El Nevado Santa Isabel podría desaparecer en menos de cinco años, advirtió el Ideam en su más reciente informe sobre glaciares. Este ecosistema, ubicado entre Caldas y Tolima, perdió el 45 % de su superficie entre 2022 y 2024. Su glaciar más emblemático, Conejeras, ya se extinguió.Nevado Santa Isabel tendría cinco años de vidaEl Santa Isabel es hoy la masa glaciar más vulnerable de Colombia. En solo dos años, su área se redujo de 0.29 a 0.16 km², lo que refleja un deshielo acelerado sin precedentes. Lo anterior, en gran medida, teniendo en cuenta que, de acuerdo también con el Ideam, el fenómeno de El Niño 2023-2024 agravó la situación con altas temperaturas y poca lluvia.Según el mencionado informe, en total, Colombia perdió el 6,8 % de su cobertura glaciar en ese mismo periodo, lo que equivale a 2.26 km² menos de hielo. Así, actualmente, el país conserva solo 30.83 km² de glaciares, frente a los 33.09 km² que tenía en 2022. Se trata de una pérdida continua que preocupa a la comunidad científica.El fenómeno climático El Niño provocó un derretimiento acelerado en zonas por debajo de los 5000 metros de altitud, donde se concentró el 75 % de la pérdida glaciar nacional. Esta situación impactó especialmente al Ritacuba Blanco, en la Sierra Nevada El Cocuy, que perdió 7 metros de espesor.Reducción de hielo en otros nevadosOtros nevados también presentaron reducciones alarmantes: el del Tolima perdió el 8,2 % de su área; el Ruiz, un 6,6 %, y la Sierra Nevada de Santa Marta, un 8,7 %. La excepción fue el Nevado del Huila, con una pérdida menor del 2,6 %, aunque también sigue en retroceso.El reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales señala que desde el siglo XIX, Colombia ha perdido el 91 % de su superficie glaciar. Si esta tendencia se mantiene, el país podría quedarse sin glaciares en las próximas décadas, lo que afectaría el suministro de agua, la biodiversidad y los equilibrios climáticos de alta montaña.Finalmente, la entidad nacional advirtió que cada metro cuadrado de hielo que se derrite es una señal de alarma sobre el cambio climático, y llamó a proteger este patrimonio natural antes de que desaparezca por completo.
Uno de los atractivos turísticos más famosos en Colombia es, sin duda, el Parque Nacional de los Nevados, ubicado entre los departamentos de Caldas, Tolima, Risaralda y Quindío, es decir, en todo el Eje cafetero en donde se encuentran los nevados Santa Isabel, Ruiz y Tolima, liderado por el Ministerio Ambiental. Pero visitarlo se volvió en un reto, debido a que las condiciones climáticas pueden ser perjudiciales sin la preparación o acompañamiento de autoridades responsables en esta zona; por eso, muchos optan por solo verlos desde lejos y apreciar las majestuosidad de este atractivo sin subirlo. Sin embargo, desde Bogotá no es tan fácil lograrlo.No obstante, existe un pueblo a menos de 3 horas de Bogotá en donde se puede apreciar sin problema majestuosidad de los tres nevados pese a la distancia y que, generalmente, cuenta con excelentes condiciones climáticas: El Carmen de Apicalá.Así se pueden ver los nevados desde El Carmen de ApicaláAl llegar al pueblo podrá notar la vista de la cordillera de los Andes y en algunos puntos de este sitio tendrá una mejor vista en donde podrá apreciar desde la distancia los tres cuando haga buen estado de clima, es decir, los tres picos sin problema y algo que en pocos lugares del país se puede ver.¿Cómo llegar desde Bogotá?Para llegar a este reconocido pueblo en el departamento del Tolima deberá tomar la salida de la Autopista Sur en la vía que conduce hacia Girardot. Pero deberá desviarse en Melgar para tomar la vía que conecta con este municipio que, según datos de Google Maps, en total sería un trayecto de 2 horas y media sin trancones desde la salida del sur de la ciudad.Otros atractivos turísticos en la zonaEste pueblo no solo es conocido por eso, sino por ser un 'oasis' en el departamento del Tolima. El apodo es gracias a la diversa cantidad de parques acuáticos y piscinas que rodean este municipio. De hecho, durante el recorrido pasará al lado de Psicilago.
