La senadora Sara Castellanos y la representante a la Cámara Carol Borda, del partido Salvación Nacional, radicaron una denuncia contra el expresidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, por presuntas conductas relacionadas con el uso de su investidura e influencia institucional “para favorecer vinculaciones contractuales estatales destinadas, presuntamente, a satisfacer intereses particulares de naturaleza sexual”.La acción se fundamenta principalmente en las declaraciones públicas realizadas por Deicy Jiménez durante las últimas semanas. Además, las congresistas hacen referencia a publicaciones de distintos medios sobre contratos con el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior, entre 2021 y 2026.“¿Se utilizaron contratos del Estado para obtener beneficios personales? Esa es una de las graves preguntas que deben responder las autoridades frente a los señalamientos que involucran al expresidente Gustavo Petro. Se han reportado 10 contratos a nombre de Deicy Alejandra Jiménez por cerca de 133 millones de pesos y presuntos vínculos entre esas contrataciones y beneficios personales”, dijo la senadora Sara Castellanos.En la denuncia, las congresistas también hacen referencia al video de aproximadamente 54 segundos divulgado por Deicy Jiménez el pasado 4 de noviembre en su cuenta de Instagram, que ella presentó como prueba de sus afirmaciones.En el documento, Castellanos y Borda solicitan que, dependiendo de los resultados de las investigaciones, se examine la posible configuración de conductas como tráfico de influencias de servidor público, concusión, cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.No obstante, en el documento se lee que estas calificaciones “tienen carácter estrictamente preliminar y alternativo o eventual, según los hechos que se acrediten. No se afirma que los tipos penales concurran automáticamente entre sí, ni que un encuentro íntimo o una contratación estatal sean ilícitos por sí mismos”.Las congresistas también piden que se determine si las actuaciones atribuidas al expresidente podrían constituir indignidad por mala conducta, y si eventualmente existiría mérito para formular una acusación ante el Senado.Las pruebas que solicitan las congresistasEntre las diligencias solicitadas se encuentra recibir la declaración de Deicy Jiménez, recopilar los expedientes contractuales de las entidades involucradas y verificar si existieron recomendaciones, presiones o instrucciones para favorecer su contratación.Adicionalmente, solicitan una evaluación técnica del video divulgado por Jiménez, con el propósito de establecer su autenticidad, fecha, integridad y eventual relación con los hechos denunciados, garantizando la protección de la intimidad de las personas involucradas.La denuncia también pide incorporar las comunicaciones públicas del expresidente y de su defensa en las que niegan la existencia de intercambios contractuales.
La Ley de Sometimiento ya cuenta con las firmas de los presidentes del Senado de la República, Honorio Henríquez, y de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, luego de haber superado su trámite legislativo en el Congreso el día de ayer, 3 de noviembre de 2026, tras más de 12 horas de debate.El documento también fue firmado por los secretarios generales de ambas corporaciones, Diego González, del Senado, y Miguel Ángel Sánchez, de la Cámara de Representantes, como consta en la última página del texto aprobado.La iniciativa que modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, busca desmontar la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro y además, establece un marco jurídico para que los integrantes de organizaciones armadas ilegales y estructuras criminales se sometan a la justicia ordinaria.“Acabo de firmar la Ley de Sometimiento, aprobada ayer en la plenaria de la Cámara de Representantes, para que pase a sanción presidencial. Colombia necesita recuperar la autoridad, fortalecer la justicia y dejar claro que quienes han cometido delitos deben responder ante la ley”, afirmó Barguil.Con las firmas de los presidentes del Congreso, la iniciativa cumple esta etapa del trámite legislativo y queda pendiente de la sanción presidencial, que se espera que sea firmada el día de hoy, ya que el plazo límite es antes de la media noche de este 4 de noviembre.
La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la ley de sometimiento con 95 votos a favor y 10 en contra, luego de más de 12 horas de discusión. Los representantes respaldaron el mismo texto que había sido aprobado previamente por el Senado de la República, por lo que la iniciativa superó su último debate en el Congreso y quedó lista para pasar a sanción presidencial.Tras la votación, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que durante el trámite se ofrecieron garantías a los sectores de oposición y que algunas de sus proposiciones fueron incorporadas al articulado.“Creo que aunque haya muchas personas de la oposición con una molestia, creo que se le dieron todas las garantías. El gobierno también recibió proposiciones de ellos, se incorporaron, pero obviamente era un proyecto del gobierno y se obtuvo el respaldo después de un amplio debate”, afirmó el ministro.Cancino también destacó que la iniciativa no contempla la suspensión de órdenes de captura ni de extradiciones y que establece condiciones para la entrega de bienes por parte de quienes se sometan.Frente a la posibilidad de que el texto presente errores, el ministro reconoció que no hay ley perfecta, pero señaló que el Gobierno realizó un trabajo muy dedicado con dos equipos de trabajo.“Creo que ahí no vamos a encontrar, esperemos ningún error, ya estarán aquí revisando, mañana se publicará y esperemos que se sancione y sea ley de la República el día 4 de noviembre del año 2026, la primera ley del gobierno de Abelardo De La Espriella”, agregó.Por su parte, el representante a la Cámara Daniel Briceño, ponente de la iniciativa, aseguró que con esta aprobación termina el modelo de paz total del anterior Gobierno y comienza un nuevo esquema de sometimiento a la justicia.“Primero, no habrán gestores de paz. Segundo, no habrán mesas de negociación. Tercero, no se le suspenderá a nadie aquí la orden de captura ni la extradición”, afirmó el congresista, quien agregó que los responsables del reclutamiento de menores no podrán acceder a los beneficios contemplados en la ley.¿Cuáles son los principales cambios de la Ley de Sometimiento?Entre los ajustes aprobados durante el trámite legislativo está el endurecimiento de las condiciones para acceder a las rebajas de penas. Para los delitos relacionados con lavado de activos y testaferrato, se amplió de uno a seis años la pena mínima de cárcel exigida para acceder a los beneficios jurídicos.Asimismo, se estableció que quienes hayan sido condenados por reclutamiento de menores de edad o sean responsables de vincular a niños, niñas y adolescentes a estructuras criminales no podrán recibir el tratamiento penal diferenciado.En cuanto a las sanciones, la iniciativa contempla rebajas de hasta el 50% de las penas para los integrantes de base de las organizaciones criminales. Para los cabecillas y quienes ejerzan funciones de mando, la reducción será de hasta el 30%, sin que la condena pueda ser inferior a diez años de prisión.Cabe recordar que durante el trámite en ambas cámaras fue eliminado el artículo 25, que contemplaba la posibilidad de utilizar gastos reservados del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.Con la aprobación del mismo articulado en Senado y Cámara, el proyecto concluyó su trámite legislativo y quedó a la espera de la sanción presidencial.
El representante a la Cámara por el Partido de la U y coordinador ponente de la iniciativa, Víctor Raúl Salcedo, lanzó una dura advertencia sobre el estado actual de la reforma pensional promovida por el Gobierno Nacional, calificándola categóricamente como una "bomba jurídica y fiscal". En entrevista radial, el congresista detalló los vicios de procedimiento ocurridos durante la tramitación del proyecto en la plenaria de la Cámara de Representantes y cuestionó la viabilidad de las decisiones tomadas para subsanar los errores señalados por la Corte Constitucional.Vicios de trámite, "pupitrazos" y atropello a las proposicionesSegún explicó Salcedo, el trámite de la norma se desarrollaba de manera regular hasta el tercer debate; sin embargo, en el cuarto debate en la plenaria de la Cámara, la mesa directiva optó por acoger de forma apresurada el texto aprobado por el Senado con el fin de evitar el vencimiento de la legislatura. El representante denunció que esta maniobra impidió debatir las modificaciones presentadas por los congresistas."Lo grave es que no nos dio la posibilidad de discutir 800 proposiciones que habían