El FC Barcelona estudiará emprender acciones legales por las declaraciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que este martes ha acusado al club catalán de "corrupción", de "enriquecer a los árbitros" y de salir "siempre beneficiado" por los colegiados, en alusión al 'caso Negreira'."En referencia a la rueda de prensa convocada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informamos de que nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones. En estos momentos se están analizando las mismas y valorando los próximos pasos a seguir. Cuando se considere oportuno, se informará adecuadamente sobre las posiciones y decisiones que se adopten", ha señalado la entidad azulgrana en un comunicado.La reacción del Barcelona llega horas después de que el presidente del Real Madrid anunciara en una rueda de prensa que presentará ante la UEFA un dossier de 500 páginas sobre el 'caso Negreira' para denunciar lo que ha definido como "el mayor caso de corrupción de la historia del fútbol"."Que tengamos que escuchar al presidente de los árbitros decir que es algo que tenemos que olvidar... Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que vamos a presentar a la UEFA. ¿Cómo lo vamos a olvidar? El mayor caso de corrupción de la historia del fútbol", ha explicado.Pérez ha insistido en esta idea: "El Barça siempre sale beneficiado, pero hay otros equipos que también han salido perjudicados y me lo cuentan a mí. A ver si somos serios y la UEFA mete mano, porque no puede consentir que el fútbol más importante esté en manos de una corrupción 20 años pagada".La rueda de prensa, la primera de Pérez desde 2015, se produjo después de una reunión de la junta directiva del club blanco en la que se acordó convocar elecciones, y el actual presidente anunció que volverá a presentarse junto con su equipo actual."Solo he ganado siete 'Champions' y siete Ligas, que podía haber ganado 14, pero las otras me las han robado. Hemos hecho un vídeo de los 18 puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada. No me puedo callar", ha añadido el máximo dirigente del Real Madrid.El 'caso Negreira' investiga los pagos que el Barcelona realizó durante años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a través de sociedades vinculadas a él.La Fiscalía sospecha que esos pagos, que superaron los siete millones de euros entre 2001 y 2018, pudieron tener como objetivo influir en el estamento arbitral, mientras el club azulgrana sostiene que correspondían a informes y asesoramiento técnico sobre árbitros.
El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira se ha acogido este martes a su derecho a no declarar ante el juez que investiga los pagos que durante años le hizo el FC Barcelona.Según han informado fuentes judiciales, Negreira ha comparecido hoy como investigado ante el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en una vista que ha durado apenas un par de minutos y en la que Negreira ha comunicado que se acogía a su derecho a no declarar, sin entrar en más detalles de por qué guardaba silencio.El juez acordó en enero pasado la comparecencia como investigado de Negreira tras concluir que, pese a que sufre algún deterioro de memoria a su avanzada edad, conserva las facultades mentales para ser enjuiciado, en contra de lo que alegó su defensa, si bien hoy ante el magistrado no ha aludido a su estado de salud, según las fuentes. Negreira ha acudido al juzgado acompañado de su esposa y custodiado por agentes de los Mossos d'Esquadra, en medio de un enjambre de cámaras para captar su llegada y salida de la Ciudad de la Justicia.De hecho, el exvicepresidente del CTA ha sido el primero de los investigados de este caso que comparece ante el juez, que en la causa mantiene imputados entre otros al actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y a sus antecesores Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell.El pasado septiembre, el instructor dictó un auto en el que acordaba imputar un delito de cohecho a los denunciados en el "caso Negreira", que se suma así a los de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales que hasta ahora se les atribuían.El juez sospecha que los pagos del FC Barcelona al exárbitro y a su hijo -cerca de 7 millones de euros entre los años 2001 y 2018- pudieron obedecer a una "forma novedosa de posible retribución ilegítima a árbitros de fútbol", en un contexto de una "posible corrupción sistémica en el seno del CTA" en la época en que Negreira era vicepresidente de