El FC Barcelona estudiará emprender acciones legales por las declaraciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que este martes ha acusado al club catalán de "corrupción", de "enriquecer a los árbitros" y de salir "siempre beneficiado" por los colegiados, en alusión al 'caso Negreira'."En referencia a la rueda de prensa convocada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informamos de que nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones. En estos momentos se están analizando las mismas y valorando los próximos pasos a seguir. Cuando se considere oportuno, se informará adecuadamente sobre las posiciones y decisiones que se adopten", ha señalado la entidad azulgrana en un comunicado.La reacción del Barcelona llega horas después de que el presidente del Real Madrid anunciara en una rueda de prensa que presentará ante la UEFA un dossier de 500 páginas sobre el 'caso Negreira' para denunciar lo que ha definido como "el mayor caso de corrupción de la historia del fútbol"."Que tengamos que escuchar al presidente de los árbitros decir que es algo que tenemos que olvidar... Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que vamos a presentar a la UEFA. ¿Cómo lo vamos a olvidar? El mayor caso de corrupción de la historia del fútbol", ha explicado.Pérez ha insistido en esta idea: "El Barça siempre sale beneficiado, pero hay otros equipos que también han salido perjudicados y me lo cuentan a mí. A ver si somos serios y la UEFA mete mano, porque no puede consentir que el fútbol más importante esté en manos de una corrupción 20 años pagada".La rueda de prensa, la primera de Pérez desde 2015, se produjo después de una reunión de la junta directiva del club blanco en la que se acordó convocar elecciones, y el actual presidente anunció que volverá a presentarse junto con su equipo actual."Solo he ganado siete 'Champions' y siete Ligas, que podía haber ganado 14, pero las otras me las han robado. Hemos hecho un vídeo de los 18 puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada. No me puedo callar", ha añadido el máximo dirigente del Real Madrid.El 'caso Negreira' investiga los pagos que el Barcelona realizó durante años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a través de sociedades vinculadas a él.La Fiscalía sospecha que esos pagos, que superaron los siete millones de euros entre 2001 y 2018, pudieron tener como objetivo influir en el estamento arbitral, mientras el club azulgrana sostiene que correspondían a informes y asesoramiento técnico sobre árbitros.
El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira se ha acogido este martes a su derecho a no declarar ante el juez que investiga los pagos que durante años le hizo el FC Barcelona.Según han informado fuentes judiciales, Negreira ha comparecido hoy como investigado ante el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en una vista que ha durado apenas un par de minutos y en la que Negreira ha comunicado que se acogía a su derecho a no declarar, sin entrar en más detalles de por qué guardaba silencio.El juez acordó en enero pasado la comparecencia como investigado de Negreira tras concluir que, pese a que sufre algún deterioro de memoria a su avanzada edad, conserva las facultades mentales para ser enjuiciado, en contra de lo que alegó su defensa, si bien hoy ante el magistrado no ha aludido a su estado de salud, según las fuentes. Negreira ha acudido al juzgado acompañado de su esposa y custodiado por agentes de los Mossos d'Esquadra, en medio de un enjambre de cámaras para captar su llegada y salida de la Ciudad de la Justicia.De hecho, el exvicepresidente del CTA ha sido el primero de los investigados de este caso que comparece ante el juez, que en la causa mantiene imputados entre otros al actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y a sus antecesores Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell.El pasado septiembre, el instructor dictó un auto en el que acordaba imputar un delito de cohecho a los denunciados en el "caso Negreira", que se suma así a los de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales que hasta ahora se les atribuían.El juez sospecha que los pagos del FC Barcelona al exárbitro y a su hijo -cerca de 7 millones de euros entre los años 2001 y 2018- pudieron obedecer a una "forma novedosa de posible retribución ilegítima a árbitros de fútbol", en un contexto de una "posible corrupción sistémica en el seno del CTA" en la época en que Negreira era vicepresidente de este organismo.Negreira fue sometido a una exploración por parte de los forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña (IMLCF), tras encargarlo el magistrado para contrastar el informe que había presentado su defensa, que alegó que el exárbitro, de 78 años, sufre un deterioro cognitivo que le incapacita para poder afrontar un proceso penal.El juez instructor