Pereira tendrá un segundo Día Cívico el próximo sábado 14 de noviembre, una iniciativa que busca movilizar la solidaridad ciudadana, apoyar a los negocios locales y contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. La convocatoria es impulsada por la plataforma Ayuda y busca que tanto los habitantes de la capital de Risaralda como las personas que se encuentran fuera de la ciudad se vinculen a las diferentes actividades.En entrevista en Mañanas Blu, Ana Isabel López, cofundadora de esta jornada y de la plataforma Ayuda, destacó los resultados de la primera edición, realizada el pasado 10 de octubre. Según explicó, durante esa jornada se logró recaudar 132 millones de pesos para la Fundación Malabareando las Calles y se organizaron 25 convites, es decir, actividades solidarias distribuidas en diferentes sectores de Pereira."Fue un día increíble", recordó López, quien aseguró que las expectativas para esta segunda convocatoria son altas. La iniciativa busca demostrar que existen diferentes formas de contribuir a la recuperación de la ciudad y que la solidaridad puede expresarse a través de acciones cotidianas.¿Cómo participar en el segundo Día Cívico en Pereira?La cofundadora explicó que los ciudadanos pueden vincularse a través de la plataforma Ayuda, que cuenta con un mapa interactivo en el que aparecen diferentes puntos de la ciudad y las actividades programadas para la jornada.A través de esta herramienta, las personas podrán identificar los convites en los que desean participar y elegir cómo quieren aportar: mediante donaciones económicas, ofreciendo su tiempo o consumiendo productos y servicios de los negocios pereiranos."Cada persona puede mirar a qué convite quiere ir y si quiere donar dinero, si quiere donar tiempo o si quiere consumir local", explicó Ana Isabel López.La invitación también está dirigida a quienes viven fuera de Pereira, pues una de las principales necesidades de la ciudad es recuperar su actividad económica. Por eso, quienes no puedan desplazarse hasta la capital de Risaralda pueden apoyar comprando productos y servicios de establecimientos locales que ofrecen sus alternativas de venta por internet."Una ciudad que está en herida no está muerta. Pereira tiene negocios, tiene un montón de actividades este fin de semana, y hay mil maneras de salir y apoyar", manifestó la cofundadora.Durante la entrevista, López también hizo un llamado a mantener la solidaridad con las organizaciones sociales que trabajan en la región, pues, aunque reconoció el respaldo recibido por parte de empresas y diferentes entidades después de la emergencia, advirtió que todavía existen muchas necesidades.Uno de los casos que mencionó fue el de la Fundación Malabareando las Calles, organización que atiende a 87 niños en condición de calle y cuya sede resultó destruida por el terremoto.De acuerdo con López, la fundación perdió el espacio donde desarrollaba sus actividades y ahora busca recaudar recursos para reconstruirlo y continuar con su labor social."Hay un montón de fundaciones locales que en este momento se están quedando sin recursos para operar y seguir su ayuda constante a las comunidades más necesitadas", advirtió.Por esta razón, invitó a las personas que se encuentran fuera de Pereira a consultar las redes sociales de la Fundación Malabareando las Calles, donde pueden encontrar información sobre las donaciones y una campaña de recolección de fondos que adelanta la organización para reconstruir su sede.La cofundadora insistió en que la recuperación de Pereira no depende únicamente de las ayudas entregadas durante los primeros días de la emergencia, sino también del acompañamiento que puedan recibir los comerciantes, las fundaciones y las comunidades que todavía enfrentan sus consecuencias.
A tres meses del terremoto que sacudió a Pereira el pasado 10 de agosto, la capital de Risaralda atraviesa un panorama de profunda incertidumbre entre sus habitantes. En medio del balance sobre la atención a los damnificados, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, expresó su seria preocupación por la falta de ejecución y liquidez de las entidades encargadas de liderar la reconstrucción. A pesar de la presencia del Gobierno Nacional, el mandatario enfatizó que las soluciones estructurales no están llegando con la celeridad que exige la tragedia.Incertidumbre financiera y el llamado urgente al GobiernoEl impacto del sismo en la capital risaraldense dejó una cifra desoladora: 103.000 personas afectadas, 45.000 familias damnificadas y 25.000 viviendas desocupadas debido a daños totales o parciales. En este escenario, el alcalde Salazar hizo un enfático reclamo por la falta de certezas económicas respecto a los subsidios de vivienda y la reparación comercial.Al referirse a la gestión del Fondo Milagro, organismo responsable del financiamiento de las obras principales, Salazar afirmó de manera contundente: “Yo tengo un pálpito y es que el Fondo Milagro no tiene plata, no tiene recursos y la reconstrucción se hace con dinero”. El alcalde advirtió que la población no puede depender de medidas provisionales: “Lo que no puede pasar tampoco es que los damnificados se sientan en una situación de caridad. La reconstrucción es una responsabilidad ni siquiera del gobierno, del Estado colombiano”.De acuerdo con el Plan de Acción Específico (PAE) presentado ante Planeación Nacional, la reconstrucción total de la ciudad se estimó en 13,8 billones de pesos. Pese a que el presidente ha visitado la ciudad en cinco ocasiones y anunció una partida inicial de 332.000 millones de pesos a través del Fondo Milagro, Salazar aclaró que dichos recursos aún no se han visto traducidos en entregas masivas, habiéndose entregado únicamente 85 viviendas hasta la fecha."Pañitos de agua tibia": la limitada capacidad de la administración municipalDesde el gobierno local se han destinado auxilios financieros directos y auxilios de arrendamiento como ayuda humanitaria temporal. La alcaldía entregó un millón de pesos a 5.100 pequeños comerciantes, un millón a 5.000 trabajadores informales