Con una inversión superior a los $16.000 millones, la Gobernación del Tolima puso en marcha el proyecto “Sin Retamo, Agua, Vida y Futuro”, una iniciativa pionera en Colombia que busca erradicar de forma manual el retamo espinoso, una planta invasora que pone en riesgo los ecosistemas de páramo del Parque Nacional Natural de los Nevados. El lanzamiento oficial se realizó en el municipio de Murillo, donde la gobernadora Adriana Magali Matiz socializó la firma del convenio en compañía de representantes de Cortolima, la Universidad del Tolima y comunidades locales.“El beneficiado directo es Murillo, pero también todo el país, por el impacto ambiental positivo que esto tendrá para la región”, afirmó la mandataria departamental. El retamo espinoso, originario de Europa, ha demostrado ser altamente invasivo en zonas de alta montaña. Su denso follaje y espinas de hasta cuatro centímetros desplazan la vegetación nativa, alteran el equilibrio ecológico, empobrecen el suelo y aumentan el riesgo de incendios forestales por la acumulación de material seco.La directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, explicó que el plan se centrará en la zona de amortiguación del complejo de páramos del Parque Nacional, y que la erradicación de esta especie requiere un manejo técnico cuidadoso debido a su agresiva expansión. Entre las acciones contempladas se destacan el monitoreo y mapeo para identificar áreas invadidas y priorizar intervenciones; la erradicación manual y mecánica, sin uso de herbicidas para evitar daños colaterales; campañas comunitarias de educación y sensibilización sobre los riesgos del retamo; y la restauración ecológica mediante la reintroducción de especies nativas en las zonas intervenidas.La alcaldesa de Murillo, María Camila Sánchez Velásquez, resaltó la relevancia del proyecto para la conservación del ecosistema: “Preservar el Parque de los Nevados es preservar la vida, el agua y los frailejones. Este es un legado para las futuras generaciones”. Por su parte, líderes comunitarios como Doris Torres, representante de Asomupaz en la vereda Las Pavas, destacaron el impacto positivo de la iniciativa sobre los pequeños productores. “Este proyecto también beneficia a Villahermosa. Es una oportunidad para que nuestros sueños tengan vida y futuro”, expresó.Se estima que el proyecto tendrá una duración de 18 meses, durante los cuales se ejecutarán acciones concretas para mitigar el impacto ambiental del retamo espinoso y proteger la biodiversidad de los páramos tolimenses.
La nueva acusación presentada por la Fiscalía de Estados Unidos contra Nicolás Maduro señala que el mandatario venezolano habría acordado entregar minas explosivas y otras armas a las FARC para pagar una deuda relacionada con actividades de narcotráfico.Según el documento, el hecho se remonta aproximadamente a 2013, poco después de la muerte del expresidente venezolano Hugo Chávez, cuando Maduro y Cilia Flores habrían participado en una reunión con varios dirigentes de la antigua guerrilla colombiana.Entre los asistentes mencionados por la Fiscalía están Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko; Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; y Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich.El escrito sostiene que durante ese encuentro se trataron asuntos relacionados con una deuda que Maduro tendría con las FARC por su asociación en el narcotráfico. Para pagar al menos una parte de esa obligación, Maduro habría aceptado vender minas explosivas y otras armas a la organización guerrillera.La acusación agrega que Maduro habría reconocido que el suministro de ese armamento aumentaría la capacidad de las FARC para combatir contra Colombia. También afirma que las ventas de minas continuaron aproximadamente hasta 2015 y que entre las operaciones mencionadas figuraba la entrega de minas fabricadas en Cuba.El documento no precisa la cantidad de explosivos que se habrían entregado ni detalla cada una de las transacciones. Sin embargo, vincula el presunto suministro de armamento con la deuda atribuida a Maduro y con las relaciones que, según los fiscales, mantenía con integrantes de la guerrilla colombiana.La acusación también describe otra operación relacionada con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según el escrito, alrededor de 2017, un funcionario venezolano identificado como CC-3 habría ordenado a