La participación de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en los procesos de contratación estatal ha crecido desde la expedición del Decreto 142 de 2023, que buscaba fomentar su inclusión junto con los proveedores de la economía popular. Sin embargo, la realidad muestra que, aunque más mipymes se postulan a licitaciones, subastas y procesos de mínima cuantía, muy pocas logran convertirse en adjudicatarias de contratos públicos.
De acuerdo con cifras de Colombia Compra Eficiente, en 2023 se adjudicaron más de 1,3 millones de contratos por parte del Estado, pero solo 17.630 fueron entregados a mipymes, lo que representa apenas el 2,2% del total, equivalente a unos 3 billones de pesos. Los sectores con mayor participación fueron tecnología, servicios generales, mantenimiento, consultoría, transporte y dotación, aunque el balance demuestra que la adjudicación efectiva sigue siendo mínima.
¿Cuáles son esos errores?
El bajo porcentaje de éxito tiene una explicación clara: los errores administrativos y jurídicos que cometen las empresas en los procesos de selección. Según Alexander Grajales, gerente general de Grupo Soluciones Legales, muchas mipymes quedan por fuera no porque carezcan de capacidad técnica o financiera, sino porque desconocen los procedimientos y requisitos que exige el sistema de contratación pública.
Entre las fallas más frecuentes se encuentran: la definición incorrecta del código UNSPSC, el incumplimiento en el cargue de información y documentos al SECOP, la falta de experiencia certificada, la ausencia de representación jurídica adecuada en audiencias, la mala interpretación de los requisitos habilitantes, la escasa sustentación de observaciones en pliegos y prepliegos, y la falta de defensa técnica-jurídica en audiencias de adjudicación. Errores que, aunque parecen detalles, se convierten en barreras insalvables.
La situación se agrava con el tema de la experiencia certificada. Muchas mipymes han ejecutado proyectos importantes, pero al no contar con documentación adecuada, el sistema no reconoce su trayectoria. A esto se suma la falta de asesoría legal especializada, que no solo limita sus oportunidades, sino que también puede generar riesgos jurídicos en el proceso.
Pese a este panorama, los expertos aseguran que las mipymes tienen gran potencial para convertirse en proveedores habituales del Estado. Sus propuestas suelen ser competitivas y sólidas, lo que demuestra que el problema no está en el talento o la calidad de sus servicios, sino en las deficiencias técnicas en la postulación.
“Una pyme bien preparada jurídicamente puede crecer con estabilidad al convertirse en aliado estratégico del Estado”, concluyó Grajales.
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