Argumentó que la ilegalidad del recaudo recae en que su cobro se fundamenta en una ley que fue sancionada en 1913. Que además desincentiva a la comunidad de Barranquilla "para efectos de mantener altos niveles de penetración de las telecomunicaciones móviles" y que genera desigualdad porque los barranquilleros pagarán más que los del resto del páis.
"Nuestra preocupación va en dos sentidos: primero la ilegalidad del acuerdo y, en segundo lugar, la inequiedad que se presenta ara los usuarios de Barranquilla", dijo.
Aseguró que por el tema ha notificado en repetidas ocasiones a la Alcaldía de Barranquilla, pero que no ha recibido mayor respuesta.
"Consideramos que esta es una decisión que va en contra vía a la norma", indicó Gutiérrez, quien advirtió que las autoridades territoriales no pueden grabar impuestos sin la autorización del Congreso de la República.