aseguró, también en su cuenta de X: “Las normas del mundo hablan de que, si la justicia de un país no es capaz de juzgar a los criminales contra la humanidad, lo hace un tribunal internacional”.
En la mañana de este martes 4 de junio, el movimiento conocido como “congreso de los pueblos” bloqueó el acceso a las instalaciones del edificio Bancol en el centro de Bogotá, para manifestarse en contra del Ministerio del Interior, alegando un incumplimiento de las promesas y por la arremetida del paramilitarismo en el país.Concretamente, estas personas le piden al Gobierno Nacional que mediante un decreto conforme una mesa nacional de carácter permanente, porque la situación de crisis y emergencia humanitaria por la arremetida del paramilitarismo es de alcance nacional.En total son 6 puntos en el pliego de peticiones, y uno de ellos tiene que ver con que el presidente Gustavo Petro debe pedirle al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que reabra el examen preliminar sobre la situación humanitaria en el país.Estas personas ya instalaron carpas en la carrera 8 con calle 12, en pleno corazón de la capital del país, y aseguran que estarán allí hasta que el Gobierno les preste atención “podrían pasar incluso días”, aseguró uno de los líderes.Pero no solo fue el edificio Bancol en el centro de Bogotá el epicentro de estas manifestaciones, pues a la sede de la Nunciatura Apostólica también ingresaron aparentemente sin autorización un grupo de por lo menos 20 personas, hace presencia en el lugar la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), como medida preventiva si se presentan alteraciones del orden público durante la jornada.Por último, en diálogo con Blu Radio, uno de los líderes de esta manifestación aseguró que ni el Gobierno ni el Ministerio del Interior han prestado atención a estas peticiones.
Venezuela representa un "ejemplo de gran corrupción", afirmó este martes Transparencia Internacional (TI), en cuyo informe anual sobre 2023 este país aparece, por décimo año consecutivo, como el más corrupto de las Américas.Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en el sector público, con una escala desde cero (muy corrupto) hasta 100 (muy baja corrupción), Venezuela obtuvo 13 puntos, cinco menos respecto a 2018, con los que se ubica en el puesto más bajo de la lista de países americanos.Venezuela y Haití fueron percibidas como las naciones más corruptas de las Américas en 2014 y 2015, y a partir de 2016 el país petrolero ha superado al insular.TI señaló que en Venezuela "miles de millones de dólares de dinero público han sido malversados sistemáticamente, beneficiando a unos pocos individuos poderosos y exacerbando la pobreza y la desigualdad".La organización indicó también que, en el país, los "grandes esquemas de corrupción van de la mano con la captura de los sistemas legislativo, regulatorio y judicial por parte de funcionarios de alto nivel para generar poder y evadir el castigo".En esta nación sudamericana, prosigue el escrito, el "pago de sobornos y la cooptación de jueces y fiscales en todos los niveles del sistema de justicia se ha convertido en uno de los principales mecanismos utilizados por las redes delictivas para asegurar la continuidad de sus actividades ilícitas, así como su impunidad"."Algunos jueces y fiscales venezolanos, además de formar parte de estas redes, también están siendo investigados por la Corte Penal Internacional por su intervención, actuación u omisión en abusos, torturas y otros crímenes de lesa humanidad", aseguró TI.El año pasado, en el mundo, Venezuela y Siria, también con 13 puntos, ocuparon, después de Somalia (11), las "posiciones inferiores en el índice", que clasifica a 180 naciones y territorios.Según el 'Corruptómetro' de la ONG Transparencia Venezuela, elaborado a partir de causas e investigaciones de organismos oficiales dentro y fuera del país, la corrupción ha comprometido, al menos, 64.601 millones de dólares.En marzo del año pasado, las autoridades pusieron en marcha una operación anticorrupción que se paralizó abruptamente dos meses después sin explicaciones por parte de la Fiscalía y el Gobierno, que mantuvieron silencio sobre aspectos clave del proceso, según dijeron expertos a EFE.El exministro de Petróleo Tareck El Aissami, quien renunció a su cargo para colaborar con las investigaciones, fue el pez más gordo que cayó en esta operación, pero desde entonces no se conoce su paradero ni el alcance de su responsabilidad en los hechos.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
