Las plenarias del Senado y Cámara de Representantes respaldaron la “Ley del Mérito”, del senador Hernán Cadavid, al aprobar el informe que rechaza las objeciones presidenciales al proyecto que busca evitar que se reduzcan los requisitos establecidos para acceder a cargos públicos.El informe recibió 130 votos por el sí en plenaria de la Cámara de Representantes, mientras que la plenaria del Senado también había respaldado el informe frente a las objeciones formuladas por el Gobierno, con 78 votos positivos y 4 votos negativos.El proyecto ya había sido aprobado en el Congreso durante la legislatura anterior y estaba pendiente de la sanción presidencial. Sin embargo, es importante recordar que el Gobierno lo objetó por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia, por lo que regresó al Legislativo.Entre sus reparos, la Presidencia señaló que la iniciativa podría limitar las facultades del Ejecutivo para ajustar los perfiles de los cargos según las necesidades de las entidades.Con el respaldo de las dos plenarias al informe, el proyecto pasa ahora a revisión de la Corte Constitucional frente a los reparos de constitucionalidad planteados por el Gobierno.
Tras una visita a esa zona del Bajo Cauca antioqueño, el senador Juan Espinal, presidente de la Comisión Quinta del Senado, denunció que la extracción ilegal de oro en el río Nechí pasó de 20 a 200 dragas en los últimos cuatro años, solo entre los municipios de El Bagre y Nechí.La situación viene siendo crítica, no solo porque registros fotográficos de la zona han mostrado la aplastante cantidad de dragas, sino que además se estima que en 2025 esta actividad dejó entre USD 5.000 y USD 7.000 millones en manos de estructuras criminales, una cifra equivalente al valor de toda la cosecha cafetera del país.El senador pidió diferenciar a los pequeños y medianos mineros tradicionales, quienes desde hace años piden formalización al Estado, de las estructuras armadas al margen de la ley que operan las dragas industriales."Yo le hago un llamado al gobierno nacional y también al gobierno americano, porque aquí estamos ante un problema de seguridad nacional, donde esto tiene que ser realmente adoptado y abordado como se aborda el problema de los cultivos ilícitos de coca a nivel nacional", indicó.Y es que según el senador, cada draga cuesta aproximadamente USD 200 millones, una inversión que descarta que se trate de minería artesanal.Durante un laboratorio académico de liderazgo liderado por Proantioquia en el municipio de El Bagre, se adelantó una visita a la empresa Mineros S.A., empresa formal con un título de explotación de minería de aluvión de 50.000 hectáreas."Encuentra uno la exploración y la explotación legal, y al frente del río, la extracción ilegal. Y creo que hay que dividir entre la formalización de nuestros pequeños y medianos mineros y mineros tradicionales, que llevan años rogándole al gobierno que lo legalice. Pero también ve 1 los que están explotando ilegalmente los recursos naturales", indicó.Espinal le pidió al Gobierno nacional que los recursos de la minería formal lleguen al Sistema General de Regalías, para que los municipios y departamentos de la región se beneficien.
La elección del santandereano Nelson Javier López Rodríguez, como senador, por el partido Cambio Radical, fue demandada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante una acción de nulidad electoral.La demanda fue presentada por Pablo Bustos Sánchez, quien solicita que se declare la nulidad de la elección de López para el periodo constitucional 2026-2030 y de los actos posteriores relacionados con su credencial y posesión.Según el documento radicado ante el Consejo de Estado, la demanda plantea una presunta inhabilidad electoral relacionada con el cargo que López ocupó en la Gobernación de Santander.El congresista se desempeñó como director de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de Santander. De acuerdo con la demanda, presentó su renuncia el 7 de marzo de 2025 y esta habría tenido efectos a partir del 8 de marzo de 2025. El demandante sostiene que, por las circunstancias de la fecha y la efectividad de la renuncia, López habría permanecido vinculado al cargo dentro del periodo que antecedió a las elecciones del Congreso de 2026.La elección de López para el Senado ocurrió el 8 de marzo de 2026. Los resultados electorales lo registran como uno de los senadores elegidos por la coalición Cambio Radical–Alma. El congresista Nélson López, quien hace parte de la poderosa familia política Tavera en Santander, alcanzó los 70 mil votos en el país. Tras conocerse la demanda, el senador señaló que interpondrá su derecho a la defensa y asegura que renunció a su cargo en la Gobernación de Santander en los tiempos establecidos por la ley electoral.El caso del senador Nélson López deberá ser estudiado por el Consejo de Estado, que determinará si los argumentos expuestos en la demanda tienen sustento jurídico y si existe o no la causal de inhabilidad alegada.
