La Ley de Sometimiento ya cuenta con las firmas de los presidentes del Senado de la República, Honorio Henríquez, y de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, luego de haber superado su trámite legislativo en el Congreso el día de ayer, 3 de noviembre de 2026, tras más de 12 horas de debate.El documento también fue firmado por los secretarios generales de ambas corporaciones, Diego González, del Senado, y Miguel Ángel Sánchez, de la Cámara de Representantes, como consta en la última página del texto aprobado.La iniciativa que modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, busca desmontar la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro y además, establece un marco jurídico para que los integrantes de organizaciones armadas ilegales y estructuras criminales se sometan a la justicia ordinaria.“Acabo de firmar la Ley de Sometimiento, aprobada ayer en la plenaria de la Cámara de Representantes, para que pase a sanción presidencial. Colombia necesita recuperar la autoridad, fortalecer la justicia y dejar claro que quienes han cometido delitos deben responder ante la ley”, afirmó Barguil.Con las firmas de los presidentes del Congreso, la iniciativa cumple esta etapa del trámite legislativo y queda pendiente de la sanción presidencial, que se espera que sea firmada el día de hoy, ya que el plazo límite es antes de la media noche de este 4 de noviembre.
La plenaria del Senado aprobó, con 57 votos a favor y 24 en contra, el proyecto de ley de sometimiento presentado por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. La iniciativa busca desmontar la política de paz total del anterior gobierno de Gustavo Petro y establece un marco jurídico para que integrantes de organizaciones armadas ilegales y estructuras criminales se sometan a la justicia ordinaria.Entre los principales cambios aprobados por los senadores está el endurecimiento de las condiciones para acceder a las rebajas de penas. En el caso de los delitos relacionados con lavado de activos y testaferrato, se amplió de uno a seis años la pena de cárcel mínima exigida para acceder a los beneficios juríicos.Otro de los ajustes establece que no podrán recibir el tratamiento penal diferenciado quienes hayan sido condenados por reclutamiento de menores de edad o sean responsables de reclutar a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años a las estructuras criminales.En materia de sanciones, el texto mantiene un esquema diferenciado según el nivel de responsabilidad dentro de las organizaciones. Los integrantes de base podrán acceder a una reducción de hasta el 50 % de sus penas, mientras que para los cabecillas y quienes desempeñen funciones de mando la rebaja será de hasta el 30 %. En ningún caso la condena para estos últimos podrá ser inferior a diez años de prisión.La iniciativa también establece que quienes se sometan deberán cumplir sus penas en centros de reclusión bajo la administración del INPEC con restricciones efectivas de la libertad.El único artículo que fue eliminado fue el que contemplaba la posibilidad del uso de gastos reservados del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON. Además, se estableció que los departamentos y municipios no tendrán que asumir las cargas derivadas de los procesos de sometimiento, cuya coordinación estará en cabeza del Ministerio de Justicia.Tan solo queda el debate en la Cámara de Representantes, que debe terminar la discusión y votación del articulado en la noche de este martes. Si se presentan diferencias entre los textos aprobados por las dos corporaciones, será necesario convocar una conciliación antes de que la iniciativa pueda pasar a sanción presidencial.El trámite se desarrolla contra el reloj, debido a que la vigencia del actual marco establecido en la ley 418 de 1997 o ley de orden público termina al finalizar el miércoles 4 de noviembre.
