¿Qué significa para el ciudadano del común el hundimiento de la reforma tributaria?
Un alivio inmediato en impuestos, pero un 2026 más apretado en crédito, empleo y gasto público.
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La caída definitiva de la ley de financiamiento o reforma tributaria le da a los hogares y a las empresas un respiro en el corto plazo: no habrá nuevos tributos ni descuentos adicionales en nómina. Pero detrás de ese alivio aparece una presión fiscal que terminará golpeando el crédito, la inversión pública y, en consecuencia, el bolsillo de los colombianos el próximo año.
El Congreso archivó la reforma que ampliaba la base tributaria y creaba nuevos impuestos. Con ello frenó un aumento de cargas que habría reducido el ingreso disponible de las familias y la liquidez empresarial. Sin embargo, la decisión dejó un hueco de $16,3 billones que el Gobierno deberá cubrir con recortes, deuda o aplazamientos de obras, según un análisis de la firma Crowe Co. En palabras del informe, el país “gana tiempo, pero no estabilidad”.
En principio, el impacto es positivo porque se evita un incremento de impuestos para las familias y las unidades productivas, en especial las micro, pequeñas y medianas empresas. Igualmente, se protege el ingreso disponible y se evita que se aplicaran tributos regresivos o nuevas cargas sobre dividendos, patrimonio o renta
La decisión también bloquea los gravámenes propuestos para 2026: impuestos a dividendos, al sector financiero y a los combustibles, además de incrementos en tarifas corporativas. Para los ciudadanos de a pie, el mensaje es claro: no habrá nuevos descuentos en nómina ni alzas en la declaración de renta. Y para las pymes, significa caja preservada y menos presión sobre su rentabilidad.
Pero ese respiro tiene costo. Crowe advierte que el Gobierno deja de recaudar recursos esenciales para inversión social y obras públicas. En otras palabras, se esquiva el golpe de más impuestos, pero no la necesidad de financiar el Estado sin desajustar la regla fiscal.
Sin la nueva carga tributaria, sectores como minería, banca y energía evitan un aumento en la tarifa de renta que habría restado competitividad. Colombia preserva atractivo tributario y seguridad jurídica en un momento de incertidumbre regional.
Aun así, el efecto podría ser temporal. El Ejecutivo deberá encontrar pronto una fórmula para sostener la inversión, controlar la deuda y evitar que el ajuste fiscal enfríe la economía en 2026.
De acuerdo con Hacienda, los $16,3 billones que no entrarán al Presupuesto de 2026 obligarán a recortes y aplazamientos. Arbeláez lo explica: “El Gobierno pierde 16,3 billones que esperaba recaudar, por lo que la salida inmediata será ajustar el gasto público y recortar la inversión para poder cuadrar cuentas”.
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Ese ajuste presionará la deuda y mantendrá altas las tasas de interés. “En este panorama solo queda la vía de endeudarse más, lo que prolongará las tasas altas y ralentizará la economía. Las familias terminarán pagando cuotas más altas por sus créditos y un mayor costo de vida promedio por más tiempo”, advierte el experto.
Con menos inversión pública, también cae la contratación en infraestructura, tecnología y programas sociales. Las micro y pequeñas empresas proveedoras del Estado enfrentarán mayor presión de caja y posibles recortes de personal, lo que terminará afectando consumo y empleo.
El Congreso detuvo un aumento de impuestos, pero no borró el déficit. Hogares y compañías ganan un margen para organizar sus finanzas, aunque deberán hacerlo con cautela: el reloj fiscal ya está en cuenta regresiva y el país aún no define cómo tapará el hueco de 16,3 billones.