El agente especial interventor de Air-e, Ramiro Castilla, presentó ante la Comisión Quinta del Senado un panorama financiero crítico de la empresa, marcado por el bajo recaudo y una cartera vencida que ya asciende a 6.5 billones de pesos.Según explicó Castilla, Air-e factura mensualmente 395.178 millones de pesos, pero sólo logra recaudar 286.003 millones, lo que representa un recaudo del 72,37% y un faltante mensual de 109.174 millones de pesos. Ese recaudo, describe, varía significativamente entre los departamentos que atiende la empresa: en Atlántico llega al 80%, en Magdalena baja al 61% y en La Guajira se aproxima apenas al 50%.“El total de la cartera vencida negociable es de 6.5 billones de pesos. Nuestra cartera total supera los siete billones, porque incluye también la cartera que está siendo objeto de reclamo. Dejamos de recaudar o cobrar 109 mil millones de pesos mensuales producto de esa realidad socioeconómica, de algunas situaciones particulares de aquellos que teniendo los recursos no cancelan el servicio”, declaró Castilla.De los 109.000 millones de pesos que la empresa deja de recaudar cada mes, cerca de 60.000 millones corresponden a barrios eléctricamente subnormales. Lo que significa un porcentaje superior al 90% para los sectores subnormales y de los estratos 1 y 2, donde según él predominan los altos índices de pobreza y las conexiones fraudulentas.Castilla también reportó que las pérdidas de energía alcanzan el 29,4% en Atlántico, el 33,3% en Magdalena y el 41,9% en La Guajira. A esto se suma un desfase en la asignación de subsidios: mientras el estrato 1 debería recibir subsidios del 60% y el estrato 2 del 50%, actualmente se ubican en 37% y 21%, respectivamente.En materia financiera, el interventor indicó que la empresa acumula un EBITDA negativo de 1.84 billones de pesos, con un margen de -54,7%, lo que refleja que los ingresos operacionales no alcanzan a cubrir los costos directos de suministro.Las cuentas por pagar suman 5.7 billones de pesos, de los cuales 1.9 billones corresponden a deuda anterior a la intervención y 3.8 billones a deuda posterior. De esta última cifra, aclara Castilla, 3,3 billones corresponden a obligaciones con generadores y agentes del Mercado de Energía Mayorista.Sobre la infraestructura, el interventor reportó que la empresa opera actualmente 68 circuitos críticos, 13 transformadores sobrecargados y 5 líneas de alta tensión que funcionan por encima de su capacidad.Además, Air-e cuenta con 25 oficinas en tres municipios y atiende a 1.456.556 clientes, que representan más de 5 millones de usuarios, lo que la convierte en el tercer distribuidor energético del país, con una participación de mercado del 12%.Entre las medidas que se están evaluando para enfrentar la crisis, el interventor mencionó la necesidad de contener el crecimiento de la tarifa, restringir la contratación de compra de energía en el mercado no regulado, avanzar en la inscripción de fronteras ante XM y reforzar las sanciones contra el robo de energía.