encargó esa exploración para confirmar no sólo la demencia que Negreira alega sufrir, sino también para determinar si estará en condiciones de ser interrogado como investigado y, en un futuro, responder ante un eventual juicio. La defensa de Negreira esgrimió un informe del Alzheimer Center de Barcelona -uno de los centros de referencia en el tratamiento de esta enfermedad degenerativa- que certifica que el exárbitro sufre una "demencia leve", con alteración de la memoria o el lenguaje, pero permanece parcialmente orientado "en tiempo, espacio y persona".El exvicepresidente del CTA pasó una primera exploración forense el pasado 10 de octubre, cuando sufrió una caída ante las cámaras de la prensa en el momento en que se disponía a entrar en la sede del Instituto Legal, acompañado de su esposa.Posteriormente, el magistrado pidió al IMLCF una ampliación de su informe forense para determinar el alcance del deterioro de memoria que alega Negreira, lo que le obligó a pasar por un segundo reconocimiento médico. Le puede interesar:
Varios colegiados interrogados por la Guardia Civil creen que el FC Barcelona intentó obtener beneficios deportivos con los pagos al exvicepresiente del Colegio Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y su hijo, si bien aseguran que no lograron influir en los arbitrajes.Así se desprende de los interrogatorios que la Guardia Civil ha efectuado como testigos en los últimos meses a 21 colegiados y excolegidos españoles por orden del titular el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que mantiene imputados al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y a sus antecesores Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, por los pagos millonarios de la entidad azulgrana al exdirigente del CTA y a su hijo entre 2001 y 2018.Según consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso EFE, los colegiados discrepan sobre los motivos por los que creen que el Barça hizo estos pagos, ya que algunos sostienen que buscaban un beneficio deportivo, otros que fueron engañados por los Negreira y algunos que era una trama para obtener lucro personal, pero todos coinciden en que no influyeron en los arbitrajes.Uno de los colegiados más contundentes ante la Guardia Civil ha sido José Luis González González, quien preguntado sobre los motivos por los que el Barça contrató a los Negreira aseguró que creía que "querrían sacar algún beneficio deportivo".Según González González, Negreira les haría entender a los directivos azulgrana "que tenía algún poder sobre los árbitros", si bien afirma que, en base a su experiencia profesional y su conocimiento del funcionamiento del CTA, esas contrataciones no pudieron influir en la competición.Para este colegiado, este asunto no solo "no influyó en ningún árbitro", sino que su opinión es que Enríquez Negreira "se puso de acuerdo con directivos o miembros del FC Barcelona para beneficiarse a título particular con esos pagos, repartidos entre ellos".Por su parte, en su declaración ante la Guardia Civil, el exárbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz consideró "imposible", tal y como él entiende el mundo del fútbol, que los pagos del Barça a Negreira pudieran influir en la "competición o en la proyección de árbitros".No obstante, también apuntó que "no tiene sentido" que el FC Barcelona pagara a los Negreira por informes arbitrales, puesto que estos deberían ser elaborados por el propio equipo técnico del club, sin necesidad de terceros.El testigo explicó además a la Guardia Civil que compañeros suyos han ido a cenar al restaurante que regenta la pareja de Enríquez Negreira y que en una o dos ocasiones lo llevó en coche el hijo del exvicepresidente del CTA, al que conocía porque ejercía de 'coach' en concentraciones de árbitros.Mateu Lahoz señaló también que el sistema de clasificación de los árbitros en el CTA "no es transparente, meritocrático ni empírico, ya que no se basa en criterios tangibles".Eduardo Iturralde González, árbitro de Primera División entre los años 1995 y 2012, testificó por su parte que Negreira sí que tuvo ascendencia sobre los árbitros "desde el momento que trabaja codo con codo con el presidente" del CTA, si bien precisó que la influencia del vicepresidente "sería más en árbitros de categorías inferiores y no tanto en Primera División".En este sentido, "no se sustenta", según Iturralde Gonzaléz, que los pagos del Barcelona a Negreira fueran "para garantizar la neutralidad arbitral".En su opinión, "los pagos (del Barcelona) a Negreira han sido utilizados para enriquecer a directivos del Barcelona", ya que entiende que con ese dinero "algún directivo del club se ha enriquecido a través de una factura fundamentada en informes arbitrales que no tienen apenas valor".No obstante, en un momento de su declaración ante la Guardia Civil, apuntó que si los pagos del Barcelona a