este organismo.Negreira fue sometido a una exploración por parte de los forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña (IMLCF), tras encargarlo el magistrado para contrastar el informe que había presentado su defensa, que alegó que el exárbitro, de 78 años, sufre un deterioro cognitivo que le incapacita para poder afrontar un proceso penal.El juez instructor encargó esa exploración para confirmar no sólo la demencia que Negreira alega sufrir, sino también para determinar si estará en condiciones de ser interrogado como investigado y, en un futuro, responder ante un eventual juicio. La defensa de Negreira esgrimió un informe del Alzheimer Center de Barcelona -uno de los centros de referencia en el tratamiento de esta enfermedad degenerativa- que certifica que el exárbitro sufre una "demencia leve", con alteración de la memoria o el lenguaje, pero permanece parcialmente orientado "en tiempo, espacio y persona".El exvicepresidente del CTA pasó una primera exploración forense el pasado 10 de octubre, cuando sufrió una caída ante las cámaras de la prensa en el momento en que se disponía a entrar en la sede del Instituto Legal, acompañado de su esposa.Posteriormente, el magistrado pidió al IMLCF una ampliación de su informe forense para determinar el alcance del deterioro de memoria que alega Negreira, lo que le obligó a pasar por un segundo reconocimiento médico. Le puede interesar:
Varios colegiados interrogados por la Guardia Civil creen que el FC Barcelona intentó obtener beneficios deportivos con los pagos al exvicepresiente del Colegio Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y su hijo, si bien aseguran que no lograron influir en los arbitrajes.Así se desprende de los interrogatorios que la Guardia Civil ha efectuado como testigos en los últimos meses a 21 colegiados y excolegidos españoles por orden del titular el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que mantiene imputados al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y a sus antecesores Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, por los pagos millonarios de la entidad azulgrana al exdirigente del CTA y a su hijo entre 2001 y 2018.Según consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso EFE, los colegiados discrepan sobre los motivos por los que creen que el Barça hizo estos pagos, ya que algunos sostienen que buscaban un beneficio deportivo, otros que fueron engañados por los Negreira y algunos que era una trama para obtener lucro personal, pero todos coinciden en que no influyeron en los arbitrajes.Uno de los colegiados más contundentes ante la Guardia Civil ha sido José Luis González González, quien preguntado sobre los motivos por los que el Barça contrató a los Negreira aseguró que creía que "querrían sacar algún beneficio deportivo".Según González González, Negreira les haría entender a los directivos azulgrana "que tenía algún poder sobre los árbitros", si bien afirma que, en base a su experiencia profesional y su conocimiento del funcionamiento del CTA, esas contrataciones no pudieron influir en la competición.Para este colegiado, este asunto no solo "no influyó en ningún árbitro", sino que su opinión es que Enríquez Negreira "se puso de acuerdo con directivos o miembros del FC Barcelona para beneficiarse a título particular con esos pagos, repartidos entre ellos".Por su parte, en su declaración ante la Guardia Civil, el exárbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz consideró "imposible", tal y como él entiende el mundo del fútbol, que los pagos del Barça a Negreira pudieran influir en la "competición o en la proyección de árbitros".No obstante, también apuntó que "no tiene sentido" que el FC Barcelona pagara a los Negreira por informes arbitrales, puesto que estos deberían ser elaborados por el propio equipo técnico del club, sin necesidad de terceros.El testigo explicó además a la Guardia Civil que compañeros suyos han ido a cenar al restaurante que regenta la pareja de Enríquez Negreira y que en una o dos ocasiones lo llevó en coche el hijo del exvicepresidente del CTA, al que conocía porque ejercía de 'coach' en concentraciones de árbitros.Mateu Lahoz señaló también que el sistema de clasificación de los árbitros en el CTA "no es transparente, meritocrático ni empírico, ya que no se basa en criterios tangibles".Eduardo Iturralde González, árbitro de Primera División entre los años 1995 y 2012, testificó por su parte que Negreira sí que tuvo ascendencia sobre los árbitros "desde el