La industria militar colombiana, Indumil, ha marcado un hito en la soberanía de defensa del país con el desarrollo del fusil Jaguar. Este nuevo armamento, diseñado íntegramente en Colombia, promete transformar la operatividad de las fuerzas armadas mediante la reducción de peso, la versatilidad de sus componentes y una apuesta por la autonomía logística. Un diseño nacido de la participación ciudadanaA diferencia de otros proyectos militares, el nombre "Jaguar" no fue una imposición gubernamental. En diálogo con Mañanas Blu, Hermis Palacios, director de desarrollo de Indumil, el nombre surgió de un ejercicio democrático en Expo de Defensa a finales de 2025.“Miles de ciudadanos participaron en esta construcción colectiva y por decisión institucional pues se define un nombre”, explicó el directivo, desmintiendo que fuera una elección personal del presidente Gustavo Petro.Innovación técnica y modularidadEl Fusil Jaguar destaca por su capacidad de adaptación a los diversos escenarios geográficos de Colombia. Es un arma calibre 5.56, diseñada bajo un concepto de innovación que permite el intercambio de cañones de 8, 13 o 18 pulgadas, según las necesidades de la misión.Uno de sus mayores atributos es la ligereza. El fusil tiene una reducción del 15% en su peso en comparación con los modelos actuales, gracias a que “el 65% de sus componentes son en polímeros, lo que lo vuelve un arma mucho más amigable con la carga que llevan nuestros soldados”.Además, cuenta con un sistema de riel Picatinny para accesorios estándar y un sistema de seguros ambidiestro que facilita la maniobrabilidad tanto para soldados diestros como zurdos.El proyecto se encuentra en su fase final de validación con la construcción de 50 prototipos que están siendo probados en terreno por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Se proyecta que para el segundo semestre de este año se entreguen los primeros 12.700 fusiles. Escuche aquí la entrevista:
El Comité Internacional de la Cruz Roja presentó un nuevo balance sobre la situación humanitaria en Colombia y advirtió que 2025 estuvo marcado por un fuerte deterioro de las condiciones de vida de miles de comunidades atrapadas en medio de los conflictos armados.El informe anual alerta por el aumento del desplazamiento, el confinamiento, las desapariciones, el uso de explosivos y las afectaciones contra la población civil, en un contexto que el propio organismo describe como “lo ocurrido en 2025 no fue un hecho aislado. Se marcó en un deterioro progresivo de la situación humanitaria que el CICR ha venido advirtiendo desde 2018. Durante estos años, los conflictos armados persistieron, se volvieron más complejos, y sus efectos sobre la población civil se profundizaron. 2025 es el momento más grave de esta tendencia”.Según el balance, al menos 235.619 personas fueron desplazadas de manera individual, 87.069 tuvieron que huir en eventos de desplazamiento masivo y otras 176.730 permanecieron confinadas por cuenta de las confrontaciones armadas y las restricciones impuestas por grupos ilegales.En comparación con 2024, el confinamiento de comunidades aumentó un 100 %, los desplazamientos masivos crecieron un 111 % y los confinamientos subieron un 99 %. Además, las personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos aumentaron un 34%, las nuevas desapariciones documentadas crecieron un 22 % y los ataques contra la asistencia médica se incrementaron en un 40%.“En 2025, las consecuencias humanitarias de los conflictos armados en Colombia alcanzaron el nivel más alto de la última década. Lo que vimos fue no solo un aumento del número de personas afectadas, sino consecuencias humanitarias más severas que afectaron la calidad de vida de las comunidades. Eso respondió no solamente a una intensificación de los enfrentamientos, pero también en la forma en la cual se desarrollaron, y al trato que recibió la población civil. En el régimen hay un deterioro humanitario importante para las comunidades”, aseguró Olivier Dubois, jefe de la delegación regional del CICR en Bogotá.Entre las regiones más golpeadas aparecen Antioquia y Chocó. En Antioquia se registraron más de 13.300 desplazamientos individuales, más de 4.000 desplazamientos masivos y cerca de 5.000 personas confinadas. Además, hubo 152 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos y 37 ataques contra la asistencia médica.Mientras tanto, en Chocó la situación más crítica estuvo relacionada con el confinamiento: más de 51.500 personas quedaron atrapadas en sus territorios sin poder movilizarse libremente ni acceder plenamente a servicios básicos, alimentos o atención en salud. Allí también se reportaron desapariciones, desplazamientos y ataques contra la misión médica.Uno de los puntos más delicados del informe es el aumento del uso de artefactos explosivos y drones adaptados para lanzar explosivos. El CICR documentó 965 personas heridas o fallecidas por este tipo de artefactos durante 2025; 622 de ellas eran civiles, incluidos 93 niños, niñas y adolescentes. La organización señaló que Antioquia, Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander concentraron la mayoría de estos casos y alertó que el uso creciente de drones modificados está generando temor e incertidumbre entre las comunidades.“En muchos casos, las hostilidades se produjeron en zonas pobladas, lo que expuso a sus efectos a las comunidades y impacto directamente a la población civil. También registramos un aumento del uso de artefactos explosivos, en particular los de detonación controlada y los lanzados. Se nota el uso de drones adaptados para lanzar ese tipo de artefactos, lo que aumentó el temor y la incertidumbre dentro de la población civil. Observamos que la afectación a la población civil fue mayor cuando no se respetaron los principios del derecho internacional humanitario sobre la conducción de hostilidad, es decir, la distinción, la proporcionalidad y la precaución”, añadió Dubois.El informe también advierte sobre el impacto de las hostilidades en escuelas, viviendas y centros de salud. En varias zonas del país se reportó presencia de explosivos cerca de instituciones educativas, daños a bienes civiles y restricciones de acceso a servicios básicos. Además, la Mesa Nacional de Misión Médica documentó 282 actos violentos contra la asistencia en salud en 22 departamentos del país.Otro de los capítulos más preocupantes tiene que ver con las desapariciones y el reclutamiento de menores. El CICR documentó 308 nuevas desapariciones relacionadas con los conflictos armados, de las cuales 226 corresponden a civiles, incluidos 77 menores de edad. A esto se suman 65 casos de desaparición de niños y adolescentes asociados al reclutamiento por grupos armados y 58 hechos relacionados con el uso y utilización de menores en el conflicto. El organismo alertó que algunos grupos ilegales incluso estarían usando redes sociales, promesas de dinero y relaciones afectivas para captar menores.