El representante a la Cámara por el Meta, Milton Carreño, coautor del proyecto de acto legislativo conocido como “antimermelada”, explicó en Mañanas Blu que la reforma constitucional busca que la gestión de los congresistas se haga de manera pública y transparente. La iniciativa, radicada por dos congresistas, propone obligar a los parlamentarios a explicar cómo tramitan proyectos para sus regiones y quiénes financian sus campañas. Carreño rechazó que la propuesta constitucionalice los cupos indicativos, una de las críticas que ha recibido.
Qué es la “mermelada”, según el congresista
Consultado sobre cómo define el término, Carreño lo describió como “prevendas o contraprestaciones” que se generan, supuestamente, por gestiones o aprobaciones dentro del Congreso. Dijo que es una expresión del argot popular.
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Los periodistas lo contrastaron con casos cotidianos, como un congresista que pide a un ministro una obra para un municipio. El representante respondió que eso no es mermelada como tal, pero reconoció que son prácticas que hoy no están claramente reguladas. Sostuvo que los congresistas de los territorios hacen “un ejercicio de gestión” para buscar calidad de vida para sus comunidades.
Frente a la pregunta sobre si pedir un puesto para un líder político o un profesional a cambio de apoyo electoral sería ilegal, el congresista admitió que el escenario actual es difuso: “Estamos como en una zona oscura”. Agregó que, en su criterio, los congresistas no tramitan hojas de vida: “Nosotros trabajamos siempre en ejercicio de interés general”.
“Ser claros, ser contundentes, ser frenteros sobre la mesa”
El congresista, que lleva más de 30 años en la política, dijo que el contexto nacional y lo ocurrido con gobiernos anteriores exigen una postura distinta. Su planteamiento fue: “Ser claros, ser contundentes, ser frenteros sobre la mesa”. Según explicó, la iniciativa no pretende tramitar hojas de vida, sino proyectos de interés general para las regiones donde fueron elegidos los congresistas. Aclaró que no lo plantea “como mojigatería”, sino con realismo sobre lo que ocurre en el Congreso.
Al ser cuestionado sobre el límite entre la gestión parlamentaria y las prebendas, respondió que la línea divisoria es “poderlo hacer de frente sobre la mesa, de frente y de cara al país”. Reconoció que existen casos particulares de mala conducta, pero sostuvo que la generalidad de los congresistas piensa en la gestión de sus territorios. El proyecto, afirmó, quiere acabar con las malas prácticas de intercambio de dádivas para dar aprobaciones.
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¿Legaliza el proyecto los cupos indicativos?
Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la objeción del exministro y exembajador Alfonso Prada, quien, según lo planteado en el programa, advierte que la reforma no acaba con la mermelada sino que la constitucionaliza al incluir los cupos indicativos. Los presentadores recordaron que esos cupos se han caído varias veces por irregularidades en su origen.
Carreño lo rechazó de forma tajante. Según dijo, la postulación de proyectos será abierta y pública, incluso para los organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría. Y fue enfático sobre los cupos: “Hoy no hablamos nosotros de cupos indicativos porque esos cupos indicativos pasaron a la historia”.
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También precisó que el texto no habla de recursos específicos: “No estamos por ningún lado mencionando ni bolsas ni presupuestos ni recursos”. Según explicó, lo que se da es la facultad para que los congresistas postulen proyectos que beneficien el interés general en sus regiones, un trabajo que se canaliza mediante los planes de desarrollo y el presupuesto general de la Nación.
Financiadores de campaña y conflictos de intereses
El proyecto también contempla reglas sobre quienes financian las campañas. Carreño indicó que, al rendir cuentas, los congresistas deberán mencionar a cada uno de sus financiadores.
Para definir el procedimiento, el acto legislativo fija un plazo de 12 meses para expedir una ley orgánica. Esa norma regulará el “registro público de intereses de financiadores de campaña” y la postulación de proyectos en beneficio del interés territorial. El congresista dijo que allí se establecerán el trámite, la forma de declarar el interés y las consecuencias en caso de incumplimiento.
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Preguntado por quién vigilará a los congresistas y cómo se les sancionará, remitió a esa ley reglamentaria. Recordó que hoy los parlamentarios ya deben declarar impedimentos en plenaria o comisión cuando tienen un conflicto de intereses, y que con la reforma deberán declararlo además en el registro público.
¿Puede un congresista votar a favor de sus financiadores?
El representante explicó que sí, siempre que se trate de un proyecto de interés general y no de uno que genere una situación particular para una empresa. Lo ilustró con un ejemplo hipotético: si un congresista fue financiado por el sector lechero, puede defender una ley que cobije a toda la lechería. Pero si el proyecto incluye una definición que beneficie específicamente a una empresa como Alpina, habría lugar a impedimentos.
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Ante el caso de una eventual discusión sobre los impuestos saludables, que plantearon los periodistas, Carreño reiteró que los detalles se definirían en la ley orgánica posterior a la aprobación del acto legislativo.