Otra polémica se cierne sobre un proceso licitatorio del Ministerio de las TIC. Esta vez sobre el denominado 'Proyecto 10k', que busca construir y operar 10.000 puntos de acceso gratuito público a Internet en igual número de centros poblados, el mas ambicioso proyecto de conectividad rural de este Gobierno, que tiene por misión llevar Internet a millones de niños, emprendedores y ciudadanos, en una licitación de dos billones de pesos por 10 años de ejecución.
El viernes 27 de noviembre tuvo que ser suspendida la licitación de este importante proyecto por la presentación, al parecer fuera de tiempo, según alertaron los licitantes, del informe de evaluación de las propuestas en donde quedaron por fuera dos de los 10 proponentes. Y aquí arrancan los traspiés: la empresa de comunicaciones satelitales Hughes ha señalado que fue sacada de la licitación por una razón inexplicable: supuestamente por no lograr probar la relación corporativa entre Hughes de Colombia con Hughes Internacional, esto por el pedido de una certificación que le hizo el MinTIC, la cual luego decretó que no tenía los días suficientes de solicitud. Se ha sabido que esta empresa discutirá profundamente la que considera una descalificación poco clara, la cual debería ser analizada y revertida este lunes 30 de noviembre.
De otro lado, también se supo que uno de los asesores del Ministerio TIC es además asesor de una de las uniones temporales que pujan en esta licitación, una situación que enloda y enturbia un proceso que ha tenido un gran esfuerzo por ser transparente y de amplia discusión, por su tamaño y alcance.
Hoy se retomará la suspendida licitación del viernes pasado. Ojalá el Ministerio de las TIC tome las medidas correctas y precisas para darle total transparencia al proceso, como lo ha venido haciendo hasta el momento, que no se tenga la menor duda de la idoneidad de los proponentes, que sean empresas con experiencia y conocimiento probado en implementación de redes de comunicaciones y que tampoco se dude de injerencias de personas con doble rol, como asesores del Gobierno y de un licitante del mismo Gobierno.
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Que sea una elección desde lo técnico, no desde lo económico: la conectividad para millones de colombianos por 10 años merece a un operador serio, idóneo y que brinde la mejor tecnología y velocidad.
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