momento que trabaja codo con codo con el presidente" del CTA, si bien precisó que la influencia del vicepresidente "sería más en árbitros de categorías inferiores y no tanto en Primera División".En este sentido, "no se sustenta", según Iturralde Gonzaléz, que los pagos del Barcelona a Negreira fueran "para garantizar la neutralidad arbitral".En su opinión, "los pagos (del Barcelona) a Negreira han sido utilizados para enriquecer a directivos del Barcelona", ya que entiende que con ese dinero "algún directivo del club se ha enriquecido a través de una factura fundamentada en informes arbitrales que no tienen apenas valor".No obstante, en un momento de su declaración ante la Guardia Civil, apuntó que si los pagos del Barcelona a Negreira "se fueron autorizando por distintas personas en distintos momentos del tiempo, sí que podría existir la intencionalidad de influir en los árbitros".Por su parte, Miguel Martínez Munuera, árbitro asistente en primera división, detalló a la Guardia Civil que el hijo de Negreira le llevaba en coche desde el hotel al campo del FC Barcelona y del RCD Espanyol cuando arbitraba en la capital catalana.Muy crítico con Negreira también se mostró en los interrogatorios el exarbitro Ignacio Fernández Hinojosa, para quien el ex vicepresidente del CTA "no hacía nada, no estaba capacitado, ni siquiera técnicamente", ya que era el presidente de los colegiados en la época, Sánchez Arminio, quien lo "manejaba todo".Para Fernández Hinojosa, el Barça pudo haber pagado a los Negreira pensando que estos podrían tener "alguna influencia en los árbitros" y de esta manera "favorecer" al club azulgrana en el aspecto deportivo, aunque en realizad no podían influir.Por este motivo, considera que Negreira, "aprovechándose de su situación, ha engañado de alguna manera a alguien del FC Barcelona haciéndoles creer que iba a poder influir en la competición y lo que finalmente trató era de hecho obtener pagos".También el exárbitro Ignacio Iglesias Villanueva, que acudió a alguna cena en Barcelona con los Negreira y otros colegiados, considera que el FC Barcelona hizo los pagos "posiblemente" porque pensaban que podrían tener algún tipo de "favor deportivo", si bien cree que ningún árbitro se dejaría influir "por nadie".Alfonso Pino Zamorano, árbitro de primera división entre 2000 y 2007, también testificó que el Barça buscaba con los pagos "un interés deportivo en cuanto al trato de favor del CTA y sus árbitros", aunque está convencido de que los Negreira "les han vendido humo" porque opina que los árbitros no se dejan influir.Por su parte, Víctor Areces Franco, que arbitró en segunda división entre 2014 y 2020, testificó ante la Guardia Civil que con los pagos a los Negreira, el FC Barcelona podría pretender "tener bajo control a los árbitros" y que "favorecieran" sus intereses, aunque "le cuesta llegar a pensar" que realmente influyeran en los arbitrajes.Asimismo, David Medié, árbitro de Primera División entre 2017 y 2021, considera que el Barcelona "tiró el dinero" porque sus pagos no tuvieron "ninguna influencia en el colectivo arbitral".Daniel Ocón Arraiz, que arbitró en Primera División entre los años 2016 y 2017, declaró que con los informes que contrató el Barcelona a los Negreira "se buscaba conocer las debilidades de los árbitros con el objetivo, quizá, no de beneficiar a un club, pero sí remarcar esas vulnerabilidades del árbitro", lo que, en su opinión, sería "una traición" a los colegiados.Y, sobre los pagos del Barcelona a Enríquez Negreira, Ocón Arraiz apunta que "para nada" influyeron en la competición y opina que "podía ser una estafa o vender humo o una persona utilizada para retirar dinero y que volviese a otros directivos".Le puede interesar
El juez del "caso Negreira" ha acordado imputar al presidente de Barcelona, Joan Laporta, al concluir que los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) efectuados entre 2008 y 2010, durante su anterior mandato, no han prescrito porque constituyen un delito de cohecho continuado.En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, acuerda investigar a Laporta y a los miembros de su junta directiva con responsabilidad en los pagos, que se suman así los otros dos expresidentes del club imputados, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.El magistrado discrepa así del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que excluyó a Laporta de la denuncia que presentó por los 7,3 millones de euros que el Barça pagó a José María Enríquez