Cambio Radical anunció que se declarará oficialmente partido de Gobierno para respaldar la administración del presidente electo, Abelardo De La Espriella, y acompañar las iniciativas que impulse el nuevo Ejecutivo a partir del próximo periodo legislativo.La decisión fue adoptada por las bancadas de Senado y Cámara, que aseguraron trabajarán de manera coordinada con el Gobierno en proyectos orientados a fortalecer la seguridad, dinamizar la economía y promover medidas enfocadas en el bienestar social de los colombianos.El partido informó además que, con la instalación del nuevo Congreso el próximo 20 de julio, presentará una agenda legislativa centrada en la recuperación del sistema de salud, el impulso al crecimiento económico, la generación de empleo y la creación de mayores oportunidades para mujeres y jóvenes.Según la colectividad, la hoja de ruta también buscará avanzar en iniciativas relacionadas con la equidad y el fortalecimiento institucional, en medio del inicio de un nuevo periodo político tras la elección presidencial.Con esta decisión, Cambio Radical deja clara su posición frente al nuevo Gobierno y señala que su respaldo estará dirigido a sacar adelante las reformas y proyectos que, a su juicio, contribuyan a recuperar la confianza ciudadana y mejorar las condiciones de vida en el país.
Uno de los principales desafíos que tiene el presidente electo Abelardo De La Espriella es la búsqueda de la gobernanza suficiente que le permita sacar adelante las propuestas que hizo durante la campaña, principalmente desde el Congreso de la República.Por un lado, el presidente electo tendrá que revelar pronto cómo buscará unificar la bancada de gobierno, teniendo en cuenta que el propio De La Espriella advirtió en campaña que su relación con los partidos políticos no estaría mediada por las prácticas habituales, como la entrega de burocracia o de representación en el Ejecutivo a cambio del apoyo de los partidos políticos tradicionales y de sus congresistas. Clave también saber quién va a ser su ministro del Interior.De hecho, el sábado pasado, un día antes de la segunda vuelta, el movimiento Defensores de la Patria, del ahora presidente electo Abelardo De La Espriella, publicó un comunicado advirtiendo a los congresistas electos que “tendrán una responsabilidad histórica: decidir si acompañan las reformas que necesita Colombia o si anteponen sus intereses particulares a los altos intereses de la Patria”.Y agrega que “si algunos sectores del Congreso renuncian a esa responsabilidad y traicionan el mandato ciudadano, se encontrarán con un gobierno de origen popular, con fuerza popular y con una conexión directa con millones de colombianos que ya no están dispuestos a seguir siendo ignorados”.Sin embargo, el domingo en su discurso de victoria, el presidente electo si bien advirtió que no volverá a sostener las relaciones tradicionales con la clase política, dijo que no hay vencedores ni vencidos y que gobernará para todos.A propósito, Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe dijo en sus redes sociales que la humildad exige reconocer que 13 millones de compatriotas votaron por el proyecto político de Petro y pide construir más la humildad y la empatía para superar la pobreza y hacer crecer más rápido la economía.Para que haya una coalición tradicional de gobierno en el Congreso, el presidente electo necesitará el apoyo de la bancada del centro democrático, que recibió una arremetida en las últimas horas de Carlos Suárez, estratega y mano derecha de Abelardo De La Espriella, quien en entrevista con la revista Semana dijo, palabras más, palabras menos, que Paloma Valencia, el Centro Democrático y Alvaro Uribe son una representación del pasado, de los políticos y la politiquería de siempre y agrega que en su opinión, Uribe, “quedó en el papel de un expresidente histórico que, seguramente, tendrá un sitio en la historia. Pero sus 25 años de hegemonía política terminaron con la era del Tigre”.El expresidente Uribe respondió por redes sociales diciendo: “Carlos Suárez demostró sus dotes de estratega cuando llevó a Piedad Córdoba y a Cepeda a hablar con ex paramilitares extraditados a preguntar por mi”.
El nuevo gobierno tendrá el reto de tender puentes en el Congreso de la República para poder sacar adelante sus iniciativas. Aunque Salvación Nacional le dio el aval desde el inicio de la campaña al ahora presidente electo, Abelardo De La Espriella, y tiene cuatro curules, el Ejecutivo deberá generar acercamientos con partidos tradicionales en aras de la gobernabilidad.Este punto políticamente será interesante porque De la Espriella ha aceptado el respaldo ciudadano, pero ha mantenido distancia de los partidos por los señalamientos contra algunas figuras. Sin embargo, los proyectos de ley se aprueban por consenso y necesitará los votos en un escenario donde la coalición de izquierda, desde el 20 de julio en oposición, tendrá fuerza, porque solo el Pacto Histórico en el Senado tendrá 26 escaños.El Centro Democrático será uno de los partidos de Gobierno. Además del respaldo en la contienda electoral, la colectividad que dirige el expresidente Álvaro Uribe dejó claro que se identifica con el plan de gobierno de Abelardo.“Estamos convencidos de que, con la seguridad como valor democrático, el emprendimiento y la confianza inversionista, la cohesión social como mecanismo para atender a los compatriotas más necesitados y un Estado pequeño, con bajos impuestos y transparente, vamos a reconstruir a Colombia”, resalta el CD.Ante este anuncio de búsqueda de una alianza, analicemos qué partidos se sumarían y cómo quedarían las cuentas, hipotéticamente. En el Senado, el Centro Democrático tiene 17 curules; La U, 9; Cambio Radical, 7; Ahora Colombia, 5; y Salvación Nacional, 4. Sumaría 42 si todos apoyan.También se sumaría el Partido Conservador, pero ahí hay una controversia. Aunque el presidente del partido, Efraín Cepeda, se identifica con las propuestas de De la Espriella y lo anunció antes de la segunda vuelta, entre los 10 senadores electos por el conservatismo hay algunos que han votado y defendido proyectos que van contra esas ideas y apoyaron las propuestas del presidente Gustavo Petro, como Daniel Restrepo Carmona, a quien algunos consideran el heredero de la curul del exalcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo. También está en duda Liliana Benavides y sobre Wadith Manzur hay un debate jurídico, porque quizás ni podrá asumir la curul como senador al estar en prisión preventiva por el escándalo de presuntos contratos que dio la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) por intermediación suya y de otros congresistas.Con todo este panorama, el Partido Liberal, que es aún más mixto que el Conservador, tiene 13 senadores. Al menos cinco no estarían en la línea del nuevo mandatario. Por su parte, Alianza Verde tiene 10, pero máximo dos apoyarían al presidente electo. Es decir, los liberales definirán gran parte de la balanza.En la oposición, además de algunos liberales y verdes, está claro que estarán los 26 del Pacto Histórico, incluyendo la curul de Iván Cepeda, más los dos indígenas.Pero la legislatura está por comenzar y, como dice la trillada frase, la política es dinámica: pueden producirse sorpresas. El Centro Democrático se propone, con compromisarios y voceros del Senado y la Cámara de Representantes, buscar una coalición que responda a una “agenda legislativa conciliada con el nuevo gobierno y otras bancadas cercanas, que contribuya a solucionar los problemas de los colombianos”.Además de ese apoyo, también tendrá gran importancia en las negociaciones quien sea el ministro del Interior, porque no solo es la batalla en el Senado. En la Cámara de Representantes los sectores opositores serían más y la diversidad es mayor, de acuerdo con cada región y según las alianzas políticas locales que tienen los congresistas.
Tres iniciativas clave del gobierno del presidente Gustavo Petro se hundieron en el Congreso de la República , luego de no ser incluidas en el orden del día de las sesiones finales de la legislatura. La decisión legislativa dejó sin trámite proyectos considerados estratégicos para el Gobierno, en una jornada marcada por el cierre del periodo ordinario y la falta de tiempo para su discusión.El primer golpe es para el proyecto que buscaba revivir el Ministerio de la Igualdad. Esta iniciativa no alcanzó siquiera a avanzar en su primer debate en el Senado, quedando por fuera de la agenda en la última plenaria. El alto tribunal le había exigido al Congreso corregir los vicios de creación de la entidad, especialmente la falta de análisis de impacto fiscal, y había fijado como plazo el 20 de junio para subsanar esos errores y mantener su funcionamiento legal.Sin embargo, el trámite no logró avanzar dentro de los tiempos establecidos. Con el cierre de las sesiones ordinarias previsto hasta este sábado, el proyecto no fue discutido en el momento clave y se quedó sin la posibilidad de cumplir la orden de la Corte Constitucional, que había permitido la continuidad temporal del ministerio mientras se corregía su marco legal. Ante la falta de debate, la iniciativa se hundió.El segundo proyecto que se hunde es la ley de procedimiento de la Jurisdicción Agraria. Esta iniciativa, que llevaba más de un año en discusión, terminó cayendo en la plenaria del Congreso tras la desintegración del quórum, lo que impidió continuar con su votación. El proyecto se encontraba en sus últimos debates tanto en Cámara de Representantes como en Senado, pero nunca logró superar de forma definitiva su etapa de aprobación final.Este proyecto buscaba crear jueces y tribunales especializados para resolver de manera ágil los conflictos relacionados con la propiedad, el uso y la tenencia de la tierra en el campo colombiano. Aunque el Gobierno había anunciado que insistiría en su presentación en la próxima legislatura, el trámite actual quedó hundido por falta de tiempo y será archivado hasta una nueva radicación el 20 de julio.Finalmente, también se cayó el proyecto que pretendía restablecer la mesada 14 para los maestros pensionados. La iniciativa buscaba reformar el artículo 48 de la Constitución para otorgar un pago adicional anual a docentes oficiales, nacionalizados y territoriales, pero no logró superar su último paso en el Senado.Al no ser agendadas en la última jornada de sesiones ordinarias del Congreso de la República, las tres propuestas quedaron sin trámite y archivadas.
