El Grupo Banco Mundial aprobó un financiamiento adicional de 200 millones de dólares para Colombia (aprox 654 mil millones de pesos) , destinado a fortalecer las labores de respuesta y recuperación tras el terremoto registrado el pasado 10 de agosto. Los recursos buscan respaldar los esfuerzos del Gobierno para atender las necesidades de las poblaciones afectadas y avanzar en las acciones de recuperación luego de la emergencia. Este nuevo financiamiento se suma a los 200 millones desembolsados en agosto para la respuesta inmediata ante la emergencia, según aseguró Susana Cordeiro, vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial.El nuevo financiamiento complementa un préstamo de Políticas de Desarrollo para la Gestión del Riesgo de Desastres, aprobado en febrero, que cuenta con una opción de desembolso diferido ante catástrofes. Este mecanismo permite que Colombia pueda acceder rápidamente a recursos cuando se presenta un desastre natural o una emergencia de gran magnitud, con el propósito de garantizar liquidez para atender las necesidades más urgentes.Juan Martínez Álvarez, representante del Banco Mundial en Colombia, destacó que estos recursos “permitirán incrementar la capacidad de respuesta financiera del país y contribuirán a que los recursos lleguen de manera oportuna a las poblaciones afectadas”. También señaló que el mecanismo busca fortalecer las herramientas con las que cuentan las instituciones para enfrentar las labores de recuperación después de una emergencia.El Banco Mundial recordó que este tipo de instrumentos ya ha sido utilizado por Colombia para responder ante crisis anteriores, entre ellas las relacionadas con el fenómeno de La Niña y la pandemia de COVID-19. Con esta nueva operación, la entidad y el Gobierno buscan fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la capacidad financiera del país para responder no solo a los efectos del terremoto de agosto, sino también ante futuras emergencias.“Este financiamiento adicional del Banco Mundial es una muestra de confianza en Colombia y en la capacidad del Gobierno para responder con responsabilidad en momentos difíciles”, fue lo que dijo Miguel Gomez Martinez, ministro de Hacienda, tras el anuncio.
A tres meses de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, Amnistía Internacional denunció una grave desatención estatal hacia la población afectada. Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas del organismo, señaló que, si bien los sismos eran eventos naturales impredecibles, la respuesta gubernamental ha estado marcada por la negligencia institucional. "Lo que sí era controlable y lo que sí estaba bajo la posibilidad de las autoridades en Venezuela de hacerlo diferente era cómo atendía a la población afectada. Estamos hablando de un abandono absoluto por parte de las instituciones", afirmó Ballesta.Incertidumbre, desinformación y la búsqueda de desaparecidosLa representante de Amnistía Internacional enfatizó que el desastre telúrico se sobrepuso a una emergencia humanitaria compleja preexistente, en la que gran parte de los ciudadanos ya carecía de acceso a derechos fundamentales como vivienda, alimentación, agua potable y electricidad. Tras los sismos, lejos de centralizar y coordinar la ayuda, la actuación oficial ha generado desorientación en las víctimas. "Vemos que las autoridades efectivamente hacen lo que saben hacer, que es pues generar confusión; no hay una claridad, no hay una centralidad de dónde deben acudir las personas", detalló la investigadora.Ballesta advirtió que persiste una profunda incógnita sobre cuántas miles de personas continúan desaparecidas en el país y criticó la ausencia de protocolos claros para la identificación y entrega de cadáveres. Las familias se ven obligadas a recorrer morgues improvisadas sufriendo "tres meses de búsqueda, de incertidumbre, de desasosiego", sin recibir respuestas oficiales ni definitivas sobre el paradero de sus seres queridos.Un dilema habitacional: refugios, auxilio familiar o acampar sobre las ruinasFrente a la inacción del Estado, la organización documentó tres formas principales en que las familias intentan sobrellevar la tragedia. Un primer grupo de damnificados acudió a refugios temporales instalados en planteles educativos, donde reina la incertidumbre debido al inicio del nuevo año escolar. Un segundo sector optó por trasladarse a viviendas de familiares, "gestionando sus propias necesidades de manera privada" ante la falta de un plan gubernamental de reparación o subsidio de vivienda.El tercer escenario, considerado por la vocera como profundamente doloroso, involucra a personas que acampan a la intemperie frente a sus casas destruidas o marcadas con riesgo alto en los peritajes sísmicos. Muchos se niegan a abandonar el lugar por temor a perder sus terrenos y pertenencias. Ballesta citó el testimonio de una mujer afectada que reflejaba el drama colectivo: "Bueno, pero es que a mí me van a mandar a dónde, a vivir dónde y mi terreno y mi casita".Riesgo de violaciones a derechos humanos y la respuesta de la diásporaAmnistía Internacional hizo un llamado urgente al gobierno venezolano para que actúe con transparencia y aplique políticas imparciales orientadas a proteger a poblaciones vulnerables, entre ellas niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. La vocera alertó que, mientras no se implementen medidas serias, "la población solo va a caer en una espiral de violaciones de derechos humanos en su contra".Finalmente, la investigadora destacó el papel de la población en el exterior, indicando que "las réplicas emocionales y psicológicas del terremoto llegaron a toda la diáspora". Ante el vacío dejado por el Estado, la comunidad venezolana en el extranjero se ha movilizado de manera masiva para enviar asistencia y mitigar el impacto de la catástrofe.