Las Comisiones Primeras Conjuntas del Congreso de la República aprobaron el proyecto de Ley de Sometimiento a la justicia presentado por el Gobierno nacional, una iniciativa que busca establecer las condiciones para que integrantes de grupos armados y bandas criminales se sometan a la justicia, sin que ello implique la apertura de mesas de negociación ni el reconocimiento de estatus político.El proyecto avanzó en medio de una carrera contra el tiempo, debido a que la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, debe renovarse cada cuatro años. Esta norma constituye el marco jurídico que permite a cada Gobierno definir las estrategias para enfrentar la criminalidad.El plazo para su renovación vence el próximo 4 de noviembre de 2026.Tras la aprobación, el segundo debate deberá citarse ocho días después de aprobado por las comisiones. Es decir, el próximo jueves 28 de octubre se anunciaría la fecha del debate y desde ese jueves tendrían solo seis días para superar los debates en las plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes.El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que la iniciativa conserva, en términos generales, la estructura con la que fue presentada por el Ejecutivo, aunque durante el trámite se introdujeron modificaciones en algunos de sus componentes.Uno de los cambios más relevantes establece que el interlocutor de los grupos armados o las bandas criminales ante la justicia ya no tendrá que ser obligatoriamente un abogado. A partir del ajuste, podrá ser cualquier persona designada por la organización al margen de la Ley, sin que esa representación le otorgue estatus político.El ministro también señaló que se introdujeron ajustes para fortalecer la protección de las víctimas, precisar las disposiciones relacionadas con colaboradores y testaferros, y reforzar las medidas frente al reclutamiento de menores de edad.“La persona tiene que entregar la lista de bienes y tendrá que ser verificada por la Fiscalía General de la Nación, no tendrá los beneficios el primer año, sino a los tres años. Frente al reclutamiento tampoco habrá impunidad tienen que, además de entregar y restablecer los derechos de la niñez, un deber jurídico de decir la verdad reforzado y si tuvieron mando en el feclutamiento la sanción no podráser inferior a un monto alto de la pena", explicó Cancino.La propuesta contempla beneficios judiciales diferenciados según el nivel de participación dentro de los grupos armados. Los integrantes rasos podrán acceder a reducciones de hasta el 50 % de sus penas, mientras que para los cabecillas se establece una reducción máxima del 30 % de las penas acumuladas.Asimismo, la iniciativa establece que el sometimiento no supondrá la suspensión de las operaciones militares ni el levantamiento de las órdenes de captura. Tampoco implicará la eliminación de las medidas de extradición.Entre las obligaciones previstas, los integrantes de los grupos deberán entregar los bienes obtenidos ilícitamente y proporcionar información sobre las rutas del narcotráfico, como parte de las condiciones contempladas en el mecanismo de sometimiento.Luego de la aprobación en las comisiones conjuntas, el Gobierno deberá concentrar sus esfuerzos en conseguir el respaldo de las plenarias de ambas cámaras para completar el trámite legislativo dentro del plazo previsto.En la tarde, antes de que el presidente Abelardo De La Espriella anunciara su salida, el entonces ministro del Interior Rodrigo Lara, había hecho una vehemente defensa del proyecto y dio claridades sobre varios puntos."Esto va para el que vive de la cocaína, del oro ilegal, de la extorsión, sin reconocerle, de ninguna manera, estatus político, se les ofrece es justicia", enfatizó el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, sobre el proyecto.Lara recordó que "no se crea una justicia paralela, ni cárceles a la medida"."Aquí no hay tribunal especial, no hay jurisdicción nueva, no hay amnistías, lo que hay, básicamente, es un marco para someterse a la Fiscalía y un juzgamiento por parte de jueces ordinarios de la República, con el Código de Procedimiento Penal a la mano", explicó el ministro.Lara salió del Congreso aproximadamente a las 8:10 de la noche, luego de una breve declaración a periodistas en el salón social del recinto de sesiones del Senado, cuando aún estaba el debate en desarrollo. Media hora después se conoció su salida del cargo, el cual temporalmente ocupa el ministro de Justicia, Iván Cancino, mientras asume el nuevo titular, Alejandro Ordóñez Maldonado.