La iniciativa se encuentra en sanción presidencial y permitirá a los cuerpos de bomberos destinar los escasos recursos que administran, a la atención de las emergencias o atención prioritaria, ya que antes de esta ley debían destinar cifras onerosas al pago del impuesto vehicular.De acuerdo con Lina Cuartas Ospina, secretaria Privada del Departamento, la iniciativa fue respaldada en todo el trámite por la bancada antioqueña en el Congreso de la República, así como como de parlamentarios de otras regiones del país.“Esta es una iniciativa que nació en el gobierno de Antioquia y evidencia una vez más el compromiso que tenemos con hombres y mujeres que tienen una enorme vocación de servicio, pero con recursos muy limitados para ejercer su labor”, resaltó la secretaria Privada.La funcionaria recalcó que los vehículos de los cuerpos de bomberos voluntarios de Colombia quedan exonerados del pago del impuesto vehicular, es decir los automotores que usan para atender emergencias en su trabajo misional.Por su parte, el comandante del cuerpo de bomberos voluntarios de El Carmen de Viboral, Caled Gutiérrez, aseguró que la aprobación de esta iniciativa representa un gran alivio tributario para los bomberos.“Las ayudas son muy pocas y que nos exoneren del pago del impuesto vehicular nos mejora mucho la situación económica, en nuestro caso aquí en El Carmen tenemos nueve vehículos”, dijo Gutiérrez, quien además es miembro de la junta departamental de bomberos.En Colombia hay cerca de 900 cuerpos de bomberos, el 90% de ellos voluntarios, y esta propuesta promovida por la Administración Departamental de Antioquia tuvo como coautores principales a los senadores Paola Holguín y Juan Espinal, con el apoyo de 86 congresistas firmantes de diferentes partidos y movimientos políticos.
A menos de dos meses de finalizar el actual Gobierno, la Jurisdicción Agraria, uno de los proyectos más importantes para la política rural del presidente Gustavo Petro, quedó virtualmente hundida en el Congreso. Sin embargo, el Gobierno anunció que volverá a presentar la iniciativa el próximo 20 de julio y defendió su importancia para resolver conflictos históricos sobre la tierra en Colombia.La ministra de Agricultura cuestionó duramente la falta de avances legislativos y señaló que el proyecto fue víctima de dilaciones durante más de un año. Recordó que la iniciativa estuvo en trámite desde agosto de 2024, recibió mensaje de urgencia presidencial y logró ser aprobada por unanimidad en las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado en diciembre de ese mismo año. Pese a ello, aseguró que nunca se concretó su discusión definitiva en las plenarias.La ministra también lamentó la postura de algunos sectores que participaron en el debate, especialmente la dirigencia de los gremios agrícolas que se opusieron al proyecto. Según indicó, algunas posiciones fueron demasiado rígidas y cerraron espacios para construir consensos alrededor de una reforma que, a juicio del Gobierno, busca devolverle dignidad al campo colombiano."Nos preocupa que no haya existido disposición para encontrar una ruta de acuerdo frente a una iniciativa tan importante para el agro. Lo que buscamos es corregir desigualdades históricas y garantizar mejores condiciones para quienes viven y trabajan en el campo", sostuvo la ministra durante su intervención.Frente al nuevo proyecto que será radicado en la próxima legislatura, el Gobierno anunció que mantendrá varios de los principios que considera esenciales. Entre ellos están la protección de la Unidad Agrícola Familiar para evitar la fragmentación de los predios, la defensa de los derechos de las mujeres rurales, el reconocimiento de la posesión agraria y la protección de los pequeños productores. También insistirá en que la administración de los baldíos de la Nación y el control sobre bienes de uso público, como bosques y ciénagas, permanezcan bajo responsabilidad estatal."Vamos a conservar los pilares fundamentales de la jurisdicción agraria, pero también recogeremos los consensos alcanzados durante el debate. Queremos avanzar en el saneamiento de la propiedad privada, facilitar el acceso a la justicia para pequeños campesinos y corregir vacíos institucionales que hoy afectan la resolución de conflictos rurales", explicó la ministra.Según afirmó, la falta de una jurisdicción especializada limita el acceso a la justicia en las zonas rurales, dificulta la administración de bienes públicos y frena la posibilidad de resolver conflictos de tierras que históricamente han alimentado la violencia en distintas regiones del país.La ministra aseguró que la tierra ha sido una de las principales causas del conflicto armado y advirtió que será difícil alcanzar acuerdos nacionales duraderos si no se avanza en mecanismos que garanticen mayor justicia en el campo. Por eso, confirmó que el presidente Gustavo Petro volverá a presentar el proyecto después del 20 de julio, con la expectativa de que el próximo Congreso retome una discusión que, según el Ejecutivo, sigue siendo una deuda pendiente con millones de campesinos colombianos.