de los artículos radicadas en esa plenaria para ser precisamente puestas a consideración", aseveró Salcedo al describir el proceder de la plenaria.El coordinador ponente criticó además los intentos posteriores de la mesa directiva por subsanar los vicios procedimentales ordenados por la Corte Constitucional, señalando que se citó a sesiones sin contar con la providencia oficial y sin la configuración de quórum decisorio en momentos clave. Grave impacto fiscal y amenaza a la sostenibilidad financieraMás allá de las fallas de procedimiento, Salcedo enfatizó que el aspecto más crítico de la reforma radica en su falta de sostenibilidad fiscal. En ese sentido, cuestionó medidas como la reducción de semanas de cotización para mujeres por cada hijo y la inclusión de regímenes especiales para ciertas comunidades, afirmando que respondieron a acuerdos políticos de última hora sin el debido soporte presupuestal.El congresista recordó que el propio Ministerio de Hacienda emitió certificaciones que evidencian el alto costo de estas medidas e hizo un llamado a la responsabilidad en la administración de los fondos públicos. En su declaración más contundente, advirtió sobre las consecuencias para los ciudadanos: "Si nosotros no nos convencemos que hay que aprobar una reforma que tenga sostenibilidad fiscal, la tragedia más grande será cuando no haya con qué pagar las pensiones de los ahorros de los colombianos".Incertidumbre legal y un debate que llegará a los tribunalesEl representante concluyó señalando que, incluso si la Cámara aprueba los artículos devueltos por la Corte, el futuro de la ley seguirá bajo un ambiente de profunda incertidumbre jurídica. Entre los interrogantes planteados, Salcedo mencionó la posible extemporaneidad del proyecto al superar el límite de legislaturas permitido por la Ley Quinta y la necesidad de conciliar los textos con el Senado.Asimismo, anticipó que diversos sectores ya anuncian demandas no solo contra la aprobación de los artículos reabiertos, sino contra las decisiones de la propia Corte Constitucional, lo que mantendrá la reforma en un limbo legal.Escuche aquí la entrevista:
La plenaria de la Cámara de Representantes negó tres proposiciones de los artículos 11, 14 y 19 de la Ley 2381, conocida como reforma pensional, cuya aprobación ordenó subsanar la Corte Constitucional, por el vicio de trámite en la aprobación del texto en 2024 y luego se reincidió en errores cuando se pretendió corregirlos.Se trató de una aprobación por unanimidad con 94 votos, es decir, todos los congresistas presentes, a excepción del artículo 11 que fue 93 por el no y 1 por el sí.El representante a la Cámara Octavio Cardona explicó las razones por las cuales se negaron las proposiciones, es decir, no tendrían cambios."Una que los cálculos actuariales y los bonos pensionales fueran manejados desde el Departamento Nacional de Planeación, lo cual va en contravía del manejo que le viene dando el Ministerio de Hacienda; la segunda que se dejara en libertad a los fondos para que las inversiones se realizaran de manera autónoma y eso va en contra de la responsabilidad del Estado de controlar la plata que es individual, los fondos no pueden hacer lo que quieran con esa plata; y la tercera era una proposición que tenía como propósito que los fondos pudieran garantizar que la plata era de cada persona y eso ya esta reglamentado”, detalló Cardona.Este miércoles, 28 de octubre, a la 10:00 de la mañana se reanuda el debate, donde se deben subsanar los errores de trámite de las siete proposiciones restantes.La senadora Jennifer Pedraza explicó que este miércoles se discutirán, entre otras, las dos que presentó ella cuando era representante a la Cámara, las cuales, según la Corte, no se debatieron adecuadamente.“Se pretende eliminar el mico (un parágrafo) donde se le paga doble comisión a los fondos privados, incluyendo el 0,7 % que van a recibir, ya no de la cotización mensual de los afiliados, sino del stop acumulado”, dijo Pedraza, quien precisó que se pretende que los fondos ganen en igualdad de condiciones a lo que percibe Colpensiones.La otra proposición es para evitar que los fondos privados puedan hacerse auto préstamos.El plazo otorgado por la Corte para subsanar los vicios de trámite vence el próximo viernes 30 de octubre. Aunque los congresistas pidieron a la Corte extender el plazo 30 días más aún no hay respuesta a la solicitud.