“La violencia sexual siguió siendo particularmente grave y, al mismo tiempo, una de las menos visibles. Las cifras disponibles no reflejan la magnitud real de este fenómeno, en parte porque muchas víctimas y sobrevivientes enfrentan estigmatización, temor a represalias y barreras para reportar lo ocurrido y acceder a las rutas de atención y asistencia”.En total, el CICR documentó 845 presuntas violaciones al derecho internacional humanitario durante 2025. Además, advirtió que, mientras las necesidades humanitarias aumentan, los recursos para atenderlas están disminuyendo, al punto que la organización tuvo que reducir en un 30 % su presupuesto para Colombia en 2026.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, firmó una resolución en la que decidió no acceder, por ahora, a la suspensión de las órdenes de captura contra 29 cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos Jobanis de Jesús Ávila, alias 'Chiquito Malo', máximo jefe de esa organización criminal y quien además tiene una solicitud de extradición hacia Estados Unidos.La determinación se conoce en medio del proceso de “conversación sociojurídica” que adelanta el Gobierno nacional con esa estructura, autodenominada como Ejército Gaitanista de Colombia.Según se conoció, la Fiscalía condicionó cualquier eventual suspensión de las órdenes de captura al cumplimiento de varios compromisos por parte del grupo armado. Entre las exigencias están el cese de crímenes que vulneren el Derecho Internacional Humanitario (DIH), la entrega de menores reclutados y el fin de las actividades económicas ilícitas.La Fiscalía General de la Nación respondió a las pretensiones relacionadas con las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) y el proceso de sometimiento del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). En un comunicado, la entidad explicó las decisiones adoptadas frente a las órdenes de captura, la verificación de integrantes del grupo y las condiciones necesarias para avanzar en el proceso de paz.La Fiscalía resolvió abstenerse de implementar medidas orientadas a generar condiciones de seguridad jurídica para el tránsito de integrantes del EGC hacia las ZUT que impliquen no ejecutar, de manera general, automática e inmediata, órdenes de captura antes del 25 de junio de 2026, fecha fijada para el inicio de las zonas.La entidad dispuso verificar la información del listado de 29 personas remitido por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP), incluyendo su plena identificación, situación jurídica, órdenes de captura vigentes y presunta pertenencia al EGC.La Fiscalía señaló que la información entregada por el Gobierno permite conocer compromisos de ingreso de algunas personas a las ZUT, pero todavía no permite verificar el contenido de los acuerdos de paz, su cumplimiento efectivo ni el universo de integrantes que quedaría bajo control institucional.Indicó que la verificación deberá incluir aspectos como la desarticulación de estructuras armadas, suspensión de conductas contrarias al DIH y al DIDH, entrega de menores reclutados, ubicación de desaparecidos, entrega de armas, cese de hostilidades, desminado, desmonte de economías ilegales y estructuras financieras criminales.La Fiscalía aclaró que las ZUT deben entenderse como un medio para facilitar la desmovilización, el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento del grupo, y no como el punto final del proceso ni como una habilitación general de movilidad.Reiteró que los efectos de inmunidad de tránsito y permanencia en las ZUT, así como la suspensión de órdenes de captura, solo empezarán a regir a partir del 25 de junio de 2026.Entre las personas incluidas en el listado aparece Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, quien es requerido en extradición por Estados Unidos y cuya solicitud ya cuenta con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia desde diciembre de 2025. La Fiscalía pidió honrar los compromisos de cooperación judicial internacional.Finalmente, la entidad advirtió que la suspensión temporal de órdenes de captura y la puesta en marcha de las ZUT no interrumpen el ejercicio de la acción penal ni afectan las competencias constitucionales y legales de investigación y juzgamiento de la Fiscalía y los jueces ordinarios.¿Qué pedía el Gobierno de Petro?El Gobierno nacional había expedido previamente una resolución, fechada en abril de 2026, mediante la cual oficializó la solicitud de suspensión de las órdenes de captura contra los 29 integrantes del Clan del Golfo para facilitar el avance de las conversaciones.Dentro de los beneficiados figuraban alias ‘Chiquito Malo’, quien asumió el liderazgo de la organización tras la extradición de alias “Otoniel”, así como Tatiana Andrea Correa Jaramillo, José Francisco Peña y Luis Enrique Martínez Cogollo.El documento contemplaba incluso la suspensión de órdenes de captura con fines de extradición, con el objetivo de permitir el traslado de los integrantes del grupo hacia zonas específicas de concentración.De acuerdo con esa resolución, las Zonas de Ubicación Temporal fueron definidas en los municipios de Tierraalta, Córdoba, y Belén de Bajirá, Chocó. El traslado de los miembros de la estructura estaba previsto para iniciar de manera gradual y progresiva desde el 25 de junio.Sin embargo, con la nueva decisión de la Fiscalía, las órdenes de captura continúan vigentes mientras no se verifique el cumplimiento de las condiciones impuestas por el ente investigador.
