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El texto legislativo, al que sólo le falta la firma de su principal impulsor, el gobernador Ron DeSantis, llega tras una disputa entre el líder republicano y la compañía sobre una polémica ley educativa votada en Florida.
"Si Disney quiere pelear, eligió al tipo equivocado", escribió DeSantis en un reciente correo electrónico para recaudar fondos.
Los problemas para la empresa empezaron en marzo, cuando Florida aprobó una ley que prohíbe enseñar asuntos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género en escuelas primarias.
Esa ley, apodada "Don't Say Gay" (No digan gay) por sus detractores, se enmarca en una batalla cultural emprendida por el Partido Republicano, a pocos meses de las elecciones de mitad de legislatura que se celebrarán en noviembre.
Desde hace meses, los republicanos tienen en el punto de mira a medios de comunicación, empresas y políticos demócratas a los que acusan de querer imponer su ideología progresista a los demás.
Disney se negó en un primer momento a opinar sobre la ley educativa de Florida, donde emplea a unas 75.000 personas. Pero las numerosas críticas recibidas por su silencio al respecto llevaron al director ejecutivo, Bob Chapek, a condenar la medida y a suspender las donaciones políticas en el estado.
Esa decisión irritó a DeSantis, un político ambicioso al que muchos analistas ven como un posible candidato para la Casa Blanca.
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El martes, anunció que había pedido a los congresistas estatales anular el estatuto especial de Disney.
Y dos días después, sus deseos se cumplieron en el Parlamento, dando inicio a un periodo que llevará al desmantelamiento del distrito especial en junio de 2023.
"Disney es un invitado en Florida. Hoy se lo recordamos", tuiteó el martes Randy Fine, el republicano que presentó la ley contra el autogobierno de Disney en el Parlamento estatal.
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El senador republicano Marco Rubio acusó, por su parte, a la empresa de tener un doble estándar.
"Disney no dice una palabra sobre la dictadura en China porque podría costarle miles de millones de dólares", tuiteó Rubio. "Pero no tiene ningún problema en usar su poder corporativo para mentir sobre leyes aprobadas por legisladores elegidos democráticamente en Florida", añadió.
El Reedy Creek Improvement District fue aprobado en 1967 por los congresistas floridanos para facilitar la construcción del parque Walt Disney World cerca de Orlando.
Mide unos 100 km2 e incluye dos ciudades y terrenos en los condados de Orange y Osceola, en el centro del estado.
En virtud de aquel acuerdo, Disney dirige ese distrito como si fuera un gobierno local, cobrando impuestos y garantizando servicios públicos esenciales como la recogida de basura, el tratamiento de las aguas, etc.
La decisión de anular ese estatuto especial ha suscitado dudas sobre el futuro del área donde se sitúa.
Según las leyes estatales, si se disuelve el distrito especial, sus bienes y deudas se transferirán a los gobiernos locales que rodean ese territorio.
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"Podría pasar 2.000 millones de dólares de deuda de Disney a los contribuyentes" de Orange y Osceola, tuiteó el miércoles la senadora demócrata estatal Linda Stewart.
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