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El domingo 20 de febrero de 2011, a las 8:30 a.m., Raúl Antonio Carvajal, un vendedor de verduras de 63 años, irrumpió en la Plaza de Bolívar, en el corazón de la República, con su Dodge modelo 73.
Un camión viejo, de pintura roja ya desgastada, con enormes pancartas en las que denunciaba que su hijo no había muerto en un combate con las Farc sino, al parecer, a manos de sus compañeros del Ejército. Según él por no querer asesinar a dos muchachos que querían hacer pasar como guerrilleros muertos en combate.
En 2008, tres años atrás, ya había estallado en el país el escándalo de los llamados “falsos positivos”, con la muerte de los jóvenes de Soacha, en Cundinamarca, que aparecieron muertos en Ocaña Norte de Santander. Se trató de cientos de ejecuciones extrajudiciales por parte de militares que pasaron como bajas a cambio de prebendas y reconocimientos dentro de la institución y que terminó con la salida de varios oficiales, aunque en la justicia solo han sido condenados por esos casos mandos rasos.
La historia que traía Raúl ese día en su camión se sumaba al dolor y denuncia de otras familias, como las Madres de Soacha, que denunciaban esta práctica que se extendió en las fuerzas militares en épocas de Mano Dura y Corazón Grande, como se conoció la política de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, que recrudeció la confrontación armada contra las guerrillas.
Pero la historia de Raúl era particular porque habría otro capítulo que, incluso hoy, sigue sin ser esclarecido: la posibilidad de que soldados hayan sido supuestamente asesinados por rehusarse a cometer ejecuciones extrajudiciales.
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