El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, envió una carta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para solicitar respaldo a la independencia, autonomía y funcionamiento de la JEP.
La misiva, con fecha del 18 de septiembre de 2026, advierte sobre dos iniciativas que actualmente cursan en el Congreso y que, según la Jurisdicción, podrían afectar sus capacidades institucionales.
La primera propuesta, presentada por el senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, contempla trasladar 100.000 millones de pesos del presupuesto de funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura.
Mientras que la segunda, liderada por el Centro Democrático y el senador Juan Fernando Caicedo, plantea una reforma constitucional para establecer una revisión judicial automática, a cargo de la Justicia Penal Militar, de las sentencias de la JEP contra integrantes de la Fuerza Pública.
Frente al eventual recorte presupuestal, Ramelli señala que este tendría un impacto sobre los recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios y equivaldría, según la carta, a cerca del 62 % de los recursos previstos para ese concepto en el proyecto de presupuesto.
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La JEP también advierte que ya tiene una desfinanciación acumulada de 84.663 millones de pesos. Según el documento, un nuevo recorte comprometería, entre otros aspectos, los recursos destinados al sistema de protección de víctimas, testigos, intervinientes y funcionarios judiciales.
En particular, Ramelli señala que están previstos 62.478 millones de pesos para convenios con la Unidad Nacional de Protección y otros 29.362 millones para el funcionamiento de sus sedes, incluidos arriendos, servicios públicos y mantenimiento.
La carta también advierte sobre una posible afectación de más del 40 % de los recursos destinados al centro de datos y a la interoperabilidad del sistema judicial, aspectos relacionados con la seguridad de la información y la operación digital de los procesos de la JEP.
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Sobre la segunda iniciativa, Ramelli sostiene que una revisión automática de las sentencias de la JEP por parte de la Justicia Penal Militar modificaría la estructura y las competencias del esquema judicial establecido en el Acuerdo Final de Paz y, según la Jurisdicción, afectaría su autonomía e independencia.
En ese contexto, el presidente de la JEP pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tomar nota de la situación, valorar sus implicaciones frente al Acuerdo de Cooperación firmado entre Colombia y esa instancia en 2021 y reforzar las líneas de comunicación con el Gobierno y la Jurisdicción.