La primera propuesta tiene que ver con las medidas para la aplicación e interpretación de las convenciones en materia de fiscalización de drogas, e insiste en que las políticas deben guardar armonía con los compromisos de los Estados en relación con los tratados de derechos humanos.
Además, promueve la creación de un grupo técnico que analice las tensiones entre la aplicación de las convenciones en materias de drogas y la aplicación de los instrumentos en el tema de derechos humanos.
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El segundo punto, que se enfoca en el tema de drogas y salud, insiste que se debe reconocer que el problema de las drogas debe abordarse desde los enfoques de salud pública y derechos humanos; y se centra en la promoción, prevención, tratamiento y reducción del daño relacionado con el consumo.
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Adicionalmente, defiende el fortalecimiento de las diferentes medidas que permitan el acceso a las sustancias controladas para fines médicos y científicos.
La relación entre drogas y derechos humanos se aborda en la tercera propuesta que descriminaliza el consumo de drogas y su posesión para uso personal; promueve la eliminación de la pena de muerte y cadena perpetua para delitos relacionados con drogas; e insiste en que es deber de los Estados, reconocer y proteger la diversidad étnica.
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Por último, Colombia propone en el tema de desarrollo alternativo integral y sostenible, diseñar programas desde un enfoque territorial e integral, que reduzcan la vulnerabilidad generada por el problema de las drogas en los territorios; y fortalecer la cooperación técnica y financiera en las regiones afectadas por los cultivos ilícitos.
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