A la cárcel fueron enviados los primeros tres implicados en el escándalo y descalco millonario al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el departamento de la Guajira.
La decisión al tomo un juez de control de garantías de Bucaramanga, tras conocer las evidencias presentadas por al Fiscalía General de la Nación.
Los asegurados son Maria Isbelda Hernández Roys, supervisora de los contratos del ICBF en la Guajira, Yiseth Fince Bravo, contadora de la Fundación Un Mejor Vivir y Ramiro Lizarazo, proveedor de los contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Estas personas deberán ahora responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Dice la Fiscalía que los tres asegurados habrían participado en el millonario desfalco de más de $2.200 millones de pesos en contratos realizados este año, para la atención integral de los niños menores de cinco años en el departamento de la Guajira.