La reconstrucción en varias zonas del país luego del terremoto que destruyó miles de viviendas avanza con los esfuerzos que han hecho empresas como COLFRAME, que trabaja arduamente para poder instalar más de 100 viviendas antes que se acabe el año en las zonas más golpeadas por la tragedia.La empresa paisa, vinculada al Grupo Argos, usa la tecnología de construcción para hacer los tiempos de reconstrucción mucho más cortos y por ello proyecta que en cuestión de algunos meses haya entregado cerca de 1.000 viviendas.Hay que mencionar que COLFRAME utiliza una ingeniería de última tecnología que, por ejemplo, puede producir una vivienda en menos de un día. Jhon Guisao, gerente general de la empresa paisa, detalló cómo es el proceso para la entrega de las casas, que pueden estar completamente listas en apenas tres semanas."Con base en la información arquitectónica que que recibimos, diseñar unas estructuras, y después de eso, producir los perfiles, que salen como un lego. Básicamente, es un paquete que sale listo para ensamblar, que la producción de una casa puede demorar menos de un día. O sea, la estructura, la construcción puede demorar menos de un día. Podemos trabajar inclusive con una máquina, producir 33 casas por día, y el ensamble de la estructura puede demorarte dos", explicó.Desde la empresa aseguraron que la primera casa modelo ya fue entregada en Quibdó y se espera que el segundo prototipo, una vivienda tipo cafetera, sea entregada este 24 de septiembre en el municipio de Ciudad Bolívar en el departamento de Antioquia. Asimismo, COLFRAME trabaja en la producción de unas 20 estructuras adicionales y la meta es entregar las primeras 130 viviendas antes de finalizar el año.Finalmente, los mayores desafíos, explicó la empresa, están en la logística, la capacitación de los equipos encargados de ejecutar las obras en las regiones y la entrega de las herramientas para que las personas ejecuten los proyectos de vivienda en las zonas golpeadas por el terremoto.
Un terremoto de magnitud 5,4 sacudió este jueves la provincia de Sanliurfa, en el sureste de Turquía, provocando momentos de pánico entre la población, aunque las autoridades informaron inicialmente que no se registraron víctimas, heridos ni daños materiales de consideración.El movimiento telúrico ocurrió a las 10:40 de la mañana, hora local (7:40 GMT), y tuvo su epicentro aproximadamente 20 kilómetros al norte de la capital provincial de Sanliurfa, según los datos divulgados por la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD).El sismo generó pánico en SanliurfaEl gobernador de Sanliurfa, Hasan Sildak, explicó a la cadena turca NTV que el terremoto provocó un fuerte temor entre los habitantes de la zona. Sin embargo, las autoridades no habían recibido reportes de personas fallecidas o heridas. Sildak también señaló que, de acuerdo con las primeras verificaciones realizadas tras el movimiento telúrico, no se habían registrado derrumbes de edificios.El temblor fue percibido además en varias provincias cercanas, lo que llevó a numerosos habitantes a salir de sus viviendas ante el temor de que pudieran producirse réplicas o daños estructurales.Autoridades mantienen las inspeccionesEl ministro turco de Urbanismo y Medio Ambiente, Murat Kurum, confirmó a través de X que hasta el momento no se habían reportado daños asociados al terremoto. "Por ahora no se ha informado de daños", señaló el funcionario, quien indicó que los equipos de emergencia continuarían con las labores de inspección en la zona afectada para determinar si el movimiento telúrico había provocado algún tipo de afectación.Las autoridades mantienen el seguimiento de la situación, mientras los organismos encargados de la respuesta a emergencias recopilan información sobre el impacto del sismo y verifican el estado de las edificaciones.Sanliurfa aún recuerda los terremotos de 2023El terremoto ocurre en una región que todavía mantiene presente el recuerdo de los devastadores movimientos telúricos registrados el 6 de febrero de 2023. Aquel día, dos grandes terremotos, de magnitudes 7,7 y 7,6, golpearon amplias zonas del sureste de Turquía y el norte de Siria. La catástrofe provocó una enorme destrucción y dejó más de 50.000 personas fallecidas en territorio turco.Los terremotos de 2023 afectaron a numerosas provincias y obligaron a desarrollar extensas operaciones de búsqueda y rescate, atención a los damnificados y reconstrucción de infraestructura y viviendas. Por ese antecedente, cualquier movimiento sísmico de intensidad considerable en el sureste de Turquía genera especial preocupación entre los habitantes y activa los protocolos de vigilancia de las autoridades.El terremoto habría ocurrido en una falla diferenteDe acuerdo con las primeras informaciones, el terremoto registrado este jueves tendría un origen distinto al de los grandes sismos de febrero de 2023. El movimiento se habría producido en una falla geológica diferente y de menor importancia que la gran estructura tectónica ubicada más al norte de la región, asociada a los terremotos que devastaron el sureste de Turquía hace tres años.Por ahora, las autoridades continúan evaluando la situación y no han informado de víctimas ni de daños materiales importantes derivados del sismo de magnitud 5,4. La información corresponde a las primeras evaluaciones realizadas después del terremoto, por lo que los equipos de emergencia mantienen las inspecciones en Sanliurfa y las zonas cercanas para determinar si existen afectaciones que no hayan sido detectadas inicialmente.