A finales de 2025, un total de 82,2 millones de personas estaban desplazadas en su propio país a causa de la violencia, los conflictos y desastres naturales en su mayoría provocados por el cambio climático, alertó este martes el informe anual del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC).Este desplazamiento se ha más que duplicado en una década, ya que en 2016 la cifra ascendía a 38,9 millones de acuerdo con los cálculos de IDMC, observatorio vinculado a la ONG Consejo Noruego de Refugiados (NRC).La cifra de 82,2 millones supone un ligero descenso respecto a 2024, cuando se registró un máximo histórico de 83,4 millones, pero sigue siendo "indicativo de un colapso mundial a la hora de prevenir conflictos y proteger civiles", valoró el secretario general de NRC, Jan Egeland, excoordinador humanitario de Naciones Unidas.De esos desplazados, 68,6 millones tuvieron que dejar sus hogares debido a conflictos, siendo los países más afectados por ello Sudán (9,1 millones), Colombia (7,2 millones), Siria (6 millones), Yemen (4,8 millones) y Afganistán (4,4 millones).Otros 13,6 millones de desplazados internos lo son por catástrofes naturales, incluidos 5 millones en Bangladés, 2,6 millones en Afganistán y 757.000 en Etiopía.El observatorio también calcula los movimientos de estos colectivos en un año, que contabilizan en frecuentes ocasiones varios desplazamientos de una misma persona o familia en 12 meses, y que en 2025 ascendieron a 62,2 millones.IDMC destacó que por primera vez desde que el informe es elaborado en 1998 el número de desplazamientos internos por conflictos en un año (32,2 millones, máximo histórico y un 60 % mayor que en 2024) superó a los causados por catástrofes (29,9 millones).Irán fue el Estado donde hubo más desplazamientos por conflicto en 2025, con 10 millones, en su mayoría evacuaciones temporales de la capital Teherán, seguido por República Democrática del Congo (9,7 millones), Palestina (2,7 millones), Sudán (1,7 millones) y Haití, todos ellos marcados por conflictos abiertos o violencia armada.En los desplazamientos por catástrofes, 10,7 millones se registraron en Filipinas, 3,5 millones en China y 3 millones en Pakistán, siendo un 91 % relacionados con desastres meteorológicos que incluyeron tormentas (17 millones) e inundaciones (7,9 millones).IDMC advirtió que los incendios forestales son en cada vez mayor medida una causa de desplazamiento interno en el mundo, con más de 694.000 movimientos por este motivo en 2025, la segunda cifra más alta de la última década.
Una operación militar contra el ELN se registró en las primeras horas de este lunes en zona rural de Tibú, Norte de Santander. De acuerdo con información preliminar, la ofensiva incluyó bombardeos dirigidos contra un campamento de ese grupo criminal, donde se encontraban varios de sus integrantes.Fuentes señalaron que, tras el ataque, al menos siete presuntos miembros del ELN habrían muerto en medio de la operación. Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible recuperar los cuerpos debido a las complejas condiciones del terreno, la presencia de estructuras armadas en la zona y los riesgos de seguridad que persisten tras la ofensiva.La operación se produjo en medio del recrudecimiento de las acciones armadas en Norte de Santander, departamento donde el ELN mantiene una fuerte presencia y disputa corredores estratégicos ligados al narcotráfico y al control territorial.Hasta el momento, las Fuerzas Militares no han entregado un balance oficial definitivo sobre la identidad de los abatidos ni sobre el alcance total de la operación, mientras continúan las labores de verificación e ingreso al área bombardeada.