y vinculó laboralmente a 5.000 personas mediante esquemas de contratación temporal.Sin embargo, el mandatario local reconoció abiertamente que estas iniciativas son insuficientes frente al nivel de destrucción: “Frente a esta dimensión tan monumental de desastre que nos dejó el terremoto, los esfuerzos del municipio son cosquillas... son pañitos de agua tibia que no resuelven absolutamente nada”. Salazar detalló que hay casi 15.000 comerciantes afectados, por lo que la cobertura municipal no alcanza ni al 10% del problema. “La respuesta, la real respuesta la tiene el Gobierno Nacional y el Fondo Milagro, que es quien tiene el recurso”, enfatizó.La razón principal radica en el riesgo sobre la infraestructura hídrica de la ciudad: bajo la avenida Circunval, contigua al edificio, transitan tuberías antiguas de acueducto. “Ellos necesitan evaluar el riesgo porque estas redes suministran el 40% del agua a la ciudad. Ese es el riesgo que técnicamente tienen que calcular y determinar cuál va a ser la contingencia”, explicó el alcalde.Escuche aquí la entrevista:
Tres meses después del terremoto del pasado 10 de agosto, las compañías de seguros han pagado $1,43 billones en indemnizaciones a los afectados. La cifra representa un aumento de $170.000 millones frente al reporte anterior, según el más reciente balance de Fasecolda, con corte al 6 de noviembre.El gremio asegurador informó que ha recibido 103.833 avisos de siniestro, es decir, 910 más que hace una semana. Los daños reportados se extienden a 524 municipios de 31 departamentos. Para responder a estas reclamaciones, las aseguradoras tienen reservas estimadas en $7,4 billones, un 3,7 % más que en el balance anterior.De los avisos recibidos, 64.109 corresponden a viviendas, cerca del 61 % del total. En este segmento, que incluye seguros voluntarios y asociados a créditos hipotecarios, se han pagado $294.000 millones. Sin embargo, los mayores desembolsos se concentran en copropiedades, con $327.400 millones, y en comercios, pequeñas y medianas empresas e industrias, que han recibido $561.000 millones. Entre estos dos últimos grupos, los pagos suman cerca de $889.000 millones y las reservas superan los $4,1 billones.Por regiones, Risaralda registra $566.000 millones en indemnizaciones, equivalentes al 19 % de los pagos, mientras que el Valle del Cauca suma $489.000 millones, cerca del 13 %. Fasecolda también señaló que Quindío es el departamento que más ha avanzado en el pago de las reclamaciones frente al valor de los daños, con un 26 %. En cuanto a las reservas, Cali concentra $2,18 billones y Pereira $1,99 billones, que juntas representan cerca del 56 % del total nacional.El balance también incluye los seguros de vida. Hasta el momento se han reportado 309 siniestros y se han pagado $4.563 millones, correspondientes al 58 % del valor reclamado. Adicionalmente, hay reservas por $3.268 millones. El 51,6 % del valor de las reclamaciones en este segmento corresponde a coberturas por fallecimiento.El presidente ejecutivo de Fasecolda, Gustavo Morales, hizo un llamado a los asegurados para que mantengan contacto con sus compañías o intermediarios y entreguen oportunamente los documentos solicitados, pues esto permite avanzar en el trámite de las indemnizaciones. También advirtió sobre posibles cobros indebidos y le advirtió a la ciudadanía que "no se dejen engañar: reclamar es gratuito y no necesitan contratar intermediarios".
El terremoto que se registró el 10 de agosto no solo dejó una emergencia humanitaria en el Chocó que desborda las capacidades financieras y operativas de sus municipios, también agudizó los problemas en su infraestructura vial.El movimiento sísmico de hace tres meses, cuyo epicentro estuvo en el municipio de San José del Palmar, dejó afectaciones en 30 de los 32 municipios del departamento, 13 personas fallecidas, 348 lesionadas y más de 45.000 damnificadas.Según cifras de la Gobernación, aproximadamente 3.200 viviendas quedaron completamente destruidas y más de 19.000 resultaron averiadas. A esto se suman daños en cerca de 300 establecimientos educativos y más de un centenar de centros de salud, lo que compromete tanto las condiciones de habitabilidad como la prestación de servicios esenciales, a lo que se suma que de los 2,7 billones que necesita el país para reconstruir las vías afectadas por el sismo, el 37% debe ser destinado solo al Chocó, según confirmó la Ministra de Transporte, Elsa Noguera."De esos 2.5 billón corresponde al Plan Marshall de las cinco vías que van a transformar el Chocó. Allá no se sabe si fue el terremoto o es el estado de las vías, porque son vías completamente destruidas, pero no sabemos bien si fue el terremoto", indicó. Ahora los problemas no solo son en Quibdó, su capital, también en municipios de quinta y sexta categoría presupuestal, como Istmina, donde su alcalde Jaison Mosquera pidió al Gobierno nacional que vuelque sus ojos en todos los territorios afectados, reporta 1.700 familias afectadas y cerca de un centenar de viviendas averiadas, de las cuales apenas 17 han podido ser intervenidas con recursos propios."Hacemos el llamado al Gobierno nacional de que se presente acá al departamento en Chocó y sobre todo en Mina porque a veces fijamos nuestra atención únicamente en Quibdó, que es la es la la capital del departamento, pero hay municipios que son fueron muy afectados por este sismo del del del 10 de agosto y necesitan la presencia efectiva del gobierno nacional", indicó.Volviendo a las viviendas, vale la pena mencionar que la entrega de soluciones habitacionales comenzó en septiembre. El pasado 7 de ese mes fue asignada la primera vivienda modular del proyecto denominado Casas Pacífico, en el barrio Medrano de Quibdó.Las autoridades departamentales proyectan que varios frentes de construcción permitirán realizar una entrega más amplia de viviendas entre diciembre de 2026 y enero de 2027. No obstante, el cumplimiento de ese cronograma dependerá de la disponibilidad de recursos y de la superación de los obstáculos que todavía afectan la ejecución.
A tres meses del terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, la Defensoría del Pueblo advirtió que persisten barreras para garantizar los derechos de las comunidades afectadas y avanzar en la recuperación de los territorios.De acuerdo con el Registro Único de Damnificados, con corte al 3 de noviembre, 363.791 familias, equivalentes a 776.119 personas, resultaron afectadas por la emergencia. Además, 104.049 viviendas están inhabitables y 19.149 fueron destruidas. Otras 119.748 presentan daños. El balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con corte al 27 de octubre, también reporta 334 personas fallecidas, 4.516 heridas y 102 desaparecidas. La emergencia dejó afectaciones en 406 centros de salud, 4.438 establecimientos educativos y 6.087 centros comunitarios, además de daños en vías, acueductos y puentes.Uno de los principales problemas identificados por la Defensoría está en el Registro Único de Damnificados. La entidad advierte que no existe una ruta general para incluir nuevos registros, corregir inconsistencias o reportar daños que se hayan presentado después del cierre del registro. Esto puede dejar a familias por fuera de las ayudas, debido a que la inscripción es un requisito para acceder a los beneficios.También hay dificultades para reclamar los apoyos económicos. En Risaralda se reportan más de 70.000 inconsistencias y, con corte al 7 de octubre, 3.098 familias de Pereira aún no habían cobrado el beneficio.En cuanto al subsidio de arrendamiento, fijado en $1.050.000 mensuales durante tres meses, la Defensoría considera que resulta insuficiente frente a los tiempos estimados de reconstrucción, que pueden extenderse entre 12 y 18 meses. Además, la escasez de viviendas disponibles ha llevado a algunas familias a regresar a lugares que no ofrecen condiciones adecuadas de seguridad.A esto se le suma la identificación de la falta de protocolos para el cierre de 15 alojamientos temporales activos en Buenaventura, Quindío y Risaralda y de esta forma alternativas habitacionales dignas para quienes deben salir de ellos.Las dificultades también se mantienen en la prestación de servicios esenciales. Aunque se habilitaron sedes transitorias y se anunciaron planes de reconstrucción hospitalaria, las verificaciones de la Defensoría evidenciaron reducción en la capacidad de atención y demoras en consultas especializadas, medicamentos y autorizaciones.En educación, la entidad señala que no todos los estudiantes han regresado a clases presenciales ni cuentan con instalaciones seguras. Un ejemplo de esto es en el Valle del Cauca, en donde con corte al 15 de octubre, 69.106 de los 121.175 estudiantes afectados continuaban en modalidades no presenciales.Uno de los principales llamados de la Defensoría está relacionado con la financiación de la recuperación, señalan que el costo estimado del Plan de Acción Específico asciende a $58,29 billones, pero solo $8,21 billones corresponden a recursos inicialmente identificados. Esto deja una brecha de financiación de $50,08 billones.La entidad advierte que los recursos identificados incluyen anuncios de entidades públicas, cooperantes y empresas, pero no todos tienen claridad sobre su disponibilidad, apropiación o ejecución. Además, señala que incluir recursos en el plan no significa que ya estén asignados en el presupuesto. La única fuente con monto y cronograma ciertos corresponde a una adición al Presupuesto General de la Nación por $624.656 millones, proveniente de un crédito contingente con el Banco Mundial.Ante este panorama, la Defensoría pide establecer mecanismos para actualizar el registro de damnificados, garantizar los subsidios de arrendamiento, asegurar alternativas habitacionales antes de cerrar los albergues y recuperar la infraestructura educativa y hospitalaria.También insiste en que el proceso debe incluir recursos para restablecer las actividades económicas de campesinos, trabajadores informales y pequeños emprendimientos, así como medidas diferenciales para mujeres, niños, comunidades étnicas, personas mayores y población con discapacidad.
A tres meses del terremoto, Risaralda exige celeridad al Gobierno Nacional para acelerar la reconstrucción y el pago de ayudas. Tres meses después del terremoto que sacudió al Eje Cafetero el pasado 10 de agosto, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, hizo un enfático llamado al Gobierno nacional. El mandatario departamental urgió en Mañanas Blu a agilizar la transferencia de recursos y la ejecución de los planes diseñados para atender a las familias damnificadas y restaurar la infraestructura afectada. Un llamado urgente a pasar de los anuncios a las accionesAunque el gobernador reconoció la presencia del Gobierno nacional en la zona, destacando que el presidente de la República ha visitado cinco veces la ciudad de Pereira, recalcó que la comunidad requiere resultados inmediatos y desembolsos efectivos. Al referirse a la necesidad de acelerar la llegada de los giros e inversiones, Patiño declaró: "Hoy aprovechando estos micrófonos, hacer un llamado de atención especial para la celeridad. Ya son tres meses, ya hay un Fondo Milagro creado y estamos de verdad expectantes a que podamos avanzar rápidamente en el territorio para la reconstrucción de lo que la gente hoy está esperando". En ese sentido, el mandatario precisó que su petición no responde a una rivalidad política, sino al clamor de las comunidades damnificadas: "Más que una queja, es la voz de la gente que hoy está solicitando no más anuncios, sino ya acciones contundentes en el territorio". Plan de Acción Específica y estado de los subsidiosPara orientar la recuperación, el departamento formuló un Plan de Acción Específica (PAE) que abarca 15 planes (uno por cada uno de los 14 municipios más el departamental), el cual ya cuenta con la aprobación del Gobierno Nacional. No obstante, el gobernador explicó que la ejecución depende de la disponibilidad de liquidez del recién creado Fondo Milagro, cuya gerencia fue asignada a la doctora Ana María Cuartas.En materia de ayudas financieras directas, se han dispersado 13.000 millones de pesos en un primer giro a través de un convenio con Supergiros. Actualmente está pendiente la firma para un segundo paquete por 17.000 millones de pesos, así como la asignación de 70.000 millones de pesos adicionales para culminar los tres meses de subsidios prometidos a los inscritos en el Registro Único de Damnificados con viviendas colapsadas o inhabitables. Paralelamente, la Gobernación de Risaralda ha avanzado con fuentes propias, destinando el 60 % de sus regalías para adjudicar contratos de reconstrucción, además de radicar proyectos por 80.000 millones de pesos ante el Ministerio de Vivienda para mejoramiento de viviendas, 17.000 millones de pesos para infraestructura educativa y 5.000 millones de pesos para seguridad alimentariaSobre la gestión de la administración local, Patiño enfatizó: "Seguiremos avanzando con los recursos limitados que tenemos, pero de verdad accionando todos los procesos". Frente a los retos del proceso reconstructivo, Patiño resaltó la unión institucional existente entre la Gobernación, los alcaldes municipales y la gerencia del Fondo Milagro, así como el interés en impulsar la figura de obras por impuestos con el sector privado. Escuche aquí la entrevista:
Tres meses después del terremoto del 10 de agosto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, afirmó que la reconstrucción de Cali será un proceso de largo aliento que tomará hasta cuatro años, y pidió paciencia a los damnificados que todavía esperan soluciones de vivienda. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales el mandatario aseguró que la prioridad de la Alcaldía son las 700 familias que perdieron por completo sus hogares porque sus edificios colapsaron.“En tres meses que cumplimos hoy, uno no se recupera o no reconstruye después de un terremoto. Hay que tener eso en cuenta”, dijo Eder, quien recordó que desde el primer día advirtió a los caleños sobre la magnitud del reto: “Tenemos que estar preparados porque iniciábamos a correr una maratón que dura 4 años y llevamos los primeros 3 meses de 4 años”.El mandatario ya había anticipado en ocasiones anteriores que la reconstrucción de Cali tomaría varios años. Según explicó, la atención pasó por una fase de rescate, luego por la recuperación de las víctimas, y hoy está concentrada en resolver el problema de vivienda.Bonos de vivienda para familias damnificados en CaliEder detalló que la Alcaldía mantiene contacto con los afectados a través de grupos de WhatsApp y que, de las 700 familias priorizadas, unas 400 han manifestado interés en acceder a las bonificaciones. La Alcaldía entregará bonos de 50 millones de pesos a hogares que perdieron su casa sin perder a un familiar, mientras que el Fondo Milagro otorga apoyos a quienes perdieron a un ser querido durante el sismo o se encuentran en situación de alto riesgo o vulnerabilidad socioeconómica.“Las bonificaciones pues no alcanzan para adquirir un apartamento, pero tienen forma de dar el cierre financiero”, explicó el alcalde, quien espera que desde la próxima semana decenas de familias comiencen a recibir sus viviendas.La apuesta, según Eder, es por viviendas nuevas, debido a que cumplen con los códigos antisísmicos actualizados y porque en la ciudad existe un inventario disponible de cerca de 900 unidades. El Gobierno nacional también anunció nuevas viviendas y mejoramientos para damnificados del Valle a través del Fondo Milagro.Los colapsos y demoliciones se concentran en las comunas 19, 2, 17 y 18, principalmente en la Comuna 19, una zona que, de acuerdo con el alcalde, alberga un importante sector de servicios médicos, entre ellos el Hospital Universitario del Valle.Demoliciones en Cali: hasta 120 estructurasEl alcalde explicó que en la ciudad se revisaron cerca de 14.000 edificios y que hasta ahora hay 85 inmuebles identificados para demolición, entre edificios y casas, de los cuales 20 ya fueron demolidos. Actualmente, la Alcaldía adelanta la demolición de cinco, privados con sus aseguradoras trabajan en otros tres y el Fondo Milagro iniciaría labores en una lista de 11. La cifra total, advirtió, podría llegar a entre 100 y 120 estructuras.“Demoler no es como que, bueno, ese edificio se ve mal, túmbelo. No, toca entrar, toca mirarlo, tienen que ver los ingenieros”, señaló Eder sobre la complejidad de las demoliciones de edificios afectados.Sobre la reconstrucción de nuevos edificios en los predios demolidos, el mandatario precisó que los estudios de suelo y los diseños tardan unos seis meses y la construcción otros 18 meses. Mientras tanto, las familias pueden usar los bonos para adquirir vivienda en otro sector. Eder agregó que en cuatro o cinco edificios las asambleas de copropietarios ya decidieron no reconstruir: “Esto es una tragedia. Aquí vivían familias, aquí habían memorias. En algunos de ellos murió gente”.El alcalde destacó además que, de las 20.000 personas evacuadas de sus casas, el 34 % tiene más de 62 años, y que la mayoría de los afectados pertenece a los estratos 4 y 5, una población para la que, según dijo, no están pensados los programas de apoyo social en Colombia.La situación en ChiminangosFrente a la desesperación de los damnificados, reflejada en las acciones que la Alcaldía adelanta para atender las afectaciones en el sector de Chiminangos tras las protestas de sus habitantes, Eder insistió en que “aquí no hay solución fácil”. De acuerdo con el alcalde, en ese sector del norte de Cali hay 288 torres construidas antes de 1985, antes de los códigos sísmicos, de las cuales 156 tienen sello rojo. Seis presentan daños muy graves y las otras 150 tienen afectaciones sobre todo en las escaleras. Los ingenieros entregarán los diseños de intervención en las próximas semanas, en un proceso que podría tardar hasta un mes antes de iniciar las obras. Aquí puede consultar cómo avanza la recuperación de Chiminangos.“Yo entiendo que hay desesperación, pero nosotros tenemos contacto permanente con la comunidad”, afirmó. El mandatario estimó que pasarán unos dos años hasta que estén terminadas las primeras torres de vivienda.Colegios y hospitales afectados por el terremotoEder reveló que más de 200 colegios resultaron afectados, 70 de gravedad, y ocho permanecen cerrados. En un momento llegaron a ser cerca de 60.000 estudiantes sin clases; hoy la cifra se acerca a los 15.000, y la meta es que todos regresen a las aulas antes de diciembre.Con recursos del sector privado se intervienen planteles como el Eustaquio Palacios, uno de los más grandes de la ciudad, a cargo de la Fundación Gilinski y la Fundación de la Primera Dama; el Nuevo Latir, en el oriente, donde ya iniciaron obras, y la institución educativa Antonio José Camacho, con 92 años de historia.En salud, el alcalde anunció mejoras en el Hospital Carlos Holmes Trujillo y aseguró que los cuatro hospitales nuevos que construye su administración resistieron el sismo sin problemas.Donaciones del sector privado para la reconstrucciónSobre los aportes de grandes donantes, Eder aseguró que los recursos están llegando a la gente: “100 % está llegando a la gente y creo que es un acto de tremenda generosidad”. Según sus cifras, el sector privado donó 1,6 billones de pesos a nivel nacional y cerca de 400.000 millones en Cali.El alcalde aclaró que ese dinero no ingresa al presupuesto público, sino que lo ejecutan las fundaciones privadas con direccionamiento de la Alcaldía. “No se dejen cuentear”, advirtió.Mercados para damnificados y partido de la SelecciónEder también destacó un programa con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), con aportes de un millón de dólares de Cali y otro millón de la agencia de Naciones Unidas, para entregar tarjetas de mercado a 20.000 familias. Según dijo, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, le confirmó que las ganancias del partido de la Selección en la ciudad irán para los damnificados y para apoyar este programa. Colombia y Chile se enfrentarán en un amistoso el 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, como se informó al anunciarse el partido. Al cierre, el mandatario reiteró que la recuperación trascenderá su mandato: “Yo seré el alcalde de Cali durante 1 año y 2 meses más y le voy a entregar todo cuerpo y alma a esta misión”. Y añadió: “Esto no es solo cifras, no solo edificios, hay familias y hay personas que lo perdieron todo”.
En medio del Congreso de Asofiduciarias, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, entregó un balance de las afectaciones que dejó el terremoto en la infraestructura de transporte. Según explicó, de los 113 puntos viales afectados, 103 ya tienen paso total, mientras que los 10 restantes continúan con problemas críticos que requieren estabilizar taludes, reconstruir tramos, mejorar drenajes y reparar puentes que, además, ya presentaban deterioro por falta de mantenimiento.La atención de estos daños tendría un costo preliminar de $2,7 billones. “De esta cifra, 240.000 millones de pesos corresponden al déficit que generó en la operación de los sistemas de transporte masivo los días que estuvieron cerrados. Estos sistemas, que ya son deficitarios, la Nación quiere entrar a cubrirlos, por lo menos, por los días que estuvieron cerrados precisamente por el terremoto”, afirmó.Los otros $2,5 billones se destinarían a la recuperación de la infraestructura vial y de transporte. De esos recursos, cerca de $1 billón iría para intervenir cinco vías del Chocó, un departamento que, según Noguera, ya tenía una red vial en muy malas condiciones antes del terremoto. “Allá no sabemos bien si fue el terremoto o si es que así funciona el Chocó, porque son vías completamente destruidas. Yo creo que es un poquito de ambos, pero es la gran oportunidad para el país de dejar este departamento completamente conectado con el sur, con el norte, con la zona bananera en Antioquia y con la zona del mar”, dijo Noguera.Para conseguir los recursos que permitan financiar estas obras, el Ministerio de Transporte contempla dos mecanismos que no dependen directamente del Presupuesto General de la Nación. El primero es incorporar nuevas intervenciones en las concesiones viales que ya están en marcha, mediante ampliaciones en el valor de los contratos y en sus plazos de ejecución. La propuesta es aumentar el límite actual de las adiciones. “Hoy las APP pueden adicionar máximo el 20 %, y queremos que pudiéramos llegar hasta el 50 %. Eso nos va a permitir financiar obras sin el Presupuesto”, aseguró la ministra.Este mecanismo podría aplicarse principalmente en el Eje Cafetero, Huila y Valle del Cauca. Sin embargo, no sería una alternativa para el Chocó, donde no existen concesiones viales. Según explicó Noguera, esto se debe a que la población no tiene capacidad para asumir el pago de peajes.Como segunda alternativa, el Gobierno busca ampliar el uso de las obras por impuestos, un mecanismo mediante el cual las empresas financian proyectos de infraestructura a cambio de beneficios tributarios. Actualmente, esta figura está limitada a los municipios dentro del Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y a las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), por lo que su aplicación en la reconstrucción dependerá de los procedimientos y condiciones que permitan sacar adelante los proyectos. En ese proceso, las fiduciarias tendrían un papel importante. “Aquí vamos a necesitar mucho a las fiduciarias, porque lo que hemos logrado es que los concesionarios y el sector nos donen los estudios y diseños en fase 3 de las vías del Chocó”, afirmó.La ministra advirtió que esta última alternativa tiene un plazo limitado, pues los decretos que permiten acceder a los beneficios tributarios estarán vigentes únicamente hasta marzo del próximo año. Por eso, el Gobierno necesita avanzar rápidamente con los estudios y la aprobación de los proyectos para que las obras puedan comenzar dentro de ese periodo. “Si en marzo del próximo año no arrancan las obras, no aplican los beneficios, y tiene todo el sentido, porque, si no, nos demoramos demasiado en la reconstrucción. Una vez tengamos los estudios y diseños, los radicamos en la ART (Agencia de Renovación del Territorio), buscamos la viabilidad técnica en Planeación Nacional y empezamos a ofertarlos con los contratistas que se le apuesten a financiar estas obras por impuestos”, aseguró Noguera.Finalmente, la ministra de Transporte aseguró que el Estado enfrenta reclamaciones por más de $100 billones por cambios en las reglas de juego en las concesiones, entre ellas $8 billones en sólo dos sentencias que el Gobierno no tiene cómo pagar, $16 billones en tribunales internacionales y $81 billones en reclamos. Para evitar que el costo sea mayor, dijo que el Gobierno negocia con concesionarios y contratistas y busca destrabar las obras paralizadas por problemas prediales, licencias y consultas previas.
Han pasado exactamente 91 días desde el 10 de agosto, y aún Cali se está recuperando del daño que sufrió durante el terremoto, principalmente en la atención a más de 20.000 familias damnificadas en la ciudad.De esas 20.000, hay 700 que están siendo priorizadas, debido a que prácticamente quedaron en la calle, al perder por completo sus hogares, a estas personas son a las que se les está agilizando las soluciones de vivienda, para después continuar con el resto de la recuperación de la ciudad."Estamos priorizando recuperar u ofrecer soluciones de vivienda para quienes ya perdieron definitivamente sus casas, que en este momento son 700 familias, para que tengan una solución lo más rápido posible. El objetivo que le he puesto al equipo y el que le propuse al ministro de Vivienda es que de aquí a diciembre, todos estos caleños y caleñas tengan respuesta", explicó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.El proceso de reconstrucción es otro de los factores que están en la lista de prioridades, sin embargo, es algo que toma tiempo. El alcalde explicó que una vez los lotes de edificios colapsados o demolidos estén listos para iniciar obra, se debe contar con la documentación y los permisos requeridos."Una vez los edificios colapsados o los demolidos, ya están liberados de los escombros, ya entran además a revisar el tema de la reconstrucción. Para uno reconstruir tiene que hacer diseños, tiene que hacer estudios de suelo, tiene que sacar todas las nuevas licencias, sacar todos los papeles. Solo ese primer paso, puede durar unos seis meses y de ahí una construcción puede durar 18 meses. Por eso el llamado a la ciudadanía es de paciencia", agregó el mandatario.En cuanto al pago de los auxilios económicos más de 15.500 familias han recibido ya los dos primeros giros del millón 50 mil pesos. Se están adelantando los trámites para que a más tardar la próxima semana se realice el tercer y último pago de estas ayudas."En este momento ya lo tenemos aprobado, ya la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo nos ha mencionado que ya se encuentran listos los recursos, sin embargo, estamos alistando la logística, estamos en este momento todavía terminando de pagar el primero y el segundo giro, pero una vez vayamos avanzando en la dispersión de estos, pues empezaremos con el tercer pago", señaló el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela.
Un sismo de magnitud 5,7 sacudió la madrugada de este domingo el centro de Japón y dejó más de 20 personas heridas, según informaron las autoridades y medios de comunicación locales. El movimiento telúrico afectó principalmente a las prefecturas de Shizuoka y Aichi, ubicadas a unos 200 kilómetros al oeste de Tokio, la capital del país.El temblor se registró a la 01:04 hora local del domingo, lo que corresponde a las 16:04 GMT del sábado y a las 11:04 a. m. del sábado en Colombia. De acuerdo con la Agencia Meteorológica Japonesa (JMA, por su sigla en inglés), el epicentro se ubicó en el oeste de la prefectura de Shizuoka, a una profundidad de 40 kilómetros.Balance de heridos tras el terremoto en JapónLas cifras de lesionados difieren según la fuente consultada. El diario local Chunichi Shimbun y la cadena de televisión Tokai TV reportaron al menos 24 personas heridas entre Shizuoka y la vecina prefectura de Aichi.Reportes oficiales de Aichi y ShizuokaUn funcionario de seguridad de la prefectura de Aichi confirmó a la agencia AFP que en ese territorio se contabilizaron 16 heridos leves. Por su parte, las autoridades de la prefectura de Shizuoka informaron que allí se registraron tres personas heridas, entre ellas una mujer de 90 años que se lesionó al caer de su cama durante el sismo. Hasta el momento, los reportes oficiales difundidos no incluyen víctimas fatales asociadas al temblor.Daños materiales y afectaciones en el transporteAdemás de las personas lesionadas, las autoridades reportaron daños materiales en varias ciudades de la zona afectada, entre ellos ventanas rotas.El movimiento telúrico también tuvo efectos en la movilidad de la región. El tráfico ferroviario fue interrumpido durante la mañana del domingo en el área impactada por el sismo, una medida que en Japón suele aplicarse para realizar revisiones de seguridad en la infraestructura tras un evento sísmico.Las prefecturas afectadasShizuoka se encuentra en la costa del Pacífico, en la región central de la isla de Honshu, la principal del archipiélago japonés. Aichi, ubicada al oeste de Shizuoka, tiene como capital a Nagoya, uno de los principales centros urbanos e industriales del país. Ambas prefecturas hacen parte de un corredor densamente poblado que conecta a Tokio con otras grandes ciudades del centro y el occidente de Japón.Japón, uno de los países con mayor actividad sísmica del mundoLos temblores son frecuentes en Japón debido a su ubicación geográfica. El país está situado en la conjunción de cuatro grandes placas tectónicas y concentra alrededor del 18 % de los sismos registrados en el mundo, según datos recogidos por la AFP.El archipiélago forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja que rodea a este océano y en la que se concentra buena parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta.Monitoreo y prevención sísmicaLa Agencia Meteorológica Japonesa es la entidad encargada de vigilar la actividad sísmica en el país y de emitir alertas a la población. Japón cuenta con un sistema de alerta temprana de terremotos y con normas de construcción antisísmica que figuran entre las más estrictas del mundo, diseñadas para reducir los daños en edificaciones e infraestructura.Antecedentes de grandes terremotosEl país conserva en su memoria reciente el terremoto de magnitud 9,0 ocurrido el 11 de marzo de 2011 frente a la costa noreste, que provocó un tsunami de gran magnitud y desencadenó el accidente en la central nuclear de Fukushima. Aquel desastre dejó cerca de 18.500 personas muertas o desaparecidas y es considerado uno de los peores en la historia moderna de Japón.Qué se sabe del sismo de magnitud 5,7Magnitud: 5,7.Hora: 01:04 hora local del domingo (16:04 GMT del sábado).Epicentro: oeste de la prefectura de Shizuoka, a 40 kilómetros de profundidad.Heridos: al menos 24, según medios locales; 16 heridos leves en Aichi y tres en Shizuoka, según las autoridades de cada prefectura.Daños: ventanas rotas en varias ciudades e interrupción del tráfico ferroviario.
Decenas de educadores y sus familias en Antioquia volvieron a salir a las calles este 11 de noviembre en un cese de actividades de 24 horas y plantón frente al FOMAG. La jornada de protesta responde a las persistentes fallas en el modelo de salud del magisterio, caracterizado por retrasos en autorizaciones, suspensión de procedimientos y traumatismos severos en la entrega de medicamentos.La indignación del gremio quedó al descubierto tras la denuncia del profesor Yeferson Mosquera a las afueras del dispensario Éticos, en el centro de Medellín. Registros gráficos y testimonios documentaron filas de más de dos cuadras sobre la vía pública, donde los docentes debieron soportar la lluvia protegidos únicamente con sombrillas y bastones, a la espera de sus fármacos.La crisis se agudizó dentro del establecimiento, donde cerca de 150 usuarios entre ellos adultos mayores permanecieron de pie durante horas ante la falta de sillas y de un sistema de turnos eficiente. El desespero por los extensos tiempos de espera provocó altercados entre los asistentes y obligó a varios educadores a retirarse sin recibir el tratamiento formulado."Esto es irrisorio, vea la fila, dos cuadras, hasta puedo decir que tres, indignante, y todo para reclamar unos medicamentos", narró Mosquera. Este dramático panorama sirvió como detonante para que una decena de organizaciones sindicales y colectivos defensores del derecho a la salud convocaran a la movilización de hoy. Los manifestantes se concentraron en la Nueva Villa de Aburrá para marchar hacia la sede del FOMAG en la avenida 33, exigiendo respuestas concretas a la interrupción de sus servicios asistenciales.El origen de este traumatismo radica en la compleja transición del modelo de salud tras el fin del contrato entre el FOMAG y la Fiduprevisora. Según Lida Morales, presidenta de Adida, la falta de vigencia en diversos convenios con las instituciones prestadoras mantiene frenados los procedimientos médicos y amenaza la continuidad de los tratamientos de los docentes."En el momento no existen contratos vigentes, sino que persisten actas precontractuales y negociaciones pendientes. Esta situación ha provocado el cierre continuado de servicios en hospitales municipales y la negativa de otros prestadores a mantener la atención sin un contrato formal ni pagos oportunos", afirmó Morales.Aunque representantes del FOMAG asumieron compromisos en Bogotá la primera semana de noviembre para acelerar autorizaciones y despachos a pacientes prioritarios como quienes enfrentan procesos oncológicos, los educadores insisten en que las soluciones no llegan a las salas de espera y mantienen su reclamo en las calles.
Además del resultado operacional que dejó un presunto integrante del Clan del Golfo muerto y otro capturado en San Jerónimo, en el Occidente antioqueño, los operativos de la fuerza pública en el Suroeste del departamento también dejaron afectaciones a esta estructura criminal.En la vereda El Barcino, zona rural del municipio de Andes, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara, adscrito a la Cuarta Brigada, sostuvieron combates contra presuntos integrantes de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo.De acuerdo con la información entregada por el Ejército, un hombre conocido con el alias de Saltarín murió en desarrollo de las operaciones militares. Este presunto integrante de la organización criminal tendría injerencia delictiva en municipios como Tarso y Pueblorrico. En el mismo procedimiento fue capturado alias Marlon, señalado de pertenecer a esta estructura.Sobre las incautaciones realizadas durante el operativo, se refirió el mayor Carlos Mario Torres Arias, ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara."Durante la operación también se logró la incautación de una pistola, 12 cartuchos, un proveedor y una motocicleta. De igual manera, fue localizado y destruido en el lugar de los hechos un dispositivo explosivo improvisado. Este resultado operacional representa una afectación a las capacidades armadas y logísticas de esta estructura criminal, que mantiene su accionar delictivo en el Suroeste antioqueño", indicó Torres.Finalmente, las autoridades destacaron que los operativos se suman a las acciones adelantadas por la fuerza pública contra el Clan del Golfo en el Suroeste antioqueño, donde esta estructura mantiene presencia en varios municipios.
El presidente Abelardo de la Espriella estuvo en la mañana de este miércoles en Roldanillo, haciendo entrega de nuevas ayudas para la comunidad afectada por el terremoto del 10 de agosto en este municipio del norte del Valle del Cauca.En primer lugar, el presidente anunció una inversión para la recuperación del hospital San Antonio de Roldanillo que resultó afectado en un 80% durante esta emergencia. Este proceso duraría 10 meses."Hemos previsto la inversión total de 12.725 millones de pesos para la recuperación del hospital y lo mejor, ya se giraron de esa plata 5.800 millones. Vamos a renovar el bloque de hospitalización, las instalaciones eléctricas, los sistemas de ventilación, las redes de gases medicinales y las áreas de atención de adultos, pediatría y obstetricia", indicó el mandatario.El presidente De La Espriella también anunció que cerca de 4.600 millones de pesos serán destinados para subsidiar a pequeños y medianos empresarios afectados por el terremoto ahí en Roldanillo, además del respaldo para la demolición de edificaciones afectadas."En el tema de demoliciones, o los inmuebles que requieren demolición vamos aquí solamente, en Roldanillo, a intervenir 450 inmuebles de acuerdo a los procedimientos técnicos y administrativos correspondientes. Y estamos trabajando para recuperar los ingresos de las familias, el Fondo Milagro avanza en la entrega de 920 subsidios a pequeños y medianos empresarios, mientras que se abrió una convocatoria de apoyo al pago de nómina por más de 36 mil millones de pesos", añadió.Durante esta jornada de hizo la entrega oficial de viviendas completamente nuevas a tres familias damnificadas en este municipio, las beneficiarias fueron Angie Natalia Ruiz, la señora Neleida de Jesús Garzón y Rosa Amelia Castillo López."Primero entregamos una casa que es una casa digna, linda para personas que lo necesitaban y que con el terremoto la perdieron, pero también estamos viendo cómo recuperar la magia de Roldanillo, todas sus fachadas, sus calles y volver a tener ese orgullo y que vengan los visitantes y puedan ver toda esa arquitectura, todas esas fachadas, toda esa historia de la cultura que es Roldanillo", señaló la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.El presidente De La Espriella además tuvo otro encuentro con los comerciantes del sector de la Calle Ocho de Roldanillo donde solo para esta zona del municipio destinará hasta 500 millones de pesos para apoyar a los negocios afectados por el terremoto.
En el Congreso se radicó un proyecto de ley que busca crear un bloque de búsqueda especializado para combatir las redes de tráfico de drogas que operan alrededor de colegios, parques y escenarios deportivos.La iniciativa fue presentada por el primer vicepresidente de la Cámara, Simón Molina, y propone establecer perímetros de protección de hasta 200 metros alrededor de esos espacios, con la posibilidad de ampliarlos hasta 400 metros cuando exista un riesgo especial sustentado.Según el proyecto, la vigilancia se concentraría en los puntos y horarios de mayor amenaza, especialmente durante la entrada y salida de estudiantes.“No podemos seguir permitiendo que se dé el tráfico y la venta de drogas alrededor de los colegios, de los parques, de los escenarios deportivos, a donde nuestras familias van a estudiar, a recrearse, a divertirse, porque además están aprovechando esos espacios los delincuentes para instrumentalizar también a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Así que lo que queremos con esta iniciativa es que haya una articulación interinstitucional desde el gobierno nacional con los gobiernos locales, la policía, la fiscalía, para que podamos identificar muy bien cuáles son esas zonas de tráfico de drogas”, dijo el representante.Molina explicó que, en una etapa inicial, las autoridades tendrían que caracterizar las zonas del país e identificar los colegios, parques y escenarios deportivos donde la problemática sea más acentuada.“El Estado tiene que perseguir al criminal que sale a venderles droga a nuestros hijos. Vamos por el que vende, por el que la surte y por el que cobra”, afirmó Molina en el documento de presentación.La propuesta también contempla recuperar parques y espacios deportivos afectados por las estructuras, mediante el acompañamiento a reparaciones de alumbrado, labores de mantenimiento y actividades deportivas y culturales. Además, plantea medidas para proteger la identidad de quienes denuncien y activar rutas de atención para menores utilizados por organizaciones criminales.De acuerdo con el proyecto radicado, los alcaldes tendrían seis meses para identificar los puntos que requieren intervención y definir prioridades junto con la Policía. También se propone hacer seguimiento a las zonas intervenidas para evitar que los expendios reaparezcan o se trasladen, y rendir cuentas sobre los puntos desmantelados, las capturas y los menores protegidos.
Un nuevo ataque con explosivos se registró alrededor del mediodía de este miércoles sobre la vía Panamericana en norte del departamento del Cauca. Disidentes de las Farc atacaron con drones el peaje del corregimiento de Mondomo, en Santander de Quilichao, generando caos en medio de la comunidad.Esta nueva alteración al orden público obligó a los estudiantes y profesores de una escuela en la vereda Cachimbal a refugiarse en los salones de clase, para evitar resultar afectados por los explosivos y las ráfagas de fusil.“Nos informan unos docentes que se quedaron atrapados en una escuelita que queda ahí contigua y hay dos docentes, cuatro niños y cuatro padres de familia que se encuentran ahí atrapados y que en medio del fuego cruzado”, señaló a Blu Radio el personero de Santander de Quilichao, Felipe Castillo.Este sería el segundo ataque con explosivos contra este peaje en la última semana. La fuerza pública ya se encuentra en la zona realizando un despliegue militar para recuperar el orden y normalizar el tránsito en la vía Panamericana.