La Defensoría del Pueblo presentó en agosto de 2026 la “Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir”, un documento que reúne indicadores de diferentes fuentes oficiales y busca servir como línea base para las decisiones del nuevo Gobierno nacional y del Congreso de la República.
El informe plantea que Colombia mantiene avances en algunos indicadores sociales, pero enfrenta brechas persistentes entre territorios y grupos poblacionales, además de problemas relacionados con violencia armada, desplazamiento, crisis ambiental, acceso a la tierra y garantías para el ejercicio de las libertades democráticas.
Desigualdad y exclusión
El primer eje del documento está dedicado a la desigualdad estructural y la exclusión persistente. La Defensoría señala que, aunque se han registrado avances en las condiciones de vida de la población, estos resultados no se han distribuido de manera uniforme entre los territorios y los diferentes grupos sociales.
“La consolidación de la paz debe ser una prioridad inaplazable para la garantía de los derechos humanos. Los datos que se recogen en este eje evidencian que la criminalidad organizada y el conflicto armado persisten, al tiempo que se transforman y fragmentan.” detalla el informe.
La entidad advierte que persisten dificultades para garantizar derechos económicos, sociales y culturales, particularmente en aspectos relacionados con servicios públicos, salud, educación, empleo y condiciones de vida. De acuerdo con el informe presentado por la Defensoría del Pueblo, se encuentran vigentes cerca de 120 alertas tempranas por situaciones de riesgo en todos los departamentos.
Violencia armada y seguridad
Uno de los principales llamados de atención está relacionado con la situación de violencia armada, paz y seguridad.
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La Defensoría sostiene que el conflicto armado y la criminalidad organizada persisten, aunque han cambiado sus dinámicas y presentan mayores niveles de transformación y fragmentación. Ante este escenario, considera necesario que las respuestas estatales en materia de seguridad tengan como prioridad la protección de la población civil y el respeto por los derechos humanos.
Según la Defensoría, en el 2026 de han monitoreado 260 municipios de manera permanente en los cuales hay presencia del ELN de manera permanente en 145 municipios y de forma intermitente en 115 municipios. Así mismo, por crimen organizado, la Defensoría del Pueblo ha expedido 99 alertas tempranas con al menos 77 grupos de crimen organizado.
Entre tanto, una de los temas que más preocupa es la utilización de drones que han perjudicado la vida de 145 personas y ha dejado 21 muertas. Según el informe, entre enero y mayo del 2026, el uso de esos equipos se incrementó un 146%.
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El diagnóstico incorpora información sobre desplazamiento, confinamiento, víctimas del conflicto, minas antipersonal, homicidios, masacres, reclutamiento de menores y asesinatos de personas que han participado en procesos de paz. Entre las fuentes utilizadas aparecen la Unidad para las Víctimas, Medicina Legal, el ICBF, Indepaz y el Servicio de las Naciones Unidas de Acción contra las Minas.
Crisis ambiental y cambio climático
La Defensoría incluye como tercer gran desafío la relación entre degradación ambiental, cambio climático y derechos de la Naturaleza.
El documento advierte que la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y los fenómenos que generan movilidad humana están teniendo efectos cada vez más profundos en Colombia. Por ello, plantea que las decisiones relacionadas con el desarrollo económico deben considerar tanto la protección de los ecosistemas como los derechos de las comunidades que habitan los territorios.
Uno de los temas que pone especial atención el informe es sobre la minería ilegal. Entre el 2023 y el 2026 se emitieron 34 alertas tempranas para identificar esta actividad como un riesgo para las comunidades en 26 departamentos donde además se presenta extracción ilegal de mercurio.
Tierra, campesinado y pueblos étnicos
El cuarto eje se concentra en la reforma rural integral y los derechos del campesinado y de los pueblos étnicos.
La Defensoría considera que cerrar la brecha entre el campo y las ciudades es indispensable para mejorar las condiciones de vida y garantizar derechos. En ese sentido, el acceso a la tierra, el reconocimiento de los derechos territoriales y el desarrollo rural son identificados como factores fundamentales para enfrentar desigualdades históricas.
En el informe, la Defensoría asegura que una de las formas con las que se caracteriza el empleo y activación económica es con la formalización de los terrenos; detalla que son cerca de 2.2 millones de hectáreas que tuvieron ese proceso entre el 2022 y 2026. En restitución, para esos mismo años, son 60.603 hectáreas y fueron censadas mas de 99.000 familias campesinas y étnicas para recibir apoyos en restitución de cultivos.
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Libertad de expresión y democracia
El quinto eje está relacionado con el pluralismo democrático, el espacio cívico y la libertad de expresión.
La Defensoría resalta que las libertades de expresión, reunión y manifestación son fundamentales para que los ciudadanos puedan participar en los asuntos públicos, formular demandas, ejercer control sobre el poder y defender otros derechos.
Sin embargo, el documento identifica desafíos relacionados con la conflictividad social, los riesgos para líderes y defensores de derechos humanos y las amenazas contra periodistas. Según el informe, entre enero del 2025 y el 15 de junio del 2026 la FLIP registró 711 agresiones contra los periodistas y registró 275 amenazas. Estas agresiones se registran, en la gran mayoría, en los departamentos y ciudades donde hay presencia de grupos armados y criminalidad organizada.
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A pesar de registrar una disminución en el homicidio a periodistas desde el 2024, para la Defensoría del Pueblo es un panorama preocupante y llama la atención en que todos los registros encontrados resulta en tener a Colombia en el puesto 115 de 180 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa Reporteros Sin Frontera.
Un diagnóstico para el nuevo Gobierno
La “Radiografía de los derechos humanos en Colombia” fue elaborada como un diagnóstico de referencia para el nuevo periodo presidencial y la renovación del Congreso. La Defensoría señala que el documento pretende facilitar el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y servir como una línea base para hacer seguimiento a la evolución de los principales problemas de derechos humanos del país.
En términos generales, el informe plantea cinco grandes desafíos: reducir las desigualdades, enfrentar las nuevas dinámicas de violencia, responder a la crisis ambiental, avanzar en la garantía de derechos rurales y territoriales, y proteger las libertades democráticas y la libertad de expresión.
La entidad sostiene que el reto no se limita a mantener los avances alcanzados, sino a garantizar que estos lleguen de manera efectiva a los distintos territorios y poblaciones, especialmente a quienes continúan enfrentando mayores condiciones de vulnerabilidad.