Negreira y a su hijo entre los años 2001 y 2018, al entender que su participación en los hechos durante su primera presidencia, entre 2003 y 2010, ya habría prescrito.Prescripción de diez años desde el último pagoNo obstante, el juez instructor recuerda en su escrito que los hechos investigados pueden constituir, entre otros, un delito de cohecho continuado, por lo que, de acuerdo con el Código Penal, el plazo de prescripción es de diez años desde el día en que se llevó a cabo la última infracción penal o cesó la conducta delictiva, en este caso julio de 2018, fecha del último pago a Negreira y su hijo.De esa forma, de acuerdo con los cálculos del magistrado, a los presidentes y directivos del Barça debe aplicárseles el plazo de diez años de prescripción a contar desde el 17 de julio de 2018, teniendo en cuenta que la pena a imponer es de seis a siete años y medio, debido a que se trata de un delito continuado de cohecho.Ello abarcaría los pagos efectuados desde julio de 2008 a 2010, etapa de la que sería responsable la directiva encabezada por Laporta que precedió a Sandro Rosell al frente del club.En el caso de Negreira y su hijo, precisa el auto, los hechos imputables alcanzarían hasta el mes de junio de 2003, dado que la pena a que se exponen, por ser considerados funcionarios públicos a efectos penales, supera los diez años de inhabilitación.Pese a que hasta ahora no se han hallado indicios de que los pagos a Enríquez Negreira persiguieran favorecer al Barça a través del arbitraje, el juez cree que por sus actos "tuvieron por fuerza que beneficiar al FC Barcelona en detrimento del resto de clubes de la Liga de Primera División o de sus rivales en la Copa del Rey".Esos distintos pagos, en opinión del juez, quedarían subsumidos en el delito de cohecho continuado que, recuerda, "favorece" al investigado dado que la pena a que se expone es menor de la que se derivaría de la suma aritmética de distintos delitos de cohecho individuales.El cohecho continuado, atribuible a todos los presidentesAsimismo, el juez se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo para defender que el delito de cohecho continuado es atribuible a los distintos presidentes que se sucedieron en el Barça, puesto que, en su opinión, la parte "pagadora" es siempre la misma, el FC Barcelona.En este sentido, el auto aplica al cohecho el concepto de "autoría adhesiva", dado que en su opinión "no existiría un delito continuado separado para cada junta directiva sino un solo delito continuado referente al FC Barcelona, en el que se cambian algunos sujetos activos que representan a la persona jurídica investigada pero siempre permanece el sujeto activo del FC Barcelona".Aguirre dio un giro a la instrucción del "caso Negreira" cuando el pasado 28 de septiembre acordó imputar un delito de cohecho a los directivos del FC Barcelona investigados en el caso, así como al propio club como entidad jurídica, además de al exvicepresidente del CTA y a su hijo.Pese a que Enrique Negreira no era funcionario, como exige el delito de cohecho, considera el juez, apoyándose en abundante jurisprudencia en la materia, que sí tenía esa condición "a efectos penales", dado que desempeñaba funciones públicas como vicepresidente de la CTA, entre otras relativas a las calificaciones de los árbitros y a los ascensos y descensos.A diferencia el delito de corrupción en el deporte, el de cohecho -que de acuerdo con la legislación debe ser juzgado por un tribunal popular- no exige que se demuestre la contraprestación por los pagos efectuados al funcionario público.Las defensas del Barça y de los directivos investigados han recurrido ante la Audiencia de Barcelona la imputación por cohecho, con el argumento de que Negreira no puede ser considerado funcionario ni siquiera a efectos penales.Por contra, el juez defiende en escrito que un reciente auto de la Audiencia Provincial de Madrid ha considerado que la Real Federación Española de Fútbol -de la que depende el CTA-, tenía carácter de entidad jurídico-pública, por lo que sus directivos "desempeñan funciones públicas por delegación estatal", aunque este organismo ostente la condición jurídica de carácter privado.Además de los delitos cohecho continuado, corrupción deportiva, administración desleal y falsedad en documento mercantil, el juez atribuye a los investigados otro de falsedad contable, por las facturas supuestamente mendaces sobre los pagos a Negreira que el Barça entregó a Hacienda para desgravarse el impuesto de sociedades.
La abogada Lina Sandoval, apoderada de Laura Sarabia, se pronunció en Recap Blu, de Blu Radio, sobre el fallo de tutela que ordenó a Angie Rodríguez rectificarse por dos señalamientos contra la exdirectora del DAPRE. Según la jurista, las afirmaciones sobre supuestos encuentros sexuales organizados para el presidente Gustavo Petro y presuntos chantajes con videos íntimos no tenían sustento probatorio.Sandoval explicó que el juez consideró que Rodríguez presentó esas acusaciones como hechos ciertos sin contar con elementos que les dieran respaldo. "Angie Rodríguez sobrepasó el límite de las opiniones políticas al hacer acusaciones muy graves sin ningún sustento, y el juzgado respalda nuestra postura", afirmó la abogada.La representante jurídica de Sarabia precisó que las dos afirmaciones objeto de la decisión judicial están relacionadas, por una parte, con la supuesta organización de encuentros sexuales para el presidente y, por otra, con la presunta tenencia de videos íntimos o información privada de Petro que habría utilizado para chantajearlo y mantenerse u obtener cargos públicos.¿Qué deberá hacer Angie Rodríguez para rectificarse?De acuerdo con Sandoval, el fallo de tutela establece los términos concretos en los que Angie Rodríguez deberá retractarse públicamente. La decisión incluye dos párrafos redactados por el juzgado, en los que se precisa el contenido de la rectificación que deberá realizar.La abogada indicó que Rodríguez tendrá que publicar la retractación en sus redes sociales, habilitar un enlace para descargar el documento y firmar una carta en la que reconozca que no le constan los hechos ni cuenta con fundamento suficiente para haber realizado esas afirmaciones.Además, explicó que el juzgado solicitó de oficio a los medios de comunicación que difundieron los señalamientos que publiquen el video de rectificación una vez esté disponible. Esta medida busca que la retractación tenga un alcance similar al de las acusaciones que dieron origen a la acción judicial.Denuncia contra Angie Rodríguez y posibles consecuencias por desacatoDurante la entrevista, Sandoval confirmó que Laura Sarabia ya presentó una denuncia ante la Fiscalía por estos mismos hechos. Según explicó, la decisión de tutela representa un respaldo a la posición que sostendrán ante las autoridades penales, aunque aseguró que están dispuestos a controvertir cualquier elemento probatorio que pueda aparecer."Lo cierto es que esas afirmaciones las hizo sin ningún sustento. Incluso, en la respuesta que le dio al juzgado, dice que escuchó esos hechos de terceros, pero el juzgado es muy preciso en advertir que eso es incorrecto", señaló la abogada.Sobre los pasos que siguen en el proceso, Sandoval explicó que Angie Rodríguez tendría un plazo de tres días para impugnar la decisión. Si no presenta ese recurso o si un juez de segunda instancia confirma el fallo, deberá cumplir con la rectificación en los términos establecidos.La jurista también advirtió que un eventual incumplimiento podría dar lugar a un incidente de desacato. "Puede existir una orden de arresto, pero eso ya lo veremos más adelante", manifestó, al explicar las posibles consecuencias de no acatar la orden judicial.Laura Sarabia prepara pruebas para entregar a la FiscalíaOtro de los puntos abordados por la abogada tiene que ver con las pruebas que prepara la defensa para controvertir los señalamientos sobre el supuesto acceso de Laura Sarabia a información privada del presidente Gustavo Petro.Sandoval aseguró que ya comenzaron a recopilar evidencias digitales que próximamente serán entregadas a la Fiscalía. Según indicó, ese material demostraría que la exfuncionaria nunca tuvo acceso a computadores, correos electrónicos, celulares ni otros dispositivos del entonces mandatario."Laura nunca tuvo acceso a videos, fotos ni información privada del presidente Gustavo Petro", sostuvo la apoderada, quien manifestó que tiene tranquilidad frente a la defensa jurídica de su representada y confía en que los elementos recopilados respaldarán su versión.Asimismo, se refirió a los cuestionamientos relacionados con las hojas de vida y aseguró que Sarabia no tuvo conocimiento de esos documentos. Según explicó, para el momento de los hechos a los que se hace referencia, su representada ya no estaba en el DAPRE ni en la jefatura, por lo que no hacía parte del círculo central del Gobierno.Abogada defiende el buen nombre y la honra de Laura SarabiaSandoval también insistió