La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández afirmó que el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 se hundirá por un supuesto error de trámite. Según su denuncia, el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron textos diferentes en el artículo 65 y no realizaron la conciliación obligatoria para unificarlos.La senadora sostuvo que, tras una revisión junto a la representante Lina García, encontraron que ambas cámaras aprobaron versiones distintas de ese artículo sin la conciliación obligatoria. Su tesis es que el proyecto no puede convertirse en ley porque el trámite constitucional no se completó antes de la medianoche del 20 de octubre, fecha límite para aprobar el presupuesto.La controversia surgió por una proposición del senador Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático. Según la denuncia, el congresista presentó una modificación al artículo 65 para permitir estructuras de cobertura de riesgos asociadas a las operaciones del Ministerio de Hacienda, pero la retiró durante la plenaria del Senado y dejó constancia de ese retiro.La senadora Hernández sostiene que el Senado aprobó el artículo 65 en su texto original, es decir, sin esos parágrafos. Pero que la Cámara de Representantes, en la madrugada del 20 de octubre, habría votado y aprobado una versión que sí incluía la proposición retirada, bajo la creencia de que ya había sido avalada por el Senado.¿Por qué eso podría hundir el presupuesto, según la congresista?La Constitución y el Reglamento del Congreso establecen que, cuando el Senado y la Cámara aprueban textos diferentes de un proyecto de ley, deben conformarse comisiones de conciliación para producir un texto único. Ese texto unificado debe volver a las plenarias de ambas corporaciones para su aprobación definitiva.El problema es el tiempo. El plazo constitucional para expedir la Ley de Presupuesto vencía a la medianoche del 20 de octubre. Como la supuesta diferencia se identificó después de que ambas plenarias dieron luz verde al proyecto, no había tiempo para hacer la conciliación, votar nuevamente el texto unificado y remitirlo a sanción presidencial.Según esa interpretación, el proyecto se habría hundido automáticamente al no completarse el trámite antes del vencimiento del plazo. En la práctica, y bajo esa tesis, el presupuesto aprobado por el Congreso quedaría sin efectos.Qué confirma el SenadoLa Secretaría General del Senado emitió un comunicado en el que confirmó que el artículo 65 fue aprobado en la plenaria de esa corporación sin proposiciones. El secretario general, Diego Alejandro González, dijo que el registro oficial de las iniciativas aprobadas por el Senado no contiene ninguna proposición aprobada sobre ese artículo.La posición del coordinador ponente, senador Carlos MeiselEl senador Carlos Meisel, coordinador ponente del presupuesto, defendió el trámite del Senado y relativizó las consecuencias. “El Presupuesto fue aprobado ayer en la plenaria del Senado de la República sin ningún error ni vicio”, escribió en su cuenta de X.El senador Carlos Meisel sostuvo que, si algo ocurrió posteriormente en la Cámara, eso no viciaría todo el proceso desde el inicio. En su criterio, quedaría vigente el texto aprobado en primer debate por las comisiones económicas, que según él corresponde al 95% de lo votado en la plenaria del Senado y fue construido colectivamente con el Gobierno.“El Presupuesto fue aprobado ayer en la plenaria del Senado de la República sin ningún error ni vicio. Lo que aparentemente ocurrió después en la Cámara de Representantes (de ser cierto), no vicia todo el proceso desde el inicio.Queda el texto que se aprobó en primer debate en las comisiones económicas. Así que por favor no exageremos la incertidumbre, que en cualquier caso, si hay presupuesto y es el del primer debate.Este, salió también de una construcción colectiva con el gobierno. (Y que entre otras cosas era el 95% de lo que se votó ayer)”, indicó el Senador.Su argumento busca evitar la conclusión de que el país se quedó sin ley de presupuesto para el 2027. Un argumento que comparte la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) que considera que todavía no se puede afirmar que el presupuesto se haya hundido por completo.Según la fundación, la posible diferencia entre el Senado y la Cámara estaría concentrada en dos parágrafos del artículo 65, que no afectaría el monto total del presupuesto, los gastos aprobados ni de dónde saldría la plata. Por eso, considera que quitar esos dos parágrafos no haría caer toda la ley. De todas maneras, sugiere revisar qué aprobó exactamente cada cámara y confirmar si realmente hubo textos distintos.¿Qué pasaría si el presupuesto se hundiera?El senador del Centro Democrático Juan Fernando Caicedo, autor de las proposiciones que luego retiró durante el trámite del Presupuesto de 2027, recordó que, si el proyecto se cae por los problemas de trámite denunciados por la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández, regirá el proyecto presentado por el Gobierno con los cambios aprobados en primer debate, como lo establece el artículo 59 del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto.
El representante a la Cámara por el Meta, Milton Carreño, coautor del proyecto de acto legislativo conocido como “antimermelada”, explicó en Mañanas Blu que la reforma constitucional busca que la gestión de los congresistas se haga de manera pública y transparente. La iniciativa, radicada por dos congresistas, propone obligar a los parlamentarios a explicar cómo tramitan proyectos para sus regiones y quiénes financian sus campañas. Carreño rechazó que la propuesta constitucionalice los cupos indicativos, una de las críticas que ha recibido.Qué es la “mermelada”, según el congresistaConsultado sobre cómo define el término, Carreño lo describió como “prevendas o contraprestaciones” que se generan, supuestamente, por gestiones o aprobaciones dentro del Congreso. Dijo que es una expresión del argot popular.Los periodistas lo contrastaron con casos cotidianos, como un congresista que pide a un ministro una obra para un municipio. El representante respondió que eso no es mermelada como tal, pero reconoció que son prácticas que hoy no están claramente reguladas. Sostuvo que los congresistas de los territorios hacen “un ejercicio de gestión” para buscar calidad de vida para sus comunidades.Frente a la pregunta sobre si pedir un puesto para un líder político o un profesional a cambio de apoyo electoral sería ilegal, el congresista admitió que el escenario actual es difuso: “Estamos como en una zona oscura”. Agregó que, en su criterio, los congresistas no tramitan hojas de vida: “Nosotros trabajamos siempre en ejercicio de interés general”.“Ser claros, ser contundentes, ser frenteros sobre la mesa”El congresista, que lleva más de 30 años en la política, dijo que el contexto nacional y lo ocurrido con gobiernos anteriores exigen una postura distinta. Su planteamiento fue: “Ser claros, ser contundentes, ser frenteros sobre la mesa”. Según explicó, la iniciativa no pretende tramitar hojas de vida, sino proyectos de interés general para las regiones donde fueron elegidos los congresistas. Aclaró que no lo plantea “como mojigatería”, sino con realismo sobre lo que ocurre en el Congreso.Al ser cuestionado sobre el límite entre la gestión parlamentaria y las prebendas, respondió que la línea divisoria es “poderlo hacer de frente sobre la mesa, de frente y de cara al país”. Reconoció que existen casos particulares de mala conducta, pero sostuvo que la generalidad de los congresistas piensa en la gestión de sus territorios. El proyecto, afirmó, quiere acabar con las malas prácticas de intercambio de dádivas para dar aprobaciones.¿Legaliza el proyecto los cupos indicativos?Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la objeción del exministro y exembajador Alfonso Prada, quien, según lo planteado en el programa, advierte que la reforma no acaba con la mermelada sino que la constitucionaliza al incluir los cupos indicativos. Los presentadores recordaron que esos cupos se han caído varias veces por irregularidades en su origen.Carreño lo rechazó de forma tajante. Según dijo, la postulación de proyectos será abierta y pública, incluso para los organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría. Y fue enfático sobre los cupos: “Hoy no hablamos nosotros de cupos indicativos porque esos cupos indicativos pasaron a la historia”.También precisó que el texto no habla de recursos específicos: “No estamos por ningún lado mencionando ni bolsas ni presupuestos ni recursos”. Según explicó, lo que se da es la facultad para que los congresistas postulen proyectos que beneficien el interés general en sus regiones, un trabajo que se canaliza mediante los planes de desarrollo y el presupuesto general de la Nación.Financiadores de campaña y conflictos de interesesEl proyecto también contempla reglas sobre quienes financian las campañas. Carreño indicó que, al rendir cuentas, los congresistas deberán mencionar a cada uno de sus financiadores.Para definir el procedimiento, el acto legislativo fija un plazo de 12 meses para expedir una ley orgánica. Esa norma regulará el “registro público de intereses de financiadores de campaña” y la postulación de proyectos en beneficio del interés territorial. El congresista dijo que allí se establecerán el trámite, la forma de declarar el interés y las consecuencias en caso de incumplimiento.Preguntado por quién vigilará a los congresistas y cómo se les sancionará, remitió a esa ley reglamentaria. Recordó que hoy los parlamentarios ya deben declarar impedimentos en plenaria o comisión cuando tienen un conflicto de intereses, y que con la reforma deberán declararlo además en el registro público.¿Puede un congresista votar a favor de sus financiadores?El representante explicó que sí, siempre que se trate de un proyecto de interés general y no de uno que genere una situación particular para una empresa. Lo ilustró con un ejemplo hipotético: si un congresista fue financiado por el sector lechero, puede defender una ley que cobije a toda la lechería. Pero si el proyecto incluye una definición que beneficie específicamente a una empresa como Alpina, habría lugar a impedimentos.Ante el caso de una eventual discusión sobre los impuestos saludables, que plantearon los periodistas, Carreño reiteró que los detalles se definirían en la ley orgánica posterior a la aprobación del acto legislativo.
El proceso judicial que involucra al exsenador antioqueño Juan Diego Gómez y a su hermano, David Orlando Gómez, por una presunta estafa inmobiliaria continuará con la etapa de juicio ante el Juzgado Veinticinco Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín.Según pudo conocer Blu Radio, las audiencias ante este despacho ya fueron programadas para los días 1, 2 y 3 de marzo de 2027 donde se discutirán asuntos relacionados con la presunta negociación inconclusa de dos terrenos en el municipio de Sabaneta por más de 1.700 millones de pesos en el año 2021.Los denunciantes, los empresarios Alejandro y Jorge Mario Ramírez Osorio, aseguran que entregaron dinero, propiedades, vehículos y otros bienes como parte de los acuerdos para adquirir estos inmuebles, cuya escrituración, según la Fiscalía, nunca se concretó en los términos esperados.La Fiscalía ha sostenido que los hermanos Gómez habrían incurrido en el delito de estafa agravada porque los bienes negociados no pertenecían a ellos, sino a una tercera persona.Una de las víctimas, Alejandro Ramírez, había indicado en su momento a Blu Radio que el político antioqueño puso la condición de que el negocio se hiciera a través de su hermano, David Orlando, y confiaron en esta solicitud porque ya habían tenido un acercamiento al excongresista.“Las reuniones que yo celebraba siempre eran todas con Juan Diego Gómez. Lo que pasa es que él me decía que para no perjudicar la investidura que él tenía en su momento que él no se quería ver pues como como en temas de plata ni en temas”, sostuvo.Frente al caso que está a punto de examinarse a la luz de los elementos probatorios presentados por cada una de las partes, Juan Diego Gómez ha manifestado que: “No he hecho negocio alguno con el señor Ramírez. Me extraña profundamente esta situación. Lo segundo, es que para la época del presunto negocio, yo era Congresista de la República, razón por la cual, la competencia le correspondería a la Corte Suprema de Justicia y no a la Fiscalía General de la Nación”.
El senador por el Pacto Histórico y segundo vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, solicitó a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación adelantar una auditoría “inmediata” a las donaciones recibidas por Colombia para atender las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.La solicitud surge después de que una presentación del Ministerio de Hacienda, en medio de la presentación del presupuesto de 2027 el pasado 29 de septiembre, señalara como “por cuantificar” las donaciones relacionadas con el terremoto y las recibidas por la fundación de la primera dama, Ana Lucía Pineda.“Que el propio Ministerio de Hacienda presente estas donaciones como ‘por cuantificar’ exige una explicación inmediata. Los colombianos necesitan saber cuánto se recibió, quién lo administra y cuánto ha llegado efectivamente a los damnificados”, afirmó el congresista de la oposición.Ocampo cuestionó que, mientras el Ministerio de Hacienda desconoce el monto, la Presidencia no ha rendido un informe que permita esclarecer lo recibido y su utilización. Por ello, pidió a los entes de control una auditoría inmediata que identifique los donantes, las sumas y los bienes entregados, las entidades receptoras, los mecanismos de administración y los beneficiarios finales.El senador Ocampo también solicitó verificar los soportes de cada donación, los recursos pendientes de ejecución y la existencia de controles que garanticen su destinación a los fines anunciados. Asimismo, el congresista pidió que los resultados de las actuaciones sean públicos y que, si se encuentran irregularidades, se determinen las responsabilidades correspondientes.“La solidaridad con las víctimas del terremoto merece cuentas claras. Cada peso y cada bien donado deben tener trazabilidad. La Contraloría y la Procuraduría deben establecer qué se recibió, dónde está y cómo se ha utilizado”, sostuvo Ocampo.
Las plenarias del Senado y Cámara de Representantes respaldaron la “Ley del Mérito”, del senador Hernán Cadavid, al aprobar el informe que rechaza las objeciones presidenciales al proyecto que busca evitar que se reduzcan los requisitos establecidos para acceder a cargos públicos.El informe recibió 130 votos por el sí en plenaria de la Cámara de Representantes, mientras que la plenaria del Senado también había respaldado el informe frente a las objeciones formuladas por el Gobierno, con 78 votos positivos y 4 votos negativos.El proyecto ya había sido aprobado en el Congreso durante la legislatura anterior y estaba pendiente de la sanción presidencial. Sin embargo, es importante recordar que el Gobierno lo objetó por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia, por lo que regresó al Legislativo.Entre sus reparos, la Presidencia señaló que la iniciativa podría limitar las facultades del Ejecutivo para ajustar los perfiles de los cargos según las necesidades de las entidades.Con el respaldo de las dos plenarias al informe, el proyecto pasa ahora a revisión de la Corte Constitucional frente a los reparos de constitucionalidad planteados por el Gobierno.
Tras una visita a esa zona del Bajo Cauca antioqueño, el senador Juan Espinal, presidente de la Comisión Quinta del Senado, denunció que la extracción ilegal de oro en el río Nechí pasó de 20 a 200 dragas en los últimos cuatro años, solo entre los municipios de El Bagre y Nechí.La situación viene siendo crítica, no solo porque registros fotográficos de la zona han mostrado la aplastante cantidad de dragas, sino que además se estima que en 2025 esta actividad dejó entre USD 5.000 y USD 7.000 millones en manos de estructuras criminales, una cifra equivalente al valor de toda la cosecha cafetera del país.El senador pidió diferenciar a los pequeños y medianos mineros tradicionales, quienes desde hace años piden formalización al Estado, de las estructuras armadas al margen de la ley que operan las dragas industriales."Yo le hago un llamado al gobierno nacional y también al gobierno americano, porque aquí estamos ante un problema de seguridad nacional, donde esto tiene que ser realmente adoptado y abordado como se aborda el problema de los cultivos ilícitos de coca a nivel nacional", indicó.Y es que según el senador, cada draga cuesta aproximadamente USD 200 millones, una inversión que descarta que se trate de minería artesanal.Durante un laboratorio académico de liderazgo liderado por Proantioquia en el municipio de El Bagre, se adelantó una visita a la empresa Mineros S.A., empresa formal con un título de explotación de minería de aluvión de 50.000 hectáreas."Encuentra uno la exploración y la explotación legal, y al frente del río, la extracción ilegal. Y creo que hay que dividir entre la formalización de nuestros pequeños y medianos mineros y mineros tradicionales, que llevan años rogándole al gobierno que lo legalice. Pero también ve 1 los que están explotando ilegalmente los recursos naturales", indicó.Espinal le pidió al Gobierno nacional que los recursos de la minería formal lleguen al Sistema General de Regalías, para que los municipios y departamentos de la región se beneficien.
La elección del santandereano Nelson Javier López Rodríguez, como senador, por el partido Cambio Radical, fue demandada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante una acción de nulidad electoral.La demanda fue presentada por Pablo Bustos Sánchez, quien solicita que se declare la nulidad de la elección de López para el periodo constitucional 2026-2030 y de los actos posteriores relacionados con su credencial y posesión.Según el documento radicado ante el Consejo de Estado, la demanda plantea una presunta inhabilidad electoral relacionada con el cargo que López ocupó en la Gobernación de Santander.El congresista se desempeñó como director de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de Santander. De acuerdo con la demanda, presentó su renuncia el 7 de marzo de 2025 y esta habría tenido efectos a partir del 8 de marzo de 2025. El demandante sostiene que, por las circunstancias de la fecha y la efectividad de la renuncia, López habría permanecido vinculado al cargo dentro del periodo que antecedió a las elecciones del Congreso de 2026.La elección de López para el Senado ocurrió el 8 de marzo de 2026. Los resultados electorales lo registran como uno de los senadores elegidos por la coalición Cambio Radical–Alma. El congresista Nélson López, quien hace parte de la poderosa familia política Tavera en Santander, alcanzó los 70 mil votos en el país. Tras conocerse la demanda, el senador señaló que interpondrá su derecho a la defensa y asegura que renunció a su cargo en la Gobernación de Santander en los tiempos establecidos por la ley electoral.El caso del senador Nélson López deberá ser estudiado por el Consejo de Estado, que determinará si los argumentos expuestos en la demanda tienen sustento jurídico y si existe o no la causal de inhabilidad alegada.
Valentina Montes López, de 17 años, padece neurofibromatosis, una enfermedad que le ha provocado el crecimiento acelerado de tumores en el cuello. Su madre, Janet de Jesús López, asegura que la joven ha perdido peso, tuvo que abandonar el colegio desde el pasado mes de agosto y actualmente permanece hospitalizada en Barranquilla, donde su condición sigue deteriorándose.El tumor ha alcanzado un tamaño que compromete vasos sanguíneos y estructuras del cuello, por lo que una cirugía es muy riesgosa. La única salida que le dan los médicos es la aplicación de un medicamento, selumetinib el cual requiere ser importado desde EE.UU y aunque la EPS Proteger ya autorizó su compra y aplicación, ahora requieren que el Invima apruebe de manera urgente su ingreso al país.Janet insiste que su hija está en una lucha contrarreloj para que su vida no se apague: "El medicamento lo que va a hacer es suprimir el tamaño del tumor. Se busca conseguir que esas masas que ella tiene disminuyan de tamaño entre un 20 y 30% para que los cirujanos estudien la posibilidad de intervenir para que ella descanse. Esa masa le produce a ella demasiado dolor. Necesito con urgencia que el Invima dé vía libre y no se me vaya a morir mi niña. Eso es eso es lo más urgente que necesitamos, porque yo estoy viendo a mi hija que todos los días se me va deteriorando", clamó Janeth.Valentina es la mayor de 3 hermanos. La adolescente vive en la ciudad de Valledupar, pero ya completa 3 meses de estar internada en la clínica Porto Azul, en Barranquilla. Blu Radio logró contactarse con personal del Invima la mañana de este martes y nos indicaron que revisarán el caso para darle trámite lo antes posible.
Un cambio en los impuestos al tabaco podría terminar generando un efecto contrario al que busca la política de salud pública en Colombia. Así lo advirtieron organizaciones de la sociedad civil y del sector salud, que hicieron un llamado urgente a los congresistas encargados de conciliar el proyecto de ley para que mantengan el texto aprobado por el Senado y no permitan retrocesos en las medidas para desincentivar el consumo de cigarrillos.El llamado fue realizado por Red PaPaz, la Liga Colombiana Contra el Cáncer, Fundación Anáas, ReCeTa Colombia y NATTI, luego de conocer los resultados de una microsimulación académica que comparó los efectos de las propuestas aprobadas por Senado y Cámara de Representantes. El estudio fue desarrollado por investigadores de la Universidad del Rosario, la Universidad Icesi, a través de Proesa, y Tabaconomía, de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Entre sus principales conclusiones advierte que, si durante la conciliación prevalece el texto de la Cámara, Colombia podría tener 92.450 fumadores adicionales de cigarrillos convencionales y 46.408 muertes prematuras más a lo largo de la vida de la población analizada.En contraste, si se mantiene la propuesta aprobada por el Senado el pasado 4 de noviembre, se podrían evitar 52.180 fumadores y 18.143 muertes prematuras.Otro de los argumentos que ha surgido durante la discusión es el posible aumento del contrabando por cuenta de los impuestos. Sin embargo, Guillermo Paraje, profesor de Tabaconomía de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, aseguró que no existe evidencia en América Latina que demuestre que los incrementos tributarios generen un aumento del comercio ilegal.Según el comunicado, las estimaciones de comercio ilícito presentadas por la industria tabacalera en la región son entre 1,4 y 3,6 veces superiores a las mediciones independientes. Además, un estudio realizado en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Cúcuta estimó que el comercio ilegal representaba el 16,9 % del consumo de cigarrillos en esas cinco ciudades durante 2023. Las organizaciones también pusieron sobre la mesa el impacto del consumo de tabaco entre niños y adolescentes. De acuerdo con el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar de 2022, cerca de 11 de cada 100 estudiantes entre los 12 y los 18 años habían probado cigarrillos convencionales, mientras que alrededor de 23 de cada 100 habían utilizado cigarrillos electrónicos. En ambos casos, la mitad de quienes los habían probado reportó haber comenzado a los 14 años o antes.El proyecto de ley deberá superar la conciliación entre Senado y Cámara de Representantes. Posteriormente, el texto definitivo tendrá que ser aprobado por ambas plenarias antes de pasar a sanción presidencial. Para las organizaciones, esta decisión será determinante para evitar que la reforma termine debilitando las medidas de prevención del tabaquismo en Colombia.
La reconocida chef y empresaria colombiana Leo Espinosa, considerada la figura más influyente de la alta cocina en el país, habló en Mañanas Blu, sobre las consecuencias que generaría el proyecto de ley de ajuste fiscal promovido por el Gobierno, luego de publicar un video en sus redes sociales en representación del gremio gastronómico para denunciar la coyuntura.De acuerdo con la empresaria, los negocios de restauración y hospitalidad se encuentran contra las cuerdas debido al encarecimiento desmedido de los insumos alimentarios, el peso de la nómina y las cargas tributarias existentes. "La estructura de costos se volvió insostenible en los restaurantes y hoy en día ese es entre el encarecimiento desmedido de los alimentos y el peso de las cargas laborales, insumos y nómina, además de los impuestos como impuesto al consumo... los empresarios están remando contra un consumo resentido", afirmó la chef.El fantasma de 2016Para dimensionar el impacto de la iniciativa gubernamental, Espinosa recordó los efectos de la reforma tributaria aprobada durante el mandato de Juan Manuel Santos. En sus declaraciones, la Ley 1816 de 2016 representó "una verdadera estocada para el sector" al imponer una tarifa ad valorem del 20% y un IVA del 19% a los vinos y licores. "Sacamos el vino del bolsillo del consumidor promedio y por eso desde ese entonces el consumo de vinos o la cadena de valor del vino es costosísima", enfatizó.El nuevo proyecto fiscal busca incrementar el impuesto ad valorem al 35%, elevando de igual forma el cobro por grado de alcohol. Ante este panorama, la empresaria advirtió que la medida sofocará a los comercios legales y fomentará la ilegalidad. "Esto va a ser asfixiante para las ventas de la industria formal y lo peor de todo es que puede abrir las posibilidades al contrabando", subrayó.Transformación drástica en el consumoPese a que la percepción ciudadana sugiere que los comedores lucen concurridos, Espinosa aclaró que la afluencia no equivale a solvencia económica, pues el consumo por mesa ha experimentado una contracción aproximada del 50%. Los comensales han tenido que recortar sustancialmente su gasto para poder salir a comer fuera de casa."Una pareja salía y se tomaba una copa de vino y en los restaurantes tradicionales de entrada, plato fuerte y postre pedían dos entradas, dos fuertes y cada uno su postre. Pues ahora no, ahora no se pide entrada, se pide fuerte y se toma agua", detalló la chef. Asimismo, precisó que la responsabilidad no recae en los establecimientos, sino en la inflación generalizada: "La gente quiere salir, pero el problema es que no puede pagar los altos costos y la culpa no es de los restaurantes que los insumos están altos".Espinosa hizo hincapié en las diferencias operativas entre categorías de establecimientos. A diferencia de un restaurante de carretera, de comida casual o un "corrientazo", los establecimientos de alta cocina operan con un factor multiplicador de costos mucho más elevado. Este factor responde a la exigencia de mantener altos estándares de servicio y a la imposibilidad de sustituir insumos de calidad por opciones de menor valor.Frente a esta coyuntura, Espinosa urgió al Gobierno nacional a revisar la política tributaria sectorial. La empresaria recordó que la exención o reevaluación del impuesto al consumo aplicada tras la emergencia sanitaria permitió que la gastronomía se convirtiera en uno de los sectores de mayor crecimiento en la pospandemia. Por ello, solicitó formalmente "que se reevalúe el impuesto al consumo" para evitar el colapso de la hospitalidad y preservar la sostenibilidad de la cocina formal en Colombia.Escuche aquí la entrevista:
El padre de Rony, futbolista del Santos brasileño, fue asesinado el lunes de una puñalada en el cuello motivada por el impago de un servicio sexual, según confesó este martes a la Policía la detenida y pudo confirmar EFE.Selma Soares Cordovil, de 48 años, fue arrestada como sospechosa de asesinar a Marigerson Barbosa Carneiro, de 72, pocos minutos después del crimen en el municipio de Terra Alta, a unos 100 kilómetros de Belém, capital del estado de Pará.Durante su declaración ante la Policía Civil, la mujer confesó que no se arrepiente de lo sucedido y que le clavó un cuchillo de 20 centímetros en el cuello al padre del atacante porque no le había pagado el importe de un servicio sexual que le prestó una semana antes del suceso.Los testimonios recogidos por las autoridades afirmaron que la puñalada mortal se produjo en torno a las 15:30 horas del lunes (18:30 GMT), mientras el padre de Rony, bicampeón de la Copa Libertadores con el Palmeiras (2020 y 2021), se encontraba de espaldas a su agresora.El progenitor del futbolista, que llegó a debutar con la selección nacional, fue trasladado de urgencia a un puesto médico, donde finalmente falleció desangrado a causa de la herida.Tras conocerse la noticia, el Santos liberó a Rony de sus compromisos con el equipo y su compañero Neymar Jr. le prestó su avión privado para que pudiera trasladarse junto a su familia hacia la región de Pará, en el norte brasileño."Afronto este momento con profunda tristeza y dolor en el corazón", declaró en un comunicado el jugador, que añadió que su deseo es honrar la memoria de su padre y "encontrar fuerzas para seguir adelante".A las condolencias enviadas por el Santos y sus jugadores también se sumaron las del Remo, equipo en el que Rony se formó y debutó como futbolista profesional, y las del Palmeiras, club con el que conquistó once títulos entre 2020 y 2025.
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