Un nuevo hecho de violencia sacude al departamento del Chocó. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba denunció a través de su cuenta de X que la guerrilla del ELN atacó con drones la estación de Policía del corregimiento de Santa Rita, cabecera municipal de Río Iró, dejando al menos dos patrulleros heridos y daños en la infraestructura.De acuerdo con la mandataria, en las últimas horas se han registrado seis ataques con cinco detonaciones, en lo que calificó como una arremetida reiterada contra la fuerza pública, las autoridades locales y la población civil. La funcionaria advirtió que esta modalidad de ataque se ha vuelto frecuente en esa zona del departamento.“Las medidas ordinarias ya no dan abasto frente a esta arremetida criminal”, señaló Córdoba, quien además alertó que la situación está poniendo en riesgo la seguridad y la tranquilidad de las comunidades.La mandataria informó que en este caso, el ataque no solo dejó uniformados heridos, sino que también comprometió la estructura de la estación de Policía en Santa Rita.La denuncia se conoce en medio de un contexto complejo de orden público en el Chocó, donde el ELN mantiene presencia activa y ha intensificado sus acciones en varias subregiones.La gobernadora ya había advertido en marzo sobre el deterioro de la situación de seguridad, especialmente en el Bajo Baudó, tras el anuncio de un constreñimiento armado ilegal por parte del ELN; un paro armado de 72 horas que dejó más de seis mil personas confinadas. Según explicó entonces, estas acciones suelen coincidir con movimientos estratégicos ligados a economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.Según le dijo la gobernadora a Blu Radio en esa ocasión, estos confinamientos buscan restringir la movilidad de la población civil para facilitar operaciones del grupo armado, una práctica que se ha repetido en múltiples ocasiones durante su administración.Frente a los recientes ataques en Río Iró, la gobernadora insistió en la necesidad de tomar medidas más contundentes para frenar la escalada violenta en el departamento. La situación, según indicó, supera la capacidad de respuesta de las acciones ordinarias de seguridad y requiere una intervención más robusta del Estado.
La crisis humanitaria en el Catatumbo continúa agravándose tras más de 15 meses de confrontaciones armadas, con nuevas formas de violencia como el uso de drones con explosivos, la expansión de minas antipersonal y un aumento sostenido de desplazamientos, confinamientos y homicidios en la región.Entre el 24 y el 28 de marzo de 2026, una comisión interinstitucional con participación de entidades del Estado y organizaciones sociales realizó una visita a zonas del municipio de Tibú, donde se recogieron testimonios y se documentaron distintas afectaciones en el territorio.De acuerdo con el informe, se registra el uso sistemático de drones con artefactos explosivos sobre zonas pobladas, así como la instalación de minas antipersonal en viviendas, caminos, ríos e incluso cerca de instituciones educativas. A esto se suman bombardeos atribuidos a la Fuerza Pública que, según el documento, han afectado bienes civiles y cuyos daños permanecen sin atención estatal.En medio de este panorama, las comunidades advierten que el miedo se ha convertido en una constante. “La gente que está en el territorio es porque no tiene para dónde agarrar, es porque no tiene las condiciones o no ha podido salir del territorio, y, pues, se niega, precisamente, también a abandonar la tierra, que es la que ha trabajado toda su vida. Y dejar la tierra abandonada es parte, precisamente, del desarraigo en el que hemos luchado para que no se dé en ese territorio desde hace veinte años hacia acá”, señala Olga Lucía Quintero, lideresa social del Catatumbo.Además, pidió diálogo urgente entre el Gobierno y los grupos armados, con el fin de comenzar a construir la paz en esta región. “No queremos más guerra, estamos agotados, la guerra está dejando víctimas en este conflicto, está dejando desplazados, confinados, personas con secuelas psicológicas, y requerimos que haya un pare”, agregó.Desde las organizaciones humanitarias también alertan sobre el recrudecimiento del conflicto. Lina Mejía, coordinadora de derechos humanos de la corporación Vivamos Humanos, explica que la visita permitió evidenciar un aumento de las afectaciones, así como preocupaciones por el uso de drones, la presencia de artefactos explosivos y las limitaciones en el acceso a servicios básicos. Aunque reconoce que hubo presencia institucional, advierte que persisten “falencias significativas” en la atención, especialmente en el registro de víctimas, la entrega de ayudas y procesos como restitución de tierras y acceso a salud.El informe también documenta una crisis humanitaria con constantes desplazamientos, confinamientos prolongados, desnutrición, restricciones a la movilidad y cierre de instituciones educativas por el riesgo de minas y el reclutamiento forzado. Además, se advierte sobre el reclutamiento de niñas entre 12 y 15 años, lo que ha llevado a familias a separarse como medida de protección.Según relata el informe, la Personería Municipal de Tibú, reporta acumulación de casos sin atender, demoras en la toma de declaraciones y dificultades en la entrega de ayudas humanitarias.Para el expresidente Ernesto Samper, fundador de Vivamos Humanos, el conflicto en el Catatumbo presenta nuevas características que requieren un enfoque distinto. “Entender que el tipo de guerra que se está librando no es el mismo que desde hace diez o veinte años”, afirma, al señalar fenómenos como el reclutamiento digital.“La paz hay que buscarla en los territorios, y hay que buscar en los territorios con sus características. Y no solamente la presencia militar, podemos mandar 12.000 efectivos, pero si no hay escuelas, si no hay una presencia en los hospitales del Catatumbo, si no se terminan de construir las carreteras para que los campesinos saquen sus productos, simplemente no va a haber paso”, señaló Samper.Por su parte, el consejero de paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, advierte que la situación es “compleja” y hace un llamado urgente a establecer una mesa de diálogo regional que permita acordar mínimos humanitarios entre los actores armados.“Una mesa que no tiene que ver con la negociación política del acuerdo de paz, sino una mesa que busque los mínimos humanitarios. Las partes, tanto el Frente 33, como el ELN, como la comunidad, la iglesia, están de acuerdo en que se abra esta mesa para que se haga un alivio humanitario de inmediato”, subrayó Niño.Pese a la gravedad del panorama, la visita interinstitucional también dejó algunas acciones de atención. En total, se realizaron cerca de 1.700 intervenciones, entre ellas 700 atenciones médicas, 450 orientaciones a víctimas, 220 atenciones psicosociales y 120 acciones de prevención del reclutamiento. Sin embargo, el propio informe concluye que estos esfuerzos siguen siendo insuficientes frente a una crisis estructural que continúa deteriorándose.
