En la mañana de este jueves, el Ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, presentó un proyecto de acto legislativo para hacer más transparente las gestiones que realizan congresistas ante el Gobierno Nacional y cambiar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
“La regla de este gobierno es la transparencia. Todos los colombianos conocen una palabra que nunca debió entrar en el vocabulario público: “mermelada”. Es lo oculto: es el proyecto de inversión que aparece en una región sin que nadie sepa quién lo pidió, es la llamada que no queda registrada, la reunión que no tiene acta y el favor que se cobra en una votación”, aseguró el Ministro Lara.
Publicidad
La iniciativa propone modificar la Constitución Política en sus artículos 180, 182, 183 y 346 para permitir que los congresistas postulen proyectos de inversión pública en beneficio de las regiones y sus habitantes, al tiempo que plantea cambios en las reglas sobre conflictos de intereses y declaraciones públicas de los legisladores.
De acuerdo con el articulado, esta gestión no constituiría una violación del régimen de incompatibilidades ni un conflicto de intereses, siempre que el congresista no intervenga en la adjudicación, celebración o ejecución de los contratos derivados de los proyectos, y que ni él ni los financiadores de su campaña obtengan un beneficio particular y determinado. Además, las postulaciones tendrían que quedar registradas públicamente.
“Este proyecto de acto legislativo respeta profundamente al Congreso de la República, que respeta su función de representación, de aprobación del presupuesto general de la nación, y su capacidad de asignar y de solicitar la asignación de proyectos de inversión en sus regiones”.
Otro de los cambios propuestos está relacionado con las condiciones para que un congresista deba declararse impedido frente a un asunto que se discuta o vote en el Congreso.
Publicidad
El proyecto establece que solo existiría un conflicto de intereses que obligue a declararse impedido cuando haya un beneficio particular y determinado a favor del congresista, su cónyuge o compañero permanente, sus familiares dentro de los grados que establezca la ley o sus socios.
La iniciativa también señala que el interés derivado de la financiación legal y registrada de una campaña, así como el interés común a un sector económico, social o regional, no constituiría por sí solo un conflicto de intereses. En esos casos, según el texto propuesto, el congresista podría participar y votar una vez efectuada la declaración correspondiente. Ocultar información en la declaración pública de intereses sería una causal de pérdida de investidura.
Publicidad
La reforma también propone permitir que los congresistas postulen, en cualquier momento, proyectos de inversión pública en beneficio de las entidades territoriales.
Estas iniciativas podrían ser incluidas por el Gobierno nacional en el proyecto de presupuesto anual o financiadas durante la respectiva vigencia fiscal con recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación y de fondos especiales del orden nacional.
El articulado establece que estas postulaciones deberán sujetarse a los procedimientos y estándares comunes que determine una ley orgánica.
Publicidad
Finalmente, el proyecto dispone que, dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la reforma, el Congreso deberá expedir esa ley orgánica para reglamentar el registro público de intereses, los financiadores de campañas y las postulaciones de proyectos de inversión para las regiones; así como el trámite de impedimentos y recusaciones.