En diálogo con Mañanas Blu, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, expresó su profunda sorpresa y escepticismo ante la reciente decisión de la representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, de ordenar la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro.El anuncio se produce en un momento de alta tensión, a solo once días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y mientras el mandatario se encuentra en las Naciones Unidas. López, quien ha acompañado al gobierno y votó por Petro, manifestó su desconcierto debido a la trayectoria de Arizabaleta. “La verdad es que yo siempre la he visto defensora de las causas del gobierno... es una mujer respetuosa, siempre muy dentro de sus cabales”, afirmó el directivo, añadiendo que “durante estos 4 años ha sido defensora número uno del proyecto del presidente Petro”. Cuestionamientos al procedimiento legalUno de los puntos centrales de la controversia es la legalidad y el alcance de la decisión tomada por Arizabaleta. Según el presidente de la Cámara, existe un desconocimiento de los trámites constitucionales en la acción emprendida. “Yo creo que no tiene la potestad para hacer lo que está haciendo directamente”, señaló López, enfatizando que un proceso de esta magnitud debe surtir pasos rigurosos que involucran a la Comisión de Acusaciones, la plenaria de la Cámara y, finalmente, el Senado de la República.López fue enfático al declarar: “Ella solita no puede sacar al presidente de su cargo. Eso tiene que surtir todo un proceso que es más sencillo de lo que han querido poner sobre la mesa... está expreso en la Constitución”.Incluso mencionó que, tras estudiar el escrito radicado por Arizabaleta, “no deja mucha claridad sobre si el presidente con esos argumentos puede ser suspendido o no”.El fantasma de la "extorsión" y las teorías de conspiraciónLa noticia llega acompañada de graves acusaciones por parte del Ejecutivo. Desde Nueva York, el presidente Petro denunció ser víctima de una maniobra de “extorsión a su Gobierno”, vinculando al abogado de Arizabaleta con el entorno del candidato opositor Abelardo De La Espriella.Al ser consultado sobre si Arizabaleta podría estar presionando al Gobierno por cuotas políticas o contratos, López se mostró incrédulo. “Me cuesta pues muchísimo creerlo... no la veo yo a ella en una posición de de arrodillar a un gobierno o un ministro por x o y cosa”, aseguró. Además, recordó que existe una directriz clara dentro del Pacto Histórico: “Petro los reunió y les dijo que nadie del pacto histórico está autorizado ni para pedir puesto ni para pedir contratos”.La suspensión, fundamentada en una presunta participación indebida en política por parte de Petro al apoyar al candidato Iván Cepeda, ha generado todo tipo de especulaciones sobre "autogolpes" o estrategias de campaña. Mientras se espera una aclaración oficial por parte de la representante Arizabaleta, el presidente de la Cámara aseguró que su única ruta es “cumplir la ley” y proceder conforme a la Constitución una vez reciba los documentos oficiales. Por ahora, la medida queda en manos del Senado, único órgano con la potestad final para concretar una suspensión que, de darse, sería un hecho sin precedentes en la historia de Colombia. Escuche aquí la entrevista:
En una decisión clave para la estabilidad fiscal del país, el Congreso de la República aprobó el Nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero, un marco legal que busca fortalecer el control fronterizo y cerrar el paso al contrabando en Colombia.La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) celebró la aprobación del proyecto, que recibió el voto favorable en las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado, cumpliendo así con los exhortos emitidos por la Corte Constitucional en los últimos años.Según la entidad, la medida evita un vacío jurídico que habría dejado sin herramientas legales el control aduanero del país y habría puesto en riesgo procesos fiscales y recursos millonarios del Estado."Quiero agradecer a esta plenaria del Senado, a todas las congresistas y los congresistas, a la oposición y al Gobierno nacional, y a todos aquellos que hicieron posible este logro tras una extensa discusión y un gran consenso. A través de 39 mesas técnicas, se trabajó para alcanzar un concepto