La reforma tributaria propuesta por la Alcaldía de Bogotá avanzó este miércoles, 9 de septiembre, en el Concejo de Bogotá, luego de ser aprobada en primer debate por la Comisión de Hacienda. Tras la decisión, el alcalde Carlos Fernando Galán calificó el resultado como un “avance muy importante” para la capital.Galán destacó el trabajo realizado por los concejales durante la discusión y resaltó que, pese a las diferencias frente a algunos puntos de la iniciativa, fue posible llegar a un texto modificado que, según dijo, tiene como prioridad el futuro de la ciudad.“En medio de diferencias, logramos un acuerdo mejorado que pone el futuro de Bogotá en el centro de la discusión”, aseguró el alcalde.El mandatario también agradeció a los ponentes, a los integrantes de la Comisión de Hacienda y a los demás concejales que participaron en el debate. Según Galán, la discusión se desarrolló con argumentos y respeto, algo que espera que se mantenga durante el segundo debate.La iniciativa llegará ahora a la plenaria del Concejo, donde deberá surtir el segundo debate antes de continuar, en caso de ser aprobada, con el trámite correspondiente para convertirse en acuerdo distrital.Uno de los puntos que generó mayor discusión durante el trámite fue el incremento de las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para las entidades financieras.El texto aprobado contempla que el ajuste se aplique de manera gradual durante tres años. De acuerdo con lo planteado durante el debate, la tarifa comenzaría en 20 por mil, posteriormente pasaría a 19 por mil y finalmente quedaría en 18 por mil.La modificación fue planteada después de las críticas de sectores como Asobancaria y Colombia Fintech, que habían advertido sobre los posibles efectos del aumento del impuesto en el costo de los créditos y en las decisiones de inversión de bancos y empresas tecnológicas.Desde estos sectores también se ha señalado que una mayor carga tributaria podría incentivar el traslado de algunas operaciones hacia otros municipios.Colombia Fintech, por ejemplo, celebró la posición del concejal Julián Uscátegui, quien votó en contra de la reforma. Gabriel Santos, presidente ejecutivo del gremio, calificó como “valioso” que haya concejales que, según sus palabras, defiendan al sector tecnológico y al emprendimiento en Bogotá.La Secretaría de Hacienda, entretanto, ha defendido la necesidad del ajuste y sostiene que las entidades financieras tienen actualmente una tributación inferior al promedio de otros sectores.Tras el resultado en la Comisión de Hacienda, el alcalde aseguró que la administración distrital está preparada para continuar la discusión en la plenaria.Galán también reconoció el trabajo de la Secretaría de Hacienda y, en particular, de Ana María Cadena, al señalar que el trabajo técnico y financiero de esa dependencia es fundamental para que el Distrito pueda cumplir sus objetivos.El mandatario manifestó su confianza en que el segundo debate mantenga el tono de la discusión que, según su balance, se dio en la Comisión de Hacienda.La reforma deberá superar ahora el segundo debate en el Concejo de Bogotá. Si obtiene nuevamente el respaldo de los cabildantes, continuará su trámite para posteriormente ser sancionada por el alcalde Carlos Fernando Galán.
Durante la tarde de este miércoles, 9 de septiembre, fue aprobado en primer debate en el Concejo de Bogotá la reforma tributaria propuesta por la alcaldía de Carlos Fernando Galán, propuesta que había sido criticada por varios sectores al considerar que dicha medida podría encarecer los créditos de las entidades financieras, en cuanto a las modificaciones que tiene la propuesta en el ICA.La reforma si bien fue aprobaba se hizo con algunos ajustes en sus artículos, uno de los cambios que tendrá y quizás uno de lo más polémicos es la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio para los bancos, pues esta tasa pasará del 14 por mil al 18 por mil, pero lo hará de manera gradual durante tres años, es decir, en el primer año el ICA para las entidades será del 20 por mil, el siguiente año del 19 por mil y posteriormente pasará al 18 por mil y se mantendrá en ese valor para los años siguientes.“Se conformó una pequeña comisión para proponer una gradualidad y progresividad durante los próximos tres años para que arranque en 20 y termine en 18”, señaló el Concejal de Alianza Verde, Julián Sastoque.Este aumento progresivo en la tasa ICA se dio luego de que entidades como Asobancaria y Colombia Fintech cuestionara la modificación al impuesto propuesta por Galán.Según estas entidades, el ajuste se traducirá, antes o después, en créditos más caros para los hogares, las empresas e incluso los emprendedores.También advirtieron que la medida incentivaría a bancos y fintech a trasladar operaciones e inversiones a otros municipios, con el riesgo de pérdida de empleo y actividad económica para la capital. Para el sector, el incremento equivale a un alza del 50% frente a lo que se cobra actualmente por este impuesto.Frente a esto, la Secretaría de Hacienda aseguró que el sector tributa por debajo del promedio y que el cambio no debería golpear a los usuarios.Ahora, esta propuesta continúa su trámite en el Concejo de Bogotá y de ser aprobada en segundo debate pasará a sanción por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.Desde la Secretaría de Hacienda, señalaron que la aprobación de la reforma fue la decisión correcta, ya que como administración buscan dejar una mejor ciudad.“Realmente, lo que siento es que esta era la decisión responsable. Yo no aplaudo y no me regocijo en pensar que alguien tenga que pagar más impuestos, Pero yo, con toda honestidad, debo decirles que esto es necesario para la ciudad. Y les doy muchas gracias por tomar una decisión difícil, y les aseguro que lo único que nosotros queremos es dejar algo mejor para esta ciudad, y les pido disculpas porque, pues, no pensé que me fuera a poner de esta manera y lo lamento. Pero quiero que sepan que lo único que nosotros queremos es dejar una ciudad mejor”, señaló la secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana Maria Cadena.
El debate del Presupuesto General de la Nación ha entrado en una fase de alta tensión legislativa tras levantarse la sesión en las comisiones económicas debido a la inasistencia de los ministros del despacho.El senador Carlos Meisel, integrante de la Comisión Cuarta del Senado por el partido Centro Democrático, calificó este episodio como una "falta de comunicación" y un "error todavía subsanable", pero insistió en que el Ejecutivo debe asumir con total seriedad la defensa de un proyecto complejo en medio de un panorama fiscal sumamente retador.Ausencia de ministros y el deber de "dar la cara"Para el senador Meisel, la ausencia de las cabezas de las carteras ministeriales en el Congreso impide avanzar de forma transparente en las discusiones presupuestales. El legislador fue enfático al señalar la urgencia de su asistencia presencial en las comisiones: "en medio de una crisis fiscal tan grande como la que tiene el país y usted que está pidiendo unos recursos, recursos que son finitos y en estos momentos escasos, usted tiene que dar la cara no solamente al Congreso, al país y explicar para qué quiere los recursos...".El congresista ilustró la descoordinación del gabinete mencionando la actuación del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien se ausentó de la comisión económica argumentando que estaba en la Comisión Séptima del Senado.Meisel criticó esta postura argumentando que "el ministro de vivienda ayer va a un debate de control político en la Comisión Séptima... y le pide 4 billones de pesos del presupuesto a la Comisión Séptima, que no es la que aprueba el presupuesto, y a la que aprueba el presupuesto se ausentó con la excusa válida de que estaba en la comisión séptima".Ante esto, propuso flexibilidad legislativa para escuchar a otros ministros que sí puedan asistir, instando respetuosamente al Gobierno a "mejorar esa coordinación, nada más y echemos para adelante porque este país necesita muchas cosas y hay poquita plata y muchas necesidades".La incertidumbre sobre el financiamiento de los gastos de 2027Una de las principales preocupaciones de la oposición radica en la viabilidad financiera de la propuesta del Ejecutivo. Meisel calificó el proyecto como un presupuesto "difícil" donde el Gobierno sincera los gastos para el 2027, pero alertó sobre la ausencia de fuentes claras de financiamiento."Es difícil porque no se ven los ingresos para cubrir esos gastos y eso también hay que decírselo al gobierno con total claridad y es que nos preocupa mucho la la proyección del aumento, por ejemplo, de 109 billones de pesos en recursos de capital...".No obstante, Meisel reconoció de manera positiva que la administración esté evaluando un plan de reducción de gastos en lugar de recurrir exclusivamente a la vía impositiva. "Este país se ha venido malacostumbrando a que en todos los déficit... cada vez que hay un déficit se mira solamente en la partida de ingresos para aumentar los impuestos", explicó, señalando que la oposición espera con expectativa el plan de recorte del Gobierno para nivelar el déficit paulatinamente en el cuatrienio.Una relación institucional frente al "trato clientelista"Al ser consultado sobre las supuestas tensiones entre el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y varios congresistas de las comisiones económicas, Meisel desestimó la necesidad de mantener un vínculo personal estrecho."A mí no me interesa tener una buena relación personal con Miguel Gómez, lo que me interesa es ayudarlo porque este país no está para titubeos y lo que me interesa es que les vaya bien...".El senador abogó por relaciones transparentes e institucionales, afirmando que "entre más público sean las relaciones, más le conviene primero a la lucha de la corrupción y ese trato clientelista".Escuche aquí la entrevista:
El presidente Abelardo De La Espriella anunció que el Gobierno presentará ante el Congreso una reforma tributaria que, entre otras cosas, propondrá eliminar el impuesto al patrimonio. “No vamos a castigar más a quienes generan riqueza en nuestra patria”, dijo.Durante su discurso de posesión, el presidente aseguró que se trata de una reforma estructural al sistema tributario, con la que busca simplificar el esquema de impuestos, combatir la evasión y generar mejores condiciones para la inversión, la producción y el empleo. El mandatario señaló que esta iniciativa hará parte de las primeras medidas para ordenar las finanzas del país.De La Espriella aseguró que recibe una economía afectada por un crecimiento del gasto público y un aumento del endeudamiento, por lo que planteó la austeridad como uno de los primeros objetivos de su administración. Sin embargo, aclaró que los recortes no afectarán a los sectores más vulnerables. “La austeridad no recaerá sobre quienes más necesitan la protección del Estado”, afirmó, al tiempo que prometió preservar los programas destinados a esta población.En materia tributaria, el presidente anunció que la reforma tendrá como uno de sus principales objetivos reducir la complejidad del sistema y enfrentar la evasión. “Mi Gobierno presentará una reforma estructural del sistema tributario para simplificarlo”, sostuvo.El mandatario también aseguró que su Gobierno buscará recuperar la confianza de los empresarios y convertir a Colombia nuevamente en un destino atractivo para la inversión. En ese sentido, afirmó que se impulsarán condiciones para aumentar la producción, las exportaciones y la generación de empleo. También se refirió a los trabajadores informales, a quienes prometió facilitar el acceso a la formalidad, al crédito y a nuevas oportunidades económicas.Otro de los puntos centrales de su discurso económico estuvo relacionado con la independencia del Banco de la República. De La Espriella aseguró que respetará la autonomía de la institución y señaló que su equipo económico tendrá la tarea de recuperar el prestigio del país ante los mercados internacionales.Además de la reforma tributaria, De La Espriella anunció medidas para fortalecer el sector energético y recuperar a Ecopetrol, incluyendo una política de mayor exploración y producción de hidrocarburos y la autorización del “fracking responsable y sostenible” bajo estándares técnicos y ambientales.
En medio de la presentación de la alianza estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el gobierno electo de Abelardo De La Espriella con un financiamiento por $9.000 millones de dólares, el ministro designado de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció que en septiembre se estaría presentando el proyecto de ley de reforma tributaria, una vez se presente el plan de ajuste fiscal.“Primero vamos con el plan de ajuste, esa es la prioridad (…) Tenemos que hacer una austeridad muy fuerte que además va a durar varios años”, aseguró el ministro Gómez Martínez.El funcionario designado también se pronunció frente al proyecto de reforma tributaria radicado esta semana por el gobierno saliente y la bancada del Pacto Histórico como inconveniente y mal orientada.“Me parece que es muy injusto con los colombianos ponerlos a pagar la parranda de este gobierno y que a mí me recuerda un poco a esos borrachos que cuando llega el momento de pagar se van y desaparecen. Eso me parece que es lo que le están haciendo a los colombianos con la reforma y yo espero que el Congreso la archive”, agregó Gómez Martínez.El jefe designado de la cartera económica advirtió sobre los riesgos de mantener altos niveles de déficit y endeudamiento, y reiteró la urgencia de estimular la inversión y el crecimiento económico.
A dos semanas de concluir el periodo constitucional del gobierno del presidente Gustavo Petro, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) presentó una nueva propuesta de reforma tributaria que busca un recaudo de 22 billones de pesos. La iniciativa, que representa el cuarto intento del Ejecutivo por ajustar los ingresos del Estado, plantea modificaciones en impuestos como el IVA a los combustibles, ajustes al tributo sobre el patrimonio y cambios en las exoneraciones parafiscales de los empleadores.En entrevista con Mañanas Blu, el director de la Dian, Carlos Betancourt, explicó las razones del Ejecutivo para radicar el proyecto de ley a pocos días del cambio de mando y detalló las principales medidas que contempla la propuesta fiscal.Razones de PEtro y debate sobre la responsabilidad fiscalAnte los cuestionamientos por presentar un proyecto de ley al término del mandato, el director de la Dian justificó la medida bajo tres argumentos principales referentes a la administración de las finanzas públicas y el ordenamiento constitucional."Hay 3 aspectos que tener en cuenta. El primero es que pues todo gobierno tiene la responsabilidad fiscal y las autoridades fiscales tienen la responsabilidad de presentar alternativas para el ajuste de las finanzas públicas, incluso hasta el último momento", dijo Carlos Betancourt.Según el funcionario, el manejo de las finanzas públicas recae en tres componentes: el recaudo tributario, la gestión del gasto y el endeudamiento. Betancourt afirmó que el actual Gobierno ya realizó un recorte superior a los 30 billones de pesos en el gasto público y que el 93 % de este es inflexible, destacando que el 85 % de la nómina estatal corresponde a personal de la fuerza pública, salud y la rama judicial.Asimismo, indicó que la Constitución prevé que el Congreso saliente debe tramitar iniciativas hasta el final de la legislatura y que la propuesta busca abrir la discusión sobre el ajuste fiscal que deberá afrontar la próxima administración.Modificaciones al IVA en combustibles e impacto en la canasta familiarUno de los puntos clave del proyecto es el incremento en la tarifa del IVA para la gasolina y el diésel, que pasaría del 5 % actual al 19 %. Sobre la relación entre esta medida y el costo de vida, el director de la Dian afirmó que la iniciativa no afecta directamente los productos alimenticios ni los servicios básicos."Nosotros no tocamos nada de lo que tenga que ver con la comida, con todos los pagos de los servicios, etcétera, que son los componentes fundamentales de la canasta familiar", dijo.Al ser consultado sobre el efecto del transporte de carga en los precios de los alimentos, Betancourt sostuvo que el incremento en el precio del galón de combustible no superará los 450 pesos y que se contempla una aplicación progresiva entre los años 2027 y 2028. Añadió que la medida se alinea con recomendaciones internacionales orientadas a la reducción de subsidios a los combustibles fósiles y al fomento de la transición energética.Cambios en el impuesto al patrimonioRespecto a la tributación sobre el capital, la propuesta establece cobros para las personas naturales con patrimonios líquidos superiores a 2.100 millones de pesos, descontando el valor del inmueble de vivienda hasta por determinado tope, fijando el umbral efectivo de tributación alrededor de los 2.700 a 2.800 millones de pesos.Betancourt precisó el número de contribuyentes que estarían alcanzados por este gravamen según los rangos de patrimonio:Entre 2.100 y 3.700 millones de pesos: 76.000 contribuyentes, con una tarifa efectiva del 0.2 %.Entre 3.600 y 6.500 millones de pesos: 17.000 contribuyentes.Entre 6.000 y 12.000 millones de pesos: 8.000 contribuyentes, con una tarifa efectiva del 1.3 %.Patrimonios superiores a 13.000 millones de pesos: 2.900 contribuyentes, con tarifa efectiva del 2.8 %.Patrimonios superiores a 151.000 millones de pesos: 66 contribuyentes.En total, la entidad calcula que cerca de 104.000 personas estarían cobijadas por el impuesto al patrimonio.Modificación en exoneración de aportes parafiscalesEl proyecto de ley incluye una modificación al artículo 114 del Estatuto Tributario, que regula la exoneración del pago de aportes a salud, SENA e ICBF por parte de los empleadores. Actualmente, las empresas están exentas de estos pagos por los trabajadores que devengan hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). La propuesta reduce dicho tope, aplicando la exoneración únicamente para los empleados que perciban hasta 3 salarios mínimos.Al respecto, el director de la Dian señaló: "El artículo 114 del Estatuto Tributario establece una exoneración para los empresarios que tengan sus empleados con hasta 10 salarios mínimos. Entonces la idea es pasar a exoneración hasta apenas 3 salarios mínimos"El funcionario sostuvo que la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas mantienen trabajadores con salarios inferiores a los 3 SMMLV, por lo que la afectación se concentraría en ciertos segmentos empresariales dentro de la meta de ajuste fiscal.Ejecución presupuestal y gasto socialDurante la entrevista se mencionaron informes sobre la contratación estatal y el volumen del gasto público en el transcurso del periodo presidencial. Frente a las cifras presentadas por organizaciones como Transparencia por Colombia sobre la firma de contratos de prestación de servicios, Betancourt manifestó no contar con los datos específicos de dicho informe al momento de la entrevista.El director de la Dian argumentó que el incremento histórico del gasto responde al diseño constitucional de 1991, el cual asigna responsabilidades en gasto social mientras limita las fuentes directas de financiamiento monetario. Detalló que las partidas presupuestales del Gobierno saliente se destinaron principalmente a programas sociales, la compra y formalización de cerca de dos millones de hectáreas para la reforma agraria, subsidios monetarios directos y el fortalecimiento salarial y logístico de la fuerza pública.
El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, lanzó una dura advertencia sobre el estado crítico de las finanzas públicas de Colombia y el riguroso plan de ajuste económico que implementará la administración entrante a partir del próximo 7 de agosto. En entrevista con Mañanas Blu, Gómez fue tajante al diagnosticar la situación fiscal del país y asegurar que el Estado debe frenar de inmediato el gasto desmedido.Gómez cuestionó con severidad el anuncio del ministro saliente, Germán Ávila, sobre radicar una nueva reforma tributaria por 30 billones de pesos el próximo 20 de julio, tildándola como "la constancia del fracaso de la política de las finanzas públicas del gobierno saliente".De acuerdo con el ministro entrante, el desbalance financiero actual es insostenible: entre enero y abril el Estado gastó un promedio de 40 billones de pesos mensuales, mientras que solo recaudó 28 billones de pesos, generando un déficit mensual de 12 billones.El funcionario designado aclaró que, si bien la administración de De la Espriella contemplará una reforma fiscal propia, esta tendrá un enfoque radicalmente opuesto al actual. No buscará ahogar a los contribuyentes vigentes, sino estimular el crecimiento económico y la inversión privada para aumentar el recaudo de forma orgánica.Reducción del EstadoPara contrarrestar una deuda pública que ya supera los 1.200 billones de pesos, lo que, en palabras del ministro entrante, es equivalente a que cada niño colombiano nazca debiendo 20 millones de pesos, el equipo económico adelanta una estricta revisión rubro por rubro de los presupuestos de 2025 y 2027. El objetivo principal es lograr que el presupuesto general comience a disminuir en términos reales, creciendo por debajo de la inflación.Al ser consultado sobre el rediseño institucional y el recorte de la burocracia, Gómez confirmó que se estudian opciones técnicas complejas para la fusión de entidades y ministerios."Tener 19 ministerios, eso pues no tenemos con qué pagarlo. Es así de sencillo, no hay plata para pagar 19 ministerios, y ministerios además con unas nóminas que crecen y crecen innecesariamente. Entonces tenemos que hacer ese apretón", puntualizó.Finalmente, Gómez aclaró que la reforma del Estado requiere de un trámite legislativo riguroso en el Congreso y que las opciones finales están siendo evaluadas por otro equipo del empalme. Además, calificó como "irresponsable" el anuncio de desobediencia civil pacífica hecho por el sector político de Iván Cepeda, señalando que dicha postura antepone intereses políticos por encima de la urgente estabilidad económica del país.
El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, lanzó una fuerte advertencia tras la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, afirmando que el documento evidencia la crítica situación en la que la actual administración dejará las finanzas públicas del país."Finalmente, el gobierno reconoce el estado calamitoso en que entrega las finanzas. Le anuncia a los colombianos que se requiere una reforma tributaria que es el 150% más grande que la mayor reforma tributaria de la historia. Con gran desvergüenza le dice a los hogares colombianos que se preparen para pagar muchos más impuestos, ya que ellos decidieron gastarse los recursos del futuro de los trabajadores, familias y empresas colombianas", aseguró a través de su cuenta en X.La reacción del líder de los empresarios se dio tras las declaraciones del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien señaló que el próximo Gobierno tendrá que tramitar un ajuste fiscal de entre 1,4% y 1,6% del PIB para garantizar el financiamiento del año 2027. Según la cartera, este recaudo es indispensable para estabilizar la deuda y cubrir el déficit operacional, presionado por los costos de la deuda interna.Este fuerte cruce de posturas se genera a pocos días de que los colombianos acudan a las urnas para la segunda vuelta presidencial este 21 de junio. Según el Ministro de Hacienda se contempla que, además de la reforma de $30 billones, el mandatario entrante deberá aplicar un recorte obligatorio en el gasto de funcionamiento, una realidad presupuestal que añade presión inmediata a las propuestas económicas de las campañas que aspiran a la Casa de Nariño.