Alrededor de la medianoche aterrizó en Cali el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para liderar la puesta en marcha del primer bloque de seguridad urbana del país. Se trata de la opeación 'Iron', en la que más de 1.200 hombres de la Fuerza Pública se desplegaron por el centro y el oriente de la ciudad. La operación inició en la madrugada de este jueves y sigue activa en toda la ciudad, enfocándose principalmente en los barrios Calvario, San Pascual y Sucre en el centro de Cali, los cuales históricamente han sido afectados por problemáticas de microtráfico."Acaba de empezar el operativo más importante en la historia de esta ciudad, de Cali, más de 1.200 hombres, vamos a recuperar el centro de Cali que está tomado por las ollas que venden droga con la que se envenenan a nuestros niños y jóvenes, por los extorsionistas que acaban con los sueños de nuestros de nuestros comerciantes y emprendedores. Los delincuentes hacen lo que les da la gana, hoy lo vamos a derrotar, vamos a liberar a Cali de ese flagelo del crimen organizado", aseguró el presidente.En el operativo también estuvieron presentes el general retirado Jorge Mora; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quienes durante toda la madrugada estuvieron recorriendo seis comunas y 15 barrios, donde se efectuaron más de 80 órdenes de captura y 161 diligencias de allanamiento.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, afirmó que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se mantiene en términos de diálogo y coordinación, pese a las diferencias que han surgido alrededor de asuntos como el presupuesto nacional y las prioridades de gasto. El senador sostuvo que ha mantenido conversaciones frecuentes con el presidente de la República y con diferentes integrantes del gabinete.“Le tengo que decir de mi parte una relación cordial, sincera, franca y permanente”, aseguró Henríquez al ser consultado por la relación entre el Congreso y el Gobierno. Según explicó, durante los periodos de sesiones se han desarrollado reuniones con distintos ministros para abordar asuntos relacionados con salud, seguridad, deporte y otros sectores.El pronunciamiento se produjo durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que el presidente del Congreso también se refirió a la situación de seguridad que atraviesa Santa Marta, ciudad de la que es oriundo, luego de las acciones atribuidas a estructuras criminales y de las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar el control territorial.Seguridad en Santa Marta y presencia de la Fuerza PúblicaHenríquez señaló que, aunque no permaneció en Santa Marta durante los días más críticos de la situación de orden público, recibió información sobre el temor que se extendió entre los habitantes y las medidas de resguardo adoptadas por la comunidad.Para el presidente del Congreso, la prioridad debe ser el restablecimiento del orden y el retorno de la ciudad a la normalidad. En ese sentido, respaldó la presencia de policías y militares en Santa Marta y en otros territorios de la región.“Aquí lo que hay que hacer prevalecer es la libertad, el orden”, manifestó. También sostuvo que una ciudad turística como Santa Marta necesita recuperar la confianza y consideró que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo de las demás actividades sociales y económicas.Sobre la presencia histórica de grupos criminales y fenómenos como las extorsiones, Henríquez reconoció que se trata de una problemática que ha afectado a distintas regiones del país. “Las regiones están a merced de los grupos al margen de la ley. La ciudad de Santa Marta no es una excepción”, afirmó.El senador agregó que el fortalecimiento de la seguridad requiere recursos para modernización, tecnología, equipamiento y ciberseguridad. Según sus declaraciones, existe un desbalance entre las capacidades de los grupos armados ilegales y las de la Fuerza Pública que debe ser atendido.Ley de sometimiento y estatuto antiterroristaOtro de los asuntos abordados fue el trámite de los proyectos relacionados con seguridad, entre ellos la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. enríquez explicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó al Congreso que el Gobierno ya cuenta con un borrador de estas iniciativas, pero que el documento continúa en revisión por parte de la Presidencia de la República.