La Iglesia Católica expresó su preocupación por la situación de orden público en el país y centró su mensaje en las víctimas y las comunidades afectadas por la violencia.“La Iglesia, en primer lugar, expresa toda su cercanía con las víctimas. Hay que reconocer que aquí estamos hablando de personas con una historia, con un pasado, con una familia, personas que llevaban la vida, en su mayoría trabajadores de la zona, que de alguna manera serán afectados en su integridad física”, señaló monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de las relaciones Iglesia-Estado, al insistir en que el país debe responder con “un alto nivel de solidaridad y cercanía” frente a quienes han resultado afectados.El pronunciamiento también puso el foco en los territorios más golpeados, especialmente en Cauca y Valle del Cauca, donde, según la Iglesia, no solo se viven los impactos de la violencia, sino también esfuerzos comunitarios por salir adelante.“Sabemos que son regiones en las cuales hay numerosas iniciativas sociales que se están movilizando, que están tratando de buscar alternativas, soluciones, que están buscando crear puentes, y la Iglesia está allí también junto a ellos”, indicó Henao, al destacar el acompañamiento a las comunidades en estas zonas.En ese contexto, la institución fue enfática en calificar el momento actual como crítico: “Nosotros vemos esto como una crisis humanitaria de grandes magnitudes”, afirmó, al advertir que el país atraviesa una coyuntura que exige “mucha responsabilidad social de parte de todos los sectores” para garantizar el ejercicio democrático dentro del orden constitucional y el respeto por la dignidad de la población.Frente a los responsables de los hechos violentos, monseñor planteó la necesidad de mayor claridad sobre el escenario de negociación.“Habría que definir si realmente quienes están cometiendo estos hechos tienen diálogos en curso con el Estado colombiano, habría que mirarlo porque no todos los grupos armados están en diálogo con el Gobierno. Pero lo que nos parece muy importante aquí, ya desde la perspectiva nuestra, es la visión que tenemos sobre la compleja situación que tienen los pobladores del territorio”, señaló.Sin embargo, insistió en que el foco principal debe mantenerse en la situación humanitaria de los territorios.“Tenemos que mirar hacia esos territorios, identificar en ellos que son comunidades enteras las que están siendo afectadas. Entonces, el llamado es a que se respete el derecho internacional humanitario, a que se respeten los principios de humanidad que son vigentes, incluso en situaciones de violencia o de conflictos muy altos, y que se reconozca que hay límites, y esos límites están, en primer lugar, en el respeto por la población civil”, añadió.Finalmente, envió un mensaje a las comunidades afectadas, reconociendo el difícil momento que atraviesan.“Sabemos que pasan por momentos difíciles, por momentos complejos, por la pérdida de numerosas personas que fueron integrantes de las mismas, y que pasan también por momentos de mucha zozobra, de mucha incertidumbre, de mucho temor”, expresó, al tiempo que hizo una invitación a mantener la esperanza y a seguir fortaleciendo la vida comunitaria como camino para enfrentar la crisis.
A poco más de tres meses del cambio de Gobierno, el deterioro del orden público, las tensiones alrededor de la llamada paz total y la expansión de grupos armados vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre qué debe corregirse en la política de seguridad y negociación en Colombia.En entrevista con El Radar de Blu Radio, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), hizo un balance crítico del momento que atraviesa el país y planteó que, antes de pensar en nuevas fórmulas, el primer paso para el próximo gobierno debe ser reorganizar la arquitectura institucional para enfrentar el conflicto.“Lo primero que tenemos que hacer es poner la casa en orden”, resumió.¿Qué dice la FIP sobre el balance de la paz total?Para Llorente, el deterioro actual no es un fenómeno reciente, sino la profundización de problemas advertidos desde hace años en la implementación de la política de paz total.Según explicó, el modelo de negociaciones simultáneas con múltiples actores armados careció de líneas claras, soporte institucional y coordinación efectiva con fuerza pública, justicia y política criminal.A su juicio, esa desconexión derivó en confusión tanto en las mesas de negociación como en la respuesta del Estado frente a estructuras armadas ilegales.Incluso señaló que uno de los problemas fue haber mezclado en un mismo esquema diálogos con grupos insurgentes y procesos de sometimiento a la justicia con organizaciones criminales, dos escenarios que, dijo, exigen marcos distintos.“Se perdió la brújula”Uno de los puntos más fuertes de la directora de la FIP fue su crítica a lo que calificó como una “colcha de retazos” en la legislación de orden público, al considerar que las reformas sucesivas han generado superposiciones y ambigüedades.Por eso insistió en que una prioridad del próximo gobierno debería ser redefinir reglas, competencias y alcances del Ejecutivo en estas materias.“Se perdió la brújula”, advirtió.Llorente sostuvo que, antes de abrir nuevas discusiones sobre capturas, negociaciones o facultades del Gobierno frente a grupos armados, es necesario ordenar el marco institucional que hoy considera confuso.¿Se pueden manejar tantos procesos de paz al mismo tiempo?Otro de los interrogantes planteados en la entrevista fue si un gobierno tiene capacidad real para conducir múltiples procesos simultáneos con actores armados tan distintos.La respuesta de la analista fue que el desafío no es solo político, sino también operativo e institucional.Planteó que la capacidad estatal ha sido insuficiente y recordó que incluso la Oficina del Alto Comisionado para la Paz llegó a tener mayores capacidades en procesos anteriores que las actuales.Además cuestionó que, en algunos casos, las negociaciones hayan avanzado sin suficiente articulación con inteligencia, fuerza pública o Fiscalía.Para Llorente, parte del rediseño debe pasar por revisar qué procesos deberían depender del comisionado de paz y cuáles tendrían que tener otro liderazgo institucional.Las 14 zonas críticas donde habría que empezarMás que plantear una salida uniforme para todo el país, la directora de la FIP insistió en que la respuesta debe partir de enfoques territoriales.Advirtió que actualmente hay al menos 14 zonas donde comunidades enfrentan disputas entre dos, tres o hasta cuatro grupos armados, y allí debería concentrarse una intervención prioritaria.No necesariamente en todas al tiempo, aclaró, sino bajo una secuencia estratégica.Entre sus planteamientos destacó que esa intervención debería combinar:Protección inmediata a la población civil.Recuperación de control territorial.Fortalecimiento institucional en regiones críticas.Comprensión de las economías ilegales que sostienen a los grupos armados.
La Aeronáutica Civil de Colombia rechazó el ataque terrorista contra el Radar Santana, una infraestructura aérea estratégica ubicada en el municipio de El Tambo, en el departamento del Cauca.De acuerdo con la entidad, desde aproximadamente las 6:30 de la mañana, el sistema de radar localizado en el Cerro Santana fue blanco de ataques por parte de grupos armados ilegales. El reporte preliminar indica que el sistema de antenas sufrió impactos directos, lo que ocasionó la salida de servicio de esta estación de vigilancia aérea.La Aerocivil señaló que su prioridad principal fue garantizar la seguridad del personal técnico que opera en la estación, así como de los integrantes de la Fuerza Pública encargados de su custodia. Gracias a la rápida reacción de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional de Colombia y la Policía Nacional de Colombia, el personal se encuentra a salvo y en constante comunicación con las autoridades.“A pesar del daño en la infraestructura de vigilancia radar, la Aerocivil entrega un parte de tranquilidad a las aerolíneas y usuarios. Gracias a la robustez, redundancia y resiliencia tecnológica de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia, la operación aérea continuará desarrollándose de forma segura y eficiente”, indicó la entidad.La Aerocivil condenó estos hechos y advirtió que los ataques contra la infraestructura aeronáutica afectan bienes públicos y pueden poner en riesgo un servicio esencial para la conectividad y la seguridad aérea nacional e internacional.Finalmente, la entidad informó que continúa evaluando los daños ocasionados y adelantará las acciones necesarias para lograr la pronta recuperación de este sistema estratégico.
Habitantes del sector de Colina Campestre y del barrio Santa Helena, en la localidad de Suba, realizaron un plantón para denunciar el presunto relleno ilegal de un predio con escombros y residuos biológicos, situación que, según la comunidad, estaría generando graves afectaciones ambientales y de salud en la zona.La protesta se llevó a cabo en el Bosque Urbano Santa Helena, el martes 12 de mayo, donde vecinos bloquearon el paso de las volquetas que, según denunciaron, ingresan constantemente al terreno para depositar residuos de construcción y demolición.“Todo el tiempo hay polvo, hay olores horribles, todo el tiempo se puede ver cómo se mueven las casas por el paso de volquetas totalmente llenas de escombros”, denunció Laura una de las habitantes del sector.La comunidad afirmó que el terreno lleva cerca de un año siendo intervenido y que inicialmente las personas encargadas de las obras aseguraron que únicamente realizarían labores de limpieza y retiro de maleza. Sin embargo, los residentes denuncian que posteriormente excavaron varios metros de profundidad y comenzaron a rellenar el lugar con basura y escombros.Según los vecinos, al sitio ingresarían incluso hasta dos volquetas por minuto durante gran parte del día. Además, denunciaron presuntas agresiones por parte de trabajadores y contratistas cuando intentan impedir el paso de los vehículos.“Agredieron a una señora de la tercera edad que intentó bloquear el paso de las volquetas y también golpearon a un vecino”, agregó Laura.Ante las denuncias, el alcalde local de Suba, César Salamanca, aseguró que la actividad no cuenta con licencia y anunció medidas contra quienes estarían realizando el relleno del predio.“El lote es privado, pero lo están rellenando sin licencia. La curaduría nos confirmó que no existe permiso para esta actividad”, señaló el mandatario local.Salamanca explicó que actualmente existen 10 expedientes abiertos por este caso y anunció que la Alcaldía Local adelanta el proceso para realizar el sellamiento definitivo de la actividad.Además, indicó que también se revisará la situación de los permisos de movilidad para las volquetas y el impacto que estas han generado sobre las vías del sector.“Esperamos que la comunidad pueda ver la restauración de las vías afectadas y que todo quede como estaba antes de que comenzara esta actividad”, agregó.Salamanca también aseguró que, aunque los responsables del predio argumentaban tener permisos ambientales, la Secretaría de Ambiente habría aclarado que únicamente se emitió un PIN informativo, documento que no autoriza el ingreso, ni disposición de residuos de construcción y demolición en el lugar.
A pocas semanas del cierre de la legislatura, organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos y lideresas indígenas encendieron las alarmas por el riesgo de que se hunda el proyecto de ley que busca prevenir, atender y erradicar la mutilación genital femenina (MGF) en Colombia.La iniciativa ya superó tres debates en el Congreso y solo le falta una última discusión en la plenaria del Senado. Sin embargo, la congestión legislativa y la prioridad que han tomado otros proyectos, como el de jurisdicción agraria, tienen en vilo su aprobación antes del 20 de junio, fecha en la que termina el actual periodo legislativo.Ante este panorama, catorce organizaciones enviaron una carta urgente a la Mesa Directiva del Senado solicitando que el proyecto sea priorizado en el orden del día de la plenaria de niñez para evitar que se archive por falta de trámite.En la carta, las organizaciones advirtieron que “nos queda poco tiempo” y señalaron que la protección de niñas y adolescentes no puede seguir aplazándose. También recordaron que la mutilación genital femenina constituye una grave violación de derechos humanos y una forma de violencia basada en género que deja consecuencias físicas y psicológicas permanentes.El proyecto de ley busca llenar el vacío jurídico que existe actualmente en Colombia frente a esta práctica, reconocida oficialmente por el Estado desde hace casi 20 años. De acuerdo con cifras citadas por las organizaciones, entre 2020 y 2025 se documentaron al menos 204 casos, de los cuales 177 corresponden a niñas indígenas, especialmente en departamentos como Risaralda y Chocó.Especialistas y defensoras de derechos humanos aseguran que las cifras podrían ser mucho más altas debido al subregistro, especialmente en territorios apartados y comunidades donde la práctica persiste por razones culturales y tradicionales.La iniciativa legislativa propone una política pública integral basada en prevención, atención y producción de información. Entre las medidas contempladas están estrategias pedagógicas en las comunidades, fortalecimiento de los sistemas de registro y creación de rutas claras de atención en salud para niñas y mujeres en riesgo.Uno de los puntos que destacan las organizaciones es que el proyecto tiene un enfoque no punitivo e intercultural, construido con participación y liderazgo de mujeres indígenas. El objetivo, aseguran, es promover el diálogo comunitario y proteger a las niñas sin estigmatizar a los pueblos indígenas ni afrodescendientes.El pasado 7 de abril, la Comisión Primera del Senado aprobó por unanimidad la iniciativa, liderada por la senadora Clara López Obregón. Durante ese debate se reveló que el 56 % de las víctimas registradas son niñas entre los 0 y 5 años de edad y que también se han identificado casos en población afrodescendiente.Las organizaciones firmantes, entre ellas Equality Now, Profamilia, Fundación Plan, la Red Nacional de Mujeres y la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, insistieron en que la aprobación de esta ley representaría un hecho histórico para la región, pues podría convertirse en la primera legislación específica contra la mutilación genital femenina en América Latina.Además, recordaron que en noviembre de 2025 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó por primera vez una audiencia pública temática sobre esta práctica en las Américas y pidió a los Estados adoptar marcos normativos sólidos para enfrentarla.“El Senado tiene hoy la oportunidad histórica de convertir el reconocimiento del problema en una respuesta legal efectiva”, señalaron las organizaciones en la carta enviada al Congreso.Si el proyecto no alcanza a ser debatido y aprobado antes del cierre de la legislatura, deberá iniciar nuevamente todo su trámite desde cero en el próximo periodo legislativo.
En un operativo adelantado en el municipio de Buriticá, Occidente de Antioquia, la Policía Nacional capturó a seis personas señaladas por el porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, en medio de una redada contra la minería ilegal.Durante el procedimiento fueron incautados un arma de fuego tipo revólver, 26 cartuchos, 21 kilogramos de explosivos, 200 detonadores, 20 metros de cordón detonante y un cilindro de gas acondicionado con explosivo que, según las autoridades, representaba un grave riesgo para la población y podría ser utilizado para acciones criminales y terroristas. "Esta actividad operacional se da en el marco del amparo y la protección a un título minero que está siendo presuntamente perturbado por personas que se dedican a la minería ilegal en nuestro país", indicó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que este resultado evidencia la capacidad operativa y violenta de estas estructuras ilegales, así como la importancia de anticiparse a las amenazas para proteger a las comunidades y la infraestructura del territorio.“Mi reconocimiento a nuestros policías y militares que, con valentía y compromiso, continúan protegiendo a Colombia”, expresó.Golpe a la minería ilegal en CaracolíEn otro operativo realizado en Caracolí, en la subregión del Magdalena Medio, uniformados de la Policía lograron inhabilitar un yacimiento minero ilegal y destruyeron maquinaria utilizada para la extracción ilícita de minerales, afectando de manera directa las capacidades logísticas de estas redes ilegales.Durante la operación fueron destruidas cuatro dragas tipo buzo, una retroexcavadora, ocho motobombas y tres motores generadores de aire, equipos cuyo valor aproximado asciende a 420 millones de pesos.De acuerdo con el ministro Sánchez esta acción impacta las finanzas de quienes buscan enriquecerse mediante actividades ilícitas que destruyen los recursos naturales y afectan la seguridad de las comunidades.“La minería ilegal no solo financia el crimen; también deja graves daños ambientales y sociales. Seguiremos actuando con contundencia para proteger el territorio y defender la legalidad”, afirmó, al tiempo que reiteró su reconocimiento a policías y militares por sostener esta ofensiva.
La billetera digital Nequi confirmó que durante la mañana del miércoles 13 de mayo su cuenta de la red social X fue hackeada.La situación no tardó en generar reacciones en las plataformas digitales, pues usuarios comenzaron a reportar que en el perfil estaban apareciendo publicaciones extrañas relacionadas con contenido publicitario que no tenía ningún tipo de relación con la marca.¿Qué dice la compañía sobre la situación?Por medio de un comunicado, la compañía aseguró que tan pronto identificaron la situación su equipo intervino para garantizar el control y la seguridad de la cuenta.“Desde Nequi informamos que hemos identificado un posible acceso no autorizado a nuestra cuenta oficial en X (Twitter)”, señaló la compañía.Nequi señaló que en este momento la cuenta se encuentra bloqueada y asegurada. Además, señaló que en el tiempo en la que no tuvo control, fue publicado contenido que ningún caso corresponden a productos, servicios o comunicaciones oficiales.Asimismo, destacaron que la finalidad de la cuenta de X de la compañía es para comunicación promocional con sus clientes, y les recordó a los usuarios que este no es un canal de uso transaccional.Es por esto, por lo que Nequi hizo un llamado a la ciudadanía que hace uso de la plataforma para que utilicen solos los canales autorizados para evitar caer en posibles engaños o desinformación.Finalmente, recordó que la compañía tiene un canal de atención para los usuarios en WhatsApp y por medio de su página web. Asimismo, está disponible por medio de su línea telefónica, Instagram y Facebook.
En desarrollo de operaciones militares adelantadas en Villavicencio, Meta, tropas del Ejército lograron el sometimiento a la justicia de alias ‘Sabueso’, señalado cabecilla de finanzas d la Estructura 39 ‘Arcesio Niño’ de las disidencias de las Farc que delinque en los Llanos Orientales.La operación fue desarrollada por unidades militares, con apoyo de inteligencia y componentes de la Fuerza Aeroespacial. De acuerdo con información oficial, alias ‘Sabueso’ habría recibido órdenes directas de alias ‘Efrén’, máximo cabecilla de la estructura armada ilegal.Según el análisis de inteligencia, el hombre llevaba cerca de 33 años dentro de grupos armados organizados, tiempo en el que habría adquirido experiencia y capacidad de coordinación entre diferentes estructuras criminales. Además, las autoridades señalaron que entre agosto de 2024 y julio de 2025 se desempeñó como cabecilla principal de la estructura 44 ‘Antonio Ricaurte’ en el departamento del Guaviare.Las Fuerzas Militares indicaron que este sometimiento representa un golpe estratégico contra el Bloque Amazonas ‘Manuel Marulanda Vélez’, debido a la capacidad de articulación y movilidad que tenía alias ‘Sabueso’ entre estructuras ilegales que operan en Meta, Guaviare y otras zonas de los Llanos Orientales.De acuerdo con el reporte militar, el hombre era considerado uno de los integrantes con mayor trayectoria dentro de las disidencias, especialmente en áreas relacionadas con finanzas, fortalecimiento logístico y coordinación armada.Las autoridades avanzan ahora en el proceso de judicialización y ampliación de información sobre las actividades criminales que habría desarrollado dentro de la organización ilegal.