unificado alrededor de los 114 artículos de la ley. Más allá de los acercamientos técnicos, se consiguió la comprensión de que este es un propósito superior para el país", mencionó el director general de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt Galeano.De acuerdo con la DIAN, el escenario evitado incluía la posible pérdida de cerca de 190 mil millones de pesos en liquidaciones oficiales, 800 mil millones en sanciones y 211 mil millones en mercancías aprehendidas que habrían tenido que ser devueltas. Además, se protegió la continuidad de 11.180 procesos fiscales y 1.840 procesos oficiales valorados en 3,2 billones de pesos.Con la aprobación legislativa, el proyecto pasa ahora a sanción presidencial y posterior publicación en el Diario Oficial, trámite que deberá cumplirse antes del 20 de junio para acatar lo ordenado por la Corte Constitucional y garantizar la seguridad jurídica del sistema aduanero.La DIAN destacó que este nuevo régimen refuerza la lucha contra el contrabando, protege la industria nacional y asegura la estabilidad del comercio exterior en todo el territorio colombiano.
Un proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República plantea la creación de un nuevo seguro obligatorio para conductores en Colombia, independiente del SOAT y asociado a la licencia de conducción. Aunque la iniciativa todavía debe superar un último debate, ya se conocen los valores que podrían asumir millones de ciudadanos si finalmente entra en vigor.Se trata del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil Extracontractual, una póliza destinada exclusivamente a cubrir daños materiales ocasionados durante un accidente de tránsito, es decir, perjuicios sobre vehículos, viviendas, postes u otros bienes, pero no lesiones personales, según explicó en entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, el congresista Julio Elías Vidal.¿Cuánto tendrían que pagar los conductores?Uno de los puntos que más polémica ha generado es el costo de la nueva póliza. El senador aseguró que, tras consultar con aseguradoras y revisar antecedentes de una norma similar que estuvo vigente anteriormente, el valor sería relativamente bajo."Este seguro ya estuvo en funcionamiento. Costaba solamente 50.000 pesos al año y 25.000 pesos al año para motos", afirmó.Sin embargo, reconoció que el proyecto establece un límite superior para evitar abusos en las tarifas por parte de las compañías aseguradoras. "Le pusimos un tope en la ley. Llegaría máximo hasta 100.000 o 131.000 pesos para vehículos y hasta 70.000 pesos para motos. De ahí no se podrían pasar", sostuvo.De esta manera, aunque el costo estimado sería de unos 50.000 pesos anuales para carros, la cifra definitiva podría ubicarse en un rango superior dependiendo de las condiciones del mercado.¿Qué cubriría este nuevo seguro?A diferencia del SOAT, esta póliza estaría destinada exclusivamente a responder por daños materiales derivados de accidentes de tránsito.Según explicó el senador, la cobertura alcanzaría hasta 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes para vehículos, es decir, cerca de 28 millones de pesos con valores actuales, mientras que para motocicletas sería de siete salarios mínimos."Para vehículos está estipulado en 15 salarios mínimos y para motos en siete salarios mínimos", indicó.El seguro podría utilizarse para reparar daños ocasionados a otros vehículos, viviendas, fachadas, postes u otros bienes afectados durante un accidente.Estaría ligado a la licencia y no al vehículoOtro de los cambios planteados es que el seguro no dependería del carro o la motocicleta, sino del conductor. "El que tiene que responder es el que va manejando. El que responde no es el vehículo, el que responde es el conductor", explicó Elías Vidal.Esto significaría que una persona que tenga varios vehículos, pero una sola licencia de conducción, solo tendría que adquirir una póliza.Incluso, durante la entrevista, el senador confirmó que quienes tengan licencia vigente también tendrían que adquirir el seguro al momento de renovarla, independientemente de si utilizan frecuentemente un vehículo.No es una realidad aúnAunque defendió la propuesta, Elías Vidal aseguró que está dispuesto a retirar el artículo relacionado con el seguro si eso permite salvar el resto del proyecto de seguridad vial, que también incluye un sistema de licenciamiento por puntos."Si para salvar el proyecto tenemos que eliminar el artículo, lo eliminamos. No hay ningún problema", aseguró.El proyecto se encuentra pendiente de un último debate en la plenaria del Senado. Si no es aprobado antes de que termine la legislatura, la iniciativa se hundiría y tendría que comenzar nuevamente su trámite desde cero.