integrantes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) transportar armas a miembros de ambas organizaciones a cambio de cargamentos de cocaína.De acuerdo con ese relato, la droga habría sido movilizada en tres o cuatro camiones militares hasta una base venezolana y posteriormente a un puerto para su envío fuera del país.Este episodio es distinto del presunto acuerdo de Maduro para pagar su deuda con las FARC mediante minas explosivas. En el caso de 2017, la Fiscalía describe un intercambio de armas por cocaína en el que habrían intervenido funcionarios venezolanos y miembros de las dos guerrillas colombianas.La acusación sitúa estos hechos dentro de una presunta red de narcotráfico que habría utilizado estructuras del Estado venezolano para facilitar el transporte de cocaína y establecer relaciones con organizaciones armadas. También sostiene que esas operaciones habrían generado beneficios económicos para funcionarios y grupos involucrados.Los señalamientos sobre las minas explosivas aparecen en las páginas 7 y 8 del documento, en el contexto de la reunión atribuida a Maduro, Flores y los dirigentes de las FARC. Las referencias al intercambio de armas por cocaína aparecen en la página 8.Las afirmaciones forman parte de la acusación de la Fiscalía estadounidense y no constituyen, por sí mismas, una declaración judicial de culpabilidad. El documento tampoco establece en los fragmentos citados la cantidad exacta de explosivos entregados ni ofrece un registro detallado de cada operación mencionada.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este jueves que el público podrá ver la ejecución por fusilamiento del exmayor del Ejército Nidal Hasan, condenado a muerte por matar a 13 personas en el ataque de 2009 en la base de Fort Hood, Texas.Hasan será ejecutado el próximo 3 de diciembre en Fort Hood por un pelotón integrado por soldados armados con fusiles, según explicó Hegseth, quien aseguró que se garantizará que la población pueda presenciar el procedimiento.El secretario justificó la decisión al señalar que debe conocerse que este tipo de actos tienen "consecuencias graves", de acuerdo con declaraciones a medios locales.El Pentágono todavía no precisó sobre las implicaciones de una ejecución sea pública, por lo que no está claro si habrá espectadores en la base, una retransmisión o algún otro mecanismo de acceso.Hegseth tampoco detalló cuántos soldados formarán el pelotón ni cómo serán seleccionados.El secretario señaló además que la ejecución se llevará a cabo a la una de la tarde, en Fort Hood, y consideró "obvio" que tenga lugar en esa misma base, donde Hasan perpetró el ataque el 5 de noviembre de 2009.Cuando fue preguntado por una eventual última petición del condenado o por un contacto con el presidente estadounidense, Donald Trump, Hegseth respondió: "No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre".La ejecución de Hasan, aprobada por Trump a recomendación de Hegseth, será la primera ejecución militar estadounidense desde 1961 y la primera por fusilamiento desde 1945.Hasan, psiquiatra del Ejército, fue declarado culpable en 2013 de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato por el ataque, por los 32 heridos que dejó.
Las fuertes lluvias y una falla en una tubería provocan inundaciones en el corredor de la carrera 7 entre las calles 127 hasta 127, en Bogotá. Ante esta situación, el Acueducto ya mandó un equipo especializado para atender la emergencia."Ya tenemos asignada la orden de trabajo 🚧 1002395353, a través de la cual nuestro equipo operativo realizará la intervención correspondiente", informó la empresa de acueducto y alcantarillado en su cuenta de X.Como vías alternas, las autoridades recomiendan tomar la carrera 9 y la calle 116.Impactantes videosA través de redes sociales se han viralizado videos del tubo madre del acueducto que presentó la falla y, por lo tanto, la gran cantidad de agua que ha estado botando en este sector del norte de la capital.Esta situación ha provocado una afectación en este importante corredor vial y varios conductores han tenido que desviarse a la altura de la estación de gasolina Texaco para evitar afectaciones en sus vehículos o en su propia integridad, como es el caso de los motociclistas.En otro video se puede ver, desde la altura de un edificio, la gran altura que tiene el chorro de agua que sale de este tubo que se rompió y cómo afectó ambas calzadas (norte-sur y sur-norte).
