La terminación de la variante de San Gil en Santander recibió un nuevo impulso con la aprobación de $100.000 millones incluidos en el presupuesto nacional, tras una proposición presentada por el representante a la Cámara por Santander, Miguel Ángel Pinto.
Los recursos buscan permitir la continuidad de este proyecto vial, que pretende sacar el tráfico pesado del casco urbano de San Gil y mejorar la movilidad hacia municipios como Curití, Charalá, Barichara, Cabrera, Ocamonte y El Valle.
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Pinto destacó la aprobación de la iniciativa y aseguró que permitirá avanzar en una obra que lleva varios años de retraso.
“Lo logramos. Tal como lo prometimos en campaña, veremos por fin la obra del intercambiador que evita el paso del tráfico pesado por San Gil, Santander. El gobierno de Abelardo de la Espriella avaló nuestra proposición, y el Congreso votó favorablemente a una inversión de $100.000 millones para esta variante”, afirmó el congresista.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, agradeció el apoyo de los congresistas para el departamento.
Muchas gracias senadores y representantes de Santander, doy fe de su lucha por que a nuestro departamento se le asignen los recursos que merece. https://t.co/egDU6jh0Wc
— General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) October 20, 2026
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La aprobación de los recursos se conoce en medio de las dificultades que enfrenta el proyecto. El último informe de veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga 2026 advierte que, después de 73 meses de ejecución, solo se construyeron 4,1 kilómetros de los 9,6 kilómetros previstos, lo que representa un avance físico del 42,7 %.
En la obra se ejecutaron $174.890 millones, mientras que la interventoría sumó $15.804 millones. Sin embargo, los contratos de construcción e interventoría con el Instituto Nacional de Vías (Invías) finalizaron el 17 de enero de 2025, y desde entonces el proyecto permanece sin continuidad contractual.
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La veeduría señala que las estructuras construidas hasta ahora no cumplen la función prevista ni generan los beneficios esperados para la comunidad, debido a que el corredor no está terminado y no permite desviar el tráfico pesado del municipio.
A los retrasos se suman dificultades en la adquisición de terrenos y el cumplimiento de obligaciones ambientales. De los 223 predios requeridos para desarrollar el proyecto, todavía faltan 97 por adquirir. Además, está pendiente la compensación ambiental correspondiente a 118,6 hectáreas.
En octubre de 2025, Invías publicó en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II) procesos de contratación para continuar las obras y la interventoría, por $66.496 millones y $3.516 millones, respectivamente.
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No obstante, los recursos respaldados mediante certificados de disponibilidad presupuestal eran inferiores a esos valores. Posteriormente, el 7 de abril de 2026, Invías canceló ambos procesos y argumentó falta de recursos, limitaciones de tiempo e inconvenientes relacionados con la licencia ambiental.
El informe de veeduría también menciona un convenio de la Ruta de los Comuneros por $120.000 millones para el tramo comprendido entre el PR 6+120 y el PR 9+663, correspondiente a una parte del corredor pendiente de completar.