Las Comisiones Primeras Conjuntas del Congreso de la República aprobaron el proyecto de Ley de Sometimiento a la justicia presentado por el Gobierno nacional, una iniciativa que busca establecer las condiciones para que integrantes de grupos armados y bandas criminales se sometan a la justicia, sin que ello implique la apertura de mesas de negociación ni el reconocimiento de estatus político.El proyecto avanzó en medio de una carrera contra el tiempo, debido a que la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, debe renovarse cada cuatro años. Esta norma constituye el marco jurídico que permite a cada Gobierno definir las estrategias para enfrentar la criminalidad.El plazo para su renovación vence el próximo 4 de noviembre de 2026.Tras la aprobación, el segundo debate deberá citarse ocho días después de aprobado por las comisiones. Es decir, el próximo jueves 28 de octubre se anunciaría la fecha del debate y desde ese jueves tendrían solo seis días para superar los debates en las plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes.El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que la iniciativa conserva, en términos generales, la estructura con la que fue presentada por el Ejecutivo, aunque durante el trámite se introdujeron modificaciones en algunos de sus componentes.Uno de los cambios más relevantes establece que el interlocutor de los grupos armados o las bandas criminales ante la justicia ya no tendrá que ser obligatoriamente un abogado. A partir del ajuste, podrá ser cualquier persona designada por la organización al margen de la Ley, sin que esa representación le otorgue estatus político.El ministro también señaló que se introdujeron ajustes para fortalecer la protección de las víctimas, precisar las disposiciones relacionadas con colaboradores y testaferros, y reforzar las medidas frente al reclutamiento de menores de edad.“La persona tiene que entregar la lista de bienes y tendrá que ser verificada por la Fiscalía General de la Nación, no tendrá los beneficios el primer año, sino a los tres años. Frente al reclutamiento tampoco habrá impunidad tienen que, además de entregar y restablecer los derechos de la niñez, un deber jurídico de decir la verdad reforzado y si tuvieron mando en el feclutamiento la sanción no podráser inferior a un monto alto de la pena", explicó Cancino.La propuesta contempla beneficios judiciales diferenciados según el nivel de participación dentro de los grupos armados. Los integrantes rasos podrán acceder a reducciones de hasta el 50 % de sus penas, mientras que para los cabecillas se establece una reducción máxima del 30 % de las penas acumuladas.Asimismo, la iniciativa establece que el sometimiento no supondrá la suspensión de las operaciones militares ni el levantamiento de las órdenes de captura. Tampoco implicará la eliminación de las medidas de extradición.Entre las obligaciones previstas, los integrantes de los grupos deberán entregar los bienes obtenidos ilícitamente y proporcionar información sobre las rutas del narcotráfico, como parte de las condiciones contempladas en el mecanismo de sometimiento.Luego de la aprobación en las comisiones conjuntas, el Gobierno deberá concentrar sus esfuerzos en conseguir el respaldo de las plenarias de ambas cámaras para completar el trámite legislativo dentro del plazo previsto.En la tarde, antes de que el presidente Abelardo De La Espriella anunciara su salida, el entonces ministro del Interior Rodrigo Lara, había hecho una vehemente defensa del proyecto y dio claridades sobre varios puntos."Esto va para el que vive de la cocaína, del oro ilegal, de la extorsión, sin reconocerle, de ninguna manera, estatus político, se les ofrece es justicia", enfatizó el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, sobre el proyecto.Lara recordó que "no se crea una justicia paralela, ni cárceles a la medida"."Aquí no hay tribunal especial, no hay jurisdicción nueva, no hay amnistías, lo que hay, básicamente, es un marco para someterse a la Fiscalía y un juzgamiento por parte de jueces ordinarios de la República, con el Código de Procedimiento Penal a la mano", explicó el ministro.Lara salió del Congreso aproximadamente a las 8:10 de la noche, luego de una breve declaración a periodistas en el salón social del recinto de sesiones del Senado, cuando aún estaba el debate en desarrollo. Media hora después se conoció su salida del cargo, el cual temporalmente ocupa el ministro de Justicia, Iván Cancino, mientras asume el nuevo titular, Alejandro Ordóñez Maldonado.