La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles la "suspensión provisional" del presidente Gustavo Petro, mientras lo investiga por su presunta participación en la campaña electoral.La congresista, miembro del Pacto Histórico, el mismo partido de Petro, ordenó "suspender provisionalmente del ejercicio del cargo" al mandatario hasta el próximo 21 de junio a las 16:00 hora local, cuando se cierran las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.De concretarse esta medida, inédita en el país, Petro sería el primer presidente de Colombia en ser suspendido del cargo, aunque la decisión final dependerá del Senado, único que tiene la potestad para hacerlo.Arizabaleta argumentó su decisión en que puede ordenar la suspensión provisional del mandatario "siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación".En medio de la noticia que causó un revuelo político, en Mañanas Blu, se analizó sobre la posibilidad de que la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes pueda ordenar dicha suspensión. Los alcances de la polémica decisiónLa medida cautelar busca apartar al presidente Petro de sus funciones desde el momento de su notificación hasta el próximo 21 de junio de 2026 a las 4 de la tarde, coincidiendo con el cierre de las urnas de la segunda vuelta electoral. Según Arizabaleta, la medida es necesaria y proporcional para evitar que el investigado continúe interfiriendo en el debate electoral.La representante apeló a la Ley 1952 de 2019 (Código Disciplinario) para sustentar que, como funcionaria instructora, tiene la potestad de adoptar esta medida ante faltas calificadas como gravísimas. El choque constitucional y la falta de competenciaLa decisión ha sido calificada como un "disparate jurídico" y un posible caso de prevaricato. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia (artículos 175 y 194), la facultad de suspender al presidente de la República reside exclusivamente en el Senado, previa acusación formal de la Plenaria de la Cámara de Representantes.Señalan en Mañanas Blu, que un solo parlamentario, aunque presida la comisión, no tiene la jurisdicción para sancionar al jefe de Estado de manera unipersonal. Incluso el ministro del Interior ha señalado que la Comisión de Acusación es un ente de instrucción y no tiene competencia para decretar suspensiones por sí misma¿Justicia o estrategia política?El debate ha trascendido lo legal para entrar en el terreno de la especulación política. Dado que Arizabaleta pertenece al Pacto Histórico y es cercana al entorno del presidente, algunos analistas sugieren que se trata de una "jugadita" para favorecer la campaña oficialista. La teoría del "golpe blando" podría ser utilizada para victimizar al mandatario, permitiéndole, paradójicamente, hacer política en las plazas públicas durante los días de su supuesta suspensión. Por otro lado, se discute si esta acción busca congraciarse con sectores de la oposición ante un posible cambio de gobierno, o si es un intento de movilizar a la base petrista frente a lo que el presidente ha denunciado como una persecución judicial. Mientras tanto, la Comisión de Acusación permanece reunida para definir si este "auto de trámite" debe ser revocado por el pleno de la corporación para enmendar lo que muchos consideran un error histórico. Escuche aquí el debate y el análisis:
Un gol en el minuto 93 de Stephen Eustaquio, con un disparo raso desde fuera del área, clasificó a Canadá para los octavos de final del Mundial 2026 contra Sudáfrica, con una victoria por 0-1.Canadá, por primera vez en octavos de la competición, se medirá al ganador del choque entre Marruecos y Países Bajos.Noticia en desarrollo...
