La ofensiva del Gobierno de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) podría tener repercusiones más allá de ese país y alcanzar a naciones como Colombia, que históricamente han mantenido una relación con este tribunal. Así lo explicó el abogado Raúl Eduardo Sánchez, litigante admitido ante la CPI y profesor de la Universidad del Rosario, quien advirtió que el debilitamiento de esta instancia tendría implicaciones para la justicia internacional.En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el experto hizo un repaso de la relación entre Washington y la Corte Penal Internacional, al tiempo que explicó por qué la situación también resulta relevante para Colombia y otros países de la región.¿Por qué Estados Unidos busca debilitar la Corte Penal Internacional?Según Sánchez, la posición de Estados Unidos frente a la CPI no es nueva. Recordó que el país firmó el Estatuto de Roma durante el gobierno de Bill Clinton, pero nunca lo ratificó, y posteriormente la administración de George W. Bush retiró incluso ese respaldo inicial.El abogado señaló que uno de los principales motivos de la oposición estadounidense ha sido evitar que sus ciudadanos puedan ser investigados por presuntos crímenes internacionales.Explicó que esa tensión aumentó cuando la entonces fiscal de la CPI abrió investigaciones sobre posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán, en las que podían aparecer involucrados ciudadanos estadounidenses.A ello se sumaron investigaciones relacionadas con actuaciones del Reino Unido en Irak, lo que, según el experto, incrementó el rechazo de algunos gobiernos hacia el tribunal.¿Cómo impacta esta situación a Colombia?Sánchez recordó que Colombia mantiene una relación histórica con la Corte Penal Internacional y que incluso suscribió acuerdos con Estados Unidos mediante los cuales militares estadounidenses quedaron protegidos frente a eventuales investigaciones del tribunal.El jurista explicó que esos acuerdos establecen que los soldados estadounidenses no pueden ser entregados ni investigados por la CPI a través de los Estados firmantes, lo que calificó como mecanismos de inmunidad.Por esa razón, considera que cualquier intento por debilitar el funcionamiento de la Corte tiene repercusiones para países que hacen parte del Estatuto de Roma, entre ellos Colombia.¿Qué ocurre si un país abandona la Corte Penal Internacional?Uno de los temas abordados durante la entrevista fue la posibilidad de que un Estado decida retirarse del Estatuto de Roma, como se ha planteado en medio de la discusión sobre Venezuela.Frente a ello, Sánchez aclaró que abandonar la Corte no significa que desaparezcan automáticamente las investigaciones en curso."Aunque se retire cualquier Estado de la Corte Penal Internacional, la competencia y la jurisdicción se mantienen vigentes hasta el día de su retiro", explicó.En ese sentido, sostuvo que los procesos abiertos contra funcionarios o autoridades por hechos ocurridos mientras el país pertenecía al tratado continúan su curso.¿Qué pasa con Venezuela?El abogado recordó que Venezuela enfrenta una investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con hechos ocurridos desde 2014.Precisó que ese proceso se originó tras una remisión presentada en 2018 por varios países, entre ellos Colombia, Argentina, Canadá, Paraguay, Perú y Uruguay.Por ello, explicó que incluso si Venezuela decidiera retirarse del Estatuto de Roma, la investigación seguiría adelante respecto de los hechos ocurridos mientras el país hacía parte del sistema.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) destituyó este viernes al fiscal Karim Khan por presunta conducta sexual indebida, en una decisión sin precedentes para el tribunal encargado de juzgar los crímenes internacionales más graves.La destitución fue aprobada por 82 votos a favor, 13 en contra y 15 abstenciones, superando con holgura la mayoría absoluta de 63 votos requerida para cesar al fiscal, confirmaron a EFE fuentes diplomáticas.Khan, abogado británico de origen pakistaní que asumió la Fiscalía de la CPI en 2021 con un mandato de nueve años, había rechazado las acusaciones de conducta "inapropiada, no deseada o abusiva" formuladas por una antigua colaboradora.Asimismo, Khan había sostenido que existe una campaña para apartarlo del puesto tras solicitar en mayo de 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant.El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, celebró la destitución de Khan y afirmó en la red social X que "el fiscal pensó que su cacería de brujas política contra Israel y sus escandalosas órdenes de arresto distraerían de las graves acusaciones de conducta sexual indebida, pero se equivocó".La salida de Khan no supone el cierre automático de las investigaciones en curso de la Fiscalía, incluida la relativa a la situación en Palestina, que continuará su trámite conforme a los procedimientos de la Corte.La convocatoria de hoy respondió a la recomendación formulada el pasado junio por la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes, órgano ejecutivo de la CPI, que propuso destituir a Khan y dispuso su suspensión mientras el conjunto de los países decidía si había incurrido en una conducta incompatible con el cargo.El procedimiento disciplinario se inició tras una investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas (OIOS) sobre las acusaciones formuladas por una antigua colaboradora de Khan, quien denunció haber sufrido contactos sexuales no consentidos entre marzo de 2023 y abril de 2024 durante viajes oficiales y en dependencias vinculadas a la Fiscalía.La presidenta de la Asamblea de los Estados Partes, la diplomática finlandesa Päivi Kaukoranta, había pedido al abrir la reunión que el proceso se desarrollara respetando "la privacidad de la persona y de la Corte como institución".
El Gobierno de Venezuela anunció este viernes su decisión "firme e irrevocable" de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), por considerar que ese organismo responde a un "sesgo" que ha concentrado su labor de manera "desproporcionada" en países africanos y latinoamericanos."Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía", señaló el canciller venezolano, Félix Plasencia, en un comunicado publicado en X.Además, dijo que por órdenes de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se comunicó de esta decisión al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.Plasencia sostuvo que el "sesgo" de la CPI no es una simple coincidencia procesal, "sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger"."Por eso rechazamos esta dimensión de lawfare, que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir", agregó.Asimismo, el canciller reiteró el compromiso de Venezuela con una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos".En diciembre pasado, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad una ley que deroga la adhesión del país al Estatuto de Roma con el fin, según dijo el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, de "denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje" de la CPI.La norma fue sancionada por el Parlamento después de que la Fiscalía de la CPI anunciara, el pasado 1 de diciembre, el cierre de su oficina técnica en Caracas, al advertir una falta de "progreso real" con Venezuela en materia de "complementariedad", principio que exige al país investigar seriamente los crímenes de los que se les acusa antes de que intervenga este tribunal.Rodríguez afirmó entonces que esta institución "debería servir para proteger a los pueblos y solo sirve para los designios del imperialismo norteamericano".Al comunicar el cierre de su oficina en Caracas, la Fiscalía de la CPI dejó claro que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país "permanece activa" y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países.El entonces Gobierno de Nicolás Maduro, hoy preso en EE.UU., intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
El exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, advirtió sobre los retos que enfrenta la justicia transicional en el país, a propósito de la próxima apertura de una oficina de la Corte Penal Internacional en Colombia, prevista para el 1º de mayo.Según Martínez, esta decisión resulta llamativa, teniendo en cuenta que durante años se aseguró que la Jurisdicción Especial para la Paz era un modelo exitoso de justicia, incluso después de que el fiscal del alto tribunal, Karim Khan, cerrara el examen preliminar que durante 17 años se adelantó sobre el país.Para el exfiscal, la presencia de la Corte podría interpretarse como una señal de alerta frente a posibles riesgos de impunidad en los casos relacionados con el conflicto armado.Martínez señala que uno de los principales problemas es el tiempo: la JEP tiene un plazo máximo de diez años para investigar y presentar acusaciones por crímenes de guerra y de lesa humanidad, período que se vence en dos años.A la fecha, los avances han sido limitados, porque “de los once macrocasos que abrió tardíamente, solamente ha hecho 4 imputaciones parciales en 2 de ellos, aparte de que nada relevante se ha avanzado respecto de los 540 terceros que se sometieron voluntariamente a su jurisdicción”.Martínez, en su columna dominical, recordó que hay impunidad sobre varios de los estudios contenidos en los 17 informes que personalmente entregó como fiscal general a la presidenta de la JEP de entonces, Patricia Linares, “relativos a 223.000 casos con 280.000 indiciados y 197.000 víctimas involucradas, entre ellos los de los vínculos entre las Farc y agentes del Estado y los mecanismos de financiación” de ese grupo armado.El exfiscal enfatiza que, si no se logran resultados antes de que venza el plazo, la Corte Penal Internacional podría asumir directamente los casos, lo que, dice, sería un golpe grave para la justicia colombiana.En su columna dominical, también hace un llamado a buscar acuerdos que permitan fortalecer y ajustar el funcionamiento de la JEP, con el fin de evitar la impunidad y garantizar justicia para las víctimas del conflicto.