La plenaria del Senado negó la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, promovida por su viaje a Santa Marta pocos días después de la emergencia ocasionada por el terremoto.La votación, que fue el primer punto del orden del día, terminó con 27 votos por el Sí y 71 por el No, por lo que la moción no prosperó.De manera simultánea estaba previsto que se desarrollara en la Cámara de Representantes el debate de moción de censura contra el funcionario. Sin embargo, esa corporación no pudo avanzar en el trámite debido a desacuerdos relacionados con el orden del día.Al producirse primero la votación en la plenaria del Senado, y al ser negada la moción, no procedía continuar con el debate en la otra cámara, de acuerdo con lo establecido en el artículo 135 de la Constitución Política.Tras conocer el resultado, el ministro Beltrán aseguró que la decisión permite darle continuidad a los planes que adelanta el Gobierno en materia de vivienda, agua potable y reconstrucción.“Yo creo que gana el país porque hay un plan, hay un trabajo, hay una ruta, y empezar de cero va a complicar el avance y el desarrollo del país. Pero poder continuar un proyecto, una meta, una ruta en torno a la reconstrucción y al desarrollo de la vivienda, del agua potable en el país va a generar un beneficio y una oportunidad de desarrollo”, afirmó.El ministro también se refirió a los trabajos que se adelantan luego del terremoto y a los retos que, según dijo, enfrentará el país en materia de agua por el fenómeno de El Niño.“Hoy lo que le puedo decir a los colombianos es tengan la tranquilidad. Llevamos 34 días trabajando arduamente, pero lo que se nos viene es aún más fuerte. Estamos avanzando en materia de reconstrucción del terremoto, pero ahora se nos viene el tema del fenómeno del Niño. En materia de agua para diferentes departamentos demanda un reto enorme”, señaló Beltrán.También sostuvo que el resultado de la votación representa, a su juicio, un respaldo a la continuidad de los proyectos del Gobierno y cuestionó los señalamientos que motivaron la moción.Con la decisión de la plenaria del Senado, quedó cerrado el trámite de la moción de censura en el Congreso por estos hechos.
La Sala Especial de Instrucción acusó al senador Didier Lobo Chinchilla por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, en una investigación relacionada con un contrato de suministro de alimentos en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, cuando se desempeñó como alcalde de ese municipio.El contrato tenía como objetivo entregar alimentos a menores de edad en riesgo de desnutrición y a madres lactantes. De acuerdo con la investigación, en el proceso se habrían presentado sobrecostos superiores a los $1.000 millones de pesos, relacionados con el elevado valor proyectado para los productos alimenticios.Con esta decisión, el expediente contra el senador Didier Lobo Chinchilla pasará ahora a la Sala Especial de Primera Instancia, que será la encargada de continuar con el proceso y determinar lo que corresponda dentro de esta investigación.El senador inició su carrera política como concejal de La Jagua de Ibirico, municipio del Cesar en el que posteriormente fue alcalde. Posteriormente, fue alcalde en los años 2012-2015.Pero también hizo parte de la legislatura 2018-2022, en donde integró la Comisión Quinta Constitucional Permanente del Senado de la República, y centró varias de sus intervenciones en asuntos relacionados con los ríos, los ecosistemas, el medio ambiente y los recursos destinados a las zonas de explotación minera y de hidrocarburos.
