El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella estableció nuevas medidas para controlar el manejo de los escombros y otros residuos generados por el terremoto del pasado 10 de agosto, con el propósito de prevenir afectaciones a la salud de las comunidades y al medioambiente en los departamentos incluidos en la declaratoria de desastre nacional.
A través de una circular conjunta, los ministerios de Ambiente, Salud y Vivienda, junto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fijaron lineamientos para regular la separación, recolección, transporte y disposición final de los materiales producidos durante la emergencia.
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Una de las principales disposiciones establece que los residuos de construcción y demolición deben separarse de los demás desechos y clasificarse según el tipo de material. Su disposición está prohibida en ríos, humedales, cauces, rondas hídricas, vías, lotes y rellenos sanitarios, así como en cualquier lugar que no esté habilitado para recibirlos.
El viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, Gustavo Guerrero, explicó que estas medidas buscan prevenir brotes epidemiológicos, la proliferación de vectores y nuevas afectaciones ambientales. También señaló que el traslado de los escombros deberá quedar registrado desde el punto de origen hasta el lugar de disposición final, con información sobre las cantidades transportadas.
En caso de que los sitios autorizados no cuenten con capacidad suficiente para recibir los materiales, las autoridades podrán habilitar espacios temporales de acopio. Estos deberán tener un responsable, una capacidad máxima definida, mecanismos de seguimiento y un plan de cierre.
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Las disposiciones también contemplan un manejo especializado para los residuos peligrosos y los aparatos eléctricos y electrónicos, que deberán separarse desde el lugar donde se generan y entregarse a gestores autorizados. En el caso de los materiales que puedan contener asbesto, se prohíbe romperlos, cortarlos o triturarlos, debido a los riesgos asociados a su manipulación.
Asimismo, los residuos producidos en los servicios de salud deberán cumplir las normas sanitarias vigentes, incluidas las condiciones para el almacenamiento temporal y el manejo de elementos cortopunzantes en instalaciones extramurales, transitorias o itinerantes.
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La circular también establece medidas para garantizar la continuidad del servicio público de aseo en las zonas afectadas. Las empresas prestadoras deberán activar sus planes de emergencia y contingencia y ajustar las rutas y frecuencias de recolección, priorizando los asentamientos, albergues y puntos con mayor acumulación de residuos.
La atención también deberá dar prioridad a centros de salud, estaciones de bomberos y Policía, organismos de socorro y redes de infraestructura eléctrica y de comunicaciones. Los usuarios deberán ser informados previamente sobre los cambios en la prestación del servicio.
En materia de seguridad alimentaria, el Gobierno determinó que los alimentos que no sean aptos para el consumo humano no podrán donarse ni redistribuirse entre la población afectada, para evitar que productos que no cumplen las condiciones sanitarias vuelvan a circular.
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Las orientaciones deberán ser implementadas por las autoridades y los responsables de la gestión de residuos, de acuerdo con sus competencias y obligaciones. Con estas medidas, el Gobierno busca mejorar la trazabilidad de los escombros y otros desechos derivados de la emergencia, así como reducir los riesgos para las comunidades y los ecosistemas.