Los trabajos iniciaron en noviembre del 2021 con la remoción de los puestos de trabajo de los congresistas, computadores, sonidos, entre otros, con lo que se busca abrir espacio para las 16 curules de paz que se elegirán por primera vez el próximo 13 de marzo, en las elecciones parlamentarias del 2022.“Presenta un avance del 46 % con una anticipación en el cronograma de 21 días, lo cual nos permite evidenciar que las adecuaciones se llevan a cabo de la mejor manera con una optimización de recursos”, manifestó Juan José Gómez, jefe de planeación de la Cámara de Representantes.Las obras de mejora están avaluadas en cerca de 50.000 millones de pesos y también contempla trabajos en las comisiones de la Cámara de Representantes junto a los salones Boyacá y Luis Carlos Galán.“Se encuentra pendiente la instalación de los equipos, que ya están en camino, ya fueron solicitados en importación y una vez lleguen arrancaremos con la instalación de ellos, corresponde a todo lo que tiene que ver con el sistema de grabación de audio, de video, de grabación, de transcripción, de reconocimiento biométrico para los representantes”, expresó el jefe de planeación.Los trabajos deben estar listos para el mes de marzo cuando regresen los congresistas de sus vacaciones de fin de año.El salón elíptico es conocido porque en él se realiza la instalación de las sesiones cada 20 de julio o se reúne el pleno del Congreso.Le puede interesar: escuche el podcast El Mundo Hoy
En la Secretaría de la Cámara de Representantes fue radicado un proyecto de ley que contempla un salario mínimo diferencial para los trabajadores con carreras universitarias técnicas y profesionales.El proyecto fue radicado por el representante Silvio Carrasquilla e inicia su trámite en la Cámara de Representantes en la Comisión Séptima, donde deberá pasar cuatro debates y busca modificar los ingresos mínimos básicos de los trabajadores colombianos si son profesionales o técnicos.“Este proyecto pretende crear el salario mínimo profesional y el salario mínimo técnico. Que le garanticemos a los colombianos, que son profesionales, que cualquier empresa del sector privado o público que necesite de su servicio deberá pagarles el salario mínimo profesional, que será equivalente a tres salarios mínimos. Lo mismo ocurriría con los colombianos que estén preparados y formados en estudios técnicos y cualquier empresa pública o privada tendrá que pagar el salario mínimo técnico que sería equivalente a dos salarios mínimos”, expresó el representante Silvio Carrasquilla.De acuerdo con el congresista, el salario mínimo para los profesionales sería de tres millones y para los técnicos de dos millones.Por tiempos, y teniendo en cuenta que este es un año electoral, la discusión del proyecto podría quedar postergada para el 2023.Cabe recordar que el salario mínimo en Colombia para este año es de un millón de pesos, mientras que el auxilio de transporte es de $117.172.Le puede interesar: Entérese de los hechos deportivos más importantes del momento:
Buena parte de los representantes a la Cámara por Bogotá respaldan la intervención en el Portal de las Américas. Sin embargo, desde el partido de la alcaldesa Claudia López están en desacuerdo con la medida que iniciaría en los próximos días.Desde el Congreso también son varios los representantes por Bogotá que respaldan la medida, como Juan Carlos Wills, quien se unió a las voces sobre la situación en el portal.“Lo mínimo que debe hacer la alcaldesa es que, si se le salió de las manos la inseguridad y sobre todo en el Portal de las Américas, con tanta delincuencia y tanto vandalismo que estamos evidenciando, pues es sacar a las fuerzas militares para ayudar a la protección de la sociedad civil”, manifestó el representante Wills.Desde Cambio Radical también la respaldan bajo el cumplimiento de los derechos humanos, como lo dijo el representante José Daniel López, quien señaló que “hay muy poco de protesta y todo de vandalismo en la actuación de la llamada Primera línea en el portal de las Américas, Portal Suba y otras partes de Bogotá”.“Lo único que queda es restablecer el orden, aplicar la autoridad y por supuesto cumpliendo los derechos humanos para que los vecinos del Portal de las Américas puedan volver a vivir tranquilos”.El representante del Centro Democrático José Jaime Uscategui añadió que el vandalismo en esta zona de la ciudad lleva más de un año y no hay intervención de las autoridades distritales.“Estamos de acuerdo con la militarización del Portal de las Américas. Ya llevamos casi un año de actos de vandalismo y terrorismo urbano y, no se nos puede olvidar que el pasado mes de junio decapitaron un motociclista en una de esas trampas y alambrados que pusieron alrededor del portal. Estamos en mora de hacerlo”.El representante del Polo German Navas Talero se mostró en desacuerdo con la medida y explicó que esta es muestra de debilidad, pues “la militarización de esa zona de Bogotá es simplemente la conclusión de un Gobierno débil; los gobiernos débiles están llenos de mañas y solo taren descontento”.Desde la Alianza Verde manifestaron que no apoyan la medida al considerar que puede traer más muerte en esta zona del país.“Yo no estoy de acuerdo en la militarización del portal. El Gobierno tiene que dejar de creer que apunta de fusil y de armas se van a solucionar los problemas sociales y, las demandas ciudadanas”, expresó el representante Mauricio Toro.Le puede interesar: escuche La Intérprete
La procuradora Margarita Cabello, como presidenta de la Comisión Nacional de Control Electoral, alertó que 13 aspirantes al Congreso de la República para las elecciones de marzo de este año, registran antecedentes de inhabilidad para desempeñar cargos públicos.La lista de 13 personas, cuyos nombres o partidos aún no revela la Procuraduría, salió luego de la revisión de antecedentes de los 2.830 candidatos a la Cámara de Representantes y Senado de la República para las elecciones legislativas del 2022.Estos aspirantes, 10 a la Cámara y tres al Senado, tienen anotaciones en el Sistema de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad de la Procuraduría, razón por la cual la entidad lanzó la alerta y notificó al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que inicie el proceso de verificación y revocatoria de las candidaturas.La procuradora Cabello señaló que, aparte de esta revisión, las autoridades electorales deben atender las impugnaciones que presenten los ciudadanos que estén relacionadas con doble militancia u otro tipo de inhabilidades.Escuche las noticias del momento en BLU Radio:
En lo que va de la legislatura del 2021-2022 en el Congreso de la República se han presentado 295 proyectos en el Senado y 414 en la Cámara de Representantes, de los cuales 130 ya son leyes de la República.Muchos ya fueron sancionados por el presidente Iván Duque o están a la espera del trámite final. Otros están en estudio por parte de la Corte Constitucional para que entren en vigencia.Desde el 20 de julio hasta este jueves, se han presentado 709 proyectos de ley en el Congreso por los senadores y representantes de todas las bancadas. Algunos impresionan, otros se destacan por su beneficio y otras tienen un enfoque relacionado con la seguridad y el ambiente.En el top de las cinco normas aprobadas por el Congreso que tienen un gran impacto en los colombianos y que más gustan, está el de la desconexión laboral, que busca que el jefe no llame a sus empleados en horarios por fuera de la jornada laboral.Otra ley que beneficia a los colombianos es la que busca que cuatro millones de conductores a los que se les vence en enero su pase, se les amplíe por dos años su renovación, así mismo el que busca un descuento en el SOAT; autoría del representante Alejandro Vega.Una muy importante y que beneficia a los niños, es la ley que les garantiza alimentación escolar todo el año en los colegios oficiales en el PAE, que es de autoría de la senadora Ruby Chagüi.Aunque esta ley es fundamental para el país, en el presupuesto general de la nación quedó un rublo por 500.000 millones de pesos para créditos y alivios de transportadores en todo el país, el cual podrán recibir desde el 1 de enero del 2022, beneficiando a cerca de tres millones de colombianos dedicados al servicio público e intermunicipal.Por otro lado, una que se está aplicando desde hace unos meses y que ya sacó de las listas negras de Datacredito a más de nueve millones de colombianos deudores, es la ley de ‘borrón y cuenta nueva’.En lo que falta de la legislatura, que es de tres meses en el 2022, según proyecciones de las secretarias del Congreso, se estima que los senadores y representantes presentaran otros 100 proyectos de ley.Escuche el podcast de Ser campeón viene con manual aquí:
Aunque no existen delitos de sangre, en el Centro Democrático hay una nueva polémica por un aval otorgado de cara a las elecciones al Congreso de la República del próximo año.El pasado lunes, 20 de diciembre, último día para modificar las listas, el partido del expresidente Álvaro Uribe incluyó en su lista a la Cámara de Representantes por Boyacá al exalcalde del municipio de Maripí Eduar Triana, hijo del extraditado narcotraficante Horacio Triana, condenado a 14 años y medio de prisión en Estados Unidos y considerado ‘zar de las esmeraldas’.El ahora candidato recibió el número dos en esa lista y su aval fue defendido por la colectividad.BLU Radio consultó a Juan Caicedo, director político del Centro Democrático, quien entregó una larga lista de logros y gestiones que justificarían el respaldo otorgado, sumado a que, según Caicedo, Eduar Triana” hace parte de la nueva generación que trabaja fuertemente por las comunidades, sin vicios, que, a diferencia de sus parientes, es promotor de paz y desarrollo”.Le puede interesar. Escuche La Intérprete:
Los sindicatos y movimientos estudiantiles ven con preocupación el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que fue aprobado en el Congreso de la República. Y es que son varios los polémicos artículos que fueron aprobados en la Cámara de Representantes, como la tipificación del uso de armas blancas, aumento a las penas de agresión contra la fuerza pública, fortalecimiento de la seguridad en las cárceles por parte de actores privados, el uso de armas en legítima defensa ante situaciones que lo ameriten, entre otros.Desde la oposición se oyeron duras críticas en contra de la iniciativa. El senador Gustavo Petro opinó que si la ley entra en vigor el derecho de la vida quedará subordinado a los derechos patrimoniales y calificó como una "inmundicia". "Detrás del crecimiento de la inseguridad ciudadana está el hambre. Esa hambre no se debe al COVID. La mayoría de los países que han sufrido (la pandemia) no tienen hambre, porque una política de sus gobiernos privilegió cuidar la estabilidad emocional y física de su población. Este Gobierno condenó al hambre a la sociedad colombiana, quebró 600.000 empresas en 2019 solo porque eran pequeñas, para salvar a las mismas grandes empresas. Le iba a poner IVA a la comida", declaró Petro. "Quieren fusilar a los ladrones, encerrarlos en la cárcel. Vean, denles comida. Denle comida al pueblo de Colombia y veran como se reduce la inseguridad. Quieren avalar el fusilamiento de los que protestan. Ahí se juntan a la vertiente clásica del paramilitrismo en Colombia", añadió el congresista. Sumado a las críticas, los partidos de oposición anunciaron denuncias ante las altas cortes e, incluso, a nivel internacional.“Así que la demanda de inconstitucionalidad, que por supuesto ya estamos preparando, la vamos a remitir en cuanto sea aprobado el texto de esta norma, todo su contenido, y sus anexos a la Comisión Interamericana para que constate el flagrante incumplimiento de sus recomendaciones internacionales”, anunció el senador Iván Cepeda.Las centrales obreras consideran que esta ley va en contravía de los derechos a la protesta y no ayudan a resolver los problemas de seguridad, “sino profundizar la represión, profundizar las garantías democráticas”, expresó el secretario de la CUT, Diógenes Orjuela.Por su parte, desde uno de los sindicatos del Inpec señalaron que esta ley es un nuevo ‘mico’ a la justicia colombiana y están evaluando ir a paro. “Privatizar el cuerpo de custodia y vigilancia va en contra de los tratados internacionales del tratamiento al recluso, debido a que estos tratados informan o sugieren a los Estados de que la custodia y vigilancia debe ser por parte del Estado mas no por privados”, manifestó Óscar Robayo, de la UTP sindicato del INPEC.Los jóvenes estudiantes que salieron a las calles del país en el mes de abril también expresaron su rechazo a la norma.“Uno de los aspectos más graves de este proyecto de ley es que no le da garantías a la movilización, así el Gobierno de Iván Duque se haya encargado de decir que en su mayoría no fueron movilizaciones. Pero, además, legitima el abuso de la fuerza pública, que ya fue demostrado no solo por organismos nacionales, sino internacionales. No solo legitima eso, si no el abuso de la fuerza pública”, indicó Laura Álzate, dirigente de ACREES y del Consejo Nacional del Paro.La norma únicamente le falta la conciliación en Senado y Cámara de Representantes para que pase a sanción presidencial.Le puede interesar: escuche La Intérprete
Las movidas políticas de última hora provocaron cambios en las listas de los partidos Liberal y Verde para la Cámara de Representantes de Santander. Luego de la 'crisis' en el partido Verde por la presencia de la esposa del presidente de conglomerado político llegó la calma a la colectividad tras un acuerdo entre las diferentes sectores políticos. Luz Dana Leal, esposa de Carlos Ramón González, se quedó en el primer reglón. En la lista ademas aparece el exconcejal de Bucaramanga, Jorge Flórez, en representación del Polo Democrático.También los concejales Carlos Parra, Danovis Lozano y el diputado Ferley Sierra tendrán como 'cuota' en la lista a Cristian Avendaño.Al partido Liberal llegó un importante sector político de iglesias cristianas de Santander con la postulación de Jhohana Cháves. La candidata había aspirado al Concejo de Bucaramanga en el 2019. Cambio Radical, Conservador, Centro Democrático, Pacto Histórico y Coalición de la Esperanza presentaron listas para la Cámara de Representantes por Santander.
El proyecto de ley de seguridad ciudadana, el cual tiene mensaje de urgencia, fue aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes y ahora queda pendiente de la plenaria del Senado para que sea aprobado.Esta iniciativa del Gobierno Nacional busca responder a temas como la inseguridad urbana en todo el país y a varias de las situaciones que dejó el paro nacional de este año.En la norma quedó establecido que el homicidio cometido en contra de un uniformado se castigaría con penas entre 41 y 60 años de prisión; aumento de penas para quien lesione a un uniformado de la Policía y/o fuerza pública. La norma impone sanciones más drásticas (entre 4 y 6 años de cárcel) para quienes destruyan bienes públicos o interrumpa las acciones legítimas de la fuerza pública.“Aquí tenemos que fortalecer el actuar de nuestras instituciones, de nuestras autoridades para garantizar la protesta, las marchas pacíficas”, expresó el representante Cristian Garces del Centro Democrático.Otro apartado del proyecto habla sobre el porte de armas blancas y de fuego. Establece que cuando no sea para un fin lícito, deberá ser castigado con penas entre los cuatro y seis años de prisión.“Este proyecto de ley lo que hace es criminalizar la protesta, lo que permite es la judicialización, un aumento de penas”, dijo la representante María José Pizarro.En lo aprobado por la Cámara se da vía libre a la privatización de las cárceles en el país, según denunciaron los partidos de oposición, y podría afectar a los privados de la libertad.“Genera un incentivo a poder meter a más personas a las cárceles, sin tener garantías de la protección de los derechos humanos”, afirmó la representante Juanita Goebertus.Otro polémico artículo que fue aprobado por la plenaria de la Cámara tiene que ver con permitir el uso de armas en legítima defensa cuando se requiera y que, según la oposición, beneficia comportamientos como el del ciudadano Andrés Escobar, quien usó un arma en las pasadas protestas en la ciudad de Cali.“Eso les pone una lápida a los jóvenes en la espalda. El artículo tercero que permite a las personas, sobre la legítima defensa como lo hizo Andrés Escobar, sacar una pistola y disparar a los marchantes”, puntualizó el representante León Fredy Muñoz.Dentro del proyecto quedó establecido que se debe evitar las excarcelaciones de reincidentes capturados por las autoridades, ya que en la actualidad los jueces no tienen mayores herramientas para detenerlos en prisión y se deben dejar en libertad.“¿Eso que ha generado? Impunidad, de cada 100 atracadores que cogen, óigase bien, 97 quedan libres”, afirmó el representante Edward Rodríguez.Sobre el traslado de ciudadanos retenidos por las autoridades, quedó incluido unos mínimos, como que tengan cámaras en establecimientos carcelarios, personal médico y debe tener comunicación con un familiar o persona de confianza cuando sea trasladado a estos puntos.El ultimo polémico artículo que fue aprobado fue la creación de 125 puestos para la Fiscalía General de la Nación para atender delitos informáticos.Le puede interesar. Escuche las Noticias del día:
Este viernes, 17 de diciembre, los partidos de oposición radicaron ponencia de archivo a proyecto de seguridad ciudadana que presentó el Gobierno Nacional y que se debatirá en la plenaria de la Cámara de Representantes la próxima semana.Ante el llamado de sesiones extras en el Congreso para debatir el proyecto de seguridad ciudadana, el cual presentó el Gobierno Nacional, los partidos de oposición señalaron que no lo aprobarán al considerar que va en contra de los derechos humanos y de los ciudadanos.“Desde el partido Alianza Verde hemos decidido dar ponencia negativa a este proyecto de ley. Pues consideramos que esta iniciativa es absolutamente inconveniente, no solo porque no responde el llamado de la ciudadanía, sino que, con la excusa de mejorar la seguridad ciudadana en los 51 artículos de este proyecto de ley, introduce populismo punitivo con aumento de penas y creación de nuevos delitos, pero además judicializa asuntos que deben ser únicamente de convivencia”, expresó la congresista Katherine Miranda.El documento fue radicado en la secretaría de la Cámara de Representantes y se debatirá la próxima semana en la plenaria.Le puede interesar: escuche La Intérprete