El presidente que Colombia elegirá en las urnas estes 21 de junio tendrá que llegar a la Casa de Nariño con una tribuaria debajo del brazo, según el balance que presentó hoy el gobierno saliente de Gustavo Petro.De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo se requieren entre 1.4% y 1.6% del PIB en ajuste fiscal para financiar el año 2027. "Un incremento en los ingresos tributarios y en los ingresos generales del gobierno, que hemos estimado en un promedio del 1.4 a 1.6 puntos del pib a partir del año 2027, y esto avocaría a la representación ante el Congreso de la República en el contexto de este Pacto Fiscal de propuestas de ajuste en materia tributaria, y también en otros campos de la posibilidad de incrementar los ingresos, reduciendo la la la evasión, reduciendo y e incrementando la capacidad de intervención, sobre todo, de la DIAN" aseguró el ministro de Hacienda, Germán Ávila.Según Avila se quiere también un ajuste en materia de gastos del gobierno. Cómo ejemplos, el gobierno puso la exoneración del pago de aportes a salud y pensión para algunas empresas o la entrega de subsidios eléctricos que podría ser más eficiente en el futuro. "El gobierno es consciente de que se requiere un esfuerzo importante en términos de tributarios, y por eso, como lo mostraba el ministro, y como también ahorita lo mencionaba Cristian, es requerido que el próximo gobierno, independientemente de cuál sea, haga el trabajo necesario en términos de legislativo para poder sacar adelante una reforma tributaria que pueda compensar, digamos, la situación fiscal que tengamos hoy", aseguró el viceministro de Hacienda, Camilo Rey.El Congreso de la República hundió el año pasado la propuesta de reforma tribuaria por 26 billones de pesos que presentó la administración de Gustavo Petro.El Comité Autónomo de la Regla Fiscal estimó que este año el recorte de gastos tendría que ser de unos 32.1 billonws de pesos para financiar las obligaciones del año 2026.
El Gobierno nacional buscará unos 16 billones de pesos con la nueva reforma tributaria que llegará al Congreso en los próximos días, según aseguró el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en entrevista con Meridiano Blu.La presentación de esa reforma con mensaje de urgencia fue una orden del presidente Gustavo Petro durante una alocución de media hora el pasado martes, dedicada a la disputa con el Banco de la República.Ávila no adelantó detalles del contenido de esa reforma, pero el propio presidente había dicho ya que el objetivo es revivir las medidas de la emergencia económica hundida por la Corte Constitucional. El paquete incluía mayores impuestos a licores y cigarrillos, mayor IVA para compras por Amazon, aumento del impuesto al patrimonio de personas naturales, entre otras.El ministro de Hacienda también adelantó que el Gobierno podría enfocar los eventuales recortes al presupuesto en proyectos de infraestructura para proteger el gasto social."Hay proyectos de infraestructura, proyectos de inversión que serían necesario revisar antes que revisar los esfuerzos de activación de la producción, activación de la economía, atención a la población de menores ingresos y atención de los programas sociales", agregó el funcionario.La difícil situación de las finanzas públicas ha llevado a incrementos en las tasas de interés que paga elGobierno colombiano y propició la decisión de Standard & Poor's de reducir la calificación de riesgo del país de BB a BB-.
El presidente Gustavo Petro volvió a lanzar fuertes críticas contra el Banco de la República, el Congreso y el sistema político, luego del hundimiento de la reforma tributaria y la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de tumbar la emergencia económica decretada por su Gobierno.Las declaraciones se dan luego de que la Sala Plena del alto tribunal tomara la decisión con una votación de 6 a 2, dejando sin efecto la emergencia económica que había sido expedida tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. Según el Gobierno, esa emergencia tenía un valor cercano a 16,3 billones de pesos y hacía parte de los recursos previstos para enfrentar la situación fiscal del país.En medio de este escenario, Petro insistió en que el Gobierno radicará nuevamente una ley de financiamiento en el Congreso. El mandatario señaló que la iniciativa busca garantizar que se recauden más impuestos, especialmente a los sectores con mayores ingresos, y reiteró que esta sería la quinta vez que se intenta avanzar con una reforma de este tipo.Durante sus declaraciones, el jefe de Estado también ordenó al ministro de Hacienda recortar el gasto público."Yo sí creo que hay que recortar el gasto, pero el gasto que transfiere el dinero público a los ricos más ricos de Colombia así nos intenten meter presos o matar", señaló.Además, advirtió que la crisis no puede ser asumida por los trabajadores y cuestionó que no se aprueben impuestos a los sectores más adinerados del país.Petro aseguró que el rechazo a estas reformas ha sido reiterado y atribuyó parte del problema al Banco de la República y a decisiones políticas y judiciales. En ese sentido, afirmó que el país ha perdido varias oportunidades de aprobar cambios tributarios que permitan reducir el costo de la deuda pública y aumentar el recaudo.Asimismo, sostuvo que las decisiones en torno a la emergencia económica y la reforma tributaria afectan la capacidad del Estado para financiar sus obligaciones, y señaló que el aumento de la deuda implica una transferencia de recursos hacia los tenedores del sistema financiero.Además, el presidente añadió que el fallo de la Corte Constitucional es una decisión que afecta los recursos destinados a la atención de víctimas."La sentencia de la Corte Constitucional de la Corte Constitucional es contraria a la sentencia de la Corte que obliga al Estado a indemnizar las víctimas, porque les está quitando los recursos", dijo el mandatario.No obstante, en el decreto de emergencia económica no estaba orientado o destinado a la indemnización de víctimas del conflicto armado.Finalmente, Petro insistió en la necesidad de un acuerdo político y reiteró que el Gobierno continuará insistiendo en la presentación de una nueva reforma tributaria ante el Congreso.