El senador Gustavo Moreno presentó ante el Congreso de la República una propuesta para que, durante los próximos tres años, los recursos recaudados a través del impuesto del 4x1.000 sean destinados a financiar la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto.“Es necesario hacerlo”, sostuvo el congresista santandereano al plantear que este mecanismo permitiría canalizar recursos hacia las comunidades afectadas por la emergencia en el occidente del país. La iniciativa hace parte de un proyecto de ley que, además de plantear una destinación temporal de recursos para la reconstrucción, propone desmontar gradualmente el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como 4x1.000."Esta tragedia nos obliga a revisar las prioridades. Y si, como ha sido anunciado, el Gobierno declara la Emergencia Económica, contará temporalmente con facultades legislativas para adoptar las medidas fiscales y presupuestales necesarias para enfrentar y conjurar la crisis. Es justamente en ese escenario en el que hacemos el llamado para que tenga en cuenta esta fuente de financiación", manifestó el senador. De acuerdo con la propuesta, el impuesto fue creado en 1998, durante la crisis financiera, con una tarifa inicial de 2x1.000 y con carácter de emergencia. Sin embargo, posteriormente fue incorporado de manera permanente al Estatuto Tributario.En 2001 la tarifa pasó a 3x1.000 y en 2003 aumentó a 4x1.000. En 2006 se eliminó la fecha de vencimiento de ese incremento, por lo que el gravamen quedó establecido de manera indefinida.El proyecto recuerda que en 2010, 2013 y 2014 el Congreso de la República aprobó normas encaminadas a reducir o eliminar el impuesto, pero las reducciones fueron aplazadas o sustituidas. Finalmente, en 2016 se abandonó el desmonte y se mantuvo la tarifa de 4x1.000.La iniciativa plantea una reducción gradual a partir de 2029: la tarifa pasaría a 3,5x1.000 ese año, a 3x1.000 en 2030 y continuaría disminuyendo medio punto por mil cada año hasta llegar a 0,5x1.000 en 2035.A partir del primero de enero de 2036, el impuesto sería eliminado definitivamente.El senador argumenta que el GMF encarece las transacciones financieras, puede desincentivar el uso de cuentas y medios electrónicos de pago y contribuir a una mayor utilización del efectivo, factores que, según la propuesta, afectan la inclusión financiera y pueden favorecer la informalidad."El desmonte sería gradual debido al impacto que tendría sobre los ingresos de la Nación. El proyecto contempla que el Ministerio de Hacienda realice un seguimiento anual al recaudo, los efectos fiscales y económicos y las medidas necesarias para compensar la disminución de ingresos", dijo el congresista. La discusión sobre el futuro del 4x1.000 también ha sido planteada por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien durante la campaña señaló que una reducción del tamaño del Estado permitiría disminuir las necesidades de recursos y, posteriormente, reducir la carga tributaria.De la Espriella también ha hablado de eliminar gradualmente el 4x1.000, al considerar que este impuesto puede generar mayores niveles de informalidad, particularmente por el uso excesivo del efectivo.Así, la propuesta presentada por el senador Gustavo Moreno pone nuevamente en el centro del debate nacional el futuro de un impuesto creado hace más de 25 años como una medida temporal y que terminó convirtiéndose en una fuente permanente de recursos para el Estado.En el caso de la propuesta del senador, el primer objetivo sería utilizar temporalmente esos recursos para atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto, mientras se mantiene un cronograma para el desmonte definitivo del impuesto.
A través de una carta enviada el 10 de agosto, el expresidente Gustavo Petro le pidió formalmente permiso al Senado de la República para salir del país durante un año para atender asuntos "personales y académicos", solicitud que fue aprobada este miércoles.Con 73 votos a favor y 11 en contra, la plenaria del Senado aprobó que el expresidente Gustavo Petro pueda salir del país durante un año, según lo solicitó al Congreso de la República. Esto da cumplimiento al numeral 3 del articulo 173 de la Constitución y el articulo 123 de la Ley 5ª de 1992.Durante el debate, la bancada del Centro Democrático presentó una proposición, firmada por los senadores Juan Espinal, Hernán Cadavid y Carlos Meisel, que finalmente fue acogida por la plenaria. La propuesta autoriza un permiso general, pero establece que el exmandatario deberá informar al Senado cada salida del país, con las fechas y los lugares específicos a los que viajará.“En cumplimiento con el artículo 196 de la Constitución Nacional de Colombia dar permiso durante la vigencia de un año para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como presidente de la Republica”, indicó el expresidente en su carta para poder salir del país.Por su parte, Hernán Cadavid y Alfredo Deluque habían pedido que la solicitud fuera más explícita y que se precisaran aspectos como los motivos de los viajes, los destinos y el tiempo que Petro permanecería fuera del país.Tras la votación, el senador Iván Cepeda agradeció a la plenaria y al Centro Democrático por la proposición que permitió aprobar la autorización.“Quiero agradecer a la plenaria el haber votado la proposición que fue sometida por, en este caso, el Centro Democrático y autorizar la salida a la que tiene derecho el señor presidente, expresidente Gustavo Petro”, señaló Cepeda.¿Por qué el expresidente debe pedir permiso para salir del país?El expresidente Gustavo Petro debe solicitar autorización al Senado para salir de Colombia durante el año siguiente al término de su mandato debido a una disposición establecida en la Constitución Política.El artículo 196 señala que quien haya ejercido la Presidencia de la República no puede ausentarse del país durante el año siguiente a la fecha en que dejó el cargo sin autorización previa del Senado.Por esta razón, tras culminar su periodo presidencial el pasado 7 de agosto de 2026, Petro envió una comunicación formal a la Mesa Directiva del Senado para solicitar permiso para salir de Colombia durante el año posterior a la terminación de sus funciones.
