Se trata de tres contratos y dos adiciones por valor de $6.000 millones, suscritos entre 2013 y 2015 por el Fondo de Programas Especiales para la Paz, que hace parte del Estado, y la empresa Connecta SAS, sociedad que fue creada por él.
En diálogo con el diario, González sostiene que ya no tiene acciones en la empresa, pese a que su esposa preside la compañía en la actualidad.
Aquí la nota de El Espectador: