Más de 1.200 familias desplazadas por el conflicto armado en el Catatumbo recibieron ayudas por parte de la empresa Super GIROS Norte de Santander. Durante dos semanas, empleados de la compañía recorrieron las vías de los municipios de Ábrego, Convención, El Tarra, Tibú y los corregimientos de La Gabarra, San Pablito y San Pablo, para llevar alivio a las comunidades afectadas por la violencia.Le puede interesar: Los kits entregados contenían pañales, leche de fórmula, pañitos húmedos y teteros para bebés, elementos esenciales para las familias que han tenido que abandonar sus hogares en busca de seguridad. Además, la empresa extendió la ayuda hasta los hoteles y barrios de Cúcuta, donde se encuentran alojados cientos de desplazados que huyeron de la crisis humanitaria en la región.La iniciativa representó una inversión de $105 millones, recursos propios de Supergiros, que decidió sumarse al llamado a la solidaridad promovido por las autoridades locales para acompañar a las familias afectadas.Un líder social del municipio de Ábrego expresó su gratitud: “Queremos agradecer la presencia que hacen en los albergues de Ábrego”, dijo.Asimismo, desde uno de los albergues, una colaboradora del Centro Carismático Jesús Vive manifestó lo siguiente:“Desde este albergue queremos agradecer a Supergiros por la gestión, por la colaboración y apoyo que nos han brindado”.Con esta acción, esta empresa en Norte de Santander reafirma su compromiso con la comunidad y su responsabilidad social en una de las regiones más golpeadas por el conflicto en Colombia.
No cesa la violencia en el departamento de Norte de Santander a manos de grupos armados ilegales en la zona. Uno de los puntos más afectados ha sido el municipio de Tibú, el cual ha sido escenario de diversos hechos de orden público, y, este jueves, 6 de febrero, vuelve a ser víctima por esta escalada.Sobre horas de la tarde de este 6 de febrero, a través de redes sociales, se conoció una serie de video de la grave situación de orden público en el municipio. De hecho, denunciaron fuerte balacera en el caso urbano del pueblo. Dicho clip muestra cómo las personas corren a sus hogares buscando refugio mientras se escuchan los disparos de los enfrentamientos.Estes es el video en Tibú, Norte de SantanderNo obstante, una versión indicó que era un ataque planeado por parte de grupos armados ilegales contra un hombre que se movilizaba en una motociclista con una mujer en el corazón del casco urbano. Ella resultó herida en este intento de homicidio, mientras que él se mantiene fuera de peligro y con acompañamiento de las autoridades.Los enfrentamientos y hechos de violencia en el municipio han obligado a las personas a mantenerse resguardadas en sus viviendas. Miembros del ELN y de las disidencias de las Farc son los que operan en esta zona y se mantienen en disputa por el territorio desde hace semanas. Por este hecho, miles de personas han evacuado la región del Catatumbo hacia ciudades principales buscando escapar de esta escala de violencia en el departamento.Por otro lado, este sería el segundo hecho de violencia en el municipio en menos de 24 horas. Este 5 de febrero se reportó un ataque armado por parte al batallón por medio de explosivos: “Rechazamos el lanzamiento de cuatro artefactos explosivos improvisados por parte integrantes del grupo armado organizado ELN a las instalaciones de la Fuerza de Tarea Vulcano, de @Ejercito_Div2, en Tibú, #NorteDeSantander”, indicó el Ejército en su cuenta de X por este hecho.
Faltan menos de tres días para las elecciones de coordinador de la asociación Camawari en el departamento de Nariño. Las autoridades indígenas de diez resguardos de los pueblos Awá, en el municipio de Ricaurte, denunciaron que han aumentado los ataques y la vulneración de derechos contra sus comunidades por “culpa de la ambición del poder”.Tras cumplirse las honras fúnebres de James Tomas Guanga, su padre aseguró por qué mataron a su hijo, de 28 años, en un hecho de sicariato ocurrido el pasado 2 de febrero en la calle principal del municipio de Ricaurte, Nariño.Dijo que fue asesinado por “asuntos políticos” debido a que aspiraba a ser elegido tesorero de la asociación de pueblos indígenas Awa-Camawari y, que, pese contar con un esquema de seguridad, fue asesinado con arma de fuego. Es por esto que Antonio Guanga, padre del líder asesinado, pide que se haga justicia al igual que lo hacen las autoridades indígenas de los pueblos Awá, que decidieron mantener el proceso de elecciones previstas para este 7 y 8 de febrero donde se va a elegir el nuevo coordinador de la asociación Camawari.Por otro lado, los diez gobernadores de los pueblos Awá pidieron a Policía y Ejército vigilar el proceso del próximo fin de semana, pues, según denunciaron. temen que se registre algún atentado en contra de los candidatos o la comunidad.Crece la violencia en Nariño, según denuncianNiver Moreano, gobernador mayor del resguardo indígena de Vegas-Chimbuza, dijo a Blu Radio que, tras el asesinato del líder indígena James Tomas Guanga Quetal, se incrementaron las intimidaciones contra los aspirantes a los diferentes cargos de la coordinación y aseguró que ni el Gobierno nacional ni las autoridades hacen algo pese que saben de quién viene estas amenazas.Aseguran que el motivo de las elecciones que se realizaran entre el 7 y 8 de febrero ha aumentado la violencia y motiva la preocupación, pese a que hay quienes quieren que se aplacen nuevamente tal y como sucedió en diciembre del 2024.Según Bairon Guanga, gobernador mayor del resguardo Pialapi-Pueblo viejo, la desprotección en todo el municipio se ha agravado luego del asesinado de Tomas Guanga, quien siempre se destacó por su servicio a la comunidad sin discriminación alguna“Esto ha generado el escenario propicio para que las intimidaciones a través de mensajes de texto invadan el municipio y aumente la violencia contra las comunidades indígenas que le siguen apostando a la paz”, dijo Guanga.Manuel Nastacuas, gobernador del resguardo Ramos-Mongo, insistió que la violencia histórica que sufren los pueblos y comunidades indígenas adquiere una alerta temprana la cual debe ser atendida inmediatamente por el Gobierno nacional para “evitar una masacre en la región”.Hacen un llamado para que los grupos armados y el Gobierno continúen la mesa de diálogos de paz, pero advierten que la división interna entre los pueblos indígenas, que debe ser atendida por las organizaciones defensoras de derechos humanos y la comunidad internacional.
La grave situación de seguridad y humanitaria en el Catatumbo que produjo, a su vez, la suspensión de diálogos entre esa guerrilla y el Gobierno nacional, ya empieza a tener repercusiones en varias regiones del país donde autoridades han adoptado decisiones para afectar las acciones del grupo armado.Lea también: Este es el caso del departamento de Antioquia donde, recientemente a través de su cuenta en X, el gobernador Andrés Julián Rendón reveló el cartel de los más buscados de esa guerrilla con millonarias recompensas para quien entregue información que permita la captura y judicialización de al menos ocho de sus integrantes.“En Antioquia la paz se impone con justicia, seguridad y oportunidades sociales”, aseguró el mandatario regional.Entre los incluidos en el cartel se encuentran cuatro, por los cuales se ofrece hasta 400 millones de recompensa, pertenecientes al bloque de guerra Darío Ramírez Castro. Se trata de alias ‘Omar’ o ‘Casinga’, cabecilla principal, así como de alias ‘Mara’, ‘Nelson’ y ‘Munguía’, cabecillas en las subregiones del Bajo Cauca y el Nordeste, respectivamente.De igual manera, la Gobernación ofreció una recompensa de hasta 100 millones por varios de los cabecillas de sus frentes y compañías, alias ‘Carrito’ del frente Resistencia Guamocó; alias ‘Chemo’´, de la Compañía Móvil Anorí; alias ‘Nataly’ del frente Capitán Mauricio y alias ‘Dilan’, del frente Héroes y Mártires de Anorí.Las autoridades invitaron a la ciudadanía a reportar cualquier información sobre estas personas que estarían detrás de diferentes hechos violentos de los últimos meses en el departamento en medio de disputas por rentas ilícitas y territorios con las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, a la línea 123.
Antioquia se ha consolidado como uno de los departamentos más destacados en la implementación de la Reforma Agraria, impulsada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) bajo el Gobierno de Gustavo Petro, con más de 8.904 hectáreas entregadas a organizaciones campesinas y comunidades étnicas en municipios clave como Caucasia, Zaragoza, Cáceres, Necoclí, Arboletes, Puerto Berrío y Yondó, entre otros.Uno de los hitos más significativos de este proceso fue la formalización de más de 8.171 hectáreas de tierra para campesinos que llevaban años esperando el título de sus predios. Este avance les ha permitido acceder a proyectos productivos y financiar sus iniciativas, mejorando de forma sustancial su calidad de vida.La Reforma Agraria alcanzó un hito histórico con la entrega de títulos en El Aro, corregimiento del municipio de Ituango, donde se entregaron 1.695 hectáreas a cerca de 90 familias víctimas de la masacre paramilitar de 1997. Este hecho marcó un antes y un después en el proceso de reparación y justicia social para las víctimas de la violencia en la región."Antioquia cierra este año como un referente de justicia social en la Reforma Agraria", afirmó Farlin Perea Rentería, Coordinador de la Agencia Nacional de Tierras para Antioquia, Eje Cafetero y Chocó. El avance en la caracterización de tierras también ha sido significativo. Más de 189.000 hectáreas del Fondo de Tierras en Antioquia fueron caracterizadas para ser adjudicadas a familias campesinas, con el objetivo de fortalecer la seguridad agroalimentaria y promover la producción local.A través de estos esfuerzos, se está contribuyendo al desarrollo económico y social de las zonas rurales. En términos de sostenibilidad ambiental y organización del territorio, el Gobierno nacional constituyó 13 Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en todo el país, dos de ellas en los municipios de San José de Apartadó y Tarazá, en Antioquia, donde 800 familias se benefician de la protección de la tierra y el acceso a mejores condiciones sociales y económicas.Con más de 71.000 hectáreas bajo esta figura, se busca fomentar la economía campesina y garantizar el uso sostenible del territorio en regiones históricamente afectadas por la violencia. En el componente étnico, otro avance importante fue la constitución de los Resguardos Indígenas José de los Santos, en Cáceres, con 636 hectáreas, y El Mango en Turbo, con 53 hectáreas, ambos del pueblo Senú.Estos avances han sido esenciales para fortalecer los derechos territoriales de las comunidades indígenas de la región y asegurar la protección de su cultura y recursos naturales. Los esfuerzos no solo se limitaron a la entrega de tierras. En el norte de Antioquia, familias campesinas que ya recibieron tierras en años anteriores fueron beneficiadas con insumos por más de $230 millones.Estos recursos están destinados a fortalecer proyectos productivos en los sectores agrícola y ganadero, con el fin de mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de sus actividades productivas. Este progreso refleja una verdadera transformación social y económica para las familias campesinas de Antioquia, como lo evidenció Francy Cabezas, quien recibió 277 hectáreas en Puerto Berrío, junto con su asociación. "Tener tierra propia para cultivar cacao siempre fue uno de mis sueños", comentó. Ahora, no solo podrá mejorar su calidad de vida, sino también enseñar a su hijo a trabajar la tierra con orgullo y visión de futuro.El Gobierno actual ha recalcado su compromiso con una Reforma Agraria inclusiva, que busca devolver la tierra a quienes la trabajan, promoviendo la equidad y la justicia social. Con resultados concretos y un enfoque en la sostenibilidad, el campesinado antioqueño y el de todo el país cuentan ahora con mayores herramientas para su desarrollo y bienestar.Antioqueños son propietarios de su propia tierra a través de la Reforma Agraria:La historia reciente de Antioquia está marcada por la lucha campesina, la defensa del territorio y el acceso a la tierra. En un pasado de violencia y despojo, el departamento hoy es protagonista de la Reforma Agraria, con figuras como Never Hoyos, Ángela Rentería, Margarita Zapata y Daniel Naranjo, quienes lideran la recuperación de tierras para comunidades campesinas. A través de esta reforma, miles de hectáreas han sido entregadas a campesinos en municipios como Necoclí, Caucasia, Yondó y Urabá, brindando la oportunidad de vivir dignamente de la agricultura.El corregimiento de El Aro, en Ituango, es un ejemplo de reparación a las víctimas del conflicto armado. Daniel Naranjo, quien ha trabajado su tierra durante más de 20 años, recibió finalmente el título de propiedad, lo que le permite acceder a proyectos productivos y créditos. En Cacerí, Never Hoyos, al frente de la Asociación Campesina Unida, ha logrado que 10 familias reciban 130 hectáreas para cultivar productos como arroz y ñame.La entrega de tierras y la formalización de la propiedad han convertido a Antioquia en líder de este proceso nacional.
El presidente Gustavo Petro sugirió este lunes que detrás de la violencia en el Catatumbo, en la que han muerto decenas de personas por enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y una de las disidencias de las FARC, podría estar una "fuerza extranjera" cuya procedencia no especificó."El Catatumbo tiene unos actores de la violencia que han cambiado en el tiempo. Llegaron a defender la población, llegaron a hacer una revolución para mejorar la vida (de los campesinos) pero han terminado en lo contrario y eso también hay que decirlo. Porque qué es lo que vemos en estos días: una fuerza extranjera ocupando el territorio", dijo el jefe de Estado en una visita a la ciudad de Ocaña.Lo que dijo Petro en OcañaPetro realizó hoy un consejo de ministros en Ocaña, que, al igual que el Catatumbo, está ubicado en el departamento de Norte de Santander y es uno de los principales receptores de los más de 48.000 desplazados que ha dejado la violencia guerrillera.El jefe de estado añadió: "Por eso yo dije en alguno de mis trinos (publicaciones en su cuenta de X) este es un problema de soberanía nacional, no solo es un conflicto interno".Petro afirmó además que lo que hizo el ELN en el Catatumbo fue una ocupación "con formas paramilitares" para controlar la frontera con Venezuela para quedarse con los cultivos de coca y sacar partido de las diferencias entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro.Cultivos de la coca, origen de la violenciaColombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 kilómetros en la que operan grupos guerrilleros al igual que bandas de narcotraficantes y de trata de personas que se lucran de sus actividades ilegales que abarcan el secuestro, la extorsión y el sicariato.Petro propuso a la población del Catatumbo dejar de cultivar coca, que es el principal motor de la violencia en la región, para allanar el camino hacia la paz y el progreso."Le propongo a la población dejar el cultivo de la hoja de coca y se van los violentos. Lo que atrae (a) los violentos es el cultivo de la hoja de coca", aseveró.Para enfrentar la ola de violencia, Petro declaró el viernes pasado la conmoción interior, que durará 90 días y se extenderá a 16 municipios del departamento de Norte de Santander, entre ellos los once del Catatumbo afectados por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias; a Cúcuta, capital departamental, y a dos del departamento del Cesar, que están recibiendo desplazados.Los enfrentamientos entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC en el Catatumbo desde el 16 de enero dejan entre 60 y 80 muertos según los conteos de la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Norte de Santander.
En las últimas horas, un carro cargado con explosivos detonó en el corregimiento de El Plateado, perteneciente al municipio de Argelia, Cauca, al sur del país. El ataque ha dejado varias personas heridas y causó importantes daños materiales en múltiples viviendas cercanas al lugar de la explosión.Según los primeros reportes, el hecho ocurrió en la madrugada de este martes. Aunque hasta el momento no se ha confirmado el número exacto de heridos, fuentes oficiales indican que varias personas han sido trasladadas a centros asistenciales en busca de atención médica. Las viviendas afectadas presentan daños estructurales significativos, y varias familias han tenido que evacuar la zona.Emiten alerta de riesgo en siete departamentos por escisión de disidencias de Farc La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por el riesgo que tienen las comunidades de siete de los 32 departamentos colombianos por la escisión del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Farc, que se dio el año pasado."Esta Alerta Temprana se emite por los graves riesgos para la población civil derivados de la expansión y/o confrontación armada entre los grupos disidentes de las extintas Farc-EP bajo el mando de alias 'Calarcá Córdoba' (Estado Mayor de los Frentes y el Bloque) y los que se encuentran bajo el mando de alias 'Iván Mordisco'", señaló la Defensoría.El documento advierte de riesgos para 45 municipios de los departamentos sureños de Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca e incluso afirma que hay varias zonas donde "la fractura ya ha comenzado a evidenciarse en confrontación bélica y se requieren acciones de prevención urgente".El Gobierno y el EMC comenzaron en 2023 una negociación hasta que se confirmó la escisión de este grupo armado debido a la beligerancia de algunos de sus frentes sobre todo en el departamento del Cauca.
La Jurisdicción Especial para la Paz entregó su primer informe quincenal sobre los hallazgos en La Escombrera, en Medellín. Es importante decir que la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) trabajan en conjunto para hallar a las 502 personas registradas como desaparecidas en la Comuna 13.Hay un asunto para resaltar y es la presencia de mujeres en estas búsquedas y no solamente de las familiares, sino de antropólogas forenses. Al respecto habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la directora de UBPD, Luz Janeth Forero Martínez.Y que estas mujeres han denunciado la desaparición de sus familiares y han insistido en que sus voces sean escuchadas en el país. Martínez destacó la importancia de este fenómeno social y el liderazgo que han ejercido en este proceso."Me parece absolutamente importante hacer ese reconocimiento especial a las mujeres buscadoras. Fueron, en primer lugar, las que instauraron desde hace ya muchísimos años esas denuncias sobre los hechos, no solo ocurridos acá en las comunas, sino en muchos lugares de nuestro país. Son las personas que han hecho un gran esfuerzo de resistencia, resiliencia y que son las que están paradas para que este país no olvide y para que evitemos el negacionismo, en particular, frente a la desaparición de las mujeres", subrayó.La directora afirmó que, a lo largo de los años, estas mujeres han desarrollado sus propias metodologías de búsqueda, trabajando incansablemente para reunir información y hasta visitando cárceles en busca de datos que puedan ayudar a encontrar a sus seres queridos.Su esfuerzo no se limita al nivel personal, sino que también implica una dimensión política, impulsando leyes y medidas que favorezcan la búsqueda y visibilicen su situación."Probablemente muchas personas no saben que las mismas mujeres han construido sus propias metodologías de búsqueda, han determinado mecanismos de cómo avanzar ellas solas en las investigaciones para encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Han visitado, por ejemplo, cárceles para buscar a los perpetradores de los hechos de la desaparición y obtener información de primera mano, sobre lo que pasó con sus hijos, con sus esposos, con sus padres, con sus hermanos, con sus familiares", indicó.Con una estadística alarmante de más de 124.000 personas desaparecidas en Colombia, la mayoría de ellas hombres, las mujeres se ven compelidas a tomar la iniciativa y liderar esta búsqueda.En la Unidad de Búsqueda, la mayoría de los roles son ocupados por mujeres, desde tecnológicas hasta antropólogas, quienes han sido capacitados para realizar estas tareas con un alto rigor y conocimiento técnico.
La región del Catatumbo, en Norte de Santander, vive una de las peores crisis humanitarias de los últimos años. Según cifras oficiales, el enfrentamiento entre grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC ha obligado a más de 20.000 personas a abandonar sus hogares, desplazándose hacia municipios como Cúcuta y Ocaña en busca de refugio y seguridad.Desplazados llegan a Cúcuta en busca de ayudaEn una entrevista con Mañanas Blu, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, reveló que aproximadamente 11.600 personas desplazadas han llegado a la capital de Norte de Santander. “Ayer eran cerca de 19.000, pero ya superamos los 20.000 desplazados. Esto es una tragedia humanitaria que requiere atención inmediata”, señaló Acevedo.Los desplazados, muchos de ellos provenientes de municipios como Tibú, El Tarra y Teorama, llegan con lo puesto. Según el alcalde, “estas familias salen de sus hogares sin tiempo para llevar siquiera una muda de ropa. Llegan aquí con miedo, hambre y muchas necesidades”.En Cúcuta, los recién llegados están siendo atendidos en espacios como el estadio General Santander, donde se realizan censos y declaraciones con el apoyo de instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Sin embargo, las capacidades locales están desbordadas.“La gente del Catatumbo quiere regresar a sus casas, pero solo lo hará cuando haya paz y seguridad. Esta es una oportunidad para que el Estado recupere el control del territorio”, enfatizó Acevedo, quien también destacó la importancia de medidas como el decreto de conmoción interior que planea emitir el Gobierno Nacional para canalizar recursos y garantizar la atención adecuada.Ocaña, otro epicentro del desplazamientoPor su parte, el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, señaló que su municipio también está recibiendo un gran número de desplazados. “Hemos registrado 3.150 núcleos familiares, lo que equivale a cerca de 9.000 personas. Esta emergencia ha superado cualquier capacidad local”, aseguró.Para atender a los desplazados, Ocaña ha habilitado espacios como el coliseo municipal, la plaza de ferias y el parque Lucía Padilla, que ahora funcionan como albergues temporales. Sin embargo, la demanda de ayuda supera las posibilidades del municipio.“El Gobierno Nacional y la Gobernación han enviado algunas ayudas, como 14 toneladas de insumos básicos, pero necesitamos más recursos para afrontar esta crisis”, indicó Cañizares.La atención se centra en garantizar al menos lo esencial: comida, ropa y un lugar seguro para dormir. Sin embargo, una de las mayores preocupaciones es la niñez afectada por este desplazamiento masivo.Impacto en la infancia y la educaciónSegún reportes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), aproximadamente 1.840 niños se encuentran entre los desplazados que han llegado a Ocaña. Muchos de ellos presentan problemas de salud física y emocional, resultado del estrés y las condiciones de su huida.La situación educativa también es alarmante. En el Catatumbo, cerca de 46.000 niños han dejado de asistir a clases debido a la violencia. “El conflicto no solo expulsa a las familias de sus hogares, sino que también les roba a los niños su derecho a la educación y a una infancia tranquila”, expresó el alcalde Cañizares.Un llamado urgente a la acciónLos alcaldes de Cúcuta y Ocaña coincidieron en que esta situación requiere un enfoque que trascienda las ayudas inmediatas, incluyendo el desarrollo de infraestructura y la implementación de proyectos de paz a largo plazo.“Si llevamos vías, conectividad y desarrollo a la región, lograremos debilitar a los grupos armados. Necesitamos que el Catatumbo sea un territorio de oportunidades para su gente”, concluyó el alcalde Acevedo.
A la par que se vive una alarmante situación en la región del Catatumbo por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias, en Antioquia hay por lo menos 80 familias que llevan cerca de 15 días desplazadas y que aseguran no han retornado por miedo a los combates entre ilegales. Por su parte, la Gobernación asegura que las condiciones están para el regreso de las familias a sus viviendasLos constantes enfrentamientos entre el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo no solo afectan a la región del Catatumbo y es que a pesar de la grave crisis que se viven en esta zona de Colombia, las familias en el nordeste del departamento de Antioquia no son ajenas a los combates que los han hechos salir corriendo de sus casas. Este es el caso de varios núcleos familiares en El Bagre que llevan cerca de 15 días desplazados y aún no han podido regresar a sus viviendas.Hay que recordar que esta situación comenzó a inicios del 2025 cuando los combates entre el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo hicieron que decenas de familias salieran de las veredas El Socorro y Bocas de Chicamoqué hacia el casco urbano de El Bagre o el corregimiento de Puerto López, lugares en donde permanecen 80 familias desplazadas. Según la Gobernación de Antioquia, hasta la fecha solamente 11 familias decidieron volver a sus hogares.El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, expresó que las condiciones están dadas para el regreso de estas personas, sin embargo, el temor por minas antipersonales no los ha dejado volver a sus casas. Martínez explicó por qué no se han podido detectar los supuestos campos minados.“Otra vez en una reunión quedaron que nos iban a suministrar unos líderes comunitarios unas coordenadas donde ellos dicen existen explosivos, pero no ha sido suministrada esa información”, dijo.A la par de esta información, la Gobernación de Antioquia destacó que el Ejército hace presencia en la zona de los enfrentamientos desde el 2 de enero del presente año y que, inclusive, se reforzó el personal que hay en la zona con grupos antiexplosivos debido a las denuncias de las comunidades.Por último, y a pesar del miedo y la zozobra por la presencia de los grupos delincuenciales en el nordeste del departamento, las autoridades aseguran que mientras las familias desplazadas no tomen la decisión de volver a sus hogares se seguirá prestando la ayuda institucional a las más de 100 personas afectadas por los combates entre ilegales.