El consumo energético de las entidades estatales es un factor clave para la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Con más de 4.000 instituciones públicas que demandan cerca del 5% de la energía en el país, según la UPME, la optimización de recursos se vuelve prioritaria. Un estudio de la firma Vertebra en 40 edificaciones oficiales señala que el sector público tiene un margen de mejora del 40% en su eficiencia energética si adopta herramientas de medición en tiempo real.El principal obstáculo actual es la falta de un monitoreo continuo en las oficinas del Estado. Al respecto, Juan Pablo Rojas, CEO de la compañía, afirma: “Al integrar sistemas que capturen y centralizan la información de las facturas de servicios públicos , las administraciones públicas ganan visibilidad sobre su operación, permitiéndoles identificar variaciones que antes pasaban desapercibidas en las facturas mensuales y actuar a tiempo”.Estrategias claves para la reducción del consumo eléctricoEl análisis plantea soluciones técnicas y organizativas para disminuir la presión sobre la red eléctrica y proteger los embalses. Las medidas evaluadas se dividen en las siguientes estrategias:Auditoría de cuentas: La revisión estricta de la facturación y los incentivos de ahorro permiten alcanzar reducciones de hasta un 25% en el consumo.Actualización tecnológica: Las instituciones con operación concentrada pueden lograr disminuciones del 20% invirtiendo en sistemas de climatización y luminarias eficientes.Plataformas digitales: El uso de herramientas de analítica y automatización permite diagnosticar pérdidas de energía y corregirlas de forma inmediata.El impacto del ahorro residencial en el entorno familiarFrente a la urgencia climática, el estudio propone una línea de acción enfocada en obtener resultados en un plazo de dos meses mediante la vinculación del personal técnico y administrativo.Campañas de concientización: Se plantea motivar a los trabajadores públicos para que apliquen pautas de eficiencia energética dentro de sus propias viviendas.Alivio a la red eléctrica: El seguimiento de las facturas en los entornos familiares busca disminuir la demanda residencial durante las horas pico.Potencial de reducción: La adopción de estas medidas puede generar reducciones de consumo de hasta el 30% en los hogares de los funcionarios.
Tras el devastador terremoto ocurrido el pasado jueves en Venezuela, con un impacto crítico en el estado Vargas, cientos de personas en Bogotá se han movilizado para enviar ayuda humanitaria masiva.La Fundación Juntos Se Puede, liderada por la representante Gaby Arellano, coordina los esfuerzos de recolección en el norte de la capital colombiana, logrando enviar el primer avión con 40 toneladas de insumos médicos y alimentos.Gaby Arellano informó que este primer cargamento despegó gracias a una alianza con Avianca, llegando al aeropuerto de Maiquetía para atender la emergencia en las zonas más afectadas. "El equipo entero no ha dormido porque logramos que se ingresara al aeropuerto El Dorado, que se hiciera todo el papeleo de ley y reglamentario", señaló en entrevista con Sala de Prensa Blu. Además, destacó que más de 4.000 voluntarios trabajaron simultáneamente para clasificar las donaciones que llegan sin interrupción.¿Qué insumos se necesitan donar con urgencia?La prioridad absoluta en este momento son los insumos médicos y la comida enlatada. Según explicó Arellano, la situación en la costa venezolana es crítica, por lo que se requieren específicamente mascarillas que sirvan para olores fuertes, debido a la presencia de cadáveres en las calles.La lista de suministros médicos urgentes incluye:Gasas, guantes, tapabocas y jeringas.Suturas, alcohol y agua oxigenada.Insumos específicos detallados por el área de salud de la fundación.En cuanto a la alimentación, se solicita exclusivamente comida enlatada de larga duración y alimentos perecederos secos. Es fundamental evitar el envío de comida que pueda dañarse rápidamente debido a los tiempos de transporte. Un elemento vital solicitado por la fundación son las pastillas purificadoras de agua, ya que facilitan el acceso a líquido potable de manera más eficiente y ligera que el transporte de botellas de agua. Arellano enfatizó que, por el momento, cuentan con suficiente ropa, por lo que piden priorizar los medicamentos y alimentos.¿Dónde está ubicado el centro de acopio en Bogotá?El centro de acopio principal de la Fundación Juntos Se Puede se encuentra en el noroccidente de Bogotá, en el barrio Pasadena, en la Calle 104 # 54 - 31. No obstante, la magnitud de la respuesta ciudadana ha llevado a la habilitación de más de 30 centros de acopio en toda la ciudad, cuyas ubicaciones se actualizan a través de las redes sociales de la fundación.La respuesta de los vecinos ha sido tal que, según relata Arellano, cuatro casas aledañas a la sede principal han abierto sus portones y salas para funcionar como centros de clasificación. Para quienes deseen colaborar económicamente, la fundación aclaró que no recibe dinero en efectivo. Las donaciones monetarias están siendo gestionadas únicamente por la Cruz Roja Internacional.Actualmente, la fundación cuenta con más de 400 toneladas almacenadas en bodegas gratuitas y continúa requiriendo manos voluntarias en sus sedes para labores de clasificación, embalaje y transporte, con el fin de seguir enviando ayuda de manera continua hacia las zonas de desastre en Venezuela.
A pocas semanas de iniciar el gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, comienzan a definirse los primeros integrantes de su gabinete, mientras expertos analizan el panorama económico que encontrará la nueva administración. Uno de los principales desafíos, coinciden, será atender la situación fiscal del país, impulsar la reactivación económica y garantizar la seguridad energética.En diálogo con Sala de Prensa Blu, el decano de Economía de la Universidad Externado, Juan Pablo Herrera, aseguró que el primer gran reto será corregir el déficit fiscal, que calificó como una de las principales preocupaciones para el Gobierno entrante. Según explicó, el país enfrenta un déficit primario cercano al 3,6 % del PIB y podría cerrar el año con un déficit del Gobierno Nacional Central de alrededor del 6,7 %, cifras que, a su juicio, exigen medidas inmediatas.El segundo desafío, indicó el economista, será garantizar la seguridad energética. Señaló que el país enfrenta riesgos derivados del fenómeno de El Niño y de la falta de cobertura suficiente para atender la demanda de energía, lo que obligará al nuevo Gobierno a tomar decisiones regulatorias y económicas para evitar afectaciones en el suministro.Como tercer punto, Herrera destacó la necesidad de reactivar sectores estratégicos como la construcción, los hidrocarburos, la minería y las canteras, al considerar que son fundamentales para impulsar el crecimiento económico y mejorar la balanza comercial. También enfatizó que será clave recuperar la confianza de los inversionistas y fortalecer las relaciones comerciales con otros países.Frente a la promesa de campaña de Abelardo De La Espriella de reducir impuestos, el experto advirtió que no será una tarea sencilla. Explicó que antes de pensar en rebajas tributarias será necesario fortalecer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), mejorar el recaudo y garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos.Incluso, sostuvo que durante los próximos cuatro años el país probablemente necesitará una nueva reforma tributaria. Aunque reconoció que una medida de este tipo sería impopular, consideró que ampliar la base tributaria será inevitable para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, siempre y cuando exista una mayor eficiencia en la ejecución del gasto y se fortalezca la confianza de los contribuyentes.Mientras avanza la conformación del gabinete, el presidente electo ya anunció algunos de sus primeros nombramientos, entre ellos Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior y José Manuel Restrepo como responsable del empalme anticorrupción.
El programa Sala de Prensa del domingo 28 de junio de 2026, dirigido por Juan Roberto Vargas, analiza los hechos más relevantes de la semana en Colombia y el mundo:El geólogo, Osvaldo Ordóñez explica técnicamente el inusual fenómeno del doble terremoto en Venezuela y desmitifica teorías falsas sobre el fracking o el clima.Beatriz Adán: Reporta desde la morgue de Bello Monte sobre el colapso de los servicios forenses y el drama de buscar a los desaparecidos.Andreina Solórzano: Describe la devastación total en La Guaira y comparte su conmovedora experiencia personal cubriendo la tragedia en su propia tierra.Sofía Lovera: Narra el impactante testimonio de cómo sobrevivió al colapso de su edificio en Los Corales, donde lamentablemente perdió a su hermana.Gabi Arellano de la fundación Juntos se puede detalla la masiva recolección de ayuda humanitaria en Bogotá y el envío de las primeras 40 toneladas de insumos médicos.Juan Pablo Herrera analiza los principales retos fiscales y de confianza inversionista que enfrentará el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.Escuche el programa completo aquí: