La Fiscalía y las autoridades capturaron a cinco personas que harían parte de una estructura criminal que, de acuerdo con la investigación, habría lavado más de 2,3 billones de pesos provenientes del narcotráfico.En el marco de las diligencias también fueron afectados 36 bienes relacionados con la estructura investigada. Los procedimientos se realizaron en Medellín, Antioquia y Barranquilla, Atlántico, donde además fueron incautadas seis armas de fuego, cuatro de ellas, según las autoridades, sin permiso de porte, así como otros elementos que quedaron a disposición de la investigación.La Fiscalía siguió el rastro de los recursos y detectó un entramado societario que habría operado entre 2018 y 2026 con el propósito de dar apariencia de legalidad a dineros provenientes del narcotráfico.De acuerdo con la investigación, el esquema habría comenzado con la creación de nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio dedicados a actividades como obras de ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.Las evidencias recopiladas por los investigadores indicarían que varias de estas empresas no contaban con la infraestructura ni con la capacidad operativa para desarrollar las actividades que registraban. Además, habrían presentado escasa o inexistente actividad económica y diferencias entre la información consignada en sus estados financieros y los movimientos registrados en sus cuentas bancarias.La investigación también identificó operaciones internacionales por altas sumas de dinero y transacciones cruzadas entre las mismas sociedades. Otra de las vías que habría sido utilizada para movilizar los recursos fue el mercado de criptoactivos.Los investigadores detectaron transferencias millonarias en USDT, una moneda digital, con empresas vinculadas a grupos dedicados al narcotráfico que han sido sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, de Estados Unidos.Según la Fiscalía, los recursos que ingresaban al país a través del sistema financiero o mediante activos virtuales eran monetizados y retirados rápidamente. Parte de este dinero habría sido posteriormente invertido en bienes, entre ellos inmuebles y vehículos de alta gama.Dentro de la investigación, Hugo Daniel Giraldo Santamaría fue identificado como presunto cabecilla de la organización y como el supuesto articulador de actividades de monetización, compensación y entrega de recursos.La Fiscalía también señala a Carolina María Giraldo, esposa de Giraldo Santamaría, por su presunta relación con el manejo de grandes sumas de dinero y con el conglomerado de sociedades investigadas.Asimismo, Janeth Catalina Cano Santamaría habría coordinado la canalización, dispersión y monetización de activos virtuales; Johan Mateo Ruiz Orijhuela presuntamente habría utilizado billeteras digitales para facilitar el ingreso, ocultamiento y posterior conversión de importantes sumas de dinero; y Luis Andrés Ospina Ochoa sería, según la investigación, quien daba tránsito y mantenía ocultos los recursos mediante las sociedades investigadas.
La Fiscalía General de la Nación amplió las medidas cautelares dentro de la investigación que adelanta por un presunto esquema de contrabando y lavado de activos relacionado con la sociedad Fast Moda S.A.S., empresa que opera las tiendas Lili Pink y Joy, al incorporar al proceso a la sociedad Elephant Import & Export S.A.S.La decisión fue adoptada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio dentro del proceso que vincula al menos a nueve personas que, según la investigación, harían parte de una estructura dedicada a operaciones de presunto contrabando y lavado de activos.De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, Elephant Import & Export S.A.S. habría sido utilizada para respaldar la importación y el abastecimiento de mercancías, pese a que, presuntamente, no contaba con la capacidad económica real para desarrollar esas operaciones comerciales.La investigación también estableció que la aparente solidez financiera de esa sociedad se sustentaba en un préstamo por 64.000 millones de pesos otorgado por otra empresa que, según el ente investigador, tampoco tendría la capacidad económica para realizar una operación de esa magnitud.Adicionalmente, la Fiscalía identificó que Fast Moda S.A.S. registraba una deuda por 126.000 millones de pesos a favor de Elephant Import & Export S.A.S., situación que, de acuerdo con la investigación, haría parte del esquema financiero utilizado por la estructura investigada.Como parte de las nuevas diligencias, fueron ubicados 12 contenedores con mercancía de origen chino que ingresó al país desde Panamá. De igual manera, la Fiscalía verificó que otros 31 contenedores habían sido aprehendidos previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).Los investigadores también establecieron que parte de la mercancía encontrada ya contaba con etiquetas elaboradas para su comercialización en el mercado colombiano, pese a corresponder a productos fabricados en China.Con la ampliación de las medidas cautelares, la Fiscalía busca fortalecer la afectación patrimonial sobre los bienes y sociedades vinculadas a la investigación, con el propósito de impedir que, presuntamente, continúen siendo utilizadas para operaciones relacionadas con contrabando y lavado de activos.Durante las recientes audiencias, la fiscal del caso expuso cómo, según la investigación, se habría estructurado un entramado empresarial mediante la creación de empresas de papel para ocultar el control real de las operaciones comerciales.La Fiscalía sostuvo que, durante varios años, habría operado una estructura conformada por empresas constituidas en Colombia y Panamá, cuyas operaciones comerciales hacen parte de la investigación que actualmente adelanta el ente acusador por un presunto esquema de contrabando y lavado de activos.
La Policía del estado brasileño de São Paulo detuvo este jueves a la popular influencer Deolane Bezerra por ser sospechosa de lavar dinero para la mayor facción criminal de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC).Bezerra, que tiene 22 millones de seguidores en Instagram, fue detenida junto a otras cinco personas en el marco de una operación durante la cual se bloquearon 327 millones de reales (unos 65 millones de dólares o 56 millones de euros).Además, los agentes requisaron al menos 17 vehículos, incluyendo carros de lujo, y embargaron cuatro inmuebles vinculados a los investigados.Entre los edificios registrados figura la mansión en la que vive Bezerra, una vasta propiedad en un condominio a las afueras de la ciudad de São Paulo con piscina y una amplia área verde.Según la Policía regional, los responsables de la trama usaban empresas fachada, transferían cantidades millonarias sin sustento económico, y adquirían bienes para ocultar el origen ilícito del dinero del PCC.La investigación arrancó tras analizar un celular requisado en una operación anterior y que mostró conversaciones con los líderes de la facción y transferencias financieras.Tres de los investigados fueron incluidos en la lista roja de la Interpol, al creer que se encuentran en Bolivia, Italia y España.En este último país, vive Paloma Sanches Camacho, sobrina del máximo jefe del PCC, reportaron los medios brasileños.Bezerra ya fue detenida en septiembre de 2024 durante una operación que investigaba un supuesto lavado de dinero de plataformas de apuestas digitales ilegales y pasó varios días en prisión preventiva antes de ser liberada.La influencer de 38 años, quien acababa de volver de Italia cuando fue detenida este jueves, acostumbra a exhibir ante sus seguidores el alto tren de vida que lleva, con viajes frecuentes y compras en tiendas de lujo, mientras hace publicidad de productos cosméticos.
Un juez envió a prisión a Walter Francisco Martínez Martínez, señalado por la Fiscalía General de la Nación de participar en una presunta red de lavado de activos y contrabando relacionada con mercancía que tendría como destino la reconocida marca comercial Lili Pink.Por ahora, Martínez permanecerá bajo detención hospitalaria mientras se recupera y recibe el aval médico. Posteriormente, será trasladado a un centro de reclusión para cumplir la medida de aseguramiento impuesta dentro del proceso penal.Según la investigación, Walter Francisco Martínez Martínez es el primer capturado y judicializado dentro de este caso. La Fiscalía sostiene que el procesado presuntamente utilizaba importadoras de papel como empresas fachada con el propósito de evadir controles aduaneros y facilitar el ingreso irregular de mercancía al país.Por estos hechos, el ente acusador le imputó los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito.De manera paralela, las autoridades mantienen vigentes al menos nueve órdenes de captura contra otros presuntos integrantes de este entramado ilegal que, de acuerdo con la Fiscalía, estaría vinculado con operaciones de lavado de activos superiores a 730.000 millones de pesos.La investigación también señala que la organización habría facilitado el ingreso de mercancía de contrabando y recursos de origen ilícito que superarían los 75.000 millones de pesos.En medio del avance del proceso judicial, la empresa Fast Moda, vinculada comercialmente a la marca Lili Pink, emitió un comunicado público para aclarar que Walter Francisco Martínez Martínez no tiene actualmente ninguna relación con la compañía.En el pronunciamiento, la empresa aseguró que Martínez “no mantiene vínculo alguno de carácter comercial, contractual, laboral, societario ni operativo con la compañía”, ni con la operación empresarial asociada a la marca desde el año 2021.
La empresa de ropa femenina Lili Pink se pronunció este 5 de mayo de 2026 frente a las investigaciones que adelantan las autoridades por presuntos delitos de contrabando, lavado de activos y procesos de extinción de dominio. A través de un comunicado, la compañía aseguró que actualmente no existe una decisión judicial en firme que establezca su responsabilidad.Según la firma, los procesos se encuentran en etapa preliminar y hacen parte de una controversia jurídica en curso, por lo que insistió en que los señalamientos conocidos públicamente no constituyen conclusiones definitivas.En relación con las acusaciones de contrabando, la empresa indicó que no existe declaratoria judicial que las confirme. Además, sostuvo que las actuaciones administrativas están siendo controvertidas ante la jurisdicción competente y que todas las mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados.La compañía también advirtió inconsistencias entre las cifras difundidas y los valores reales de los procesos administrativos, aspecto que, según señaló, deberá ser esclarecido en sede judicial.Iván Cancino: “La presunción de inocencia sigue incólume”El abogado penalista Iván Cancino, apoderado de Lili Pink, reforzó la posición de la empresa y explicó que la compañía está vinculada a procesos en etapa de investigación, sin que exista hasta ahora una decisión judicial en firme.“Quiero manifestar que la compañía se encuentra vinculada a procesos que están en esta etapa de investigación y algunos de extinción de dominio, sin que exista a la fecha decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna, y por lo tanto la presunción de inocencia sigue incólume”, afirmó.El jurista reiteró que no hay una declaratoria judicial que confirme los señalamientos de contrabando y subrayó que las actuaciones administrativas están siendo controvertidas ante las autoridades competentes. Asimismo, aseguró que la empresa cuenta con los soportes legales de importación de sus productos.Cancino insistió en que los hechos corresponden a una controversia jurídica en desarrollo y no a conclusiones definitivas. También indicó que existen inconsistencias entre las cifras divulgadas públicamente y los valores reales de las actuaciones administrativas, lo que deberá ser aclarado en el proceso judicial.El abogado destacó, además, que la compañía genera más de 3.000 empleos directos, opera legalmente en Colombia y en otros países de América Latina, y comparece ante las autoridades ejerciendo su derecho de defensa.Finalmente, hizo un llamado a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, evitando interpretaciones anticipadas. “A medida que conozcamos más hechos y que la Fiscalía nos entregue más elementos, haremos otros pronunciamientos”, concluyó.
Se trata de una compleja estructura empresarial señalada de mover millonarios recursos ilícitos bajo la fachada de la famosa cadena de venta de ropa conocida como Lili Pink, empresa que habría permitido el ingreso de recursos del contrabando al país.El entramado estaría compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante las cuales ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación.¿Que hacía Lili Pink, según la Fiscalía?Disimulaban el control aduanero, fragmentaban transacciones, simulaban relaciones comerciales y dificultaban la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal. Por eso fueron ocupados 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, bienes que quedan bajo proceso de extinción del derecho de dominio.Las cifrasEstá documentado por la Fiscalía el lavado de activos por 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dian, avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millonesLas diligencias se desplegaron en 59 municipios y ciudades distribuidos en 25 departamentos, con apoyo del Ejército Nacional, debido a la amplia presencia territorial de la cadena comercial investigada.Mientras avanza el proceso judicial, los establecimientos y activos intervenidos continuarán funcionando bajo supervisión, a la espera de que jueces especializados definan si pasan definitivamente al Estado.