La "olla podrida" de Córdoba: Editorial de Óscar Montes

El panelista Óscar Montes habló sobre hechos de corrupción en el departamento de Córdoba.

BLU Radio Óscar Montes. Foto: bluradio.com

La decisión de la Fiscalía General de capturar a cinco personas vinculadas a la Universidad del Sinú en Montería, entre ellas las hermanas Mara Graciela Bechara de Zuleta y María Fátima Bechara Castilla, evidencia el compromiso de ese organismo de llevar las investigaciones relacionadas con casos de corrupción en el departamento de Córdoba hasta las últimas consecuencias.

 

Mara Graciela Bechara se desempeña como rectora de la Universidad del Sinú y su hermana, María Fátima, es la representante legal de la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia "George Dahl". Además, fueron capturados el representante legal de la Empresa Conservación y Desarrollo Forestal (CDF) y un profesor de la Universidad de Córdoba.

 

Las hermanas Bechara hacen parte de una distinguida familia de Córdoba, relacionada desde hace muchos años con sectores académicos, políticos y empresariales del Departamento. Mara Bechara es la suegra del Gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, hermano del senador por el Partido de la U, Musa Besaile. A su vez es tía del Representante a la Cámara por ese mismo partido político, Raimundo Méndez Bechara. 

 

La hermana de Mara, María Fátima Bechara Castilla, se desempeñó como rectora de la Universidad del Sinú hasta el año de 2015 y es la madre del Representante, Raimundo Méndez, hombre de confianza del senador Besaile.

 

De acuerdo con la Fiscalía General, en diciembre de 2013 el entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, celebró de manera irregular convenios por la suma de 9.575 millones de pesos, que fueron financiados por el Sistema General de Regalías (SGR) del Fondo de Ciencia y Tecnología del Departamento.

 

El primero de ellos se denominó caña flecha, tenía por objeto el desarrollo e investigación aplicado al modelo experimental, sostenible e innovador de la cadena productiva de artesanías, derivadas de la llamada Caña Flecha que se produce en el departamento. El mismo fue celebrado por la Gobernación, la Universidad del Sinú y la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia "George Dahl".

 

El costo de este primer convenio fue de 3.000 millones de pesos, pero el avance físico del mismo apenas fue del 30,5 por ciento, según un informe de la Contraloría General.

 

El segundo convenio, también irregular, según la Fiscalía General,se denominó "Agroforestal", tenía como objeto la investigación y desarrollo aplicado de un modelo experimental para el manejo productivo y sostenible de los sistemas agroforestales en Córdoba. El costo del mismo fue de 765 millones de pesos y su avance fue apenas del 42,5 por ciento, según la Contraloría General.

 

A los capturados se les imputa los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, concierto para delinquir y concusión.

 

La olla de corrupción que apenas se está destapando en Córdoba tiene un olor nauseabundo y compromete a los representantes más connotados de la clase política del Departamento.

 

Dentro de esa olla hay ajustes de cuentas entre criminales, así como cadáveres de personas valientes que perdieron la vida tratando de destapar toda la porquería que hay en ella.

 

Dentro de la olla podrida de Córdoba también hay enterrados miles de millones de pesos que fueron destinados para beneficiar a los más pobres del Departamento, tanto en Salud como en Educación, pero que fueron a parar a los bolsillos de los bandidos de cuello blanco. Córdoba es un Departamento saqueado.

 

La obligación del fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, es llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias, pero, además, debe emplearse a fondo para que ninguno de los procesados o condenados reciba ningún tipo de beneficios, como ha venido sucediendo con varios de ellos, que desfilan orondos y desafiantes por las calles de Montería, porque saben que la Ley en Colombia es para los de ruana.

 

Fiscales y jueces tendrán que demostrar en esta oportunidad que su compromiso en la lucha contra la corrupción va más allá de los titulares de prensa. Estaremos vigilantes para que así sea.

 

 

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