Son las naciones Killakas, Carangas, Chichas, Pacajes, Charkas y Lípez que han presentado una solicitud para intervenir como 'amicus curiae' (amigo de la corte o del tribunal) en el caso que enfrenta a las empresas cazatesoros Sea Search-Armada y LLC (EE. UU.) con Colombia, y que está pendiente de respuesta.
La contienda por el San José, hundido, según crónicas de la época, con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata, se dirime en la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, y las últimas vistas están programadas para noviembre, aunque la complicación jurídica del caso, con procedimientos abiertos incluso a nivel nacional en Colombia, puede alargar la resolución final a 2026.
Es lo que opina José María Lancho, el abogado español que representa a las seis naciones indígenas -se pueden unir más, dice en una entrevista, quien asegura que la solicitud de sus representados busca simplemente "una reconciliación histórica".
"No están pidiendo una representación del pasado. El pasado es imprescindible para construir porvenir. Lo que quieren es participar en esa construcción, no hablar de una herida eterna que jamás cerrará", asegura el letrado.
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Lo que entienden (las naciones indígenas) es que "ni Colombia puede llegar a tener el derecho de propiedad" (sobre el San José), ni "llegar a un acuerdo de reparto con una empresa cazatesoros", si no que el galeón debe ser "un patrimonio común y compartido entre ellos, el Reino de España y Colombia". "No es un saco de plata y de restos valiosos económicamente, para ellos está fuera de comercio, por supuesto", subraya.
Las naciones indígenas, sujetos de derecho internacional aunque no sean Estados, afirman que Colombia y España pueden poner en peligro todo el legado arqueológico de los galeones de la llamada 'Carrera de Indias' (las rutas que unieron Castilla con sus virreinatos americanos) si convierten el San José en una excepción.
En esa ruta se estima que se puedan encontrar más de 150 pecios (o yacimientos) hundidos y el fallo sobre el San José podría marcar un antes y un después sobre la propiedad y explotación de todos ellos.
De hecho, han sido las naciones originarias quienes han solicitado por primera vez a la Unesco incluir en el Inventario de Bienes Culturales en Peligro los restos de los buques históricos españoles hundidos durante la 'Carrera de Indias', por su valor patrimonial e histórico común.
"Por eso nos ha resultado tan extraño que se nos haya condenado un poco a no poder transmitir el mensaje de este enorme número de comunidades que nunca se han reunido en un arbitraje comercial para hacer un posicionamiento de intereses", recalca.
El coste de la no reivindicación española
Según Lancho, en esta contienda por el San José, España "debería hacer aflorar con toda su potencia" el derecho internacional, y cree que el país, más allá de sus sucesivos gobiernos, "no siempre está a la altura del desafío de la industria internacional cazatesoros".
El abogado cree que el problema está en que "no se ha enfocado esto como una política de Estado" y se adoptan soluciones de coyuntura "dependiendo del acercamiento a un país u otro".
"Y esto tiene un coste, y es que no nos damos cuenta de que una política de este tipo nos facilita convertir estos yacimientos en un punto de reencuentro con las sociedades americanas de las que a veces hemos estado muy distantes", afirma.
Un complicado "ovillo jurídico"
Lancho explica el complicado "ovillo jurídico" al que se enfrenta la petición de sus representados.
Por un lado."están los intereses de MACS, que es una empresa nueva, que alcanzó unos acuerdos con el Estado colombiano y éste cerró unas compensaciones poco transparentes hasta el momento" sobre el San José.
El abogado recuerda que en esos acuerdos rige la ley cazatesoros colombiana, "que incentiva a las empresas para a través de los acuerdos con el Estado Colombiano explotar los yacimientos históricos".
Otro conflicto jurídico es la reclamación de la empresa estadounidense Searched Armada, que solicita 10.000 millones de dólares a Colombia por haber encontrado el galeón, y que ha presentado acciones en juzgados colombianos e "incluso tiene algunas resoluciones favorables".
"España, estoy convencido de que pedirá la inmunidad soberana (por ser el pecio de bandera española), pero tiene que ser congruente y pedir a instancias internacionales que puedan imponerle a Colombia condiciones que aseguren que ni el San José ni ningún otro pecio histórico puede ser utilizado en sus explotaciones comerciales", remarca el letrado.
Y recuerda, en referencia a Colombia, que por encima de sus propias leyes existe el derecho de la Convención del Mar, que es internacional.
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