La recuperación de una comunidad después de un desastre natural no depende únicamente de reconstruir viviendas o reparar carreteras. También está condicionada por la capacidad de restablecer servicios públicos esenciales como el agua potable, la energía eléctrica, el saneamiento, la recolección de residuos y las telecomunicaciones.Esta es una de las principales conclusiones planteadas por Andrea Pérez Cadavid, gerente del Relleno Sanitario Doña Juana y experta en servicios públicos, al analizar las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia el pasado 10 de agosto. El balance de la emergencia mostró afectaciones simultáneas en diferentes sectores de la infraestructura que sostiene la vida cotidiana. Más de 100 acueductos resultaron afectadosDe acuerdo con el balance oficial citado en el documento, durante la primera etapa de la emergencia se reportaron 111 acueductos afectados, además de 351 centros de salud, 3.579 establecimientos educativos, 435 vías, 69 puentes vehiculares y cinco aeropuertos con algún nivel de afectación.Las cifras muestran que los efectos de un terremoto van más allá de los daños visibles en edificaciones. Cuando una red de agua, energía o saneamiento deja de funcionar, también se afectan las condiciones necesarias para que las personas puedan regresar a sus actividades habituales.El impacto sobre los servicios públicos puede generar, además, efectos sobre otros sectores. La interrupción de la energía, por ejemplo, compromete sistemas de bombeo y tratamiento de agua, el funcionamiento de hospitales, las telecomunicaciones y diferentes actividades comerciales. Energía eléctrica, un servicio que sostiene a los demásLa energía eléctrica fue uno de los servicios que registró una recuperación más rápida después del terremoto. Más de 1,5 millones de usuarios llegaron a estar afectados, mientras que para el 13 de agosto más de 1,45 millones ya habían recuperado el servicio. Sin embargo, alrededor de 75.661 usuarios permanecían sin electricidad para ese momento.Chocó enfrentó uno de los escenarios más complejos. De aproximadamente 111.000 usuarios afectados inicialmente, cerca de 11.000 continuaban sin servicio. También se reportaron afectaciones en Risaralda, Valle del Cauca y Quindío.Durante la emergencia también se presentó una reducción temporal cercana al 18 % de la demanda eléctrica nacional, equivalente a unos 1.700 megavatios, asociada a las interrupciones y a la paralización de actividades en las zonas afectadas. Agua potable y saneamiento, una prioridad después del desastreEl acceso al agua potable adquiere una importancia inmediata después de una emergencia. Según el documento, los daños se presentaron en bocatomas, plantas de tratamiento, tanques y redes de conducción y distribución.En total, 111 sistemas de acueducto resultaron afectados. Además, un informe humanitario de Naciones Unidas estimó en 2,47 millones las personas que requerían asistencia en agua, saneamiento e higiene, considerando tanto los efectos del terremoto como las vulnerabilidades existentes, especialmente en Chocó.A un mes del desastre, más de 52.000 personas habían recibido asistencia humanitaria relacionada con agua, saneamiento e higiene, mediante intervenciones realizadas en 30 municipios. Para Pérez Cadavid, el proceso de reconstrucción plantea un desafío adicional cuando las comunidades ya tenían dificultades para acceder a servicios básicos antes de la emergencia.El servicio de aseo también es parte de la emergenciaLa recolección y disposición adecuada de residuos es otro de los componentes que adquieren relevancia después de un terremoto. La destrucción de viviendas y establecimientos genera materiales de construcción, alimentos deteriorados y otros residuos que deben ser retirados de las zonas habitadas.Las dificultades para mantener las rutas de recolección y la operación normal de los sitios de disposición final pueden generar riesgos adicionales. Si los residuos no son recogidos, transportados y gestionados adecuadamente, aumentan los riesgos de contaminación, proliferación de vectores y deterioro de las condiciones sanitarias.Por esta razón, el manejo de residuos después de un desastre está relacionado no solo con la limpieza de las calles, sino también con la salud pública, la protección ambiental y el restablecimiento de la normalidad. El efecto dominó de los daños en infraestructuraEl documento plantea que los servicios públicos deben analizarse como una red interdependiente. La afectación simultánea de hospitales, colegios, vías, puentes y servicios básicos puede ralentizar la recuperación de las comunidades.El terremoto dejó 351 centros de salud y 3.579 establecimientos educativos afectados, además de 435 vías y 69 puentes vehiculares con daños reportados. Estos elementos están conectados con el funcionamiento de los servicios públicos y con la posibilidad de que las actividades económicas y sociales se restablezcan. Desde esta perspectiva, la infraestructura de servicios públicos no se limita a tuberías, cables, postes o vehículos recolectores. Se trata de una red que permite el funcionamiento de la salud, la educación, la economía y las actividades cotidianas.Reconstruir con criterios de gestión del riesgoLa emergencia también abre una discusión sobre la forma en que deben ejecutarse los procesos de reconstrucción. El documento plantea la necesidad de incorporar criterios como gestión del riesgo, redundancia, mantenimiento, capacidad de respuesta y adaptación a las condiciones particulares de cada territorio.En regiones donde existen dificultades históricas para garantizar servicios como agua potable o saneamiento, el objetivo planteado es que la recuperación permita cerrar las brechas que quedaron expuestas durante la emergencia, en lugar de limitarse a restablecer las condiciones anteriores. “Los servicios públicos son la columna vertebral de la recuperación. Una vivienda puede reconstruirse, pero si alrededor no hay agua, energía, saneamiento, aseo, vías y comunicaciones, la vida de esa familia seguirá estando lejos de la normalidad”, afirmó Pérez Cadavid. El terremoto del 10 de agosto dejó daños materiales y una amplia tarea de reconstrucción. Pero también puso de manifiesto la importancia de garantizar que los servicios esenciales puedan regresar de manera rápida, segura y sostenible. Cuando varios servicios públicos resultan afectados al mismo tiempo, el impacto trasciende la infraestructura física. También se compromete la capacidad de las comunidades para recuperar sus actividades y avanzar hacia la normalidad.
