del país, esto como medida paliativa para solucionar la grave crisis penitenciaria.
De esa forma, los reclusos cuya condena no exceda los cuatro años, exceptuando delitos por lesa humanidad, violación o contra la administración pública, quedarían libres. Además, los condenados con penas de ocho años pasarían a pagar casa por cárcel.
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Entre las medidas contempladas está el uso de la oralidad de los procesos ante los jueces de ejecución de penas y la modernización de los penales en el país, explicó Alfonso Gómez Méndez, ministro de Justicia.
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