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que avanza en la investigación de cinco casos de incautación de dinero en efectivo registrados en distintas regiones del país durante los últimos días de cara a las elecciones. El objetivo de las indagaciones es determinar si los recursos tienen relación con delitos electorales o si su origen podría estar vinculado con otras conductas de presunto lavado de activos.Según la Fiscalía, en San Onofre, Sucre, fue incautado un monto de 28 millones y una persona fue capturada durante el procedimiento. Posteriormente, un juez de control de garantías impartió legalidad al operativo policial y avaló la incautación del dinero con fines de comiso, por lo que el proceso continúa en etapa de investigación.Otro caso se registró en Cúcuta, Norte de Santander, donde las autoridades incautaron 26 millones de pesos en efectivo y capturaron a una persona. En este caso, aún está pendiente la presentación ante un juez de control de garantías para definir la legalidad del procedimiento y las decisiones judiciales correspondientes.En Ibagué, Tolima, las autoridades reportaron la incautación de 71 millones en efectivo. En este procedimiento no se registraron capturas.Uno de los casos de mayor cuantía se presentó entre Montería y Planeta Rica, en el departamento de Córdoba, donde fueron incautados 434 millones de pesos. En audiencia ante un juez penal de control de garantías fueron legalizadas las capturas de Misael Augusto Villarreal Jorge y Virginia Rosa Urango Ramos.En la misma diligencia judicial se avaló la incautación del dinero con fines de comiso, así como de varios dispositivos móviles que también serán objeto de análisis dentro de la investigación. Los dos implicados quedaron vinculados al proceso, pero continuarán enfrentando la investigación en libertad.La Fiscalía también confirmó que, junto con estos expedientes, se mantienen actos investigativos relacionados con el caso del escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) capturado en La Guajira con dinero en efectivo y material electoral. Todos estos procesos están siendo orientados por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, con el propósito de obtener elementos materiales probatorios que permitan establecer con claridad el origen de los recursos y su eventual destinación.
La Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una mesa de trabajo con dos líneas de investigación en el caso de Alfredo Acuña, funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y escolta del secretario de la Cámara de Representantes de Colombia, Jaime Lacouture, quien fue capturado en La Guajira con 145 millones de pesos en efectivo y propaganda electoral del congresista Daniel Restrepo.Según el ente acusador, una de las líneas busca establecer si hay un posible delito de lavado de activos, con el fin de verificar el origen y destino del dinero. La otra apunta a determinar un eventual caso de corrupción relacionado con una posible destinación indebida de recursos con fines de campaña o electorales.La captura fue objeto de revisión en audiencia de legalización ante un juez de control de garantías, quien decidió dejar en libertad al escolta. De acuerdo con su abogado, Iván Cancino, la decisión obedeció a presuntas irregularidades en el procedimiento y fallas en la sustentación del ente acusador.“La defensa demostró que la captura fue ilegal en el procedimiento y que el dinero no tenía ningún motivo o circunstancia que lo vinculara con delito alguno, y se ordena también la devolución del dinero y de los vehículos. El debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia no son bienes que se puedan disponer a la ligera, como lo hemos visto hoy. La investigación obviamente seguirá, pero en Colombia llevar dinero en efectivo no es delito y no podemos permitir que eso se vuelva una costumbre. La Fiscalía obviamente tendrá que hacer sus procedimientos, sus indagaciones, pero lo importante es que hoy esas personas quedaron libres”, afirmó.El abogado también sostuvo que su defendido permaneció más de 30 horas capturado sin que avanzara la diligencia judicial y que inicialmente la Policía habló del delito por omisión de reporte sobre transacciones en efectivo.Por su parte, la Fiscalía explicó que la Policía tardó 24 horas en presentar el informe judicial, lo que generó retrasos en la legalización de la captura y en la evaluación del delito a imputar. Finalmente, en audiencia y tras una revisión de la información, el ente acusador sustentó la hipótesis de lavado de activos.Sin embargo, la jueza cuestionó que la Fiscalía no justificara adecuadamente las demoras y puso en duda la adecuación típica del delito planteado. Durante la diligencia también se conoció que el dinero estaba distribuido en siete paquetes con nombres que coinciden con políticos de La Guajira.
Este jueves concluyó una jornada más de audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, en la que la Fiscalía y la defensa han estado interponiendo sus recursos de reposición y apelación frente a las pruebas admitidas y rechazadas por el juez del caso, Hugo Carbonó.La diligencia se reanudará los próximos 26 y 27 de marzo, cuando se espera que la defensa termine su intervención y el juez se pronuncie sobre cada uno de los recursos interpuestos. Sin embargo, si la decisión del juzgado no satisface a las partes, estas pruebas en cuestión pasarán a manos del Tribunal Superior de Barranquilla para que defina en segunda instancia su pertinencia o no en el caso.Justamente, una de las pruebas debatidas es la información extraída del celular de Day Vásquez, exesposa del acusado y principal testigo de la Fiscalía. Este material fue avalado por el juez, convirtiéndose en prueba reina del ente acusador; sin embargo, la defensa sostiene que su procedencia es ilegal e insiste en que debe quedar por fuera del juicio.Al respecto, el delegado de la Procuraduría, Henry Bustos, advirtió que es imperante resolver este recurso para poder avanzar en el proceso, pues considera que, sin una decisión firme sobre la legalidad de esta prueba, "no resulta posible dar inicio al juicio oral".Para Bustos, la información extraída del teléfono de Day Vásquez sí puede ser utilizada como prueba, pues contrario a lo que plantea la defensa, considera que no hubo ningún tipo de vulneración a Vásquez a la hora incautar su dispositivo. Sostiene que ella lo entregó por voluntad propia y no bajo presión.Así las cosas, la instalación del juicio contra Nicolás Petro podría tardar unos meses más, mientras la justicia define qué pruebas son válidas o no en el proceso, pues las partes coincidieron en que, solo cuando haya una decisión en firme sobre estas pruebas rebatidas, se daría inicio al juicio oral.Otras pruebas objetadasLa Procuraduría insiste en que los testimonios previamente rendidos por Nicolás Petro no deben ser llevados al juicio oral, por lo que pide al juez que mantenga su decisión de no admitir esas declaraciones como pruebas.Recalcó que las declaraciones que rindió el procesado ante la Fiscalía, bien sea para buscar o no algún beneficio, no deben ser usadas en su contra, pues al final no se logró ningún preacuerdo a partir de esos diálogos.A su vez, la Procuraduría respaldó la decisión del juez de no admitir el testimonio de Ricardo Roa, como ex gerente de la pasada campaña presidencial, en el juicio oral contra Nicolás Petro. En este sentido, el Ministerio Público rechazó la apelación de la defensa e insistió en que la declaración de Roa no es pertinente, por cuanto la campaña política no es el objeto de este debate.Eso sí, consideró que los testimonios del ministro Armando Benedetti y el congresista Agmeth Escaf sí son pertinentes, porque ellos no hablarían de la campaña, sino de las relaciones sociales y el modo de vida de Nicolás.
La Policía española detuvo a una mujer de nacionalidad colombiana y española de unos 40 años, acusada de ser la jefa de una "empresa de servicios" a narcotraficantes, cuando trataba de huir del país con un millón de euros en bolsas de supermercado, informaron este martes fuentes policiales.Paula fue detenida en Madrid el pasado 13 de febrero cuando agentes de las Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía y de la Brigada antidroga, tras casi dos años de pesquisas, asestaron un importante golpe a toda una estructura criminal que funcionaba como "prestador de servicios" del narco.Junto a ella, en una nave de Alcobendas (norte de Madrid) y en una gasolinera, fueron arrestados el resto de integrantes, once hombres, colombianos en su mayoría y algún holandés.Entre los apresados estaban Gilbert, pareja de Paula y, según los investigadores, jefe "operativo" de la organización, y dos hijos de Paula, quien -según constatan los agentes- estaba al frente de toda la red y manejaba la recaudación de dinero y la contabilidad.Las autoridades desmantelaron esta "organización criminal" que operaba como una red logística contratada por narcotraficantes para recoger, transportar, almacenar y entregar la droga a sus clientes, y descubrieron que Paula era la supuesta jefa.El inspector jefe de UDYCO central, Francisco Podio, y el inspector de la brigada de estupefacientes de Madrid, Manuel LLorente, han asegurado este martes que con toda probabilidad ella fue alertada desde la nave de Alcobendas.Con lo puesto, sin pasaporte pero con un DNI español, la mujer salió ese viernes 13 a toda prisa de su domicilio en la capital en su llamativo Mercedes de alta gama de color negro mate, con varias bolsas de supermercado que contenían paquetes embolsados con billetes de 100, 20 y sobre todo de 50 euros.La mayor incautación en tierra en MadridEn total, eran poco más de un millón de euros que la Policía expuso este martes dispuestos en bolsas transparentes que tenían escrita la cantidad: entre 30.000 y 50.000 euros cada bolsa.Junto al botín incautado del interior del coche y como resultado de esta operación, bautizada como 'Tocada Space', los agentes han mostrado los 2.700 "ladrillos" de cocaína incautados -3.400 kilos, la mayor incautación en tierra de Madrid-; armas de fuego y de guerra, además de una placa Starlink que dotaba a la organización de tecnología satelital para comunicarse con precisión.Entre los efectos intervenidos, varias furgonetas y vehículos de alquiler que la organización había caletado de forma muy sofisticada y con un mecanismo electrónico para ocultar armas y droga.La investigación la iniciaron hace alrededor de dos años unos agentes que sospechan que la organización en un momento paralizó su actividad.En julio pasado, a través de los canales de colaboración con Suecia, Polonia y Portugal a raíz de una aprehensión en un camión procedente de España, se intensificó y se localizó el punto de carga de la droga en una nave industrial ubicada en la localidad de Alcobendas.El pasado día 13, los investigadores detectaron que la organización podría estar preparando un nuevo transporte. Tras un intenso dispositivo de vigilancia, comprobaron cómo repetían el mismo patrón: alquiler de vehículos, desplazamiento al sur de España y regreso a Madrid.
Han pasado exactamente 91 días desde el 10 de agosto, y aún Cali se está recuperando del daño que sufrió durante el terremoto, principalmente en la atención a más de 20.000 familias damnificadas en la ciudad.De esas 20.000, hay 700 que están siendo priorizadas, debido a que prácticamente quedaron en la calle, al perder por completo sus hogares, a estas personas son a las que se les está agilizando las soluciones de vivienda, para después continuar con el resto de la recuperación de la ciudad."Estamos priorizando recuperar u ofrecer soluciones de vivienda para quienes ya perdieron definitivamente sus casas, que en este momento son 700 familias, para que tengan una solución lo más rápido posible. El objetivo que le he puesto al equipo y el que le propuse al ministro de Vivienda es que de aquí a diciembre, todos estos caleños y caleñas tengan respuesta", explicó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.El proceso de reconstrucción es otro de los factores que están en la lista de prioridades, sin embargo, es algo que toma tiempo. El alcalde explicó que una vez los lotes de edificios colapsados o demolidos estén listos para iniciar obra, se debe contar con la documentación y los permisos requeridos."Una vez los edificios colapsados o los demolidos, ya están liberados de los escombros, ya entran además a revisar el tema de la reconstrucción. Para uno reconstruir tiene que hacer diseños, tiene que hacer estudios de suelo, tiene que sacar todas las nuevas licencias, sacar todos los papeles. Solo ese primer paso, puede durar unos seis meses y de ahí una construcción puede durar 18 meses. Por eso el llamado a la ciudadanía es de paciencia", agregó el mandatario.En cuanto al pago de los auxilios económicos más de 15.500 familias han recibido ya los dos primeros giros del millón 50 mil pesos. Se están adelantando los trámites para que a más tardar la próxima semana se realice el tercer y último pago de estas ayudas."En este momento ya lo tenemos aprobado, ya la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo nos ha mencionado que ya se encuentran listos los recursos, sin embargo, estamos alistando la logística, estamos en este momento todavía terminando de pagar el primero y el segundo giro, pero una vez vayamos avanzando en la dispersión de estos, pues empezaremos con el tercer pago", señaló el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela.
La crisis humanitaria en Nuquí, en el departamento de Chocó, continúa generando preocupación por el desplazamiento de comunidades indígenas que han tenido que abandonar sus territorios debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.De acuerdo con John Jaramillo Pandales, personero municipal de Nuquí, más de 300 personas permanecen actualmente en la cabecera municipal, luego de salir de la comunidad indígena de Villa Nueva. Según explicó, las familias tuvieron que abandonar sus hogares con lo que llevaban puesto y necesitan atención humanitaria urgente. El funcionario aseguró que la capacidad de respuesta de la administración municipal está desbordada, por lo que solicitó la intervención de otras entidades para atender a la población afectada.“Por eso la personería municipal ha solicitado la intervención de otras autoridades como competentes para que nos ayude a hacer digamos todo el tema de intervenciones para poder ayudar a esta comunidad indígena”, señaló Jaramillo.Frente a esta situación, el personero hizo un llamado a la solidaridad de los ciudadanos y pidió donaciones de alimentos, ropa para bebés, niños y adultos, kits de aseo, sábanas y toldillos.“Necesitamos kit de aseo, necesitamos ropa para bebés, ropa para adultos, ropa para las mujeres, ropa general, necesitamos lo que es sábana, toldillo”, dijo.La necesidad de estos elementos también está relacionada con las condiciones de salud de la zona. Según Jaramillo, hay una alerta por la presencia de zancudos y los riesgos de enfermedades como el paludismo y el dengue.La Unidad para las Víctimas ya activó su ruta de atención y, según la información que recibió la Personería, se esperaba la llegada de ayudas humanitarias durante el fin de semana. Sin embargo, el funcionario insistió en que se requiere una respuesta más amplia y sostenida.Desde la Personería señalan, además, que esta emergencia también ha afectado la educación de la comunidad, debido a que 65 niños y niñas tuvieron que interrumpir sus clases, mientras las autoridades locales buscan alternativas para que puedan terminar su jornada escolar de fin de año.Asimismo, la entidad pidió que se garantice acompañamiento psicosocial permanente para las familias. El funcionario advirtió que la atención no debería limitarse a una intervención temporal, sino que debe incluir seguimiento a las afectaciones emocionales de la comunidad.“El llamado que hacemos es que eso no sea solamente de manera provisional, sino es que hay un tema emocional con esta comunidad y que la intervención no sea solamente 15 días, sino es que sea, digamos, se haga un seguimiento frente a estas situaciones”, pidió el personero Jaramillo.Finalmente, desde la Personería de Nuquí reiteran el llamado al Gobierno nacional y a las autoridades competentes para que aumenten su presencia y atención en el municipio, con el fin de garantizar asistencia humanitaria, protección y acompañamiento a las comunidades afectadas.
En la capital del Atlántico avanza la transformación de la Casa de la Selección y del Junior de Barranquilla con la remodelación del estadio Metropolitano, donde en las últimas horas se estuvieron realizando nuevas pruebas sobre la tecnología que se estrenará el próximo 21 de noviembre, durante la final de la Copa Sudamericana.El alcalde Alejandro Char mostró un nuevo video sobre los avances de las obras de modernización, en el que se observa la instalación de las pantallas 360 que tendrá el nuevo ‘Supermetro’, una tira led de 500 metros lineales que le da la vuelta a toda la cancha. Las primeras pruebas sobre su funcionamiento apenas se hicieron sobre la cinta LED del costado occidental y ya la apariencia empieza a cautivar a propios y visitantes.Alerta amarilla hospitalariaY a propósito de la Copa Sudamericana, Barranquilla también tiene lista su red de atención en salud para este encuentro internacional. La ciudad tendrá alerta amarilla hospitalaria entre el sábado 14 y el lunes 23 de noviembre, informó la secretaría de Salud del Distrito, Stephanie Araujo."Esta medida es con el fin de activar nuestro plan de contingencia y dar respuesta y capacidad instalada en toda la red pública y privada del distrito. Tendremos una articulación 24 horas con el CRUE Distrital de Barranquilla y las IPS públicas y privadas, para así tener talento humano en salud, capacidad, suficiencia hospitalaria y de red", indicó.Dentro del estadio, habrá apoyo de MiRed IPS, que dispondrá de 14 médicos, cuatro enfermeras y cuatro integrantes del personal administrativo, quienes respaldarán la labor de los socorristas habilitados para el encuentro.También estará disponible un Módulo de Estabilización y Clasificación de Pacientes (MEC), ubicado en la parte inferior de la gradería noroccidente, con dos médicos y cuatro enfermeras. A esto se suma la disponibilidad de seis ambulancias, de las cuales dos son de transporte asistencial medicalizado y cuatro de transporte básico. Las medicalizadas estarán ubicadas en zona de emergencias del escenario.La atención médica también tendrá presencia en las tribunas. En Norte y Sur habrá un médico en cada una de las zonas altas y bajas, mientras que en Occidental y Oriental se dispondrá de ocho médicos, dos por cada división. Clínicas de apoyo y atención de pacientesLas clínicas Campbell y La Victoria atenderá los casos de urgencia, es decir, aquellos que requieren atención inmediata. La Clínica Iberoamérica y la Clínica Murillo se encargarán del nivel intermedio, y el CAMINO Murillo, del nivel bajo. Además, la Clínica de la Policía se sumará como institución de apoyo.
Un combate entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes del ELN permitió el hallazgo de dos mulas que transportaban 100 minas antipersonales. Los animales fueron abandonadas por los hombres armados durante el enfrentamiento y posteriormente trasladados a un centro de bienestar animal.De acuerdo con la información conocida, los hechos ocurrieron en la vereda La Tirana de Anorí, cuando soldados que adelantaban labores de patrullaje observaron a dos hombres que se movilizaban con los semovientes, cargados con costales.Al percatarse de la presencia de los uniformados, los sujetos se enfrentaron con las tropas y, tras el combate de encuentro, huyeron y dejaron abandonadas las dos mulas. Al inspeccionar la carga, los militares encontraron 100 artefactos explosivos improvisados activados.En un audio conocido recientemente se oye a un delincuente planeando el transporte de los artefactos explosivos que tenían como propósito atentar contra la Fuerza Pública y atemorizar a la población del Nordeste antioqueño."Vea hermano, eso coja dos, tres bestias, montele las yucas, móntele las pepas, eso, tanta mula que pasa por ahí, no las van a esculcar. Eso tiene que mirar hermano, que queden parecidas a las de todos los vecinos, para que no hagan colocar sospecha ahí. Eso al fin y al cabo, eso es para que amarrados no van a mirarlas todas miras. Pues confíe en usted nomás que arman que necesitamos esa vuelta", se escucha.Hay que mencionar que en el operativo fueron hallados 40 kilogramos de explosivo tipo pólvora negra, 50 kilogramos de ANFO, 20 metros de mecha de seguridad, 700 metros de cable eléctrico, 1.200 jeringas y otros elementos utilizados para la fabricación e instalación de estos artefactos.El material explosivo fue incautado y posteriormente destruido por las tropas, mientras que los dos animales quedaron bajo protección en un centro de bienestar animal.
A partir de este 9 de noviembre, cinco estaciones del Metro de Medellín dejarán de contar con taquillas para la venta y recarga de la tarjeta Cívica. La medida hace parte de la estrategia de autogestión de pagos para fortalecer el uso de canales digitales y máquinas automáticas.¿Qué estaciones del Metro de Medellín no tendrán taquillas?Las estaciones donde dejarán de funcionar estos puntos de atención son Itagüí, Envigado, Ayurá, La Floresta y Parque Berrío, lugares en donde los usuarios deberán recurrir a las máquinas automáticas instaladas en las estaciones, las aplicaciones Cívica, Bancolombia y Nequi.Según explicó el Metro, para mitigar el cierre de las taquillas se habilitaron máquinas, que permiten la devolución de dinero cuando el usuario realiza una transacción en efectivo, y estarán distribuidas 9 en Itagüí, 11 en Envigado, 6 en Ayurá, 5 en La Floresta y 14 en Parque Berrío.A pesar de que la medida ha causado rechazo entre los adultos mayores y quienes no están familiarizados con los sistemas automáticos, el Metro de Medellín anunció que contará con guías educativos y orientadores de experiencia para acompañar a los usuarios.Asimismo, el Metro aclaró que la eliminación de las taquillas no implicará despidos, ya que los cerca de 270 trabajadores que desempeñaban estas funciones continuarán vinculados y asumirán labores de orientación, atención de inquietudes y acompañamiento en diferentes estaciones.