Tras la culminación de su periodo presidencial el pasado 7 de agosto de 2026, el expresidente Gustavo Petro envió una comunicación formal a la Mesa Directiva del Senado de la República. En el documento, solicita autorización para salir de Colombia durante el año posterior al término de su mandato.La petición formulada por el exjefe de Estado deberá someterse a consideración y votación de la plenaria del Senado en su próxima sesión programada.La exigencia legal obedece a lo estipulado en el artículo 196 de la Constitución Política de Colombia. La norma fija que la persona que haya ejercido la Presidencia no puede ausentarse del país durante el año siguiente a la fecha de cesación de sus funciones sin la autorización previa del Senado.El mandato constitucional no implica la continuidad de funciones ejecutivas ni la conservación de la condición de mandatario en ejercicio. Se trata de una restricción especial diseñada específicamente para quienes dejan la jefatura del Estado.Existe una distinción en el mecanismo legal mientras se ejerce el cargo y al culminarlo:Durante el mandato: el presidente en ejercicio puede viajar al exterior informando de forma previa al Senado o a la Corte Suprema de Justicia si el Congreso está en receso.Tras dejar la Presidencia: durante los 12 meses posteriores a la entrega del mando, es obligatorio obtener el aval previo y votado por la plenaria del Senado.Carta de Petro al SenadoEn el texto remitido a la corporación, Petro citó el numeral 3 del artículo 173 de la Constitución y el artículo 323 de la Ley 5 de 1992. Esta última legislación reglamenta el procedimiento interno del Congreso para tramitar los permisos de salida del territorio nacional a los expresidentes.De acuerdo con la carta, el exmandatario requiere la autorización para viajar durante un año con el fin de atender compromisos de carácter personal, social, político y académico.Dado que su periodo finalizó el 7 de agosto de 2026, la restricción legal sobre su movilidad internacional se extenderá hasta el 7 de agosto de 2027.La plenaria del Senado de la República deberá discutir la solicitud y votar si otorga o deniega el permiso en los términos solicitados en la misiva.
Aún sin completarse la primera semana desde que dejó el cargo en la Presidencia de la República, el expresidente Gustavo Petro solicitó formalmente un permiso para poder salir del país durante el próximo año y envió una carta personal a la mesa directiva del Senado para poder hacerlo.La carta -enviada el 10 de agosto- fue enviada bajo el cumplimiento del numeral 3 del articulo 173 de la Constitución y el articulo 123 de la Ley 5ª de 1992 para solicitar el permiso del Senado para poder salir del territorio nacional durante un año.En esta carta, el expresidente explicó sus razones para poder salir del país y todo bajo el marco de ley, respetando la normativa y leyes de la Constitución.La razón por la que Petro busca salir del país un añoDe acuerdo con el expresidente, la razón por la que saldrá del país será para “atender asuntos personales y académico” sin dar mayores detalles de cuáles son estas diligencias que necesitan de su presencia fuera del territorio.“En cumplimiento con el artículo 196 de la Constitución Nacional de Colombia dar permiso durante la vigencia de un año para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como presidente de la Republica”, indicó.Esta es la carta completa de Petro al Congreso para salir del país“Asunto: Solicitud de autorización de salida del país. Respetados miembros de la Mesa Directiva y Senadores de la República:En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 173 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 323 de la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso), me dirijo a ustedes para solicitar respetuosamente la autorización previa de la Plenaria del Senado de la República para salir del territorio nacional.En cumplimiento con el artículo 196 de la Constitución Nacional de Colombia dar permiso durante la vigencia de un año para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como Presidente de la Republica.Agradezco de antemano se disponga lo pertinente para que la presente solicitud sea sometida a consideración y votación de la Honorable Plenaria del Senado de la República en la sesión más próxima”.