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las cifras que se han conocido en los últimos días, según las cuales al menos 20 menores de edad han sido asesinados en Cauca luego de ser reclutados por grupos armados ilegales. El mandatario anunció que va a pedir la intervención de la Corte Penal Internacional en Colombia para procesar a los cabecillas de grupos armados responsables de estos crímenes.“El reclutamiento y asesinato sistemático de menores de edad es un crimen contra la humanidad en cualquier lugar del mundo donde se realice”, escribió.“Si hemos pedido a la Corte Penal Internacional que se juzguen genocidas que han bombardeado niños, lo mismo hay que hacerlo si sucede en Colombia. Facultado por el Estatuto de Roma, pediré procesamiento penal internacional a los cabecillas de grupos armados responsables de la ejecución sistemática de menores de edad”, concluyó.Según el gobernador del departamento de Cauca, Octavio Guzmán, al menos 20 niños reclutados por grupos al margen de la ley fueron asesinados, y 73 fueron rescatados durante este año. Ante esto, el presidente colombiano no se había pronunciado hasta ahora, cuando anunció la petición que hará a la CPI.No es la primera vez que el presidente Gustavo Petro sugiere acudir a la justicia internacional. En noviembre de este año, cuando un juzgado de Antioquia decidió absolver a Santiago Uribe en el caso de los 12 Apóstoles, el mandatario cuestionó la decisión y aseguró, también en su cuenta de X: “Las normas del mundo hablan de que, si la justicia de un país no es capaz de juzgar a los criminales contra la humanidad, lo hace un tribunal internacional”.
En la mañana de este martes 4 de junio, el movimiento conocido como “congreso de los pueblos” bloqueó el acceso a las instalaciones del edificio Bancol en el centro de Bogotá, para manifestarse en contra del Ministerio del Interior, alegando un incumplimiento de las promesas y por la arremetida del paramilitarismo en el país.Concretamente, estas personas le piden al Gobierno Nacional que mediante un decreto conforme una mesa nacional de carácter permanente, porque la situación de crisis y emergencia humanitaria por la arremetida del paramilitarismo es de alcance nacional.En total son 6 puntos en el pliego de peticiones, y uno de ellos tiene que ver con que el presidente Gustavo Petro debe pedirle al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que reabra el examen preliminar sobre la situación humanitaria en el país.Estas personas ya instalaron carpas en la carrera 8 con calle 12, en pleno corazón de la capital del país, y aseguran que estarán allí hasta que el Gobierno les preste atención “podrían pasar incluso días”, aseguró uno de los líderes.Pero no solo fue el edificio Bancol en el centro de Bogotá el epicentro de estas manifestaciones, pues a la sede de la Nunciatura Apostólica también ingresaron aparentemente sin autorización un grupo de por lo menos 20 personas, hace presencia en el lugar la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), como medida preventiva si se presentan alteraciones del orden público durante la jornada.Por último, en diálogo con Blu Radio, uno de los líderes de esta manifestación aseguró que ni el Gobierno ni el Ministerio del Interior han prestado atención a estas peticiones.
