Fiscalía admite graves problemas financieros en su universidad

La Fiscalía General de la Nación se refirió al futuro de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ), entidad educativa creada por el ente investigador pero que ha presentado, según la misma entidad, una serie de problemas financieros.

En el comunicado la Fiscalía señala que la institución educativa no es financieramente viable debido al alto costo que representa un estudiante al año, motivo por el cual el Congreso de la República decidió no asignarle presupuesto para el año 2016.

“En las circunstancias actuales de la Institución Universitaria, se constató que cada estudiante le costaría al Estado un promedio de 700 millones de pesos anuales, lo cual evidenciaba su inviabilidad financiera. La planta de la Institución Universitaria no creció ni fue gerenciada de forma proporcional y razonable al número de estudiantes previstos y efectivamente matriculados: en la actualidad existen 80 funcionarios para 39 estudiantes” dice el comunicado.

De igual manera señala que “El Congreso de la República, y no la Fiscalía, fue quien decidió no asignarle a la Institución Universitaria recursos para el próximo año fiscal (2016). Esta decisión tuvo como fundamento el recorte general del gasto público”.

La Fiscalía también aclaró que dicha universidad no depende financieramente del ente acusador y señala que su funcionamiento no está contemplado dentro del presupuesto general asignado a la entidad.

Este es el comunicado emitido por la Fiscalía General de la Nación:

El día lunes 23 de noviembre de 2015 el portal web de la Revista Semana publicó un artículo titulado: “El entierro del proyecto bandera del fiscal” en el que se señalaron una serie de supuestas anomalías que se han presentado en la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ). Por esta razón, la Fiscalía General de la Nación, en aras de aclarar las graves inconsistencias que presenta la noticia publicada por dicho medio de comunicación, se permite precisar lo siguiente:

1. La Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ) es un establecimiento público que, si bien está adscrito a la Fiscalía, goza de autonomía universitaria. Esto quiere decir que ni el Fiscal General de la Nación, ni ningún otro funcionario de la Entidad, tiene el poder para interferir en las decisiones que tomen las directivas de la Universidad.

2. Los dineros que recibe la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ) no dependen del presupuesto que el Congreso de la República le asigna anualmente a la Fiscalía General de la Nación.

3. El Congreso de la República, y no la Fiscalía, fue quien decidió no asignarle a la Institución Universitaria recursos para el próximo año fiscal (2016). Esta decisión tuvo como fundamento el recorte general del gasto público, ocasionado por la disminución de ingresos del Estado, originado  entre otras razones, por la baja del petróleo.

4. Además, porque en las circunstancias actuales de la Institución Universitaria, se constató que cada estudiante le costaría al Estado un promedio de 700 millones de pesos anuales, lo cual evidenciaba su inviabilidad financiera. La planta de la Institución Universitaria no creció ni fue gerenciada de forma proporcional y razonable al número de estudiantes previstos y efectivamente matriculados: en la actualidad existen 80 funcionarios para 39 estudiantes.

5. De otro lado, actualmente la Fiscalía IV Delegada ante la Corte Suprema de Justicia adelanta varias investigaciones penales sobre algunos funcionarios de la Institución Universitaria. Estas se originaron como consecuencia de presuntos plagios que aparecieron en el “Informe gestión de tecnologías de la Información y las comunicaciones” y que fueron puestos en conocimiento a la Fiscalía por uno de sus directivos.

6. No es cierto, como afirma la Revista Semana, que se trató de un “simple malentendido” o que la respuesta de la Fiscalía ha sido “exagerada”. El plagio está sancionado por la ley penal. No es un delito menor y menos cuando ocurre en una institución educativa pública, que además está adscrita a la Fiscalía General de la Nación. En el pasado, la Corte Constitucional ha compulsado copias a la Fiscalía que investigue los casos de plagio, tal y como ocurrió en la sentencia T-941a de 2011.

7. También falta a la verdad la Revista Semana cuando afirma que con esta investigación se están realizando persecuciones, allanamientos, amenazas y decisiones arbitrarias. La fiscal encargada del caso realizó inicialmente una diligencia de inspección judicial de recolección de datos en la Institución Universitaria, frente a la cual existió una férrea oposición por parte del director de la Universidad, César Solanilla. Por esa razón, fue necesario solicitar autorización de un Juez de la República para que tres ingenieros y un abogado recogieran la información.