Al menos diez personas fallecieron y dieciséis más resultaron heridas este jueves durante una riña en el penal de El Castillo en Mazatlán, en el estado de Sinaloa (noroeste de México), lo que generó un fuerte despliegue de fuerzas federales en la zona, según confirmaron las autoridades locales.Entre los fallecidos hay nueve reclusos y un menor de edad que estaba de visita, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa -en un mensaje en X-. La institución agregó que los dieciséis lesionados también son personas privadas de la libertad. "El resto de la población penitenciaria se encuentra bien", aseguró el comunicado.La riña fue controlada tras la intervención de un grupo interinstitucional y será la Fiscalía de Sinaloa la encargada de esclarecer los hechos, añadió la Secretaría.Finalmente, el mensaje señaló que las instalaciones permanecerán resguardadas por las autoridades sin acceso temporal de visitas.Los hechos ocurrieron en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude) en la localidad de El Castillo, al sur de Mazatlán, uno de los principales centros turísticos del Pacífico mexicano.De acuerdo con los primeros reportes, se escucharon disparos dentro de la prisión, y posteriormente se restringió el acceso al recinto mientras las fuerzas de seguridad intervenían para controlar la situación.Al menos ocho ambulancias ingresaron al centro penitenciario, según informes de la prensa local. En el exterior del penal, las familias de personas privadas de la libertad exigían información sobre sus seres queridos, mientras las visitas permanecían suspendidas, según los reportes.El motín ocurre en un estado sacudido por una prolongada crisis de violencia. Sinaloa vive desde septiembre de 2024 una escalada de hechos violentos ligada a la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa enfrentadas tras la captura en Estados Unidos de Ismael 'el Mayo' Zambada.Aunque la disputa comenzó en Culiacán, con el paso de los meses se extendió a municipios del sur del estado, como Mazatlán, donde las autoridades han reportado homicidios, desapariciones, ataques armados y decomisos de armas y explosivos.Esa ola de violencia ha persistido pese a los sucesivos operativos policiales y al refuerzo de tropas federales en la región, con recientes nuevos despliegues hacia Culiacán y Mazatlán.
La Superintendencia Nacional de Salud ordenó 30 medidas de cumplimiento inmediato para corregir situaciones que afectan la calidad, oportunidad y seguridad de la atención en el Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De estas, 23 fueron dirigidas a la institución hospitalaria y 7 a la Gobernación del Archipiélago.La decisión se tomó, luego de las visitas de inspección y seguimiento realizadas por la Supersalud, en las que se identificaron reiterados incumplimientos relacionados con la prestación de servicios, seguridad del paciente, pagos de servicios médicos especializados, disponibilidad de medicamentos e insumos, infraestructura, capacidad resolutiva y gestión administrativa y financiera.La Superintendencia ordenó al hospital fortalecer la prestación de los servicios de salud mediante la vinculación de un director científico de tiempo completo, la normalización de los pagos por servicios médicos especializados y el fortalecimiento de áreas críticas como urgencias, hospitalización, UCI, salud mental, unidad renal, cirugía, laboratorio clínico y banco de sangre.Además, deberá reducir los represamientos en estudios diagnósticos, gestionar las listas de espera quirúrgicas, garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos, mejorar la infraestructura y la dotación de sus sedes y corregir los retrasos en los pagos al talento humano.La Secretaría Departamental de Salud deberá fortalecer el seguimiento al hospital para verificar que los servicios reportados correspondan a los que realmente están disponibles para los usuarios. También tendrá que hacer control al mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria, garantizar que existan las condiciones necesarias para la prestación de los servicios y contar con el personal idóneo para adelantar los procesos administrativos sancionatorios que correspondan.Además, deberá consolidar y revisar los recursos asignados al hospital en el año 2023, evaluar los proyectos financiados, actualizar los planes de acción a financiar con recursos 2024, 2025 y 2026 y establecer los mecanismos permanentes de monitoreo que permitan asegurar la correcta inversión de estos recursos, la transparencia en su manejo y la adopción de medidas oportunas ante cualquier irregularidad identificada.La Superintendencia ha activado un plan de seguimiento permanente y continuo para verificar el cumplimiento de estas órdenes y seguir con el análisis de la situación de la prestación de los servicios en el hospital de San Andrés, con el fin de establecer si hay lugar a medidas adicionales.