Venezuela representa un "ejemplo de gran corrupción", afirmó este martes Transparencia Internacional (TI), en cuyo informe anual sobre 2023 este país aparece, por décimo año consecutivo, como el más corrupto de las Américas.Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en el sector público, con una escala desde cero (muy corrupto) hasta 100 (muy baja corrupción), Venezuela obtuvo 13 puntos, cinco menos respecto a 2018, con los que se ubica en el puesto más bajo de la lista de países americanos.Venezuela y Haití fueron percibidas como las naciones más corruptas de las Américas en 2014 y 2015, y a partir de 2016 el país petrolero ha superado al insular.TI señaló que en Venezuela "miles de millones de dólares de dinero público han sido malversados sistemáticamente, beneficiando a unos pocos individuos poderosos y exacerbando la pobreza y la desigualdad".La organización indicó también que, en el país, los "grandes esquemas de corrupción van de la mano con la captura de los sistemas legislativo, regulatorio y judicial por parte de funcionarios de alto nivel para generar poder y evadir el castigo".En esta nación sudamericana, prosigue el escrito, el "pago de sobornos y la cooptación de jueces y fiscales en todos los niveles del sistema de justicia se ha convertido en uno de los principales mecanismos utilizados por las redes delictivas para asegurar la continuidad de sus actividades ilícitas, así como su impunidad"."Algunos jueces y fiscales venezolanos, además de formar parte de estas redes, también están siendo investigados por la Corte Penal Internacional por su intervención, actuación u omisión en abusos, torturas y otros crímenes de lesa humanidad", aseguró TI.El año pasado, en el mundo, Venezuela y Siria, también con 13 puntos, ocuparon, después de Somalia (11), las "posiciones inferiores en el índice", que clasifica a 180 naciones y territorios.Según el 'Corruptómetro' de la ONG Transparencia Venezuela, elaborado a partir de causas e investigaciones de organismos oficiales dentro y fuera del país, la corrupción ha comprometido, al menos, 64.601 millones de dólares.En marzo del año pasado, las autoridades pusieron en marcha una operación anticorrupción que se paralizó abruptamente dos meses después sin explicaciones por parte de la Fiscalía y el Gobierno, que mantuvieron silencio sobre aspectos clave del proceso, según dijeron expertos a EFE.El exministro de Petróleo Tareck El Aissami, quien renunció a su cargo para colaborar con las investigaciones, fue el pez más gordo que cayó en esta operación, pero desde entonces no se conoce su paradero ni el alcance de su responsabilidad en los hechos.
El presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal, y el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se reunieron el pasado jueves 23 de noviembre en La Haya, Países Bajos. En dicho encuentro reafirmaron la decisión de abrir una oficina de la Fiscalía de la CPI en Colombia, en desarrollo del acuerdo de complementariedad positiva firmado entre las dos entidades.El fiscal Khan ratificó la decisión de abrir dicha oficina en Colombia, pues esto permité desarrollar el plan de trabajo firmado entre las partes y profundizar la colaboración entre la JEP y la Fiscal de la CPI.Durante la reunión, sostenida en la sede de la CPI en La Haya, el presidente Vidal solicitó al fiscal Khan su ayuda para que la comunidad internacional siga apoyando “la protección y defensa de la autonomía de la JEP como un tribunal que, en un estado de derecho, su condición de ejercicio es la independencia”.Al finalizar la reunión, el presidente Vidal aseguró: “Hemos encontrado que a través del trabajo permanente y conjunto que venimos realizando (entre la CPI y la JEP) la relación se ha fortalecido, tiene una perspectiva muy importante de apoyo conjunto tanto a la autonomía, como al avance de nuestros casos y el trabajo en el futuro con otras experiencias de justicia transicional”.Vea también
El presidente Gustavo Petro anunció este jueves que "Colombia va a coadyuvar" la denuncia que Argelia interpuso ante la Corte Penal Internacional "por crímenes de guerra contra el señor Benjamín Netanyahu", primer ministro de Israel, en el marco de la guerra con el grupo islamista Hamás."El canciller Álvaro Leyva se reunirá mañana con el fiscal de la Corte Penal Internacional", agregó Petro en un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), donde indicó que la denuncia se produce "ante la masacre de niños y civiles del pueblo palestino que ha producido" Netanyahu.En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional, habló sobre la postura de Colombia en este conflicto y calificó la decisión como acertada.