8. Los investigadores de la Entidad han podido comprobar que en más de 29 páginas del documento presentado ante las directivas de la CIJ, existen presuntamente copias textuales y burdas de investigaciones realizadas por otros centros educativos con un alto prestigio nacional, especialmente, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). Por esta razón, ya está programada una audiencia de imputación.

9. Es importante aclarar que este no es el único caso de plagio que investiga la Fiscalía General de la Nación. Hace poco fueron iniciadas por lo menos dos investigaciones similares, que involucran a otras instituciones universitarias. La investigación que se adelanta contra algunos funcionarios de la CIJ, no se trata en consecuencia de una persecución sino del ejercicio de las labores constitucionales en cabeza de esta entidad.

10. Gracias a los hallazgos investigativos de la Fiscalía IV Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en asocio con la policía judicial asignada a su Despacho, ha podido concluirse que aparte de los plagios, existen serios indicios de que funcionarios de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ) pudieron también haber incurrido presuntamente en otros delitos.

11. Entre estos, se destaca el delito de daño informático, en la medida que nuestros investigadores han detectado la presunta destrucción de correos electrónicos y la probable alteración de información, que al parecer fue de conocimiento del Director de la Universidad, y quien presuntamente no realizó ninguna gestión para evitar los hechos.

12. De igual forma, en el proceso se adelantan investigaciones por la presunta persecución que el Director de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ) ha emprendido contra quienes han declarado dentro del proceso penal y han alertado a las autoridades sobre los malos manejos administrativos. Así, por ejemplo, quien fuera subdirector de la Institución Universitaria, fue declarado insubsistente luego de declarar en la Fiscalía.

13. Por otra parte, hay que resaltar que, todas las diligencias que se han realizado en la institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ) decretadas por la Fiscalía IV Delegada ante la Corte Suprema de Justicia han sido avaladas por un Juez de Control de Garantías. En consecuencia, no puede alegarse ninguna muestra de arbitrariedad por parte de la Entidad, pues en todo momento se ha obrado bajo los principios de la Constitución Política y la ley penal.

14. El excelente trabajo investigativo realizado por la Fiscalía IV Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y de su policía judicial permitieron que se pueda citar para el próximo 1º de diciembre de 2015 a audiencia de formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento al ingeniero que presuntamente cometió el plagio e incurrió en daño informático.

15. Tampoco se entiende la afirmación de la Revista Semana según la cual se perderá toda la inversión realizada en la Institución Universitaria, que cuantifica sin fundamento en 31.245 millones de pesos. El año pasado la Institución Universitaria funcionó con presupuesto de la Fiscalía y en el presente año sólo ha utilizado el 44% de su presupuesto, equivalente a 9.700 millones.

16. Sobre este punto también debe precisarse que los bienes inmuebles que utiliza actualmente la CIJ son de propiedad de la Fiscalía y las mejoras e inversiones allí realizadas no se perderán, porque seguirán utilizandose para beneficio de la entidad y de sus funcionarios.

17. Antes de la decisión adoptada por el Congreso, era intención de la Fiscalía compartir las sedes con la CIJ, quienes por la poca cantidad de estudiantes las tenían subutilizadas. Actualmente la CIJ no cuenta con la capacidad institucional para capacitar a los funcionarios de la Fiscalía, pero la Fiscalía General de la Nación podrá seguir utilizando las sedes para la capacitación de sus más de 25.000 funcionarios y para realizar los concursos de carrera administrativa.

18. Por esta razón, la Fiscalía precisa que debido a la decisión del Congreso de no aprobar presupuesto para la Universidad, se consideró necesario fortalecer el departamento de formación y desarrollo de la Fiscalía. Esa fue la razón para crear, en el marco de la ley, el departamento de altos estudios, que tendrá como misión realizar las labores de capacitación de fiscales y policías judiciales, exigido por la ley.

19. Por último, la Fiscalía General de la Nación informa que se convocará al Consejo Directivo de la institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ) con el fin de discutir la situación de la Entidad y tomar las decisiones que mejor favorezcan a los trabajadores y estudiantes. Todo esto  nos permite concluir que la Revista Semana falta en forma grave a la verdad. Por este motivo, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, solicitará formalmente una rectificación a la Revista con el fin de que se corrijan las graves imprecisiones que contiene el artículo publicado el pasado 23 de noviembre de 2015 en el portal web de la Revista Semana.