Un joven de 20 años fue asesinado a tiros este viernes en Floridablanca, Santander, después de salir de su vivienda para encontrarse con un hombre que, según el relato entregado a las autoridades, llevaba desde el día anterior insistiendo en que se reunieran para hablar. Tras el ataque, la Policía logró aprehender a un adolescente de 16 años, señalado preliminarmente de estar involucrado en el crimen.La víctima fue identificada como Yeison Damián Pérez Gómez, quien recibió múltiples impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, el homicidio ocurrió hacia las 11:30 de la mañana en la carrera 45 con calle 146C, en vía pública.De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, Pérez Gómez habría recibido varias llamadas y mensajes de un hombre conocido con el alias de ‘Japonés’, quien le pedía que saliera de su vivienda para encontrarse. Finalmente, el joven salió y aproximadamente 15 minutos después su compañera sentimental recibió una llamada en la que le informaron que había sido atacado.La reacción de los uniformados de la zona permitió ubicar y aprehender a un adolescente de 16 años, quien sería conocido con el mismo alias de ‘Japonés’ y quedó a disposición de las autoridades competentes para el proceso correspondiente.En la vía, investigadores de la Sijín encontraron 11 vainillas calibre 9 milímetros y dos proyectiles, además de un teléfono celular. La inspección técnica al cadáver y la recolección de elementos materiales probatorios quedaron a cargo de Policía.Las autoridades manejan de manera preliminar las hipótesis de sicariato y ajuste de cuentas, aunque el móvil y las circunstancias que rodearon el homicidio hacen parte de la investigación.La Policía también adelanta la revisión de cámaras de seguridad y entrevistas para establecer qué ocurrió antes y durante el ataque y determinar la responsabilidad del adolescente aprehendido.
El Consejo de Estado decretó, en primera instancia, la pérdida de investidura del expresidente del senado Iván Leónidas Name Vásquez, al considerar probado que incurrió en tráfico de influencias por su actuación relacionada con recursos de la UNGRD y el trámite de las reformas del Gobierno Nacional en el Senado.La investigación se concentró en la entrega de dinero que recibió Iván Name de funcionarios de esa entidad, específicamente Olmedo López y Sneyder Pinilla. Según lo establecido por la corporación, esos recursos estuvieron vinculados a un acuerdo para favorecer desde el Senado el avance de proyectos promovidos por el Gobierno Nacional.“El señor Sneyder Pinilla, quien se desempeñó como subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, declaró ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Corte Suprema de Justicia, que el señor Olmedo López, director de la mencionada Unidad para esa época, le ordenó conseguir 4 mil millones de pesos para entregar 3 mil millones al entonces presidente del Senado de la República, Iván Leonidas Name, ‘para aceitar las reformas del gobierno en el Congreso’”, se lee en el fallo.Entre las iniciativas que se buscaba impulsar estaba la reforma pensional, de forma deliberada. El entonces senador, que ocupó la Presidencia del Senado durante la legislatura 2023-2024, habría utilizado su posición dentro de la corporación para facilitar el trámite de estas reformas.Es que incluso, el Consejo de Estado concluyó que Iván Name dejó de presidir 14 de las 16 sesiones plenarias en las que se debatió la reforma pensional en 2024 y permitió que la senadora María José Pizarro asumiera la conducción de esos debates, sin que existiera una ausencia o una imposibilidad material que lo justificara.