“Estamos a la espera de que ello ocurra”, señaló el presidente del Congreso, quien agregó que el Gobierno no ha establecido todavía una fecha concreta para la presentación de los proyectos.Presupuesto: salud y defensa, entre las prioridadesEn materia económica, Henríquez se refirió a la aprobación del monto general del presupuesto y a las discusiones que deberán continuar en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Uno de los asuntos que expresó como preocupación es la financiación del sistema de salud. El senador señaló que el sector enfrenta un déficit frente a los recursos solicitados y destacó la necesidad de revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).“La salud para mí y todos es una prioridad”, afirmó, al reconocer al mismo tiempo las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado. a seguridad también aparece entre las prioridades planteadas por Henríquez. El presidente del Congreso manifestó que considera necesario incrementar los recursos destinados al sector defensa, particularmente para fortalecer capacidades operativas, tecnología y equipamiento.Ajuste fiscal y dificultades presupuestalesRespecto al anunciado proyecto de ley de ajuste fiscal, Henríquez indicó que hasta el momento no conoce una fecha de radicación ni los detalles de su contenido. Sin embargo, consideró necesario que la iniciativa sea presentada y debatida. “Nosotros esperamos que lo antes posible lleguen con la información y lleguen a radicarlo y a debatirlo, porque es lo sensato y es lo que los técnicos dicen que hay que hacer”, afirmó.El senador también fue consultado sobre el recorte previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En respuesta, señaló que no conoce en detalle su presupuesto y planteó que el problema es generalizado en diferentes entidades del Estado.Henríquez sostuvo que sectores como defensa, salud y justicia enfrentan necesidades adicionales de financiación, mientras el Gobierno debe afrontar restricciones fiscales y buscar mecanismos para reducir los gastos de funcionamiento.Diálogo entre poderes para buscar solucionesFinalmente, el presidente del Congreso explicó que sus encuentros con representantes de las altas cortes y otros órganos del Estado tienen como propósito identificar problemas y construir acuerdos dentro del principio de separación e independencia de poderes. “En medio de las diferencias hay que construir consenso para buscar soluciones a los temas que afectan a los colombianos”, señaló.Henríquez puso como ejemplo los asuntos que llegan a la Corte Constitucional y que requieren actuaciones del Congreso, así como el elevado número de acciones de tutela relacionadas con servicios de salud.Según explicó, el objetivo de estos encuentros es identificar qué problemas requieren decisiones administrativas y cuáles necesitan reformas legales.
Viajar desde Colombia hasta Japón puede costar menos de lo que muchos viajeros imaginan, con un cálculo hecho para febrero de 2027 en el que se encuentran tiquetes desde Bogotá hacia Tokio por alrededor de $5 millones ida y vuelta. A esto se suma un factor que está reduciendo el costo del destino para los colombianos: la cotización del yen frente al peso.Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó que la combinación de una moneda japonesa debilitada y un peso colombiano relativamente fuerte hace que el gasto en Japón sea menor para quienes llevan pesos.“Cuando se juntan una de las monedas más débiles del mundo (el yen) con una de las más fuertes (el peso colombiano), Japón se pone en promoción”, señaló el economista.¿Por qué viajar a Japón está más barato para los colombianos?El comportamiento del yen frente al peso permite dimensionar el cambio. Según Campos, a comienzos de 2023, 100 yenes costaban aproximadamente $3.700, mientras que actualmente esa misma cantidad representa unos $2.026.Con esa diferencia, el economista calcula que Japón resulta cerca de 45 % más barato para un colombiano al comparar el valor de la moneda japonesa en esos dos momentos.El efecto se refleja principalmente en los gastos que se realizan directamente en yenes, como alojamiento, alimentación, transporte y entradas a diferentes atracciones.¿Cuánto puede costar un viaje de 15 días?Una estimación compartida por un influencer de viajes plantea que el presupuesto para 15 días en Japón puede estar alrededor de $4 millones, sin incluir los tiquetes internacionales.El cálculo contempla alojamiento en Tokio, Kioto y Osaka desde unos $100.000 por noche por persona, principalmente en hostales. En hoteles, el valor puede subir a $200.000 o más.Para alimentación, la referencia utilizada es de unos $100.000 diarios. Entre las opciones mencionadas están las tiendas de conveniencia y cadenas de restaurantes, mientras que un ramen en Ichiran puede costar alrededor de $25.000.El transporte urbano también puede mantenerse dentro de ese presupuesto: los trayectos en metro se estiman en unos $6.000.¿Qué ruta se puede hacer por Japón?Para un viaje de 15 días, el itinerario propuesto comienza en Tokio y pasa por Yokohama, Kanazawa, Takayama, Kioto, Osaka, Hakone y Kawaguchiko, antes de regresar a Tokio.El recorrido permite combinar grandes ciudades con destinos turísticos ubicados fuera de los principales centros urbanos. Entre ellos está Kawaguchiko, una zona recomendada para observar el monte Fuji y situada aproximadamente a una hora y media de Tokio.El desplazamiento entre Tokio y Osaka también puede hacerse en Shinkansen, el tren bala japonés. El cálculo se estima en unos $700.000 el trayecto de ida y vuelta, incluyendo la conexión con Kioto.¿Cómo comprar tiquetes baratos desde Colombia a Japón?Para viajar entre el 3 y el 18 de febrero de 2027 se encontraron vuelos desde Bogotá a Tokio por unos $5 millones ida y vuelta.El itinerario encontrado se trata de tiquetes comprados por separado, que permiten armar el recorrido entre Bogotá, Madrid y Tokio por unos $5,2 millones en total. Así quedaría el recorrido desde Bogotá:Bogotá-Madrid ida y vuelta por aproximadamente $2,5 millones en Avianca, sin escalas.Madrid-Tokio ida y vuelta ronda los $2,7 millones, por Qatar Airways haciendo una escala.A ese presupuesto se pueden sumar otros gastos, como entradas a atracciones. Por ejemplo, Tokyo Disneyland se encuentra entre los parques Disney con entradas más económicas, con un valor cercano a $190.000.Cabe también aclarar que los costos presentados son una estimación, y el valor final dependerá únicamente del recorrido, la experiencia y los lugares que desee visitar cada uno, por lo que fácilmente ese precio podría subir si se decide estar en hoteles 5 estrellas y comer siempre en restaurantes lujosos.
Colombia debe hacer una evaluación de los efectos sobre la salud, la seguridad alimentaria y el medioambiente antes de reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos, especialmente por su posible impacto sobre comunidades afrocolombianas, dijo este jueves un mecanismo de expertos de la ONU.En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra, el Mecanismo de Expertos Independientes de la ONU para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en la Aplicación de la Ley menciona algunas de las medidas anunciadas como parte de la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico por parte del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella.Como una cuestión prioritaria, los expertos piden que se preste atención a que esas medidas no refuercen el racismo sistémico en el país.Recordaron que las comunidades afrocolombianas se han visto afectadas de forma desproporcionada por políticas predominantemente punitivas y militarizadas, particularmente en territorios afectados por la violencia armada, las economías ilícitas y una limitada presencia del Estado.Por ello, pidieron que las políticas de seguridad y drogas que se implementen incorporen una perspectiva étnico-racial, respeten los derechos humanos y garanticen la participación de las comunidades afectadas.Asimismo, los expertos señalan que los estereotipos que asocian a las personas de ascendencia africana, especialmente a los jóvenes, con la criminalidad y la peligrosidad siguen influyendo en los controles policiales, las sanciones y el acceso a la justicia.Los expertos dijeron haber documentado situaciones de controles y registros policiales considerados injustificados y un uso excesivo - en ocasiones letal - de la fuerza, además de una aplicación discriminatoria de los llamados comparendos, multas cuyo impago afecta especialmente a jóvenes afrocolombianos y a personas en situación socioeconómica desfavorecida.A ese respecto, el Mecanismo de la ONU pidió una revisión integral del impacto de los comparendos y recomendó una moratoria sobre estas multas y la cancelación de las pendientes.