“Israel también está cometiendo crímenes contra los palestinos. Me parece bueno de Colombia que nos hace elegir las víctimas”, dijo.En ese sentido, hizo un llamado y exaltó que los países se apropien de esos conflictos que resultan ser globales, “necesitamos que los países se hagan cargo de los problemas globales. Es importante que Colombia pelee por la ley”.Hace unos días el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, pidió a los defensores de los derechos humanos que lleven a Israel ante la Corte Penal Internacional por los "crímenes que está cometiendo contra los palestinos en Gaza" como única manera de poner fin a la "impunidad" de la que disfruta "la ocupación israelí".El mandatario colombiano ha defendido la causa palestina desde que estalló la guerra hace más de un mes, con habituales mensajes en redes sociales y referencias en sus discursos en los que ha condenado las acciones de Israel, país a quien ha criticado duramente, comparándolo incluso con los nazis en la Segunda Guerra Mundial, aunque sin condenar aunque se ha rehusado a condenar públicamente el terrorismo de Hamás.De hecho, el pasado 31 de octubre Petro llamó a consultas a la embajadora en Israel, Margarita Manjarrez, por "la masacre del pueblo palestino". Incluso llegó a amenazar con suspender las relaciones con ese país.Escuche aquí la entrevista en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:
A través de su cuenta en X, antes Twitter, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia acompañará la denuncia que presentó Argelia contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por el ataque de su país contra la Franja de Gaza tras el atentado de Hamás el pasado 7 de octubre.Para eso, el canciller Álvaro Leyva se reunirá con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en París, en el marco del Foro de París por la Paz que se celebrará el 10 y 11 de noviembre.“La República de Colombia va a coadyuvar la denuncia de la Republica de Argelia interpuesta ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra contra el señor Benjamín Netanyahu ante la masacre de niños y civiles del pueblo palestino que ha producido”, señaló Petro.“El canciller de Colombia se reunirá mañana con el fiscal de la Corte Penal Internacional”, anunció el mandatario. Cabe recordar que el canciller se encuentra en la capital francesa participando en la Conferencia General de la Unesco.Además, el presidente Gustavo Petro anunció el pasado 31 de octubre la decisión de llamar a consultas a la embajadora en Israel, Margarita Eliana Manjarrez, como protesta al ataque de ese país en Gaza tras el atentado de la organización terrorista Hamás el pasado 7 de octubre.“He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá”, anunció el presidente a través de su cuenta en X en esa fecha.El anuncio del mandatario se dio después de que el Ejército israelí bombardeara el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, matando al menos 145 personas.La embajadora Manjarrez regresó a inicio de semanas al país para atender ese llamado a consultas y en la tarde del martes, 7 de noviembre, se reunió con el canciller Álvaro Leyva para evaluar “la situación en la región y las relaciones bilaterales, también para reafirmarle el agradecimiento de este Ministerio por su liderazgo, planeación y ejecución durante esta crisis”, señaló en un comunicado la Cancillería.Le puede interesar:
La gobernadora del departamento del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés, respaldó las recientes acciones de la fuerza pública en el territorio departamental tras la concreción de operaciones militares contra estructuras de las disidencias de las FARC pertenecientes al mando de alias Iván Mordisco. En entrevista con Mañanas Blu, la mandataria territorial analizó el impacto operativo registrado en el municipio de Mapiripán, donde se produjo la captura de alias Bonito y la neutralización de alias El Ruso.Operativa militar y disputas territoriales en MapiripánEl municipio de Mapiripán, caracterizado por su extensión geográfica y su posición limítrofe con el departamento del Guaviare, se ha consolidado como un punto estratégico en las dinámicas delictivas de la región. De acuerdo con las declaraciones de la gobernadora, esta zona enfrenta complejos desafíos de seguridad debido a la confrontación directa entre distintas facciones armadas ilegales.Durante el despliegue militar reciente, las autoridades ejecutaron la captura de alias Bonito, presunto integrante de la estructura de alias Iván Mordisco, a quien se le atribuyen actividades delictivas relacionadas con la extorsión y el amedrentamiento a la población local. Asimismo, en el marco de estos mismos procedimientos, las fuerzas armadas reportaron la baja de alias El Ruso (también conocido como alias El Alemán), señalando su rol como presunto cabecilla principal de la Estructura 28 de las disidencias, desplazado desde el departamento de Arauca con la consigna de disputar