A través de un pronunciamiento en la red social X, el Partido Conservador Colombiano rechazó la nueva reforma tributaria anunciada por el presidente Gustavo Petro en la alocución del pasado martes y aseguró que no se trata de una política responsable para financiar el desarrollo del país.La colectividad señaló que la propuesta, enmarcada en las medidas para enfrentar el alza de las tasas de interés hecha por el Banco de la República, sería una maniobra para imponer más impuestos a las familias con fines electorales, en medio de lo que califican como urgencias políticas del Gobierno.El partido también defendió la autonomía del Banco de la República y afirmó que una institución independiente es clave para seguir combatiendo la inflación, a la que describen como el peor impuesto que pagan los colombianos porque reduce la capacidad adquisitiva de las familias y golpea especialmente a los más vulnerables.Según el comunicado, el déficit fiscal que el Gobierno busca resolver con más impuestos sería consecuencia del exceso de gasto público, lo que terminaría trasladando el costo a las familias mientras el Ejecutivo continúa aumentando el gasto.Finalmente, el partido afirmó que el país necesita orden y disciplina fiscal, así como un gobierno que entienda que los recursos públicos no son ilimitados.
La Superintendencia de Industria y Comercio multó con más de 140 millones de pesos a la empresa de productos para el cabello de la influencer Epa Colombia, Productos EPA Colombia S.A.S., por vulnerar los derechos de los consumidores.Los análisis se centraron en los productos acondicionador Kolors (Post Cuidado) y Keratina (verde) 300 ml.La entidad revisó la página web de la compañía y encontró, por ejemplo, que no existía información completa para los consumidores sobre cómo ejercer el derecho de retracto, en qué página web puede presentar una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio, o cómo se puede ejercer el derecho de retracto.Además, la entidad resaltó que en algunos productos se indica a los consumidores que la compañía no se hace responsable cuando el consumidor los adquiere a través de terceros, lo que en la práctica estaría limitando el derecho a la garantía."La SIC recuerda a los proveedores que las ventas por internet deben garantizar a los consumidores información clara, completa y oportuna, así como el respeto de los derechos reconocidos por el Estatuto del Consumidor", señaló la entidad.Productos EPA Colombia S.A.S. tiene la posibilidad de apelar la decisión.
En la mañana de este miércoles se registró un ataque con drones contra el radar 3D de la Aeronáutica Civil, ubicada en el corregimiento de El Carmelo, zona rural de Candelaria, Valle del Cauca.La comunidad de la zona reportó haber escuchado por lo menos tres explosiones en la zona y, al verificar lo que estaba sucediendo, evidenciaron que los explosivos estaban dirigidos contra esta estructura.El radar había sido instalado en el año 2025, y pretendía apoyar la vigilancia aérea de las operaciones aéreas y detectar aeronaves clandestinas. Según testigos, ese radar fue el blanco del ataque.“Atención, la guerrilla está atacando con drones las antenas”, expresó con angustia un habitante de la zona.La comunidad de El Carmelo tuvo que buscar refugio en viviendas y en lugares seguros mientras pasaba el ataque. El ataque se registró a pocos kilómetros de Cali.En desarrollo.
La implementación de inteligencia artificial en las empresas no depende únicamente de escoger el modelo o la herramienta más avanzada. Para JumpCube, compañía dedicada a la implementación de soluciones de IA para organizaciones, existen cuatro factores que deben analizarse desde el comienzo de cualquier proyecto: costo, independencia, velocidad y control.La compañía sostiene que estos elementos pueden determinar si una iniciativa de inteligencia artificial consigue integrarse de manera sostenible a una operación empresarial o si, por el contrario, termina generando costos adicionales y una dependencia mayor de proveedores o de personas específicas.El planteamiento de JumpCube surge en medio de un debate internacional sobre el uso responsable y seguro de la inteligencia artificial, especialmente frente a los riesgos asociados con el manejo de datos, los permisos de acceso y el uso de diferentes modelos dentro de las organizaciones.Costo: el precio de la IA no se limita a la herramientaUno de los factores identificados por JumpCube es el costo total de implementación. Para la compañía, analizar únicamente cuánto cuesta una plataforma o modelo de inteligencia artificial no permite determinar el verdadero impacto económico de una solución.También deben tenerse en cuenta el tiempo que destinan los equipos de trabajo y el consumo de tokens durante la operación.Mauricio Lince, CEO de JumpCube, explicó que una implementación requiere pruebas y ajustes, pero señaló que el análisis de costos debe hacerse desde las primeras etapas del proyecto.“El costo no es solo cuánto vale la herramienta, es cuánto tiempo de la gente y cuántos tokens consume el proceso completo”, afirmó Lince.Bajo este enfoque, el objetivo de una transformación basada en IA debería ser reducir el costo total de un proceso y no simplemente trasladarlo a otro proveedor o sustituir un gasto por otro.Independencia tecnológica para evitar depender de un solo modeloLa segunda variable planteada por JumpCube es la independencia. La compañía señala que la competencia entre diferentes modelos de inteligencia artificial hace relevante que las organizaciones puedan seleccionar distintas tecnologías dependiendo de la tarea que necesiten resolver.Según Lince, las empresas no deberían quedar atadas a un único proveedor si existen diferentes modelos que pueden ofrecer características, costos o capacidades distintas.Esta independencia, de acuerdo con la empresa, también se relaciona con las personas que participan en los procesos de implementación. El objetivo es evitar que una operación crítica dependa exclusivamente del conocimiento o disponibilidad de un trabajador determinado. Para JumpCube, la tecnología debe permitir que los procesos puedan mantenerse dentro de la organización y no quedar concentrados en individuos específicos.Velocidad: cuánto tarda una empresa en llevar la IA a su operaciónEl tercer factor es la velocidad de ejecución. JumpCube plantea que una solución de inteligencia artificial que tarda varios meses en llegar a la operación puede perder parte del valor que pretendía generar. La compañía diferencia entre la rapidez con la que una persona puede realizar una tarea y la velocidad con la que puede ejecutarse un proceso completo.Este aspecto cobra especial importancia, según la empresa, en sectores donde los tiempos de respuesta pueden tener un impacto directo en la relación con los clientes. El sector asegurador es mencionado como uno de los ejemplos en los que la velocidad de los procesos puede ser relevante para la operación.Desde esta perspectiva, la implementación de IA no debería medirse únicamente por la capacidad del modelo, sino también por el tiempo requerido para convertir esa capacidad tecnológica en un proceso funcional dentro de la empresa.Control y gobernanza: qué ocurre con los datos y los accesosEl cuarto elemento señalado por JumpCube es el control sobre el uso de la inteligencia artificial. A medida que las organizaciones incorporan modelos de IA en diferentes áreas, la compañía considera necesario mantener visibilidad sobre la manera en que los empleados y los sistemas utilizan estas herramientas.Esto incluye aspectos como los accesos, el consumo y las acciones ejecutadas por los diferentes copilotos o procesos automatizados.Gateway de IA para centralizar la gobernanzaComo parte de este enfoque, JumpCube desarrolló un Gateway de IA, una plataforma orientada a centralizar la gobernanza de los copilotos y procesos relacionados con back office y servicio al cliente.De acuerdo con la información entregada por la compañía, esta plataforma permite tener visibilidad sobre accesos, uso y consumo de los modelos utilizados dentro de las organizaciones.El Gateway fue presentado recientemente en Texas y hace parte de la estrategia de JumpCube para mantener los controles sobre la utilización de inteligencia artificial dentro de las operaciones empresariales.Uso responsable de inteligencia artificial desde el diseñoJumpCube también relaciona estos cuatro factores con la discusión sobre seguridad y uso responsable de la inteligencia artificial.La compañía sostiene que los controles no deberían incorporarse únicamente después de que se presente un incidente, sino que deberían formar parte del diseño inicial de cada proyecto.Entre los mecanismos que plantea están la definición de permisos sobre las acciones que puede realizar cada copiloto, la trazabilidad de sus operaciones y la delimitación de la información que puede procesar. El objetivo, según la compañía, es que las organizaciones mantengan claridad sobre qué pueden hacer sus sistemas de IA y sobre los datos a los que pueden acceder.JumpCube apuesta por acompañar todo el proceso de implementaciónLa compañía sostiene que su propuesta busca diferenciarse de los proveedores que concentran su oferta en la venta de un modelo o una herramienta tecnológica. Según JumpCube, su trabajo comprende cuatro etapas: diagnóstico, implementación, gobernanza y soporte.La empresa utiliza una comparación para explicar este enfoque. Mientras una herramienta de inteligencia artificial sería el “tractor”, JumpCube plantea que también es necesario construir la “granja”, es decir, toda la estructura tecnológica y operativa necesaria para que la herramienta funcione dentro de una organización.De acuerdo con la compañía, esta metodología busca que los cuatro factores —costo, independencia, velocidad y control— permanezcan bajo consideración durante toda la operación y no únicamente durante la puesta en marcha de un proyecto.JumpCube y su expansión internacionalJumpCube es una compañía de implementación de inteligencia artificial para empresas con presencia en sectores como banca, salud, retail, agroindustria, logística y asociaciones gremiales.Según la información suministrada por la empresa, actualmente tiene operaciones en Colombia, Perú, Chile, Argentina y México. En 2026 comenzó además un proceso de expansión hacia Estados Unidos y España.La compañía señala que fue reconocida como AWS Rising Star 2026 y que cuenta con alianzas como partner de Anthropic y OpenAI.JumpCube proyecta cerrar 2026 con un crecimiento del 130%, de acuerdo con las cifras incluidas en el comunicado.En este contexto, la empresa plantea que el desafío para las organizaciones no consiste únicamente en incorporar inteligencia artificial, sino en establecer desde el comienzo las condiciones necesarias para controlar sus costos, mantener independencia tecnológica, acelerar la ejecución y garantizar una gobernanza adecuada de los datos y procesos.
La Media Maratón de Bucaramanga FCV tendrá este año un nuevo recorrido con el propósito de reducir las afectaciones que la competencia genera en la movilidad de la ciudad. La carrera se realizará el próximo domingo 18 de octubre y espera reunir a más de 50.000 participantes.El nuevo trazado fue definido por la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV) en conjunto con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y las autoridades locales. Entre las vías que harán parte de las rutas están el puente de Girón, la carrera 17, la calle 61 y la vía circunvalar cercana a las Unidades Tecnológicas de Santander.Víctor Raúl Castillo, presidente de la FCV, explicó que la modificación busca facilitar el tránsito durante la jornada sin afectar el desarrollo de la competencia.“Esta vez hay una modificación del recorrido a la luz de que queremos generar menos complicaciones en el tráfico de la ciudad. Entonces hicimos algunas modificaciones, pero que no alteran para nada la actividad deportiva”.Una de las condiciones que se tuvieron en cuenta fue mantener el acceso hacia corredores estratégicos y zonas asistenciales, entre ellas el Hospital Universitario de Santander y la Clínica Comuneros.La edición número 23 también tendrá cambios en las distancias y categorías. La prueba recreativa pasará de 5K a 6K y la competencia de 21K contará con una categoría de veteranos para mayores de 40 años. Además, la bolsa de premios superará los $100 millones, con reconocimientos para las diferentes categorías y para quienes establezcan nuevas marcas.Castillo destacó que el propósito de la carrera va más allá de la competencia y busca promover la actividad física entre personas de diferentes edades.“Esta carrera queremos que sea muy familiar. Que la familia salga con los papás, con los abuelos, con los nietos, con los hijos, con los perros y hagan un recorrido por la ciudad muy agradable, que la corran, la caminen, pero lo importante es que salgan a hacer ejercicio”.La competencia contará además con participación internacional. Corredores de Ecuador, Brasil, Perú, República Dominicana, Italia, Bélgica y Kenia estarán en las diferentes distancias. Entre los atletas élite confirmados están los kenianos Joseph Kiptum, Titus Mbishei, Lilian Jelagat y Samuel Komon, además de los ecuatorianos Carmen Toaquiz, bicampeona de los 21K de Medellín, Mary Granja y Diego Arévalo.Como parte del componente social de la Media Maratón se mantendrán la carrera de trasplantados y la participación de pacientes del programa de falla cardíaca de la FCV, quienes se han preparado con sus equipos de salud para participar en la competencia.Las inscripciones estarán abiertas hasta la primera semana de octubre. La distancia recreativa de 6K es gratuita, mientras que quienes quieran adquirir el kit oficial deberán pagar $140.000 para esta distancia. Para las pruebas de 10.5K y 21K, el valor es de $195.000.La inscripción se puede realizar a través de la página oficial de la Media Maratón de Bucaramanga FCV.
Tras la realización de la asamblea extraordinaria de accionistas de Ecopetrol en la que quedó conformada la nueva junta directiva de la estatal petrolera, el presidente del órgano directivo, el doctor Luis Felipe Henao, dio a conocer las tres líneas fundamentales que guiarán el rumbo de la empresa. Según explicó Henao, las prioridades inmediatas se concentran en ejecutar una auditoría forense con rigor técnico, evitar el desabastecimiento energético del país ante el fenómeno del Niño y retomar decisivamente la exploración de hidrocarburos. Auditoría forense y judicialización de hallazgos de corrupciónEl primer pilar anunciado por la junta directiva se enfoca en el esclarecimiento total de las irregularidades internas y el aseguramiento de evidencias para su posterior judicialización. El presidente de la junta enfatizó en Mañanas Blu, la necesidad de "apostarle lo que señalaba Felipe esta mañana y es tener una auditoría forense, decir la verdad con completa poder establecer punto de rigor técnico, qué pasó, cuánto costó y quiénes deben responder".De igual forma, recalcó que "sin verdad pues no hay confianza y si confianza pues no puede volver la inversión". Actualmente, el comité de auditoría —liderado por el exvicecontralor Ricardo Rodríguez G.— ha identificado preliminarmente más de 32 casos emblemáticos. Entre las investigaciones figuran presuntos pagos por nombramientos, el contrato de Covington & Burling, negocios de gas y paneles solares, mantenimientos de plantas y el caso de Termomorichal.Respecto a este último, Henao aclaró que no se tiene confirmado si el venezolano Alejandro Betancourt estuvo involucrado, pero garantizó que todas las pruebas se encuentran resguardadas bajo cadena de custodia. Asimismo, confirmó que la salida del presidente encargado, el ingeniero Juan Carlos Hurtado, se dio tras la revelación de unos audios por parte de la prensa.Al ser un emisor registrado ante la SEC y cotizar en la Bolsa de Nueva York, Ecopetrol contempla llevar estos hallazgos ante la justicia de Estados Unidos (SEC y Departamento de Justicia) por posibles violaciones a la ley de valores e irregularidades contables. Henao recordó la magnitud financiera en juego al señalar que "Ecopetrol es una empresa que ejecuta 80 millones de pesos por minuto".Plan de contingencia frente al fenómeno del NiñoEl segundo frente prioritario busca evitar que el país sufra un apagón ante un fenómeno del Niño de alta intensidad, que podría reducir los embalses a niveles cercanos al 13%. Frente a este escenario, Henao resaltó la relevancia operativa de la compañía al afirmar que "Ecopetrol es la única empresa que puede mover al mismo tiempo las tres palancas que sostiene la generación, que es todo el tema del diésel, el gas y su propia energía".Para responder a esta contingencia, la petrolera trabaja en asegurar más de 34.000 barriles diarios de diésel y combustóleo, además de aportar gas para encender más de 1.240 MW de energía térmica. Igualmente, se impulsan proyectos logísticos y de importación de gas en Buenaventura y Puerto Bahía.Reactivación de la exploración y soberanía energéticaPor último, la junta directiva determinó retomar la senda inversionista y la exploración de gas y petróleo propio para reducir la dependencia de moléculas importadas. Henao cuestionó la falta de exploración previa advirtiendo que "una petrolera que no explora, que fue lo que pasó los 4 años pasados, pues se va liquidando en cara maralenta".Para recuperar este eje, la empresa coordinará con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la oferta de nuevas áreas y reactivará proyectos no convencionales. Finalmente, se espera el nombramiento expedito del nuevo presidente definitivo para ejecutar estos lineamientos. Escuche aquí la entrevista:
