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Así funcionaba la red de lavado de activos detrás de Lili Pink, según la Fiscalía

La Fiscalía confirmó el operativo de extinción de dominio contra Lili Pink. En total fueron ocupados 405 locales, en medio de una investigación por lavado de activos y contrabando.

Fiscalía investiga a Lili Pink
Fiscalía investiga a Lili Pink
Foto: Fiscalía General y Lili Pink

Se trata de una compleja estructura empresarial señalada de mover millonarios recursos ilícitos bajo la fachada de la famosa cadena de venta de ropa conocida como Lili Pink, empresa que habría permitido el ingreso de recursos del contrabando al país.

El entramado estaría compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante las cuales ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación.

Fiscalía realiza operativos contra establecimiento de Lili Pink en todo el país
Fiscalía realiza operativos contra establecimiento de Lili Pink en todo el país
Foto: suministrada

¿Que hacía Lili Pink, según la Fiscalía?

Disimulaban el control aduanero, fragmentaban transacciones, simulaban relaciones comerciales y dificultaban la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal. Por eso fueron ocupados 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, bienes que quedan bajo proceso de extinción del derecho de dominio.

Las cifras

Está documentado por la Fiscalía el lavado de activos por 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dian, avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones

Las diligencias se desplegaron en 59 municipios y ciudades distribuidos en 25 departamentos, con apoyo del Ejército Nacional, debido a la amplia presencia territorial de la cadena comercial investigada.

Mientras avanza el proceso judicial, los establecimientos y activos intervenidos continuarán funcionando bajo supervisión, a la espera de que jueces especializados definan si pasan definitivamente al Estado.

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