En diálogo con Mañanas Blu, el exprocurador general Carlos Gustavo Arrieta expresó su profunda preocupación por la creciente laxitud en la vigilancia de la participación en política de los servidores públicos en Colombia. Arrieta fue enfático en señalar que las normas actuales son claras y que la aparente impunidad no se debe a vacíos legales, sino a una preocupante carencia de voluntad política por parte de las autoridades competentes.
Las redes sociales no son "el sofá de la casa"
Frente a las declaraciones del actual procurador, quien sugirió que las cuentas personales en redes sociales podrían considerarse espacios privados similares al hogar de un funcionario, Arrieta manifestó un desacuerdo total.
Según el exprocurador, "las redes sociales hoy en día es un instrumento de comunicación como cualquier otro, la plaza pública, el periódico, la televisión, cualquier cosa".
Para el jurista, el alcance masivo de estas plataformas anula cualquier pretensión de privacidad cuando se trata de servidores públicos. "Independientemente que la cuenta sea privada, pública, financiada por la persona o por el Estado, desde que le llegue al público y sea de un servidor público, debería estar censurada", afirmó, insistiendo en que "la conducta es inadmisible desde cualquier punto de vista".
Críticas a las maniobras en campañas electorales
Arrieta también calificó como una "tinterillada" el uso de espacios con cerramientos para evadir la prohibición de realizar eventos masivos en la última semana antes de los comicios
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A su juicio, la ley busca transparencia y evitar reuniones políticas masivas, por lo que el argumento de si el lugar es abierto o cerrado carece de relevancia jurídica. "Insistir que porque está cerrado o porque está abierto... parece que es simplemente una tinterillada y que realmente en ambos casos está violando la ley", sentenció.
Falta de sanciones y el caso del presidente Petro
El exprocurador se refirió específicamente a las investigaciones contra el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusación por su actividad en redes. Arrieta sostuvo que muchos de estos casos son de "flagrancia" y no requieren investigaciones sofisticadas. "Eso no requiere mayor investigación, es un típico caso de flagrancia. Ya debería haber en este momento... planteamientos ante la Cámara de Representantes donde se solicite la acusación al presidente", señaló.
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Defensa de la inmediatez disciplinaria
Finalmente, Arrieta se mostró contrario a la propuesta de trasladar las facultades sancionatorias de la Procuraduría al poder judicial, argumentando que la justicia ordinaria es demasiado lenta para la eficacia que requiere el control electoral.
"La reacción contra participación en política tiene que ser inmediata. Si no es inmediata, no tiene sentido", explicó, añadiendo que si se traslada al poder judicial, las sanciones llegarían meses después, convirtiéndose en algo meramente "simbólico".
Arrieta concluyó haciendo un llamado a las instituciones para que den un ejemplo de fortaleza en las próximas semanas electorales: "Es cuando tenemos que dar un ejemplo al país de que las instituciones sí sirven".