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La decisión fue tomada por la institución por la presunta compra de resultados de pruebas pre-ifces a un profesor de la firma Asesorías Académicas Milton Ochoa.
Este hecho se presentó desde el pasado mes de febrero de este año cuando la firma que realizó el simulacro confirmó a través de un comunicado manifestando que un docente sí habría vendido las respuestas logrando que las estudiantes tuviesen beneficios académicos.
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Este hecho ocasionó que el docente fuese despedido y que los padres de familias de los estudiantes del Marymount interpusieran un derecho de petición al colegio por su decisión de cancelar la ceremonia de grado.
Luego de esto, la institución a través del Consejo Superior, emitió una resolución el pasado 10 de mayo en el que le comunicaba a los padres sobre el fraude académico e informándoles que habían decidido que la ceremonia de grados no se llevara a cabo, esto con el fin de "invitar a la reflexión a los graduandos".
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Ante la decisión del colegio, los padres de familia interpusieron un derecho de petición a la rectora del Marymount firmado por todos los estudiantes del grado 11 con el fin de que el Consejo Superior reconsiderara su decisión.
Sin embargo las directivas de la institución respondieron el pasado 23 de mayo ratificando su decisión de no realizar la ceremonia.
Los padres en su deseo de ver graduados a sus hijos con toga y birrete, siguieron la pelea jurídica e interpusieron una acción de tutela la cual fue aprobada por el Juzgado Once Penal Municipal de Barranquilla el cual les aprobó la solicitud considerando que estaban siendo vulnerados los derechos de los estudiantes.
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Como medida preventiva, el juzgado le ordenó el 29 de mayo al Marymount suspender la decisión que fue expedida por directivas del colegio el 10 de ese mismo mes.
El colegio no acató la medida preventiva ordenada por el juzgado y emitió un nuevo comunicado el 7 de junio en donde ratificaba la cancelación de la ceremonia y anunciaba que los diplomas serían entregados a los estudiantes por ventanilla y respecto al horario de entrega, anunciaron que les seria notificado vía correo.
Ante esto, los padres de familia vuelven al juzgado el cual nuevamente le solicita al colegio "acatar de manera inmediata la orden impartida en la medida provisional de fecha 29 de mayo de 2018", orden que tampoco fue tenida en cuenta por la institución.
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