“Cedió dicha posición, sin sustento legal o fáctico alguno, a la senadora María José Pizarro, no obedeció a una situación accidental o circunstancial, sino a un patrón de conducta reiterado, que no encuentra justificación constitucional y legal, pues, no se explica por qué, al no mediar ausencias, vacancias o la imposibilidad -material- demostrada para ejercer la presidencia, el accionado prescindiera de la labor que le fue encomendada”, señala el Consejo de Estado.En el expediente también fueron vinculados los entonces altos funcionarios Carlos Ramón González y Sandra Ortiz, dentro de los hechos relacionados con la entrega de los recursos y las gestiones para respaldar las iniciativas del Gobierno.“También en septiembre de 2023, se reunieron en una sala del Palacio de Nariño, antes de ingresar al consejo de ministros, Sandra Ortiz, Carlos Ramón González y él, y que el señor González detalló la forma en que se haría la entrega de los 3 mil millones al señor Name, para lo cual, Sandra Ortiz, propuso realizar un desayuno con el señor Name en la habitación 2312 del hotel Tequendama Suites, donde ella pernoctaba”, se indica en el fallo.El Consejo de Estado estableció además que el dinero tenía origen en recursos públicos que estaban destinados a atender necesidades del departamento de La Guajira. Para la corporación, el acuerdo terminó comprometiendo el ejercicio del mandato y el principio de representación democrática.La decisión señala que la actuación de Iván Name se apartó de los principios de integridad, rectitud, pulcritud y decoro que deben caracterizar el ejercicio de su función como senador y que los legisladores deben actuar en función del interés general.Por estos hechos, el alto tribunal concluyó que el tráfico de influencias quedó debidamente comprobado y aplicó la máxima sanción en materia de investidura.Se trata de una decisión de primera instancia, por lo que todavía están previstas las etapas judiciales correspondientes. Sin embargo, la consecuencia establecida por el Consejo de Estado es clara: si la decisión queda en firme, Iván Name quedará definitivamente impedido para regresar al Congreso de la República.
La incertidumbre sobre el paradero de siete personas de las que no se conoce su paradero en el marco del conflicto armado en Colombia, podría terminar para sus familias en el departamento del Atlántico, luego de que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, iniciara la exhumación de varios cuerpos en el cementerio del Municipio de Luruaco.Los trabajos para la recuperación de siete cuerpos iniciaron desde ayer jueves y se extenderán hasta la próxima semana. De acuerdo con Daniela Zuluaga, antropóloga de la Unidad en la seccional de Sucre, que apoya las labores en Atlántico, los trabajos se ordenaron luego de la recolección de información en la que ayudó el propio sepulturero del cementerio.Zuluaga recuerda que el municipio de Luruaco está ubicado en un corredor que fue utilizado por grupos al margen de la ley para el desarrollo de actividades ilícitas, entre ellas, la desaparición de personas, por lo que no descartan que varias personas cuyo paradero es desconocido, puedan estar enterradas en el campo santo.“Las investigaciones nos han dado elementos que posiblemente personas que sacaban de Barranquilla, de Cartagena o de municipios fronterizos o cercanos pudieran haber sido trasladados por este corredor, luego asesinados y después dejados en zonas rurales. También tenemos casos que obedecen a muertes en combate”.De acuerdo con la antropóloga, la Unidad de Búsqueda cuenta con un banco genético en la que reposan la información de las familias que están buscando a sus seres queridos desde el año 2016 hacia atrás. Estas información es cruzada con el ADN recopilado de los huesos de los cuerpos exhumados a fin de lograr establecer la plena identidad de las víctimas, para que sus familias puedan por fin descansar.