El enjambre de sismos registrado en Chaparral, Tolima, durante las últimas 48 horas podría estar relacionado con los cambios que se han producido en la corteza terrestre después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, de acuerdo con Mónica Arcila Rivera, directora Técnica encargada de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano (SGC).En entrevista con Mañanas Blu, Arcila explicó que la Red Sismológica del SGC ha localizado más de 200 eventos con magnitudes iguales o superiores a 2 en la zona de Chaparral durante las últimas 48 horas. De ese conjunto, 10 tuvieron magnitudes iguales o superiores a 4.La funcionaria aclaró que el fenómeno puede ser denominado un enjambre sísmico, debido a la concentración de eventos registrada durante un periodo determinado y a que, hasta el momento, no corresponde al comportamiento típico de un sismo principal seguido por sus réplicas.“Esta sismicidad, y si lo referías como un enjambre, que pues es una característica de una concentración de eventos en el tiempo con diferentes magnitudes que no responden a un evento principal y una secuencia de réplicas”, explicó Arcila.¿El enjambre de sismos en Chaparral está relacionado con el terremoto del 10 de agosto?La relación entre los movimientos registrados en Chaparral y el terremoto del 10 de agosto es, por ahora, una hipótesis que está siendo considerada por el Servicio Geológico Colombiano, no una conclusión definitiva.Según Arcila, Chaparral y sectores de los límites del Tolima se encuentran sobre una parte de la placa involucrada en el terremoto del 10 de agosto. Por esa razón, una de las posibilidades que analiza el SGC es que todavía existan cambios en los esfuerzos y presiones dentro de las rocas como consecuencia de aquel evento.“Podemos estar en presencia de efectos todavía, transferencia de esfuerzos, alteraciones de las rocas que están sobre la placa que subduce, que pues fue donde se ocasionó ese sismo hace 6 semanas”, señaló la directora encargada de Geoamenazas. Al ser consultada directamente sobre si el enjambre sísmico de Chaparral podría tener relación con el terremoto del 10 de agosto, Arcila respondió: “Correcto, lo ponemos en esos términos, podría”.La experta explicó que después de un terremoto de gran magnitud pueden producirse cambios en la dinámica de las rocas, así como modificaciones en las presiones que, dependiendo de las condiciones geológicas, pueden tener efectos a distancias importantes del epicentro. No obstante, el SGC también analiza otras explicaciones posibles para la actividad sísmica registrada en el país. Arcila mencionó particularmente los movimientos observados en el departamento del Chocó, cuya relación con el terremoto del 10 de agosto, según explicó, sería una respuesta más inmediata y plausible de asociar con ese evento.El SGC advierte que los sismos no se pueden predecirUno de los puntos centrales de la explicación entregada por la funcionaria fue la imposibilidad de determinar con anticipación dónde ocurrirá un próximo terremoto.Ante la pregunta sobre qué otras regiones podrían presentar movimientos asociados con la acumulación de esfuerzos generada por el terremoto del 10 de agosto, Arcila fue enfática en señalar que actualmente la ciencia no cuenta con herramientas para predecir los sismos: “Actualmente la ciencia no reconoce que los sismos los podamos predecir”, afirmó.La especialista explicó que el terremoto del 10 de agosto se produjo en una estructura relacionada con una capa de corteza que se introduce por debajo del occidente de Colombia. Sin embargo, la profundidad y las características de esa estructura cambian de acuerdo con la región.En sectores del Tolima, por ejemplo, la estructura involucrada puede encontrarse a más de 200 kilómetros de profundidad, según la explicación entregada por la directora encargada de Geoamenazas. Por ello, aunque los cambios en los esfuerzos de la corteza pueden hacer que algunas fallas estén en determinadas condiciones más propicias para moverse, el SGC no cuenta actualmente con información suficiente para establecer qué zonas podrían activarse.¿Seguirán los temblores en Chaparral?El enjambre sísmico puede evolucionar de distintas maneras. Arcila explicó que estas secuencias pueden aparecer de manera relativamente repentina y que su comportamiento debe ser monitoreado para determinar cómo evolucionan durante los próximos días: “Estas secuencias o enjambres pues tienen esa particularidad que pues aparecen, digamos, casi pues de un momento a otro”, indicó.La expectativa expresada por la funcionaria es que, con el paso de los días, la actividad pueda disminuir y desaparecer, aunque también existe la posibilidad de que la secuencia evolucione de otra manera: Por esa razón, el monitoreo de la actividad sísmica en Chaparral y otras regiones de Colombia continúa siendo una de las tareas de la Red Sismológica Nacional.Evacuaciones y preocupación entre habitantes de IbaguéLa actividad sísmica también ha generado preocupación entre habitantes de la región. Durante la entrevista se mencionó que en Ibagué algunas personas han evacuado edificios después de sentir los movimientos registrados en los últimos días: El temor está relacionado, además, con el recuerdo del terremoto del 10 de agosto, un evento de magnitud 7,4 que tuvo consecuencias sísmicas perceptibles en diferentes zonas del país.Frente a este escenario, el Servicio Geológico Colombiano mantiene el seguimiento de los eventos detectados por su red. Arcila destacó que la capacidad de registrar este tipo de fenómenos también ha aumentado gracias a la ampliación y mejoramiento de la cobertura de la red sismológica: “La red sismológica pues ha mejorado mucho sus coberturas y sus posibilidades de detección”, explicó.
