Corte ordena al Gobierno adoptar plan de contingencia para atender crisis carcelaria

Según la evidencia aportada a la Corte, se advierte que los cierres parciales de cárceles han derivado en el hacinamiento de población sindicada y condenada en los centros de detención transitoria del país.

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En el Auto 110 de 2019, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno adoptar un plan para mitigar la crisis carcelaria que afrontan varias regiones del país.

La Sala Especial de Seguimiento al estado de cosas inconstitucional (ECI) en materia penitenciaria y carcelaria de la Corte Constitucional, compuesta por los magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Carlos Bernal Pulido y la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, estudió la evidencia aportada en el marco del seguimiento, en la que se advierte de manera clara que los cierres parciales de cárceles, ordenados por algunas autoridades judiciales, han derivado en el hacinamiento de población sindicada y condenada en los centros de detención transitoria del país, como las URI y estaciones de Policía.

La Sala concluyó que la decisión de cerrar parcialmente una cárcel debe someterse a un juicio de proporcionalidad. Es decir, se debe valorar, de manera que se ponderen la aplicación de esta medida con los posibles efectos colaterales que se pueden causar en los derechos de las personas privadas de la libertad, tanto en las 134 cárceles del país, como en los centros de detención transitoria.

De igual manera, la Corte ordenó al Gobierno Nacional la adopción de un sistema de priorización y la elaboración de un plan de contingencia para atender a la población recluida en las cárceles que se encuentran en una situación más crítica respecto del resto de los establecimientos carcelarios del país.

Lo anterior, con el fin de avanzar en la protección efectiva de los derechos de esta población, cuyas condiciones de reclusión se mantienen contrarias al orden constitucional.

Según el auto conocido por Blu Radio:

“La Sala solicitó al Ministerio de Justicia y del Derecho información sobre los avances en la política de concientización ciudadana sobre los fines del derecho penal y de la pena privativa de la libertad, ordenada por la Sentencia T-762 de 2015 y, además, exhortó al INPEC para que promueva la articulación interinstitucional con las autoridades correspondientes, a efectos de mantener la información actualizada acerca de la disponibilidad de cupos carcelarios en los establecimientos a su cargo”.