El secretario de Salud de Barrancabermeja, Luis Fernando Castro, advirtió que presentar los resultados de la prueba de COVID-19 como requisito para regresar a las labores presenciales en las empresas, no es una exigencia establecida en la norma.La observación fue hecha por el funcionario luego de establecer que las aglomeraciones que se están presentando en los puestos de toma de muestras, se debe a personas a quienes les han exigido la prueba COVID-19 para el ingreso a la empresa.“Queremos invitar a las empresas que en este momento están solicitando pruebas de COVID a sus trabajadores para que racionalicen el uso de pruebas. Las pruebas son únicamente para sintomáticos respiratorios o con sintomatología relacionada con el coronavirus”, explicó el secretario de Salud Castro.Al igual que advirtió el riesgo por las aglomeraciones.“Ya que se están presentando congestiones en los puntos de toma de muestras en donde personas sanas por tratar de hacerse una prueba como exigencia laboral se están exponiendo en una fila donde hay pacientes sintomáticos que los pueden contagiar”, manifestó.Finalmente, hizo un llamado a las empresas para que promuevan la vacunación en las organizaciones y que quienes aún no han completado el esquema o requieren de dosis de refuerzo se vacunen.
El pasado 21 de noviembre, Ricardo Montaner publicó en Instagram un carrusel de fotos de su hijo Ricky; en una de ellas se mostraba dándole un beso en la boca cuando este tenía más o menos 7 años; recibió muchos comentarios destacando el amor de padre y la unión familiar, pero una psicóloga, Flor Rodríguez, tuiteó en forma de crítica, diciendo que había analizado la foto y pidiéndole al cantante un límite, poniendo además de manifiesto el rechazo que algunos tienen por este tipo de muestras afectivas entre padres e hijos.La respuesta de Montaner fue dura y en ella destacó el valor familiar: “Busca ayuda psicológica urgente. También busca pareja y ten hijos, construye una familia… luego de todo eso me vuelves a psicoanalizar” dijo el artista. Ella respondió, además de las ironías del caso, diciendo que “abuso es abuso, no hay mucho que analizar”.El tema que se plantea me parece interesante en una sociedad que ha erotizado y sexualizado todo. Pertenezco a una familia en la que ese tipo de manifestaciones no se daban, mi papá era muy seco en su trato con nosotros, sus hijos varones, pero conozco personas que lo hacen sin ninguna prevención ni problema.He leído críticas sobre que este tipo de expresiones de cariño pueden ocasionar traumas o desajustes en el desarrollo emocional o social de los más pequeños y que abren las puertas para posibles abusos de otras personas, frente a lo cual creo con la psicóloga Lola Rovati que: “La sexualización del acto de besar en la boca, es una interpretación del adulto. Los niños no ven nada malo en un beso en la boca de sus padres, lo ven simplemente como lo que es: una muestra de cariño. El niño no se confundirá si nosotros no les transmitimos confusión. Basta con explicarles que son besos especiales reservados para las personas queridas”, cierro cita.Tampoco creo que sea un abuso si el contexto es de sana expresión de cariño paternal. Es difícil que se quiera dictaminar cómo cada padre de familia decide criar a sus hijos, en esto hay que tener cuidado, porque suena muy invasivo.Escuche a Alberto Linero en Mañanas BLU:
Desde la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) hicieron un llamado para que se respeten los derechos a la defensa, libertad de expresión y al debido proceso de los alcaldes contra los que se están adelantando procesos de revocatoria del mandato.El pronunciamiento se conoce después de que la Procuraduría le prohibiera al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, realizar una campaña en contra de la revocatoria que se le adelanta, argumentando que él y sus funcionarios deben abstenerse de intervenir en actividades y controversias políticas, pues no se puede utilizar la autoridad para una causa política ni utilizar elementos del servicio público para procesos electorales."Como partes del proceso de revocatoria, deben tener permitido expresar sus posturas frente a los argumentos de los comités promotores y usar los medios que consideren adecuados para defenderse de las razones, con base en las cuales se pretende dar por terminado su mandato", se lee en el comunicado.Asimismo, manifiestan que además de que estos son los derechos que tienen los alcaldes como colombianos, también es una garantía del derecho a la información que tienen los ciudadanos pues necesitan conocer la posición de los mandatarios sobre su gestión para poder tomar una decisión frente al proceso de revocatoria, pues de no ser así, se estaría conociendo solo una parte del proceso."En definitiva, debe respetarse y protegerse el derecho que tienen los mandatarios locales para expresar libremente sus opiniones y argumentos en relación con los procesos de revocatoria de mandato en su contra".Entérese de esta y más noticias en BLU Radio:
Ante las dudas que se habían generado en las redes sociales, debido a que a través de su cuenta de Twitter y pese a las alertas de la Procuraduría, el alcalde de Medellín Daniel Quintero inició una campaña para incentivar el 'no' en la revocatoria, el mandatario de la capital antioqueña lo ratificó en un trino en las últimas horas.“Claro que haremos campaña por el No. #NoMás revocatorias fraudulentas cargadas de odio y revanchismo”, escribió el mandatario local.Por eso, Quintero, en compañía de sus funcionarios, ha comenzado una estrategia similar a la que en años pasados hizo el precandidato presidencial Gustavo Petro, cuando fue inhabilitado por la Procuraduría.Se trata de escribirse en la palma de una de las manos “No +”, como un mensaje de rechazo a varios aspectos que la administración de Quintero ha criticado, como el uribismo, la corrupción, entre otros.Lea tambiénJuan Pablo Ramírez, secretario de Inclusión Social de Medellín, se refirió a la campaña 'No más', con la que el mandatario de la capital antioqueña y sus subalternos buscan defenderse de la campaña de revocatoria."Una revocatoria no es buena ni mala, no debe ser objeto de ataques. Dejemos a un lado la revocatoria como mecanismo de participación ciudadana. Esto no fue un tema planeado, fue espontáneo", aseguró el funcionario."Es una forma pertinente para decir No más a muchas que están pasando a Medellín", añadió Ramírez.Por otro lado, sectores cercanos al 'petrismo', como el sindicato de maestros Adida, anunció que en su independencia no hace parte, ni apoya el proceso de revocatoria en contra del alcalde de Medellín Daniel Quintero.Afirman que quienes adelantan la revocatoria son sectores "retardatarios de la ciudad y el departamento", que quieren recuperar a toda costa lo que perdieron en las urnas.Por tal motivo le solicitan a los maestros rechazar este proceso de revocatoria y legitimar la voluntad del pueblo en las urnas.Escuche a Juan Pablo Ramírez en Mañanas BLU:
La aplicación, que a la fecha es la más usada del mundo, incluiría un nuevo abanico de opciones en cuanto a edición de imagen y video para los archivos que se envían a través de ella.Así lo reveló el portal WABetaInfo, el cual detalló las nuevas herramientas que se encuentra desarrollando la compañía tecnológica a través de los directivos de Meta, incluida en ellas la posibilidad de desenfocar imágenes y mostrar imágenes de perfil en las notificaciones de la aplicación.Respecto a la función de edición de imagen y video, se conoció que incluso una imagen en la que se aprecia cómo sería esta nueva herramienta. WhatsApp sumaría dos pinceles diferentes para que los usuarios puedan utilizar tres en total en su nueva versión.Las actualizaciones, por otra parte, no serían aplicables solo a su formato para smartphone, sino además para su versión web o de escritorio. El portal WABetaInfo también afirmó que algunos usuarios de la versión beta de WhatsApp 2.22.1.1 en iOS 15, tienen disponible la novedad de ver las fotografías de perfil en las notificaciones que reciben de otros usuarios de la app. La función es igual para mensajes recibidos tanto de grupo como de chats individuales. Esperamos que las actualizaciones de de la aplicación que ahora cuenta con más de 2.000 usuarios en todo el mundo, no tarden demasiado en llegar. Escuche la noticia del día:
