Durante el evento en el que la Procuraduría presentó los resultados sobre las necesidades de los ciudadanos en materia de justicia, el presidente Iván Duque pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz que garantice resultados después de 4 años de la firma del acuerdo de paz, para que las Farc no eludan la responsabilidad de entrega de información de rutas del narcotráfico, reclutamiento de menores y secuestros.
“Es información relevante para desarticular las redes de narcotráfico, que han pretendido sustituir esos instrumentos que estuvieron en cabeza de quienes dejaron las armas o de quienes se sometieron a un proceso de transición, pero yo creo que después de cuatro años hay que insistir y hay que ser muy enfáticos en que es una responsabilidad ineludible por parte de quienes se han sometido a la transición para que esa información veraz sea entregada”, dijo Duque.
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La presidenta de la JEP, Patricia Linares, le respondió al presidente que los magistrados del tribunal tomaron posesión en enero de 2018 por lo cual llevan operando más de dos años y no cuatro como él afirmó. Dijo Linares que el conflicto armado es de profundas dimensiones y no se aborda en corto tiempo.
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“Con todo respeto, señor presidente, una precisión: el 18 de enero del año 2018 en este mismo salón tomamos posesión los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz, quiere decir esto que la jurisdicción está actuando y ejerciendo sus competencias exactamente desde hace dos años y medio no hace cuatro años”, dijo Linares, resaltando que se trata de un proceso paulatino y de legitimación de una justicia reciente que no conoce el país ni el mundo.
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El presidente Duque respondió que las sanciones deben ser ejemplarizantes y que los colombianos están esperando que se haga justicia en estos casos. “A mí me parece que en la medida en que se empiecen a ver sanciones ejemplarizantes, inclusive sanciones que tiene que ver con los aportes de los dineros para la reparación de las víctimas, sobre todo con quienes no han cumplido con ellos, eso también cumple con la función reparadora que tiene también la jurisdicción”.
El procurador Fernando Carrillo expuso que los tres temas que más preocupan a ciudadanos son: el 61% delincuencia común, 45% impunidad, 34% conflicto armado. Afirmó que los tres mayores obstáculos de la justicia son: 35% corrupción, 30% servicios de justicia de baja calidad y 19% desconfianza en el sistema.
El exfiscal Alfonso Gómez Méndez aseguró que dentro de la reforma a la justicia el objetivo debe ser abrir el camino para que sus términos sean efectivos. Ya que la concepción actual del ciudadano es que el juez de tutela es efectivo, pero no el juez ordinario. Dijo que se tiene que avanzar hacia la regionalización de la justicia más no llevarla como un sistema federal.
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