propósito de la captura del juez 22 de Barranquilla, quien dejó en libertad a Francisco ‘Kiko’ Gómez, exgobernador de La Guajira.
“El delito de prevaricato consiste en que un servidor público profiere una decisión manifiestamente contraria a la Ley, o a la Constitución o al ordenamiento jurídico como tal”, dijo.
“Es importante tener en cuenta que el delito se configura solo cuando esta decisión es proferida por un servidor público”, precisó Marín.
Con respecto a las consecuencias que trae cometer el delito de prevaricato, Marín dijo que “tendría una pena que puede oscilar entre los 4 y 12 años de prisión. También el tipo penal establece una consecuencia jurídica patrimonial en el entendido que tendría que asumir una pena de multa que oscilaría entre 45 y 200 millones aproximadamente y, además una inhabilitación para el ejercicio de esos derechos y funciones públicas por un periodo que va desde 80 a 144 meses”.