Negreira "se fueron autorizando por distintas personas en distintos momentos del tiempo, sí que podría existir la intencionalidad de influir en los árbitros".Por su parte, Miguel Martínez Munuera, árbitro asistente en primera división, detalló a la Guardia Civil que el hijo de Negreira le llevaba en coche desde el hotel al campo del FC Barcelona y del RCD Espanyol cuando arbitraba en la capital catalana.Muy crítico con Negreira también se mostró en los interrogatorios el exarbitro Ignacio Fernández Hinojosa, para quien el ex vicepresidente del CTA "no hacía nada, no estaba capacitado, ni siquiera técnicamente", ya que era el presidente de los colegiados en la época, Sánchez Arminio, quien lo "manejaba todo".Para Fernández Hinojosa, el Barça pudo haber pagado a los Negreira pensando que estos podrían tener "alguna influencia en los árbitros" y de esta manera "favorecer" al club azulgrana en el aspecto deportivo, aunque en realizad no podían influir.Por este motivo, considera que Negreira, "aprovechándose de su situación, ha engañado de alguna manera a alguien del FC Barcelona haciéndoles creer que iba a poder influir en la competición y lo que finalmente trató era de hecho obtener pagos".También el exárbitro Ignacio Iglesias Villanueva, que acudió a alguna cena en Barcelona con los Negreira y otros colegiados, considera que el FC Barcelona hizo los pagos "posiblemente" porque pensaban que podrían tener algún tipo de "favor deportivo", si bien cree que ningún árbitro se dejaría influir "por nadie".Alfonso Pino Zamorano, árbitro de primera división entre 2000 y 2007, también testificó que el Barça buscaba con los pagos "un interés deportivo en cuanto al trato de favor del CTA y sus árbitros", aunque está convencido de que los Negreira "les han vendido humo" porque opina que los árbitros no se dejan influir.Por su parte, Víctor Areces Franco, que arbitró en segunda división entre 2014 y 2020, testificó ante la Guardia Civil que con los pagos a los Negreira, el FC Barcelona podría pretender "tener bajo control a los árbitros" y que "favorecieran" sus intereses, aunque "le cuesta llegar a pensar" que realmente influyeran en los arbitrajes.Asimismo, David Medié, árbitro de Primera División entre 2017 y 2021, considera que el Barcelona "tiró el dinero" porque sus pagos no tuvieron "ninguna influencia en el colectivo arbitral".Daniel Ocón Arraiz, que arbitró en Primera División entre los años 2016 y 2017, declaró que con los informes que contrató el Barcelona a los Negreira "se buscaba conocer las debilidades de los árbitros con el objetivo, quizá, no de beneficiar a un club, pero sí remarcar esas vulnerabilidades del árbitro", lo que, en su opinión, sería "una traición" a los colegiados.Y, sobre los pagos del Barcelona a Enríquez Negreira, Ocón Arraiz apunta que "para nada" influyeron en la competición y opina que "podía ser una estafa o vender humo o una persona utilizada para retirar dinero y que volviese a otros directivos".Le puede interesar
El juez del "caso Negreira" ha acordado imputar al presidente de Barcelona, Joan Laporta, al concluir que los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) efectuados entre 2008 y 2010, durante su anterior mandato, no han prescrito porque constituyen un delito de cohecho continuado.En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, acuerda investigar a Laporta y a los miembros de su junta directiva con responsabilidad en los pagos, que se suman así los otros dos expresidentes del club imputados, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.El magistrado discrepa así del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que excluyó a Laporta de la denuncia que presentó por los 7,3 millones de euros que el Barça pagó a José María Enríquez Negreira y a su hijo entre los años 2001 y 2018, al entender que su participación en los hechos durante su primera presidencia, entre 2003 y 2010, ya habría prescrito.Prescripción de diez años desde el último pagoNo obstante, el juez instructor recuerda en su escrito que los hechos investigados pueden constituir, entre otros, un delito de cohecho continuado, por lo que, de acuerdo con el Código Penal, el plazo de prescripción es de diez años desde el día en que se llevó a cabo la última infracción penal o cesó la conducta delictiva, en este caso julio de 2018, fecha del último pago a Negreira y su hijo.De esa forma, de acuerdo con los cálculos del magistrado, a los presidentes y directivos del Barça debe aplicárseles el plazo de diez años de prescripción a contar desde el 17 de julio de 2018, teniendo en cuenta que la pena a imponer es de seis a siete años y medio, debido a que se trata de un delito continuado de cohecho.Ello abarcaría los pagos efectuados desde julio de 2008 a 2010, etapa de la que sería responsable la directiva encabezada por Laporta que precedió a Sandro Rosell al frente del club.En el caso de Negreira y su hijo, precisa el auto, los hechos imputables alcanzarían hasta el mes de junio de 2003, dado que la pena a que se exponen, por ser considerados funcionarios públicos a efectos penales, supera los diez años de inhabilitación.Pese a que hasta ahora no se han hallado indicios de que los pagos a Enríquez Negreira persiguieran favorecer al Barça a través del arbitraje, el juez cree que por sus actos "tuvieron por fuerza que beneficiar al FC Barcelona en detrimento del resto de clubes de la Liga de Primera División o de sus rivales en la Copa del Rey".Esos distintos pagos, en opinión del juez, quedarían subsumidos en el delito de cohecho continuado que, recuerda, "favorece" al investigado dado que la pena a que se expone es menor de la que se derivaría de la suma aritmética de distintos delitos de cohecho individuales.El cohecho continuado, atribuible a todos los presidentesAsimismo, el juez se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo para defender que el delito de cohecho continuado es atribuible a los distintos presidentes que se sucedieron en el Barça, puesto que, en su opinión, la parte "pagadora" es siempre la misma, el FC Barcelona.En este sentido, el auto aplica al cohecho el concepto de "autoría adhesiva", dado que en su opinión "no existiría un delito continuado separado para cada junta directiva sino un solo delito continuado referente al FC Barcelona, en el que se cambian algunos sujetos activos que representan a la persona jurídica investigada pero siempre permanece el sujeto activo del FC Barcelona".Aguirre dio un giro a la instrucción del "caso Negreira" cuando el pasado 28 de septiembre acordó imputar un delito de cohecho a los directivos del FC Barcelona investigados en el caso, así como al propio club como entidad jurídica, además de al exvicepresidente del CTA y a su hijo.Pese a que Enrique Negreira no era funcionario, como exige el delito de cohecho, considera el juez, apoyándose en abundante jurisprudencia en la materia, que sí tenía esa condición "a efectos penales", dado que desempeñaba funciones públicas como vicepresidente de la CTA, entre otras relativas a las calificaciones de los árbitros y a los ascensos y descensos.A diferencia el delito de corrupción en el deporte, el de cohecho -que de acuerdo con la legislación debe ser juzgado por un tribunal popular- no exige que se demuestre la contraprestación por los pagos efectuados al funcionario público.Las defensas del Barça y de los directivos investigados han recurrido ante la Audiencia de Barcelona la imputación por cohecho, con el argumento de que Negreira no puede ser considerado funcionario ni siquiera a efectos penales.Por contra, el juez defiende en escrito que un reciente auto de la Audiencia Provincial de Madrid ha considerado que la Real Federación Española de Fútbol -de la que depende el CTA-, tenía carácter de entidad jurídico-pública, por lo que sus directivos "desempeñan funciones públicas por delegación estatal", aunque este organismo ostente la condición jurídica de carácter privado.Además de los delitos cohecho continuado, corrupción deportiva, administración desleal y falsedad en documento mercantil, el juez atribuye a los investigados otro de falsedad contable, por las facturas supuestamente mendaces sobre los pagos a Negreira que el Barça entregó a Hacienda para desgravarse el impuesto de sociedades.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.
Volkswagen llamó a revisión más de 2,8 millones de vehículos VW y Audi en todo el mundo por un riesgo de "ruptura de los tornillos" de la dirección, informó este viernes la agencia alemana del automóvil (KBA) en un comunicado.El problema puede provocar una "ruptura de los tornillos", lo que puede "acarrear un fallo de la dirección", precisó KBA.En concreto, la medida afecta a 2,16 millones de vehículos de VW y a 700.000 de la marca Audi. De todos ellos, un tercio se encuentran en Alemania.Cuáles son los carros VW y Audi llamados a revisiónEn el caso de VW, los cinco modelos -Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy- fueron fabricados entre 2013 y 2024. En cuanto a Audi, se trata de modelos Q3 fabricados de 2017 a 2024."Estamos retirando de forma preventiva los vehículos afectados, sin que haya habido daños corporales", dijo a la AFP un portavoz del grupo, que indicó que se había detectado "un fenómeno de corrosión en el tornillo".Según él, el peligro "no es tan grave como para inmovilizar el vehículo" inmediatamente y dijo que los particulares pueden acudir al concesionario al volante del vehículo, "conduciendo". Allí, les proporcionarán nuevos tornillos más resistentes a la corrosión, precisó.Un nuevo revés para el primer fabricante de vehículos europeo, que a principios de septiembre alcanzó un acuerdo con los sindicatos para suprimir hasta 100.000 puestos de trabajo de aquí a 2030.
Fue judicializado Daniel Felipe Duque Duque, señalado de utilizar diferentes perfiles en redes sociales y líneas telefónicas para acosar, amenazar, hostigar y suplantar a 21 personas en los municipios de Sabaneta y Envigado, Antioquia.De acuerdo con la investigación, las víctimas identificadas hasta el momento son 20 mujeres y un hombre. La Fiscalía documentó los casos y recopiló elementos materiales probatorios con los que señala a Duque Duque como responsable de este patrón de comportamiento.Uno de los casos corresponde a una mujer que denunció haber sido contactada a través de más de 500 perfiles creados, presuntamente, para asediarla. La Fiscalía también señala que el investigado habría creado centenares de cuentas para enviar mensajes injuriosos y degradantes, así como contenidos sexuales y relacionados con violencia de género dirigidos contra mujeres de una comunidad educativa y psicólogas.La investigación también documenta presuntas suplantaciones de las víctimas mediante perfiles falsos. A través de esas cuentas, el señalado habría contactado a familiares y personas conocidas de las víctimas y realizado publicaciones en las que las difamaba y les atribuía participación en hechos delictivos.Otra de las prácticas que hacen parte de los casos documentados consistía, de acuerdo con la Fiscalía, en divulgar los números telefónicos de algunas de las personas afectadas para que fueran incluidos en grupos de mensajería instantánea en los que circulaba contenido sexual. A partir de esta situación, algunas víctimas habrían comenzado a recibir mensajes provenientes de otros países.Entre los casos también se encuentra el de un joven que, según la investigación, habría sido hostigado y constreñido desde los 15 años para que entregara números telefónicos de mujeres e información relacionada con reuniones y fiestas.Otras personas denunciaron llamadas durante la noche y la madrugada, además del envío de imágenes de armas cortopunzantes acompañadas de amenazas de muerte.Con los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de captura contra Duque Duque. La detención fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en un inmueble ubicado en Envigado.Durante el procedimiento fueron incautados celulares, cartuchos calibre 9 milímetros y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos que quedaron a disposición de las autoridades.Fue imputado por los delitos de acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones y enviado a la carcel.
El Ministerio de Justicia impugnó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa que suspendió el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. El recurso fue presentado por Linda Gisselle Suárez Villamizar, directora (e) de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, y secretaria Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE)En el recurso, el Gobierno sostiene que el juez aplicó de manera amplia el principio de precaución, sin establecer de forma concreta la gravedad, probabilidad y nivel de riesgo que justificarían la suspensión.También cuestiona el uso de jurisprudencia relacionada con el programa de aspersión con glifosato. Según el Ministerio, decisiones como la T-236 de 2017, el Auto 387 de 2019 y la SU-545 de 2023 corresponden a situaciones específicas del uso con ese herbicida y no pueden trasladarse automáticamente al nuevo plan piloto experimental, limitado y temporal en el que se buscan determinar el alcance del uso de glufosinato de amonio.“La Resolución 007 de 2026 no dispuso la reanudación general del PECIG ni adoptó un nuevo programa nacional de aspersión aérea. Por el contrario, configuró una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, cuya finalidad es generar evidencia específica acerca de eficacia, precisión, deriva, riesgos e impactos y suficiencia de las medidas de manejo, y precisó expresamente que el piloto “no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional”. La diferencia es jurídicamente determinante”, se puede leer en el documento.Otro de los argumentos es que el fallo habría confundido requisitos que todavía están en trámite con incumplimientos. El Ministerio sostiene que en la resolución que establecía el plan piloto en el Putumayo queda claro que mientras no se cumplan las condiciones ambientales, sanitarias, técnicas y operativas previstas en la ley, no puede comenzar las aspersiones aéreas.También se cuestiona que la sentencia haya presumido posibles afectaciones a comunidades o territorios sin identificar de manera concreta cuáles resultarían afectados. Incluso en el documento, el Ejecutivo deja claro que de 40.565 hectáreas con cultivos de coca identificados en el departamento de Putumayo, quedaron excluídas del plan piloto 35.164 hectáreas, quedando susceptibles de intervención 5.401 hectáreas y de las cuales el plan piloto sólo busca abarcar un máximo de 1.000 hectáreas.Finalmente, el Gobierno considera que la tutela no era procedente porque el piloto aún no había comenzado y, según su argumentación, no se acreditó una amenaza cierta e inminente ni un perjuicio irremediable. Además, recuerda que existen otros mecanismos judiciales, como la acción popular; los medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa; y las medidas cautelares que pueden adoptarse incluso con carácter urgente.Por eso, el documento solicita a la juez Ana Pilar Vidal Uribe revocar la sentencia y declarar improcedentes las acciones de tutela acumuladas; o de no hacerlo revocar el amparo concedido. Además se pide que se precise en detalle cuáles son los requisitos que deben cumplirse de “manera expresa, concreta y verificable” y bajo qué condiciones podría levantarse la suspensión.