en que la acción de tutela busca proteger los derechos fundamentales de Laura Sarabia, especialmente su buen nombre y su honra. Reconoció que su representada ha sido objeto de cuestionamientos públicos por su paso por el Gobierno, pero advirtió que eso no significa que haya perdido sus garantías constitucionales."Un funcionario público, así haya sido funcionario público y así haya sido cuestionado, no quiere decir que no tenga derecho al buen nombre, a la presunción de inocencia ni a la honra", expresó.Finalmente, la abogada defendió que la discusión pública y las opiniones políticas tienen un lugar legítimo en los medios de comunicación, pero señaló que deben existir límites cuando se presentan acusaciones graves sin respaldo.Frente a los demás señalamientos que han circulado sobre la exfuncionaria, Sandoval aseguró que no existe siquiera un indicio que permita vincularla con esos hechos y retó a quienes tengan pruebas a presentarlas ante la Fiscalía. "Si tienen alguna prueba o algún indicio de que ella participó o supo de alguna de estas cosas, que lo presenten ante la Fiscalía. Nosotros allá nos defendemos también con todo el gusto", concluyó.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) podría representar una vulnerabilidad para la seguridad nacional si no cuenta con suficientes mecanismos de vigilancia y control, en medio del escándalo por las presuntas irregularidades que se habrían cometido durante el gobierno anterior. En entrevista con Recap Blu, la funcionaria pidió esclarecer el origen de los documentos que alertan sobre posibles contrataciones irregulares, ataques informáticos contra la Registraduría y actuaciones que habrían comprometido información clasificada."Tener una Dirección Nacional de Inteligencia adscrita a la Presidencia de la República sin controles suficientes es una vulnerabilidad a la seguridad nacional", sostuvo la directora.Las denuncias reveladas por Noticias Caracol incluyen el caso de Carlos Andrés Oyola, funcionario de la DNI quien fue capturado el 6 de noviembre y es investigado por presuntas irregularidades en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). La Fiscalía le imputó los delitos de falsedad en documento público, concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático y fraude procesal, en una investigación por la presunta alteración de registros académicos y financieros. Además, documentos relacionados con la entidad lo vincularían con posibles accesos irregulares a información clasificada y supuestos intentos de alterar resultados electorales y atacar los sistemas de la Registraduría.Frente a la gravedad de estos señalamientos, Barrios pidió establecer quién elaboró el documento que contiene las alertas y cuál fue su recorrido hasta llegar al actual Gobierno. La directora de la MOE explicó que el archivo está identificado como un documento de "empalme", pese a que, según recordó, no hubo un proceso formal de empalme entre las administraciones de Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella. Por esa razón, consideró necesario determinar si se trata de una auditoría del Gobierno actual, quién estuvo a cargo de su elaboración y qué medidas se han adoptado para atender las posibles vulnerabilidades.Próximas elecciones en ColombiaLa preocupación de la MOE también está relacionada con las garantías para el próximo proceso electoral, previsto para octubre del próximo año. Barrios señaló que las posibles fallas en los controles de inteligencia no solo comprometerían la seguridad de las autoridades electorales, sino también la protección de mandatarios, expresidentes y altas entidades del Estado. Por eso, planteó que el Congreso y expertos deben abrir una discusión de fondo sobre el funcionamiento de la DNI y su relación de dependencia con la Presidencia de la República.Finalmente, la directora de la MOE recordó que una de las principales preocupaciones de la organización durante las elecciones anteriores estuvo relacionada con la desinformación y las campañas coordinadas para generar desconfianza hacia las autoridades electorales sin pruebas que respaldaran esos señalamientos. Advirtió que el nuevo escenario exige fortalecer los mecanismos de protección y transparencia. Para Barrios, el escándalo debe servir para revisar los controles de la inteligencia estatal y garantizar que sus capacidades no puedan utilizarse para poner en riesgo la democracia ni la seguridad de quienes participan en las elecciones.
Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 9 de noviembre de 2026:La tecnológica Nvidia alcanzó a caer un 5 % a media sesión de Wall Street ante nuevos detalles de la investigación sobre su director ejecutivo, Jensen Huang, quien admitió haber tenido una aventura con una mujer de negocios que es una presunta espía del Gobierno chino.Gabriel Lobitsky, general manager de One Identity, explicó cómo las personas pueden cuidar su identidad digital y protegerla del fraude durante la temporada de compras por internet, apropósito del Black Friday.TikTok pide a Maldita.es su investigación para localizar y eliminar vídeos de abuso sexual; la mayoría son contra menores de edad.
La selección chilena inició este lunes su concentración para preparar dos amistosos ante Colombia, que disputará el próximo viernes 13 en Cali, y luego el martes 17 en Santiago, los últimos que se jugarán este año.El técnico interino Selección de Chilea, a la espera de que se integren algunos jugadores que vienen del exterior antes de que viajen el miércoles a Colombia.El encuentro ante los cafeteros tiene carácter benéfico y la recaudación se destinará a los damnificados por el terremoto que afectó a ese país en agosto.Entre los jugadores esperados está el mediocampista del León mexicano Rodrigo Echeverría y los delanteros Maxi Gutiérrez del ruso Dinamo Moscú y Darío Osorio, del Crystal Palace inglés.Las principales novedades de la nómina, por su parte, con el defensor del Inter de Porto Alegre brasileño Guillermo Maripán y el volante Williams Alarcón, reciente campeón con el argentino Boca Juniors, quienes no fueron llamados para la pasada gira en Norteamérica.La Roja viene de enfrentar, en octubre pasado, a Canadá con quien perdió por 1-0 en Toronto, a Estados Unidos ante el que cayó por 4-2 en St. Louis y a México con el que cerró un triunfo por 0-2 en Los Ángeles.Chile llegará a Cali con la baja del zaguero Benjamín Kuscevic, del Toronto FC de la Major League Soccer (MLS), quien fue desafectado tras lesionarse el tobillo derecho durante un entrenamiento con su club.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el archivo de la investigación por presuntas prácticas restrictivas de la competencia en seis procesos de contratación de transporte de personas y carga en helicópteros, realizados entre 2011 y 2023.La decisión favorece a Ecopetrol, Cenit, Ocensa y Helistar, además de las personas naturales vinculadas a la investigación, debido a que la autoridad no encontró pruebas suficientes para establecer su responsabilidad en las conductas examinadas.La determinación, detalló la SIC en un comunicado, acogió la recomendación de archivo del Consejo Asesor de Competencia y tuvo en cuenta las observaciones de la Procuraduría General de la Nación, que había advertido posibles inconsistencias en la fundamentación del informe motivado y riesgos relacionados con la justificación de una eventual sanción.Luego de evaluar las pruebas y los documentos del expediente, la superintendencia concluyó que no se acreditó un direccionamiento de los procesos de contratación para favorecer a Helistar. Tampoco encontró evidencia de actuaciones coordinadas entre las empresas investigadas con el propósito de otorgarle beneficios de manera ilícita.En cuanto a los requisitos de antigüedad y disponibilidad de las aeronaves, la entidad estableció que respondían a razones técnicas y operativas relacionadas con la seguridad, la confiabilidad y la continuidad del servicio de transporte.Por esta razón, tampoco se demostró que dichas exigencias constituyeran restricciones injustificadas para la participación de otros oferentes en los procesos de contratación.La SIC determinó que el material probatorio no cumplía con el estándar necesario para imponer sanciones y, en consecuencia, dispuso el archivo de la actuación administrativa, sin declarar responsables a las empresas ni a las personas naturales investigadas.