el control territorial frente a los grupos comandados por alias Calarcá."Mapiripán es uno de los municipios más extensos del departamento, pero es uno de los municipios también que tiene unos problemas de seguridad muy fuertes porque aquí están estos grupos peleándose esta zona. Ayer se capturó a Leal Bonito, quien hace parte de la estructura de Iván Mordisco, un delincuente que hacía muchísimo tiempo estaba incursionando por ese sector generando extorsión, zozobra"."Este señalado como el cabecilla principal de la estructura 28 de la disidencia de las FARC de Iván Mordisco... ahí es cuando uno empieza a decir, vea que sí funciona un gobierno que llega con mano fuerte y cuando toma decisiones claras frente a nuestras fuerzas militares".Evaluación del rol de la fuerza pública y la postura institucionalAl ser indagada sobre la inmediatez de los resultados operativos tras el cambio de mando en la Presidencia de la República, asumida formalmente por Abelardo de La Espriella, la gobernadora del Meta manifestó su perspectiva sobre la operatividad de las tropas en el territorio y la determinación ejecutiva en materia de orden público.Cortés argumentó que, según su lectura institucional, existía prevención en las actuaciones de los mandos militares en periodos anteriores debido a la incertidumbre sobre la condición jurídica de algunos integrantes de grupos armados en el marco de acercamientos de paz."Siempre he sentido que ellos no saben si es por este lado, si están algunos grupos que son gestores de paz, y si estos están en procesos de paz... Entonces siempre como ese temor... Y ya habíamos visto varios casos que habían pasado de nuestras fuerzas militares actuando, en algunos casos capturando alguna de estas personas, pero después o removían al comandante o al coronel que estuviera haciendo el operativo de las fuerzas militares o soltaban al otro día a los capturados".Articulación regional y recursos para la seguridad públicaLa administración departamental del Meta ha reiterado que mantendrá el esquema de colaboración con la fuerza pública mediante el uso de herramientas como bolsas de recompensas, apoyo logístico y articulación con la ciudadanía para incentivar la denuncia comunitaria.La mandataria señaló que la inteligencia militar ha mantenido un seguimiento constante a los movimientos de las organizaciones al margen de la ley en la Orinoquía, por lo que la efectividad de las acciones armadas del Estado requiere un respaldo político e institucional permanente a los procedimientos en terreno."Nosotros felices como departamento del Meta y con toda la disposición, los recursos, con todo el acompañamiento y con, por supuesto, con la comunidad para que nos denuncien estos casos, para que nuestras fuerzas armadas, fuerzas militares puedan llegar a realizar estas capturas y podamos avanzar en temas de seguridad. Ya tenemos un gobierno que le cree a la fuerza pública, ya tenemos un gobierno que acompaña las operaciones de la fuerza pública... Vamos a actuar con todas nuestras fuerzas militares, con toda la inteligencia, y por supuesto con todos los recursos posibles para podernos mermar y combatir estos grupos insurgentes".
La Fiscalía General de la Nación judicializó a un exmilitar por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre ocurrido el 24 de agosto de 2014, en el municipio de Girón, Santander.De acuerdo con la investigación, durante la noche de ese día varias personas se encontraban reunidas en una calle del municipio de Girón cuando fueron abordadas por un grupo de soldados profesionales que adelantaba labores de patrullaje, vigilancia y registro.Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, el entonces soldado profesional Benjamín Méndez Asenso habría disparado por la espalda contra uno de los hombres, quien se retiraba del lugar. El impacto le habría ocasionado la muerte.El ente investigador también estableció que, la víctima presuntamente no se opuso a la requisa. Por la acción del entonces soldado profesional la víctima falleció."Se cuenta con materia probatorio que evidencia que el exintegrante del Ejército Nacional estuvo en el lugar de los hechos y que sostuvo una conversación con la víctima, a quien, al parecer, le disparó sin justificación alguna", dice el fiscal del caso. La investigación fue coordinada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, con sede en Bucaramanga. Los investigadores recopilaron elementos materiales probatorios que ubicarían a Méndez Asenso en el lugar de los hechos y que indicarían que habría sostenido una conversación con la víctima antes del disparo.Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.La Fiscalía aclaró que los hechos son materia del proceso judicial y que la responsabilidad penal del exmilitar deberá ser determinada por las autoridades competentes.
Para muchos colombianos, tener una cuenta en Nequi o Daviplata ha sido una manera de controlar su dinero, además de recibir y realizar pagos sin mayores demoras, por lo que tanto ciudadanos como comerciantes se han beneficiado de estas plataformas. Sin embargo, tras la llegada del Registro Universal de Ingresos (RUI) y su transición dejando atrás el Sisbén, muchos se han preguntado si este tipo de cuentas pueden afectar la clasificación socioeconómica de los colombianos.Teniendo en cuenta que uno de los puntos relevantes del RUI es que su clasificación dependerá de más de 43 entidades, muchos se preguntan si tener una billetera digital puede condicionar su clasificación, ubicando a las familias en un grupo diferente y que esto, por consiguiente, las lleve a no cumplir con las condiciones para acceder a programas sociales. Ante este panorama, el DNP aclaró la inquietud.¿Nequi y Daviplata afectan la clasificación del RUI?Antes que todo, vale aclarar que la clasificación del RUI parte de los ingresos de las personas y los hogares. El sistema cruza esta información con datos de entidades administradoras del Estado.Por lo tanto, la idea es identificar los ingresos reales de los hogares y su situación económica a partir de información disponible en bases de datos. Tener una cuenta en alguna billetera digital no basta, pues no refleja por sí sola información administrativa que permita determinar los ingresos.El Registro Universal de Ingresos integra información de varias fuentes del Estado, como el Registro Social de Hogares, la DIAN y la PILA, además de otros registros que se utilizan para realizar los respectivos procesos de focalización.Por lo tanto, no debe preocuparse si tiene una cuenta en Nequi, Daviplata o cualquier otra billetera digital. Lo que sí será tenido en cuenta en la clasificación del RUI es la información relacionada con los ingresos del hogar.¿Cuáles ingresos son tomados en cuenta en el RUI?Tenga en cuenta que la clasificación puede cambiar si la información disponible muestra condiciones económicas diferentes a las que estaban registradas anteriormente en el Sisbén.Un ejemplo de ello es que, si los registros muestran que los ingresos reales superan los límites establecidos para determinados grupos, esa información podría influir en la clasificación que establece el RUI.Por lo tanto, existe una diferencia entre contar con una billetera digital y los movimientos o ingresos que pueden estar reflejados en las fuentes utilizadas para determinar la situación económica de una persona o un hogar.¿Cómo consultar la clasificación del RUI?Los ciudadanos pueden verificar la información de su hogar únicamente a través de la plataforma oficial de la Ventanilla Social.Para realizar la consulta deben seguir estos pasos:Ingresar al portal oficial de la Ventanilla Social.Seleccionar el tipo de documento.Digitar el número de identificación.Hacer clic en "Consultar".El Gobierno recomienda utilizar exclusivamente los canales oficiales para evitar fraudes y proteger la información personal. Asimismo, recordó que la implementación del RUI será gradual y que, durante la transición, continuarán vigentes los mecanismos actuales de focalización mientras las entidades completan los ajustes técnicos.
Durante cerca de cinco horas, más de 530 silleteros y silleteras de Santa Elena llevaron sobre sus espaldas esas enormes composiciones florales por un recorrido de más de 2.4 kilómetros que arrancó pasadas las 2 de la tarde en una jornada en la que la tradición, el trabajo campesino y la creatividad volvieron a convertirse en protagonistas para emocionar a los miles de asistentes propios y foráneos que llegaron a la capital antioqueña para vivir una de sus más importantes tradiciones.La edición de este año también dejó nombres propios: John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir, se quedó con el título de ganador absoluto del desfile con su silleta tradicional. También había obtenido este mismo premio en 2019."No tengo palabras, demasiado emocionado. Es una labor, es una tradición que la llevo en el corazón por ser. En homenajeado con estos galardones, y bendito dios, a nuestro señor, a los jurados, a todo mundo que está viendo la labor que uno hace. No es fácil, son siete, ocho meses de trabajar duro para poder producir esta silleta y sacarla en la ciudad de Medellín", manifestó Grajales.GanadoresEn otras categorías los ganadores fueron Mateo Londoño Ospina, de la vereda San Ignacio, en la Comercial; en la Monumental el galardón fue para David Santiago Grisales Gómez, de la vereda Piedra Gorda. Mientras tanto, la mejor propuesta en Emblemática correspondió a Juan Gabriel Velásquez Grajales, también de El Porvenir, y de ese mismo lugar del corregimiento, Víctor Julio Ruiz se destacó en la categoría Artística; Isabela Londoño Grajales, de la vereda El Cerro, obtuvo reconocimiento en la categoría Infantil e Isabela Grajales Grajales, de la vereda Piedra Gorda, en Junior.El principal evento de la Feria contó con por segunda vez en la historia de un presidente de la República. Abelardo de la Espriella estuvo acompañado de su familia, del vicepresidente José Manuel Restrepo, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón."Feliz de estar aquí en Medellín, en este desfile, en esta feria, que es patrimonio de Colombia, pero tenemos que hacerlo patrimonio de la humanidad, y ese es el compromiso", apuntó el jefe de Estado. Por su parte, el vicepresidente Restrepo habló sobre la elección de Medellín para la primera visita oficial de los nuevos mandatarios."Lo que significa enderrama económica para el municipio, para el departamento, en quien se dedica al jardín, en quien hace la silleta, en quienes traen las flores de otros territorios de Colombia. Vincula el país alrededor de las flores. Y las flores, ¿ustedes saben lo que significa incluso en tradición exportadora de Colombia?", aseguró. El vicepresidente Restrepo también destacó que el Desfile de Silleteros es un evento que, además de estar muy arraigado a la tradición antioqueña, es un ícono del país en el mundo."De Colombia, de Antioquia, de Medellín, que hay que acompañar, porque estos estos, estas silletas y los silleteros representan, además, mire la hermosura de lo que significa esta tierra, de lo que tiene Colombia también para mostrarle al mundo. Y tenemos que acompañarlo, esto es una tradición cultural de enorme importancia para el país", expuso Restrepo.Según el alcalde Federico Gutiérrez, durante los 10 días de Feria, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 80% y una derrama económica superior a 60 millones de dólares.
La memoria de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués de 25 años que murió tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), empieza a quedar plasmada en las calles de Biddeford, Maine.Dos artistas locales comenzaron a pintar un mural en el centro de esta ciudad para homenajear al colombiano, quien murió el pasado 13 de julio durante un procedimiento de agentes de inmigración. La obra está ubicada en el número 5 de Alfred Street y muestra a Johan junto a su pequeña hija.El mural fue autorizado tanto por los propietarios del edificio como por el negocio que funciona en el lugar, Stem & Vine. Su propietaria, Brianne Emhiser, aseguró que se siente honrada de que la fachada de su establecimiento sea el espacio escogido para mantener viva la memoria del joven colombiano.De acuerdo con los artistas, la obra estaría terminada aproximadamente en las próximas 48 horas.El homenaje se suma a las distintas expresiones de duelo que han surgido en Biddeford desde la muerte de Johan. En los días posteriores al tiroteo, residentes levantaron memoriales improvisados en el sitio donde ocurrió el hecho, mientras familiares, amigos y organizaciones defensoras de los migrantes han reclamado respuestas sobre las circunstancias de su muerte.Johan Sebastián Durán Guerrero había llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades y se había establecido en Biddeford junto con su familia. Era padre de una niña de tres años y, según organizaciones de apoyo a migrantes, contaba con autorización para trabajar y un número de Seguro Social.El 13 de julio, Johan salió de su vivienda en un vehículo cuando fue interceptado por agentes de ICE. La versión oficial sostiene que el joven intentó escapar y que habría dirigido el automóvil hacia uno de los funcionarios, quien entonces disparó al considerar que existía una amenaza para su seguridad.Sin embargo, el caso ha estado rodeado de cuestionamientos. El senador independiente Angus King afirmó que, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional, Johan no era el objetivo de la operación. Además, se ha señalado que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. La Fiscalía General de Maine mantiene abierta la investigación y el funcionario que disparó fue puesto en licencia administrativa.Videos de cámaras de seguridad y testimonios de personas que estaban en el sector también han generado interrogantes frente a la versión oficial. Medios estadounidenses han reportado que el agente identificado como David Brouillette disparó contra Johan y que posteriormente surgieron antecedentes sobre el comportamiento violento del funcionario, información que ahora también hace parte del escrutinio público sobre el caso.La muerte del joven bumangués provocó además una fuerte reacción en Biddeford. Su compañera, Karolina Rojas Álvarez, describió a Johan como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con sueños por cumplir. Durante una declaración pública, recordó especialmente el vínculo que tenía con su hija de tresEl alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, también ha reclamado una investigación transparente y ha insistido en que Johan era parte de la comunidad. En una proclamación presentada ante el Concejo Municipal, pidió justicia y rendición de cuentas por su muerte y expresó solidaridad con la familia y con los habitantes migrantes de la ciudad.Ahora, mientras avanza la investigación en Estados Unidos, el rostro de Johan quedará plasmado en un muro de Biddeford. Una imagen junto a su hija que busca convertir el dolor de una comunidad en memoria y recordar la historia del joven colombiano que salió de Bucaramanga buscando un mejor futuro y terminó muriendo durante un operativo de inmigración.