El sueño por más de 40 años de tener una terminal aérea digna para uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia, sobre el litoral pacífico, empezó a hacerse realidad con la entrada en funcionamiento de la terminal de pasajeros del aeropuerto José Celestino Mutis, en el municipio de Bahía Solano, Chocó.Se trata de una ambiciosa apuesta por reinvertir recursos del departamento en un territorio con una riqueza natural inigualable, provenientes del Sistema General de Regalías, y en esta fase inicial por más de 31 millones de pesos.La gobernadora Nubia Carolina Córdoba destacó la infraestructura como una posibilidad de impulsar desde el turismo la economía del departamento fuertemente golpeada por el terremoto del pasado 10 de agosto."Esto es una de nuestras apuestas más grandes para la reactivación económica con posterioridad al sismo de 7.4. Por eso nos esforzamos tanto en que este aeropuerto pudiera ponerse en funcionamiento, aún cuando no ha terminado ni la temporada de ballenas", declaró la mandataria.Para los solaneños y visitantes atrás quedaron las épocas en las que en casetas improvisadas operaban las aerolíneas comerciales, recibían equipajes y se realizaban trámites administrativos.Ahora una moderna infraestructura equipada con salas de espera, locales comerciales, áreas especiales para carga y baños, se convierten en orgullo de la región y la puerta de entrada para una de las zonas con mayor afluencia de visitantes, especialmente durante la famosa temporada de ballenas."El aeropuerto era un techito de zinc con palos y las maletas y la oficina de las aerolíneas queda en unas casitas al frente. El llamado de los viajeros se hacía gritando y con una lista en la mano. No podía se que un sitio tan importante para el turismo y para la biodiversidad, no solo de Colombia, sino del mundo recibiera de esa manera a turistas", añadió Andrés Felipe Durán, guía de la zona.Por su parte Leonel Valencia, alcalde de Bahía Solano destacó la nueva terminal aérea como la posibilidad de potenciar la industria pesquera, clave para el desarrollo del territorio."Nosotros, el primer eslabón de la economía que mueve al municipio que es el turismo, y esta obra va a implantar favorablemente para que más turistas puedan visitarnos. Y en el tema local, nosotros también vivimos de la pesca, de la pesca artesanal a través de medidas como la cepa, y hace que los productores, que los pescadores artesanales puedan colocar sus productos en menos de 24 horas desde que los sacan del mar y llevarlos a los restaurantes de todo el país", explicó.La entrega de la terminal hace parte de la primera fase del proyecto que además contempla su cerramiento perimetral de seguridad, la torre de control, la base de bomberos y la construcción y ampliación de la pista en la que avanza el Ejército Nacional.Se espera que estos espacios continúen entregándose en los próximos meses comprometiendo 12 mil millones de pesos adicionales. Por ahora hasta la zona tienen cobertura comercial las aerolíneas Satena, Clic y Moonflights.
José Camilo Manzur Jattin presentó su renuncia a la presidencia de la Asociación Colombiana de Distribuidores y Comercializadores de Energía Eléctrica ( Asocodis) cargo que ocupó durante los últimos 20 años.De acuerdo con el gremio, durante su gestión acompañó a las empresas afiliadas en un periodo de transformaciones para el sector eléctrico y promovió propuestas técnicas relacionadas con la prestación de un servicio público de calidad, sostenible, suficiente, confiable y con amplia cobertura.Las 21 empresas afiliadas a Asocodis expresaron su agradecimiento a Manzur por su liderazgo y compromiso con el fortalecimiento del sector de distribución y comercialización de energía eléctrica.Tras su salida, la Junta Directiva de Asocodis iniciará los procesos institucionales correspondientes para garantizar la continuidad de la gestión gremial.Manzur deja la presidencia para asumir nuevos retos profesionales dentro del sector energético. Según el comunicado, hará parte de la nueva Junta Directiva de Ecopetrol, en momentos en los que el sector enfrenta desafíos como la llegada del fenómeno de El Niño y los retos asociados a la transición energética del país.