La Cámara de Representantes solicitó a la Corte Constitucional una ampliación excepcional de 30 días hábiles para cumplir con la orden de corregir el trámite legislativo de algunos apartados de la reforma pensional, establecida en la Sentencia C-264 de 2026.Recordemos que la Corte Constitucional ordenó devolver a la Presidencia de la Cámara de Representantes determinados artículos, incisos, literales, parágrafos y proposiciones de la Ley 2381 de 2024, es decir, la reforma pensional.La petición busca ampliar el plazo inicialmente concedido por el alto tribunal para que la plenaria de la Cámara adelante el procedimiento de subsanación de vicios de trámite en la aprobación del proyecto.El término inicial de 30 días hábiles se contabiliza entre el 18 de septiembre y el 30 de octubre de 2026, fechas establecidas a partir de la notificación de la decisión judicial.El propósito de la decisión es que la plenaria de la Cámara adelante el procedimiento necesario para subsanar los aspectos del trámite legislativo señalados por la Corte.Ante esta situación, la Mesa Directiva de la Cámara solicitó que se concedan, por una sola vez y de manera excepcional, otros 30 días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo original. Sería, si es concedida la petición, entre el 30 de octubre y el 30 de noviembre.En su solicitud, la corporación deja claro que la ampliación del plazo sea concedida, pero que se mantenga intactos el objeto de la devolución y las restricciones materiales y de conexidad fijadas por la Corte Constitucional en su sentencia.Además, solicitó armonizar los tiempos para presentar el informe correspondiente y entregar las actas y los demás documentos necesarios para acreditar el cumplimiento de la orden judicial.La Cámara también pidió que la Corte dé trámite prioritario a la solicitud, debido a su impacto inmediato en la preparación de los debates y en la organización de las actuaciones parlamentarias necesarias para cumplir la sentencia.
La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández afirmó que el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 se hundirá por un supuesto error de trámite. Según su denuncia, el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron textos diferentes en el artículo 65 y no realizaron la conciliación obligatoria para unificarlos.La senadora sostuvo que, tras una revisión junto a la representante Lina García, encontraron que ambas cámaras aprobaron versiones distintas de ese artículo sin la conciliación obligatoria. Su tesis es que el proyecto no puede convertirse en ley porque el trámite constitucional no se completó antes de la medianoche del 20 de octubre, fecha límite para aprobar el presupuesto.La controversia surgió por una proposición del senador Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático. Según la denuncia, el congresista presentó una modificación al artículo 65 para permitir estructuras de cobertura de riesgos asociadas a las operaciones del Ministerio de Hacienda, pero la retiró durante la plenaria del Senado y dejó constancia de ese retiro.La senadora Hernández sostiene que el Senado aprobó el artículo 65 en su texto original, es decir, sin esos parágrafos. Pero que la Cámara de Representantes, en la madrugada del 20 de octubre, habría votado y aprobado una versión que sí incluía la proposición retirada, bajo la creencia de que ya había sido avalada por el Senado.¿Por qué eso podría hundir el presupuesto, según la congresista?La Constitución y el Reglamento del Congreso establecen que, cuando el Senado y la Cámara aprueban textos diferentes de un proyecto de ley, deben conformarse comisiones de conciliación para producir un texto único. Ese texto unificado debe volver a las plenarias de ambas corporaciones para su aprobación definitiva.El problema es el tiempo. El plazo constitucional para expedir la Ley de Presupuesto vencía a la medianoche del 20 de octubre. Como la supuesta diferencia se identificó después de que ambas plenarias dieron luz verde al proyecto, no había tiempo para hacer la conciliación, votar nuevamente el texto unificado y remitirlo a sanción presidencial.Según esa interpretación, el proyecto se habría hundido automáticamente al no completarse el trámite antes del vencimiento del plazo. En la práctica, y bajo esa tesis, el presupuesto aprobado por el Congreso quedaría sin efectos.Qué confirma el SenadoLa Secretaría General del Senado emitió un comunicado en el que confirmó que el artículo 65 fue aprobado en la plenaria de esa corporación sin proposiciones. El secretario general, Diego Alejandro González, dijo que el registro oficial de las iniciativas aprobadas por el Senado no contiene ninguna proposición aprobada sobre ese artículo.La posición del coordinador ponente, senador Carlos MeiselEl senador Carlos Meisel, coordinador ponente del presupuesto, defendió el trámite del Senado y relativizó las consecuencias. “El Presupuesto fue aprobado ayer en la plenaria del Senado de la República sin ningún error ni vicio”, escribió en su cuenta de X.El senador Carlos Meisel sostuvo que, si algo ocurrió posteriormente en la Cámara, eso no viciaría todo el proceso desde el inicio. En su criterio, quedaría vigente el texto aprobado en primer debate por las comisiones económicas, que según él corresponde al 95% de lo votado en la plenaria del Senado y fue construido colectivamente con el Gobierno.“El Presupuesto fue aprobado ayer en la plenaria del Senado de la República sin ningún error ni vicio. Lo que aparentemente ocurrió después en la Cámara de Representantes (de ser cierto), no vicia todo el proceso desde el inicio.Queda el texto que se aprobó en primer debate en las comisiones económicas. Así que por favor no exageremos la incertidumbre, que en cualquier caso, si hay presupuesto y es el del primer debate.Este, salió también de una construcción colectiva con el gobierno. (Y que entre otras cosas era el 95% de lo que se votó ayer)”, indicó el Senador.Su argumento busca evitar la conclusión de que el país se quedó sin ley de presupuesto para el 2027. Un argumento que comparte la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) que considera que todavía no se puede afirmar que el presupuesto se haya hundido por completo.Según la fundación, la posible diferencia entre el Senado y la Cámara estaría concentrada en dos parágrafos del artículo 65, que no afectaría el monto total del presupuesto, los gastos aprobados ni de dónde saldría la plata. Por eso, considera que quitar esos dos parágrafos no haría caer toda la ley. De todas maneras, sugiere revisar qué aprobó exactamente cada cámara y confirmar si realmente hubo textos distintos.¿Qué pasaría si el presupuesto se hundiera?El senador del Centro Democrático Juan Fernando Caicedo, autor de las proposiciones que luego retiró durante el trámite del Presupuesto de 2027, recordó que, si el proyecto se cae por los problemas de trámite denunciados por la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández, regirá el proyecto presentado por el Gobierno con los cambios aprobados en primer debate, como lo establece el artículo 59 del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto.
El representante a la Cámara por el Meta, Milton Carreño, coautor del proyecto de acto legislativo conocido como “antimermelada”, explicó en Mañanas Blu que la reforma constitucional busca que la gestión de los congresistas se haga de manera pública y transparente. La iniciativa, radicada por dos congresistas, propone obligar a los parlamentarios a explicar cómo tramitan proyectos para sus regiones y quiénes financian sus campañas. Carreño rechazó que la propuesta constitucionalice los cupos indicativos, una de las críticas que ha recibido.Qué es la “mermelada”, según el congresistaConsultado sobre cómo define el término, Carreño lo describió como “prevendas o contraprestaciones” que se generan, supuestamente, por gestiones o aprobaciones dentro del Congreso. Dijo que es una expresión del argot popular.Los periodistas lo contrastaron con casos cotidianos, como un congresista que pide a un ministro una obra para un municipio. El representante respondió que eso no es mermelada como tal, pero reconoció que son prácticas que hoy no están claramente reguladas. Sostuvo que los congresistas de los territorios hacen “un ejercicio de gestión” para buscar calidad de vida para sus comunidades.Frente a la pregunta sobre si pedir un puesto para un líder político o un profesional a cambio de apoyo electoral sería ilegal, el congresista admitió que el escenario actual es difuso: “Estamos como en una zona oscura”. Agregó que, en su criterio, los congresistas no tramitan hojas de vida: “Nosotros trabajamos siempre en ejercicio de interés general”.“Ser claros, ser contundentes, ser frenteros sobre la mesa”El congresista, que lleva más de 30 años en la política, dijo que el contexto nacional y lo ocurrido con gobiernos anteriores exigen una postura distinta. Su planteamiento fue: “Ser claros, ser contundentes, ser frenteros sobre la mesa”. Según explicó, la iniciativa no pretende tramitar hojas de vida, sino proyectos de interés general para las regiones donde fueron elegidos los congresistas. Aclaró que no lo plantea “como mojigatería”, sino con realismo sobre lo que ocurre en el Congreso.Al ser cuestionado sobre el límite entre la gestión parlamentaria y las prebendas, respondió que la línea divisoria es “poderlo hacer de frente sobre la mesa, de frente y de cara al país”. Reconoció que existen casos particulares de mala conducta, pero sostuvo que la generalidad de los congresistas piensa en la gestión de sus territorios. El proyecto, afirmó, quiere acabar con las malas prácticas de intercambio de dádivas para dar aprobaciones.¿Legaliza el proyecto los cupos indicativos?Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la objeción del exministro y exembajador Alfonso Prada, quien, según lo planteado en el programa, advierte que la reforma no acaba con la mermelada sino que la constitucionaliza al incluir los cupos indicativos. Los presentadores recordaron que esos cupos se han caído varias veces por irregularidades en su origen.Carreño lo rechazó de forma tajante. Según dijo, la postulación de proyectos será abierta y pública, incluso para los organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría. Y fue enfático sobre los cupos: “Hoy no hablamos nosotros de cupos indicativos porque esos cupos indicativos pasaron a la historia”.También precisó que el texto no habla de recursos específicos: “No estamos por ningún lado mencionando ni bolsas ni presupuestos ni recursos”. Según explicó, lo que se da es la facultad para que los congresistas postulen proyectos que beneficien el interés general en sus regiones, un trabajo que se canaliza mediante los planes de desarrollo y el presupuesto general de la Nación.Financiadores de campaña y conflictos de interesesEl proyecto también contempla reglas sobre quienes financian las campañas. Carreño indicó que, al rendir cuentas, los congresistas deberán mencionar a cada uno de sus financiadores.Para definir el procedimiento, el acto legislativo fija un plazo de 12 meses para expedir una ley orgánica. Esa norma regulará el “registro público de intereses de financiadores de campaña” y la postulación de proyectos en beneficio del interés territorial. El congresista dijo que allí se establecerán el trámite, la forma de declarar el interés y las consecuencias en caso de incumplimiento.Preguntado por quién vigilará a los congresistas y cómo se les sancionará, remitió a esa ley reglamentaria. Recordó que hoy los parlamentarios ya deben declarar impedimentos en plenaria o comisión cuando tienen un conflicto de intereses, y que con la reforma deberán declararlo además en el registro público.¿Puede un congresista votar a favor de sus financiadores?El representante explicó que sí, siempre que se trate de un proyecto de interés general y no de uno que genere una situación particular para una empresa. Lo ilustró con un ejemplo hipotético: si un congresista fue financiado por el sector lechero, puede defender una ley que cobije a toda la lechería. Pero si el proyecto incluye una definición que beneficie específicamente a una empresa como Alpina, habría lugar a impedimentos.Ante el caso de una eventual discusión sobre los impuestos saludables, que plantearon los periodistas, Carreño reiteró que los detalles se definirían en la ley orgánica posterior a la aprobación del acto legislativo.
El representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio César Triana, fijó la postura de su bancada frente al proyecto de ley de acogimiento que prepara el Gobierno Nacional. Aunque el texto definitivo aún no se ha radicado en el Congreso, el congresista indicó que la iniciativa prorrogará la Ley 418 de 1997 para sustentar el sometimiento de estructuras criminales.Frente a los incentivos penales, Triana reconoció la necesidad de ofrecer garantías para lograr el desarme: "Si se hace una ley de sometimiento o de acogimiento tendríamos que generar unos beneficios para que esa persona busque acogerse a esa ley, busque entregar las armas, busque parar de delinquir".Sin embargo, marcó un límite estricto sobre el alcance de las medidas: "Lo que sí estoy absolutamente convencido es que ni el Congreso ni el gobierno va a promover una cascada de beneficios como lo trató de hacer en la ley de sometimiento el gobierno anterior", dijo.Al diferenciar la propuesta actual de intentos legislativos anteriores, el parlamentario cuestionó que en el pasado se pretendía aplicar tratamientos penales diferenciados y permitir la conservación de hasta un 12% de fortunas ilícitas. Aclaró que esta iniciativa no otorgará estatus político ni abrirá acuerdos de paz, sino que fijará condiciones uniformes para la entrega a la justicia."Buscaremos construir un texto donde sí sea una ley de acogimiento, sometimiento, como se le quiera llamar, del delincuente al Estado colombiano", concluyó el representante, confirmando que Cambio Radical acompañará el proyecto si establece un sometimiento estricto.Escuche la entrevista:
Luego de que el Centro Democrático presentara una ponencia sustitutiva y contrapropuesta al proyecto de Ley de Rescate Económico y de Ajuste Fiscal impulsada por el Gobierno nacional de Abelardo De La Espriella, el vicepresidente José Manuel Restrepo se reunió con el expresidente Álvaro Uribe.El encuentro que se dio en el Oriente antioqueño, según el exmandatario, fue fructífero y allí sentó la posición del Centro Democrático para que no haya más cargas para los colombianos. Uribe explicó algunas de esas propuestas.“Planteamos otros temas aquí, por ejemplo, la eliminación de las Contralorías Departamentales, eso traería un ahorro de 3 billones. Ampliar el régimen simple y los 3 días sin IVA para los colombianos”, aseguró el expresidente de Colombia.Por su parte, el representante a la Cámara, Jhon Jairo Berrío, contó algunos de los detalles de esta reunión que, según él, se hizo con el fin de presentar la contrapropuesta diseñada por el Centro Democrático.“Fuimos enfáticos como bancada en decirle al Gobierno nacional que no vamos a respaldar nada que tenga que ver con aumentar el IVA a la canasta familiar. Tampoco respaldamos, se lo dijimos al Gobierno, ponerle IVA al sector agropecuario, insumos, fertilizantes, maquinaria”, manifestó el congresista.Tras la reunión, Uribe aseguró que el Gobierno nacional recopiló toda la información y que seguirán las reuniones, ahora a cargo de un equipo conformado por el Ministerio de Hacienda. El exmandatario también le pidió que se hagan reuniones con las demás bancadas para así llegar a consensos.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió que la extradición de Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de Primo Gay, sea el siguiente paso tras su captura en zona rural del municipio de Briceño. El mandatario aseguró que los responsables de los hechos violentos atribuidos a esta estructura criminal deben responder ante la justicia por sus acciones.A través de su cuenta de X, Rendón reconoció el trabajo del presidente Abelardo De la Espriella y de la Fuerza Pública en el operativo que permitió la detención del señalado cabecilla. Además, aseguró que este resultado representa un mensaje para las víctimas de la violencia en Antioquia, entre ellas las familias que han sufrido desplazamientos, los comerciantes afectados por extorsiones y los integrantes de la Policía y el Ejército asesinados.“La extradición de alias ‘Primo Gay’ debe ser el siguiente paso. Los criminales tienen que responder por sus atrocidades”, manifestó el gobernador, quien también envió un mensaje de tranquilidad a las comunidades afectadas por el accionar de los grupos armados ilegales.Por su parte, el comandante del Ejército Nacional, general José Bertulfo Soto, confirmó que Uñates López tenía una trayectoria delictiva cercana a los diez años. Según explicó, comenzó como explosivista del Frente 36 de las disidencias de las Farc y posteriormente escaló hasta convertirse en su máximo cabecilla, además de desempeñarse como enlace criminal del Clan del Golfo.De acuerdo con el oficial, desde esa posición habría ordenado y ejecutado ataques con artefactos explosivos, instalación de minas antipersonal y atentados directos contra la Fuerza Pública. Estas acciones dejaron militares muertos y heridos en municipios como Anorí y San Andrés de Cuerquia.El general Soto destacó que la captura fue resultado de una operación conjunta entre tropas del Gaula Militar, la Séptima División del Ejército y la Fiscalía General de la Nación. Según indicó, el operativo permitió afectar la línea de mando de estas organizaciones y frenar sus planes de expansión territorial en Antioquia.Por otro lado, la Defensoría del Pueblo celebró la captura, pero advirtió que la detención del señalado cabecilla no significa que hayan desaparecido los riesgos para los habitantes de Briceño.La entidad recordó que en la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025 ya había advertido sobre la grave situación humanitaria que enfrenta este municipio por las confrontaciones entre el Frente 36 de las disidencias, las denominadas Guerrillas Campesinas Los Cabuyos y el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia.En ese documento se identificaron amenazas, homicidios, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, instalación de minas antipersonal y restricciones a la movilidad. También se alertó sobre los riesgos para líderes comunitarios, docentes, estudiantes y familias campesinas.Por esta razón, la Defensoría insistió en que las autoridades deben mantener y fortalecer las medidas de protección para la población civil, especialmente ante la posibilidad de retaliaciones, nuevas confrontaciones o desplazamientos forzados después de la captura.
