El expediente contra el general (r) Mario Montoya por falsos positivos

El general (r) Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército,  fue el primer oficial a cargo de los Comandos Operativos Conjuntos y la Operación Orión, que en el 2003 sacó a la guerrilla de las comunas de Medellín.

Célebre por operaciones como Jaque, que permitió la liberación de 15 secuestrados, incluida  Íngrid Betancourt, el general Montoya fue vinculado desde el año 2015 a los procesos que adelanta la Fiscalía por "falsos positivos", y ahora el expediente en su contra está listo para ser enviado a la Justicia Especial para La Paz, aunque por parte de sus defensores no hay intenciones de acogerse a este mecanismo aún, ¿qué pruebas tienen contra el general?

Blu Radio conoció en exclusiva el expediente en el que se detalla, según los investigadores, que Montoya es responsable de "implementar una política de presión por resultados", que llevó a qué se cometieran "falsos positivos".

El expediente

Grado actual: General retirado

Grado al momento de los hechos: General

Cargo al momento hechos: comandante del Ejército (22 de febrero de 2006 - 4 de noviembre de 2008).

Los hechos que dan origen a la investigación corresponden a las muertes de Fair Leonardo Porras, Daniel Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez, durante operaciones militares desarrolladas entre enero y agosto de 2008 en Ocaña y Abrego, Norte de Santander, y Cimitarra, Santander.

Según los investigadores, el coronel en retiro Santiago Herrera, quien se desempeñó como comandante de la Brigada Móvil No. 15 y posteriormente como ayudante del comandante del Ejército, acusó al general (r) Mario Montoya Uribe de "medir a las unidades militares bajo su mando por resultados militares entendidos estos como muertes producidas en combate".

Pero eso no es el único caso. Durante casi tres años de investigación, la Fiscalía determinó que el general (r) Montoya, en su calidad de comandante del Ejército, "es responsable de homicidios cometidos por integrantes de al menos siete divisiones del Ejército durante su periodo de comandancia".

Y justifica esa responsabilidad "al haber implementado una política de presión por resultados, clasificación de las unidades militares por la cantidad de muertes en combate que reportaran, beneficios profesionales para los comandantes de las unidades que se destacaran por la cantidad de bajas en combate y sanciones, reprimendas o escarnio a quienes no estuvieran a la altura de sus expectativas operacionales", señala el informe de los investigadores.

Agrega el expediente que este factor de riesgo para la población civil se vio acompañado de un ejercicio del mando en el que "los controles a las irregularidades fueron laxos, no se atendieron las denuncias de instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y de víctimas que alertaron sobre lo que estaba pasando".

Antes estás afirmaciones, Montoya manifestó en la diligencia de interrogatorio que "en su comandancia se había preocupado extraordinariamente por el respeto a los derechos humanos".

Señaló, además, que como comandante del Ejército no tenía la posibilidad de ejercer control sobre las tropas y que la responsabilidad por las operaciones que se desarrollaban recaía en los comandantes de división, brigada y batallón.

No obstante, en la investigación se ha podido establecer que Montoya tenía conocimiento de las irregularidades que se estaban presentando a través de las quejas, denuncias.

"En su condición de comandante del Ejército era garante de la vida e integridad física de los integrantes de la población civil que puso en peligro con su política de presión por resultados y tenía el deber jurídico de impedir que esta tuviera como resultado la muerte de civiles que no estuvieran participando directamente en el conflicto armado, y estaba en capacidad de evitar los resultados, lo cual puede inferirse a partir del número de muertes cuestionadas durante el periodo de su comandancia y posterior a ella", determina la Fiscalía.

La Fiscalía está lista para escuchar a más de ocho generales que tendrán que declarar contra Montoya y así resolver su situación jurídica.

Por el momento son diez casos de homicidio en persona protegida por los que Montoya deberá responder, por los que se arriesga a una pena de 40 años de cárcel.

Otros procesos

Además de Montoya, la Fiscalía vinculó directamente a otro general a las investigaciones. Henry William Torres Escalante, quien fue comandante de varias divisiones, quedó preso y recientemente recuperó su libertad al amparo de la JEP.

Al momento de la captura era mayor general, comandante del Comando Conjunto del Sur Occidente No. 2, con jurisdicción en Cauca, Valle y Nariño.

Sumado a lo anterior, el grado al momento de los hechos era coronel y comandante de la Brigada XVI – Yopal.

Contra el general Torres Escalante se siguen siete investigaciones, sin embargo, se decidió el impulso de dos casos:

Torres Escalante, es presunto responsable del homicidio en persona protegida de Alcides Castillo Fonseca por omisión, "no adoptó las medidas necesarias para evitar que los grupos especiales a su cargo (Deltas), durante el período de su comandancia y antes de la ejecución de este homicidio; tenía el deber jurídico de impedir este resultado, y en su condición de comandante de las unidades que realizaban las ejecuciones extrajudiciales podía tomar medidas para evitarlo", señala el expediente.

Los otros casos tienen que ver con el homicidio de Daniel Torres Arciniegas  y su hijo menor Roque Julio Torres Torres, quienes fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate por integrantes del grupo especial Delta 6 orgánico de la Brigada XVI.

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Hoy, además de Montoya Uribe y Torres Escalante, siguen investigados los generales Luis Roberto Pico, Óscar González Peña, Paulino Coronado, Ernesto Rodríguez Clavijo, Leonardo Gallego —por la operación Orión en la Comuna 13 de Medellín— y hasta el comandante de las Fuerzas Militares, Juan Pablo Rodríguez.

Cabe recordar que octubre de 2015, la Fiscalía a través de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, llamó a interrogatorio a cinco generales del Ejército, cuatro de ellos en retiro, por su posible vinculación a casos registrados entre 2006 y 2008.

Los oficiales citados a interrogatorio fueron: El general Leonardo Gómez Vergara, excomandante de la Tercera Brigada del Ejército; Jairo Antonio Herazo Marzola, excomandante de la Octava Brigada; Hernando Pérez Molina y Justo Eliseo Peña, excomandantes de la Tercera División y Emiro José Barrios, comandante del Batallón Contraguerrilla número ocho.

La situación jurídica de este grupo la deberá resolver ahora la Justicia Especial para La Paz.

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