Seis semanas después del terremoto del pasado 10 de agosto, las aseguradoras estiman que el valor de los siniestros reportados asciende a $5,5 billones, un billón más que en el informe de la semana anterior. De acuerdo con Fasecolda, las compañías han recibido 85.496 reclamaciones y han pagado $274.590 millones en indemnizaciones. Con corte al 18 de septiembre, los pagos registran un crecimiento del 48 % frente al reporte anterior. Durante la última semana, las aseguradoras desembolsaron 89.820 millones de pesos adicionales para atender a los afectados por la emergencia. En este momento, las compañías avanzan en la evaluación de los bienes afectados, con prioridad en los inmuebles colapsados y aquellos declarados como pérdida total. Este proceso se adelanta a través de más de 140 firmas de ajustadores, profesionales encargados de revisar los daños, cuantificar las pérdidas y determinar el alcance de las coberturas de cada póliza.El presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, destacó la importancia de este trabajo técnico para agilizar la atención de las reclamaciones y movilizar los recursos necesarios para la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas. “Quiero rendirle un homenaje a los ajustadores, que son un ejército de profesionales, hombres y mujeres, que están recorriendo todo el país, evaluando las pérdidas, acompañando a las víctimas del terremoto, y nos están ayudando para hacer estos pagos”, afirmó Morales. Por tipo de seguro, el ramo de incendio y terremoto concentra la mayor cantidad de siniestros, con 61.250 reclamaciones y un valor estimado de 4 billones de pesos. Le siguen los seguros de hogar, con 18.755 casos y pagos proyectados por 541.000 millones de pesos. En los seguros de automóviles se reportan 1.252 siniestros, con un valor estimado de 21.000 millones de pesos. Los riesgos laborales suman 1.137 reclamaciones, por 18.000 millones, mientras que los demás ramos registran 3.102 casos, con una estimación de 69.000 millones de pesos.
El alcalde de Paratebueno, Cundinamarca, Norberto Noreña Bermeo, pidió al presidente Abelardo De La Espriella, al vicepresidente José Manuel Restrepo y al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, visitar el municipio para conocer directamente las afectaciones que dejó el sismo del 8 de junio de 2025, después que el gobierno anterior no cumplió con la reconstrucción de inmuebles que resultaron afectados o destruidos.El mandatario local aseguró que el gobierno de Gustavo Petro no cumplió con los compromisos anunciados para la reconstrucción y pidió a la actual administración no dejar en el olvido a las familias damnificadas. Uno de los principales compromisos fue la construcción de 134 viviendas, pero actualmente no existe contrato de obra ni de interventoría para ejecutar esos proyectos.El alcalde también reclamó avances en la reconstrucción de cinco sedes educativas rurales, entre ellas las de Santa Cecilia, El Amparo y Japón. Señaló que ya se realizó un contrato de consultoría para los estudios y diseños, pero las obras de construcción todavía no han comenzado.“Entendemos las dificultades que en las que recibe el gobierno del presidente Abelardo sobre lo de la tragedia del 10 de agosto en cinco departamentos, pero decirles, no nos olviden. Nosotros tenemos familias esperanzadas en que se les construyen sus viviendas, algunos compromisos con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que en el momento todavía no se están viendo materializadas, al igual que el Ministerio de Educación, porque tuvimos más de cinco sedes que fueron destruidas por el sismo”, expresó en entrevista con Blu Radio.El mandatario advirtió que algunas familias damnificadas permanecen en viviendas de familiares o tuvieron que trasladarse a otros municipios. Algunas han recibido apoyos para el pago de arriendo por parte del Gobierno departamental y subsidios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.Sin embargo, insistió en la necesidad de acelerar la construcción de las viviendas para que las familias puedan regresar a sus territorios y recuperar su vida cotidiana.Noreña reconoció las dificultades que enfrenta el actual Gobierno por otras el terremoto del 10 de agosto de 2026 en el país, pero pidió mantener los compromisos adquiridos con Paratebueno y atender también las necesidades de las comunidades afectadas por el sismo.
El auxilio económico para las personas que perdieron su empleo por los efectos del terremoto del 10 de agosto será de 875.452 pesos con 50 centavos y se entregará por una sola vez, una vez se agoten los recursos del subsidio ordinario para cesantes. Así lo explicó Adriana Guillén, presidenta de Asocajas, quien detalló los requisitos para acceder al beneficio.Según Guillén, el mecanismo busca ampliar los recursos disponibles para trabajadores afectados por el terremoto y será gestionado a través de las cajas de compensación familiar de las regiones afectadas.¿Quiénes pueden acceder al subsidio por perder el trabajo?La principal condición para acceder al auxilio extraordinario es haber estado afiliado a una caja de compensación familiar durante seis meses, de manera continua o discontinua, dentro de los últimos cinco años.Además, la persona debe demostrar que hace parte del Registro Único de Afectados. Guillén explicó que este requisito es necesario para que pueda entregarse el beneficio.“El único requisito es que la persona haya estado afiliada a una caja de compensación durante seis meses, seis meses continuos o seis meses discontinuos durante los últimos cinco años”, explicó.La presidenta de AOCAS señaló que las personas afectadas podrán acercarse a las cajas de compensación para solicitar el beneficio. Incluso, según indicó, podrían reclamarlo en una caja diferente a aquella en la que estaban afiliadas, siempre que puedan demostrar la afiliación y su inclusión en el registro de afectados.¿Cuánto dinero recibirán los trabajadores afectados?El auxilio extraordinario será equivalente a la mitad de un salario mínimo y corresponde a 875.452 pesos con 50 centavos. Guillén explicó que este beneficio se activará después de que se agoten los recursos destinados al subsidio ordinario para personas cesantes. Por eso, los trabajadores deberán acudir inicialmente a las cajas para solicitar el auxilio que normalmente reciben quienes pierden su empleo.“Cuando este recurso se extinga, podrá acceder a este recurso extraordinario que se va a entregar por una sola vez”, señaló.La representante explicó que el sistema de compensación familiar continuará entregando el subsidio ordinario para cesantes y, cuando esos recursos se terminen, se activará el mecanismo extraordinario creado para las zonas afectadas por el terremoto.¿Cuándo podrán reclamar el subsidio por desempleo?El Ministerio del Trabajo debe definir el modelo de implementación para establecer cómo se realizarán las transferencias de recursos desde las cajas de compensación del país hacia las cajas de las regiones afectadas.Por esta razón, Guillén señaló que todavía está pendiente conocer el procedimiento que deberán seguir los trabajadores para solicitar el auxilio extraordinario.La entrega dependerá de que la persona cumpla con los requisitos establecidos y figure en el Registro Único de Afectados.El mecanismo contempla que las cajas de compensación de otras regiones puedan transferir recursos a las cajas de los territorios afectados para ampliar la disponibilidad del beneficio.De acuerdo con Guillén, el objetivo es que las personas que quedaron sin empleo o a quienes les fueron suspendidas sus nóminas puedan acceder al apoyo económico una vez se active el mecanismo.
La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) aseguró que podrían movilizar hasta $550.000 millones para apoyar a las familias y los territorios afectados por el terremoto, a partir de las medidas del Gobierno Nacional establecidas en los decretos 1417 y 1422 de 2026, que hacen parte del paquete de medidas expedidas en el marco de la emergencia económica. Según estimaciones de Asocajas, cerca de $90.000 millones provendrían del FOSFEC, el fondo que administra las Cajas para financiar la protección al cesante, y entre $370.000 millones y $460.000 millones del FOVIS, destinado al Subsidio Familiar de Vivienda.El Decreto 1417 crea una protección económica extraordinaria para trabajadores cesantes damnificados, equivalente a medio salario mínimo de 2026, es decir, $875.452, que se entregará en dos pagos mensuales. Para acceder, la persona debe estar incluida en el Registro Único de Damnificados (RUD), ser mayor de edad, estar cesante y haber aportado a una Caja al menos seis meses en los cinco años anteriores al terremoto. Esos meses no tienen que ser seguidos ni a una misma Caja, y se pueden sumar aportes como dependiente o independiente. La solicitud debe presentarse ante la última Caja a la que se haya hecho un aporte válido. El beneficio podrá reconocerse hasta el 31 de diciembre de 2026 y su entrega estará sujeta a la disponibilidad de recursos.Por su parte, el Decreto 1422 permite usar recursos del FOVIS para reparar, mejorar, reconstruir o adquirir vivienda, además de un subsidio temporal de arrendamiento por hasta 12 meses. Estos recursos podrán sumarse a los del Gobierno Nacional, las entidades territoriales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hasta completar el valor de la solución y sin financiar dos veces el mismo componente. Beneficiarán a hogares damnificados de zonas urbanas y rurales, sin importar a qué Caja estén afiliados, y no afectarán subsidios ya asignados, obligaciones adquiridas ni postulaciones en curso.Asocajas recordó que, a poco más de un mes de la emergencia, solo Comfamiliar Risaralda y Comfandi habían movilizado más de $40.500 millones en distintas medidas de apoyo. "Estas decisiones abren nuevas posibilidades para esta etapa de recuperación: un ingreso temporal para quienes están cesantes y recursos para quienes necesitan reparar su vivienda, encontrar una solución habitacional o contar con un apoyo de arrendamiento mientras avanzan en su recuperación", señaló Adriana Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas.El gremio también anunció que trabajará con los ministerios de Trabajo y Vivienda, la Superintendencia del Subsidio Familiar y las Cajas en la reglamentación e implementación de las medidas, para que los recursos lleguen oportunamente a las familias, con trazabilidad.
La violencia volvió a golpear al liderazgo comunitario en Santander. Esneider Zambrano, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La Sierra, en Puerto Parra, fue asesinado con arma de fuego, en un hecho que es investigado por las autoridades.El homicidio fue confirmado por la Alcaldía de Puerto Parra, que rechazó el crimen y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y habitantes de las veredas La Sierra y Las Montoyas.La Administración Municipal destacó el papel que desempeñaba Zambrano como representante de la comunidad y pidió a las autoridades avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y lograr su judicialización.Esneider Zambrano tenía reconocimiento en Puerto Parra por su liderazgo en la vereda La Sierra. En marzo de 2025, durante la presentación de un proyecto de recuperación de humedales en esta zona del departamento, la Gobernación de Santander lo identificó como presidente de la JAC.En ese momento, Zambrano destacó que las obras permitían generar empleo para más de 25 familias de la zona y contribuían a mejorar las condiciones de los cuerpos de agua de la región.Su asesinato deja nuevamente en el centro la situación de seguridad de quienes ejercen labores de liderazgo comunitario en el Magdalena Medio santandereano.Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente quién estuvo detrás del asesinato ni se han reportado capturas relacionadas con el caso. Tampoco se ha confirmado oficialmente que el homicidio haya sido cometido debido a su condición de líder comunal.La investigación busca determinar las circunstancias del ataque, establecer los responsables y determinar el móvil del crimen.El asesinato de Zambrano ocurre pocos días después del homicidio de Rafael Julián Rodríguez Quiroz, presidente de Asojuntas del corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, quien fue atacado con arma de fuego el pasado 22 de septiembre. Por este caso, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $100 millones.Con el crimen de Esneider Zambrano, Puerto Parra vuelve a estar en el centro de la preocupación por la seguridad de los líderes comunitarios, mientras sus familiares y la comunidad de La Sierra esperan que las autoridades esclarezcan el homicidio.
La violencia continúa generando preocupación en el municipio de Andes, luego de que dos hombres fueron asesinados con arma de fuego en zona rural, elevando a 40 el número de muertes violentas registradas durante 2026.Los hechos más recientes ocurrieron en la vereda Guaymaral, aproximadamente a 15 minutos del casco urbano, cuando fueron identificados José Julián López Fernández y Juan Fernando Ruiz Ochoa, asesinados por desconocidos.Las autoridades realizaron los actos urgentes e iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los homicidios, determinar los móviles e identificar a los responsables.Una de las líneas de investigación apunta a grupos armados que tienen presencia en esta zona del departamento, por lo que las autoridades buscan establecer si los homicidios estarían relacionados con disputas por rentas o el territorio.Además, hay que mencionar que el doble asesinato ocurre en medio de una escalada violenta en Andes, ya que en menos de 48 horas se reportaron tres homicidios en el municipio.A la fecha, el Suroeste antioqueño ya supera las 220 muertes violentas en lo corrido del año y, de momento, las investigaciones continúan para esclarecer los recientes homicidios y determinar si existe una conexión entre los diferentes hechos violentos.
El incendio forestal que durante varios días mantuvo en vilo a Villa de Leyva y a otros sectores de Boyacá entra en una nueva etapa. Aunque las labores se han concentrado en controlar los últimos focos, el desafío ahora será recuperar los ecosistemas afectados y prepararse para posibles reactivaciones, luego de una emergencia que movilizó a cientos de personas y aeronaves.En entrevista con En Blu Jeans, Felipe Vergara Loboguerrero, ingeniero y habitante del municipio, aseguró que según los reportes conocidos por la comunidad el incendio alcanzaba un nivel de control cercano al 98 %, pero advirtió que la recuperación apenas comienza. El residente señaló que la afectación superaría las 1.000 hectáreas y que la restauración del territorio necesitará trabajo prolongado y recursos.La recuperación podría tomar entre 10 y 20 añosPara Vergara, el principal desafío no es apagar las llamas que son visibles, sino que los pequeños focos que permanecen en el terreno pueden requerir vigilancia y atención especializada, mientras comienza un proceso ambiental mucho más largo.“Al parecer, y según los reportes de las autoridades, el incendio está controlado en un 98 %. Sin embargo, los expertos, los que están en la tierra, los que cuidan el campo y la montaña, nos explican que los pequeños fuegos que quedan van a seguir permanentemente y es posible que mañana o pasado vuelva y se necesite apoyo. Pero la parte más importante es el daño ecológico gigantesco, que requiere de un trabajo muy fuerte de 10, 15 o 20 años de todas las fuerzas vivas”, aseguró el ingeniero.Entre las propuestas de la comunidad está la creación de viveros con especies nativas mediante jornadas colectivas, además de mejorar la preparación de fincas y viviendas rurales con elementos básicos que permitan responder rápidamente ante nuevos incendios.Esta preocupación se da después de jornadas en las que las condiciones climáticas dificultaron las labores y obligaron incluso a evacuar temporalmente a algunos bomberos que enfrentaban las llamas.¿Riesgo de avalancha en Villa de Leyva?Vergara también llamó la atención sobre la pérdida de la capa vegetal que sostiene el suelo. Según explicó a partir de las advertencias que ha recibido de técnicos y expertos presentes en la zona, las lluvias podrían arrastrar parte del terreno quemado y aumentar el riesgo de avalancha o acumulaciones de agua.“Esa capa vegetal que no tiene fuerza, que no tiene consistencia, cuando llegan las lluvias y se pierde, puede haber una avalancha o una inundación complicada”, sostuvo.La comunidad busca recursos para la recuperaciónEl experto indicó que habitantes y organizaciones locales trabajan para canalizar el apoyo económico, técnico y comunitario. Una de las prioridades será estructurar los proyectos de recuperación para evitar que las donaciones y ayudas lleguen de manera desorganizada.“Necesitamos recuperarla. La recuperación es lenta, costosa. Aquí está toda la gente capacitada y fuerte que puede lograr esto con la ayuda económica de donde más se pueda llegar”, manifestó.Para finalizar, Vergara señaló que existe una red de aliados para la convivencia, la prosperidad y la seguridad habilitada para recibir donaciones y articularlas con la Alcaldía, la Policía y los bomberos. La intención, explicó, es convertir la respuesta ciudadana en un proceso organizado de largo plazo para recuperar el territorio afectado.Escuche la entrevista completa aquí:
En Vélez, Santander, la familia de César Augusto Rodríguez Nieves espera la llegada de sus restos. El intendente de la Policía, de 39 años y oriundo de Cimitarra, fue asesinado durante un ataque armado contra una camioneta institucional en Ábrego, Norte de Santander.Rodríguez Nieves se movilizaba junto al auxiliar de Policía Brayan Stiven Lizarazo Torres, de 19 años, cuando hombres armados dispararon contra el vehículo oficial en el sector de La Estancia, en la vía hacia Cúcuta, mientras cumplían labores de patrullaje y prevención. Otros policías que se encontraban en el vehículo habrían resultado ilesos.Tras el ataque, unidades de la Policía y el Ejército desplegaron operaciones en la zona para tratar de localizar a los responsables, mientras avanzan las investigaciones para establecer cómo fue planeado el atentado y quiénes participaron.Aunque César Augusto Rodríguez Nieves desarrollaba su labor policial en Norte de Santander, mantenía el vínculo con Santander por su origen familiar.En Cimitarra, municipio donde nació, la noticia generó consternación. La Alcaldía Municipal expresó sus condolencias a los familiares y allegados del uniformado.Su hermano Manuel Rodríguez agradeció el acompañamiento recibido y expresó el dolor que deja la pérdida de su hermano.“Hoy tengo el corazón destrozado, me duele el alma, pero mi hermanito está descansando en paz”, manifestó el familiar.Su cuerpo será trasladado a Vélez, Santander, donde la familia se prepara para despedirlo. En el municipio se encuentran su mamá, Luz Marina Nieves, y sus tres hermanos, junto a la esposa del intendente.La familia volvió a ser víctima de la violencia. Hace 25 años, su padre, César Augusto Rodríguez Torres, fue asesinado, un crimen que señalan fue cometido por la guerrilla y por el cual aún esperan reparación por parte del Estado como víctimas de la violencia.Ahora, uno de los hijos de esa familia murió en medio de un nuevo hecho de violencia, esta vez mientras cumplía su labor como integrante de la Policía Nacional.“Es el momento que el Estado no ha hecho el deber de cumplirnos como víctimas”, manifestó un familiar, al reclamar por las obligaciones pendientes con la familia tras el asesinato de su padre.Las autoridades mantienen las operaciones en Norte de Santander para establecer quiénes estuvieron detrás del ataque. La Gobernación de ese departamento anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables del doble homicidio.
Música, zócalos, deporte, gastronomía y cientos de visitantes harán parte de la celebración que por estos días se toma Guatapé, que conmemora sus 215 años con diez jornadas de actividades culturales, recreativas y musicales.Las XXIII Fiestas de los Zócalos, el Turismo y el Embalse comenzaron el 25 de septiembre y se extenderán hasta el 4 de octubre, con una programación que busca reunir a habitantes y turistas alrededor de las tradiciones de este municipio del Oriente antioqueño.Uno de los principales protagonistas será el zócalo, símbolo de la identidad de Guatapé, con actividades como el Festival del Zócalo, la Ruta del Zócalo, talleres, exposiciones y otros espacios dedicados a esta tradición.La agenda también incluye la tercera Media Maratón de Guatapé, encuentros deportivos, la feria de emprendimiento Hecho en Guatapé, Mercados Campesinos y actividades para niños, jóvenes y familias.Edison Alejandro Jaramillo, secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Guatapé, aseguró que la celebración tendrá, además, cuatro días de conciertos, entre el primero y el 4 de octubre.“Vamos a tener tarima los días 1, 2, 3 y 4 de octubre, con artistas nacionales e internacionales como el Charrito Negro, Adolescentes, orquestas, el Combo que Nota, entre otros”, señaló.El funcionario también invitó a los turistas a recorrer el municipio y disfrutar de su gastronomía, sus tradicionales calles llenas de color, el embalse y otros atractivos que convierten a Guatapé en uno de los principales destinos turísticos del Oriente antioqueño.Las fiestas concluirán el 4 de octubre con el acto conmemorativo por los 215 años del municipio.Según destacaron desde Asointermedias, la celebración busca no solo conmemorar la historia de Guatapé, sino también mostrar las tradiciones, el emprendimiento y la oferta turística que durante estos días estarán en el centro de la agenda.