En El Radar de este sábado, 14 de noviembre de 2026, Ricardo Ospina abordó la creciente amenaza del uso de drones con explosivos por parte de grupos armados en Colombia, el impacto espiritual y geopolítico de la gira pastoral del Papa León XIV por Suramérica, el ciberataque contra los sistemas de refrigeración de supermercados en Europa atribuido a Irán, y el escándalo geopolítico en Estados Unidos que provocó la salida del CEO de Nvidia, Jensen Huang.Javier Andrés Flórez Henao, director del Área de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), advirtió sobre la pérdida del dominio aéreo por parte del Estado colombiano al pasar de 2 ataques con drones en 2023 a más de 320 en 2026 por parte del ELN y el Estado Mayor Central. Instó a implementar respuestas tácticas inmediatas en las bases militares en lugar de depender únicamente de costosos e ineficaces escudos antidrones de largo plazo.Marcial Sánchez Gaete, doctor en Historia y presidente de la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile, analizó la dimensión espiritual y geopolítica del recorrido del Papa León XIV por Uruguay, Argentina y Perú. Destacó la impronta humanista del pontífice al defender la dignidad del trabajo frente a la inteligencia artificial, así como la firmeza para pedir perdón y buscar reparación ante los abusos sexuales en la iglesia.Rodrigo Álvarez, especialista en concientización sobre seguridad digital en ESET Latinoamérica, explicó cómo la omisión en el cambio de contraseñas de fábrica y la falta de actualización de parches de seguridad en tecnologías IoT facilitaron el ciberataque contra los refrigeradores de supermercados en Europa. Subrayó la ciberresponsabilidad corporativa e institucional ante las crecientes amenazas a infraestructuras críticas: "La contraseña ya dejó de ser la barrera de seguridad más fuerte y tenemos que empezar a pensar en otro tipo de barreras".Escuche el programa completo aquí:
El Super Astro Sol es un juego de cobertura nacional que permite a los participantes probar suerte con una combinación de cuatro cifras y uno de los 12 signos zodiacales. Los apostadores pueden consultar diariamente los resultados para verificar si acertaron su selección.Resultado del Super Astro Sol hoy, 14 de noviembre de 2026El número ganador del chance Astro Sol de este sábado 14 de noviembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: (en minutos)Dos últimas cifras: (en minutos)Tres últimas cifras: (en minutos)Signo zodiacal: (en minutos)Desde nuestra entidad felicitamos al afortunado ganador e invitamos a los participantes a comprobar sus tiquetes una vez se publique el resultado oficial.Cómo jugar al Super Astro SolPara participar, cada jugador debe elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y seleccionar uno de los 12 signos zodiacales:AriesTauroGéminisCáncerLeoVirgoLibraEscorpioSagitarioCapricornioAcuarioPiscisTambién está disponible la opción Todos los signos, que permite jugar el mismo número con cualquiera de los signos del zodiaco. En un mismo tiquete se pueden registrar hasta cuatro apuestas diferentes.¿A qué hora juega el Super Astro Sol?El sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., horario establecido desde julio de 2025. Los resultados se pueden consultar una vez finaliza la jornada.Dónde jugar Super Astro SolLos interesados pueden realizar sus apuestas en los puntos de venta físicos autorizados, distribuidos en diferentes regiones de Colombia. Es importante acudir a establecimientos habilitados y conservar el tiquete para verificar la combinación seleccionada.Cuánto cuesta jugar Super Astro SolEl valor mínimo de la apuesta es de $500 y el máximo permitido es de $10.000. Cada participante puede escoger cuánto desea invertir dentro de ese rango y definir el número y el signo zodiacal con los que jugará.Cómo reclamar un premioPara solicitar el pago de un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin alteraciones, además de su documento de identidad original y una copia legible.Los requisitos adicionales dependen del valor obtenido:Premios inferiores a 48 UVT: se debe presentar el tiquete original y los documentos básicos de identificación.Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación requerida, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT.Premios superiores a 182 UVT: se solicita un certificado bancario vigente, expedido con una antigüedad no mayor a 30 días. Una vez se validen los documentos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.
El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance que reúne a apostadores en Colombia, especialmente en Bogotá y Cundinamarca. Sus participantes pueden elegir diferentes combinaciones numéricas y consultar los resultados para comprobar si obtuvieron alguno de los premios disponibles.Resultado del Dorado Tarde hoy, sábado 14 de noviembre de 2026El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 14 de noviembre de 2026 es el 5366 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: 5366Dos últimas cifras: 66Tres últimas cifras: 366La quinta: 5Desde nuestra entidad felicitamos al afortunado ganador e invitamos a los participantes a revisar sus tiquetes una vez se conozca el resultado oficial.¿A qué hora juega el Dorado Tarde?El Dorado Tarde cuenta con una programación de sorteos diarios de lunes a sábado a las 3:30 pm. Los apostadores pueden consultar el resultado después de cada jornada y verificar si la combinación registrada en su tiquete coincide con los números ganadores.Plan de premios del Dorado TardeEl valor que puede recibir cada participante depende de la modalidad seleccionada y de las cifras acertadas. Las opciones de juego contemplan diferentes formas de ganar:Cuatro cifras directo: el número debe coincidir exactamente con el resultado y conservar el mismo orden.Cuatro cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan.Tres cifras directo: el jugador debe acertar las tres últimas cifras en la secuencia exacta.Tres cifras combinado: permite ganar cuando coinciden las tres últimas cifras, aunque estén en un orden diferente.Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras en el mismo orden.Una cifra o uña: basta con acertar el último dígito del resultado.Requisitos para reclamar un premioPara reclamar un premio de $100.000 o más, el ganador debe ser mayor de edad y presentar el tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin alteraciones, junto con una copia legible de su documento de identidad.Requisitos según el valor del premioPremios inferiores a 48 UVT: se debe presentar el tiquete original y los documentos básicos de identificación.Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos requeridos, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT.Premios superiores a 182 UVT: se solicita un certificado bancario vigente, expedido con una antigüedad no mayor a 30 días. Después de validar la documentación, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.