Asombra el silencio del Gobierno Nacional y de algunas organizaciones defensoras de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, ante los desgarradores testimonios de menores de edad que fueron violadas y sometidas a todo tipo de vejámenes mientras hicieron parte contra su voluntad de las Farc.
Los relatos de las menores reclutadas contra su voluntad son impresionantes y muestran la crueldad de los mandos medios y altos de esa organización guerrillera, hoy desmovilizada después de negociar con el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Los testimonios de quienes padecieron los ultrajes dentro de las Farc no pueden soslayarse ni por el Gobierno Nacional ni por quienes dicen ser defensores de los Derechos Humanos.
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Se trata delitos de Lesa Humanidad, que no son sujetos de ningún tipo de indulto o benevolencia, producto de la negociación. Los responsables de esos delitos deben pagar por ellos. No hay una opción distinta.
En lugar de estar pidiendo más beneficios para los jefes de las Farc, lo que el Gobierno tendría que hacer es exigirles que rindan cuentas por el reclutamiento forzado y las violaciones a las menores de edad dentro de las filas de la entonces organización guerrillera.
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Así es como se logra una paz justa, que permita la reconciliación nacional. Negarse a hacerlo solo sirve para alimentar nuevos conflictos.
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