La Fiscalía General de la Nación amplió las medidas cautelares dentro de la investigación que adelanta por un presunto esquema de contrabando y lavado de activos relacionado con la sociedad Fast Moda S.A.S., empresa que opera las tiendas Lili Pink y Joy, al incorporar al proceso a la sociedad Elephant Import & Export S.A.S.La decisión fue adoptada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio dentro del proceso que vincula al menos a nueve personas que, según la investigación, harían parte de una estructura dedicada a operaciones de presunto contrabando y lavado de activos.De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, Elephant Import & Export S.A.S. habría sido utilizada para respaldar la importación y el abastecimiento de mercancías, pese a que, presuntamente, no contaba con la capacidad económica real para desarrollar esas operaciones comerciales.La investigación también estableció que la aparente solidez financiera de esa sociedad se sustentaba en un préstamo por 64.000 millones de pesos otorgado por otra empresa que, según el ente investigador, tampoco tendría la capacidad económica para realizar una operación de esa magnitud.Adicionalmente, la Fiscalía identificó que Fast Moda S.A.S. registraba una deuda por 126.000 millones de pesos a favor de Elephant Import & Export S.A.S., situación que, de acuerdo con la investigación, haría parte del esquema financiero utilizado por la estructura investigada.Como parte de las nuevas diligencias, fueron ubicados 12 contenedores con mercancía de origen chino que ingresó al país desde Panamá. De igual manera, la Fiscalía verificó que otros 31 contenedores habían sido aprehendidos previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).Los investigadores también establecieron que parte de la mercancía encontrada ya contaba con etiquetas elaboradas para su comercialización en el mercado colombiano, pese a corresponder a productos fabricados en China.Con la ampliación de las medidas cautelares, la Fiscalía busca fortalecer la afectación patrimonial sobre los bienes y sociedades vinculadas a la investigación, con el propósito de impedir que, presuntamente, continúen siendo utilizadas para operaciones relacionadas con contrabando y lavado de activos.Durante las recientes audiencias, la fiscal del caso expuso cómo, según la investigación, se habría estructurado un entramado empresarial mediante la creación de empresas de papel para ocultar el control real de las operaciones comerciales.La Fiscalía sostuvo que, durante varios años, habría operado una estructura conformada por empresas constituidas en Colombia y Panamá, cuyas operaciones comerciales hacen parte de la investigación que actualmente adelanta el ente acusador por un presunto esquema de contrabando y lavado de activos.
La Policía del estado brasileño de São Paulo detuvo este jueves a la popular influencer Deolane Bezerra por ser sospechosa de lavar dinero para la mayor facción criminal de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC).Bezerra, que tiene 22 millones de seguidores en Instagram, fue detenida junto a otras cinco personas en el marco de una operación durante la cual se bloquearon 327 millones de reales (unos 65 millones de dólares o 56 millones de euros).Además, los agentes requisaron al menos 17 vehículos, incluyendo carros de lujo, y embargaron cuatro inmuebles vinculados a los investigados.Entre los edificios registrados figura la mansión en la que vive Bezerra, una vasta propiedad en un condominio a las afueras de la ciudad de São Paulo con piscina y una amplia área verde.Según la Policía regional, los responsables de la trama usaban empresas fachada, transferían cantidades millonarias sin sustento económico, y adquirían bienes para ocultar el origen ilícito del dinero del PCC.La investigación arrancó tras analizar un celular requisado en una operación anterior y que mostró conversaciones con los líderes de la facción y transferencias financieras.Tres de los investigados fueron incluidos en la lista roja de la Interpol, al creer que se encuentran en Bolivia, Italia y España.En este último país, vive Paloma Sanches Camacho, sobrina del máximo jefe del PCC, reportaron los medios brasileños.Bezerra ya fue detenida en septiembre de 2024 durante una operación que investigaba un supuesto lavado de dinero de plataformas de apuestas digitales ilegales y pasó varios días en prisión preventiva antes de ser liberada.La influencer de 38 años, quien acababa de volver de Italia cuando fue detenida este jueves, acostumbra a exhibir ante sus seguidores el alto tren de vida que lleva, con viajes frecuentes y compras en tiendas de lujo, mientras hace publicidad de productos cosméticos.
Un juez envió a prisión a Walter Francisco Martínez Martínez, señalado por la Fiscalía General de la Nación de participar en una presunta red de lavado de activos y contrabando relacionada con mercancía que tendría como destino la reconocida marca comercial Lili Pink.Por ahora, Martínez permanecerá bajo detención hospitalaria mientras se recupera y recibe el aval médico. Posteriormente, será trasladado a un centro de reclusión para cumplir la medida de aseguramiento impuesta dentro del proceso penal.Según la investigación, Walter Francisco Martínez Martínez es el primer capturado y judicializado dentro de este caso. La Fiscalía sostiene que el procesado presuntamente utilizaba importadoras de papel como empresas fachada con el propósito de evadir controles aduaneros y facilitar el ingreso irregular de mercancía al país.Por estos hechos, el ente acusador le imputó los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito.De manera paralela, las autoridades mantienen vigentes al menos nueve órdenes de captura contra otros presuntos integrantes de este entramado ilegal que, de acuerdo con la Fiscalía, estaría vinculado con operaciones de lavado de activos superiores a 730.000 millones de pesos.La investigación también señala que la organización habría facilitado el ingreso de mercancía de contrabando y recursos de origen ilícito que superarían los 75.000 millones de pesos.En medio del avance del proceso judicial, la empresa Fast Moda, vinculada comercialmente a la marca Lili Pink, emitió un comunicado público para aclarar que Walter Francisco Martínez Martínez no tiene actualmente ninguna relación con la compañía.En el pronunciamiento, la empresa aseguró que Martínez “no mantiene vínculo alguno de carácter comercial, contractual, laboral, societario ni operativo con la compañía”, ni con la operación empresarial asociada a la marca desde el año 2021.
La empresa de ropa femenina Lili Pink se pronunció este 5 de mayo de 2026 frente a las investigaciones que adelantan las autoridades por presuntos delitos de contrabando, lavado de activos y procesos de extinción de dominio. A través de un comunicado, la compañía aseguró que actualmente no existe una decisión judicial en firme que establezca su responsabilidad.Según la firma, los procesos se encuentran en etapa preliminar y hacen parte de una controversia jurídica en curso, por lo que insistió en que los señalamientos conocidos públicamente no constituyen conclusiones definitivas.En relación con las acusaciones de contrabando, la empresa indicó que no existe declaratoria judicial que las confirme. Además, sostuvo que las actuaciones administrativas están siendo controvertidas ante la jurisdicción competente y que todas las mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados.La compañía también advirtió inconsistencias entre las cifras difundidas y los valores reales de los procesos administrativos, aspecto que, según señaló, deberá ser esclarecido en sede judicial.Iván Cancino: “La presunción de inocencia sigue incólume”El abogado penalista Iván Cancino, apoderado de Lili Pink, reforzó la posición de la empresa y explicó que la compañía está vinculada a procesos en etapa de investigación, sin que exista hasta ahora una decisión judicial en firme.“Quiero manifestar que la compañía se encuentra vinculada a procesos que están en esta etapa de investigación y algunos de extinción de dominio, sin que exista a la fecha decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna, y por lo tanto la presunción de inocencia sigue incólume”, afirmó.El jurista reiteró que no hay una declaratoria judicial que confirme los señalamientos de contrabando y subrayó que las actuaciones administrativas están siendo controvertidas ante las autoridades competentes. Asimismo, aseguró que la empresa cuenta con los soportes legales de importación de sus productos.Cancino insistió en que los hechos corresponden a una controversia jurídica en desarrollo y no a conclusiones definitivas. También indicó que existen inconsistencias entre las cifras divulgadas públicamente y los valores reales de las actuaciones administrativas, lo que deberá ser aclarado en el proceso judicial.El abogado destacó, además, que la compañía genera más de 3.000 empleos directos, opera legalmente en Colombia y en otros países de América Latina, y comparece ante las autoridades ejerciendo su derecho de defensa.Finalmente, hizo un llamado a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, evitando interpretaciones anticipadas. “A medida que conozcamos más hechos y que la Fiscalía nos entregue más elementos, haremos otros pronunciamientos”, concluyó.
Se trata de una compleja estructura empresarial señalada de mover millonarios recursos ilícitos bajo la fachada de la famosa cadena de venta de ropa conocida como Lili Pink, empresa que habría permitido el ingreso de recursos del contrabando al país.El entramado estaría compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante las cuales ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación.¿Que hacía Lili Pink, según la Fiscalía?Disimulaban el control aduanero, fragmentaban transacciones, simulaban relaciones comerciales y dificultaban la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal. Por eso fueron ocupados 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, bienes que quedan bajo proceso de extinción del derecho de dominio.Las cifrasEstá documentado por la Fiscalía el lavado de activos por 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dian, avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millonesLas diligencias se desplegaron en 59 municipios y ciudades distribuidos en 25 departamentos, con apoyo del Ejército Nacional, debido a la amplia presencia territorial de la cadena comercial investigada.Mientras avanza el proceso judicial, los establecimientos y activos intervenidos continuarán funcionando bajo supervisión, a la espera de que jueces especializados definan si pasan definitivamente al Estado.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que avanza en la investigación de cinco casos de incautación de dinero en efectivo registrados en distintas regiones del país durante los últimos días de cara a las elecciones. El objetivo de las indagaciones es determinar si los recursos tienen relación con delitos electorales o si su origen podría estar vinculado con otras conductas de presunto lavado de activos.Según la Fiscalía, en San Onofre, Sucre, fue incautado un monto de 28 millones y una persona fue capturada durante el procedimiento. Posteriormente, un juez de control de garantías impartió legalidad al operativo policial y avaló la incautación del dinero con fines de comiso, por lo que el proceso continúa en etapa de investigación.Otro caso se registró en Cúcuta, Norte de Santander, donde las autoridades incautaron 26 millones de pesos en efectivo y capturaron a una persona. En este caso, aún está pendiente la presentación ante un juez de control de garantías para definir la legalidad del procedimiento y las decisiones judiciales correspondientes.En Ibagué, Tolima, las autoridades reportaron la incautación de 71 millones en efectivo. En este procedimiento no se registraron capturas.Uno de los casos de mayor cuantía se presentó entre Montería y Planeta Rica, en el departamento de Córdoba, donde fueron incautados 434 millones de pesos. En audiencia ante un juez penal de control de garantías fueron legalizadas las capturas de Misael Augusto Villarreal Jorge y Virginia Rosa Urango Ramos.En la misma diligencia judicial se avaló la incautación del dinero con fines de comiso, así como de varios dispositivos móviles que también serán objeto de análisis dentro de la investigación. Los dos implicados quedaron vinculados al proceso, pero continuarán enfrentando la investigación en libertad.La Fiscalía también confirmó que, junto con estos expedientes, se mantienen actos investigativos relacionados con el caso del escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) capturado en La Guajira con dinero en efectivo y material electoral. Todos estos procesos están siendo orientados por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, con el propósito de obtener elementos materiales probatorios que permitan establecer con claridad el origen de los recursos y su eventual destinación.
La Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una mesa de trabajo con dos líneas de investigación en el caso de Alfredo Acuña, funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y escolta del secretario de la Cámara de Representantes de Colombia, Jaime Lacouture, quien fue capturado en La Guajira con 145 millones de pesos en efectivo y propaganda electoral del congresista Daniel Restrepo.Según el ente acusador, una de las líneas busca establecer si hay un posible delito de lavado de activos, con el fin de verificar el origen y destino del dinero. La otra apunta a determinar un eventual caso de corrupción relacionado con una posible destinación indebida de recursos con fines de campaña o electorales.La captura fue objeto de revisión en audiencia de legalización ante un juez de control de garantías, quien decidió dejar en libertad al escolta. De acuerdo con su abogado, Iván Cancino, la decisión obedeció a presuntas irregularidades en el procedimiento y fallas en la sustentación del ente acusador.“La defensa demostró que la captura fue ilegal en el procedimiento y que el dinero no tenía ningún motivo o circunstancia que lo vinculara con delito alguno, y se ordena también la devolución del dinero y de los vehículos. El debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia no son bienes que se puedan disponer a la ligera, como lo hemos visto hoy. La investigación obviamente seguirá, pero en Colombia llevar dinero en efectivo no es delito y no podemos permitir que eso se vuelva una costumbre. La Fiscalía obviamente tendrá que hacer sus procedimientos, sus indagaciones, pero lo importante es que hoy esas personas quedaron libres”, afirmó.El abogado también sostuvo que su defendido permaneció más de 30 horas capturado sin que avanzara la diligencia judicial y que inicialmente la Policía habló del delito por omisión de reporte sobre transacciones en efectivo.Por su parte, la Fiscalía explicó que la Policía tardó 24 horas en presentar el informe judicial, lo que generó retrasos en la legalización de la captura y en la evaluación del delito a imputar. Finalmente, en audiencia y tras una revisión de la información, el ente acusador sustentó la hipótesis de lavado de activos.Sin embargo, la jueza cuestionó que la Fiscalía no justificara adecuadamente las demoras y puso en duda la adecuación típica del delito planteado. Durante la diligencia también se conoció que el dinero estaba distribuido en siete paquetes con nombres que coinciden con políticos de La Guajira.
Este jueves concluyó una jornada más de audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, en la que la Fiscalía y la defensa han estado interponiendo sus recursos de reposición y apelación frente a las pruebas admitidas y rechazadas por el juez del caso, Hugo Carbonó.La diligencia se reanudará los próximos 26 y 27 de marzo, cuando se espera que la defensa termine su intervención y el juez se pronuncie sobre cada uno de los recursos interpuestos. Sin embargo, si la decisión del juzgado no satisface a las partes, estas pruebas en cuestión pasarán a manos del Tribunal Superior de Barranquilla para que defina en segunda instancia su pertinencia o no en el caso.Justamente, una de las pruebas debatidas es la información extraída del celular de Day Vásquez, exesposa del acusado y principal testigo de la Fiscalía. Este material fue avalado por el juez, convirtiéndose en prueba reina del ente acusador; sin embargo, la defensa sostiene que su procedencia es ilegal e insiste en que debe quedar por fuera del juicio.Al respecto, el delegado de la Procuraduría, Henry Bustos, advirtió que es imperante resolver este recurso para poder avanzar en el proceso, pues considera que, sin una decisión firme sobre la legalidad de esta prueba, "no resulta posible dar inicio al juicio oral".Para Bustos, la información extraída del teléfono de Day Vásquez sí puede ser utilizada como prueba, pues contrario a lo que plantea la defensa, considera que no hubo ningún tipo de vulneración a Vásquez a la hora incautar su dispositivo. Sostiene que ella lo entregó por voluntad propia y no bajo presión.Así las cosas, la instalación del juicio contra Nicolás Petro podría tardar unos meses más, mientras la justicia define qué pruebas son válidas o no en el proceso, pues las partes coincidieron en que, solo cuando haya una decisión en firme sobre estas pruebas rebatidas, se daría inicio al juicio oral.Otras pruebas objetadasLa Procuraduría insiste en que los testimonios previamente rendidos por Nicolás Petro no deben ser llevados al juicio oral, por lo que pide al juez que mantenga su decisión de no admitir esas declaraciones como pruebas.Recalcó que las declaraciones que rindió el procesado ante la Fiscalía, bien sea para buscar o no algún beneficio, no deben ser usadas en su contra, pues al final no se logró ningún preacuerdo a partir de esos diálogos.A su vez, la Procuraduría respaldó la decisión del juez de no admitir el testimonio de Ricardo Roa, como ex gerente de la pasada campaña presidencial, en el juicio oral contra Nicolás Petro. En este sentido, el Ministerio Público rechazó la apelación de la defensa e insistió en que la declaración de Roa no es pertinente, por cuanto la campaña política no es el objeto de este debate.Eso sí, consideró que los testimonios del ministro Armando Benedetti y el congresista Agmeth Escaf sí son pertinentes, porque ellos no hablarían de la campaña, sino de las relaciones sociales y el modo de vida de Nicolás.
La Policía española detuvo a una mujer de nacionalidad colombiana y española de unos 40 años, acusada de ser la jefa de una "empresa de servicios" a narcotraficantes, cuando trataba de huir del país con un millón de euros en bolsas de supermercado, informaron este martes fuentes policiales.Paula fue detenida en Madrid el pasado 13 de febrero cuando agentes de las Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía y de la Brigada antidroga, tras casi dos años de pesquisas, asestaron un importante golpe a toda una estructura criminal que funcionaba como "prestador de servicios" del narco.Junto a ella, en una nave de Alcobendas (norte de Madrid) y en una gasolinera, fueron arrestados el resto de integrantes, once hombres, colombianos en su mayoría y algún holandés.Entre los apresados estaban Gilbert, pareja de Paula y, según los investigadores, jefe "operativo" de la organización, y dos hijos de Paula, quien -según constatan los agentes- estaba al frente de toda la red y manejaba la recaudación de dinero y la contabilidad.Las autoridades desmantelaron esta "organización criminal" que operaba como una red logística contratada por narcotraficantes para recoger, transportar, almacenar y entregar la droga a sus clientes, y descubrieron que Paula era la supuesta jefa.El inspector jefe de UDYCO central, Francisco Podio, y el inspector de la brigada de estupefacientes de Madrid, Manuel LLorente, han asegurado este martes que con toda probabilidad ella fue alertada desde la nave de Alcobendas.Con lo puesto, sin pasaporte pero con un DNI español, la mujer salió ese viernes 13 a toda prisa de su domicilio en la capital en su llamativo Mercedes de alta gama de color negro mate, con varias bolsas de supermercado que contenían paquetes embolsados con billetes de 100, 20 y sobre todo de 50 euros.La mayor incautación en tierra en MadridEn total, eran poco más de un millón de euros que la Policía expuso este martes dispuestos en bolsas transparentes que tenían escrita la cantidad: entre 30.000 y 50.000 euros cada bolsa.Junto al botín incautado del interior del coche y como resultado de esta operación, bautizada como 'Tocada Space', los agentes han mostrado los 2.700 "ladrillos" de cocaína incautados -3.400 kilos, la mayor incautación en tierra de Madrid-; armas de fuego y de guerra, además de una placa Starlink que dotaba a la organización de tecnología satelital para comunicarse con precisión.Entre los efectos intervenidos, varias furgonetas y vehículos de alquiler que la organización había caletado de forma muy sofisticada y con un mecanismo electrónico para ocultar armas y droga.La investigación la iniciaron hace alrededor de dos años unos agentes que sospechan que la organización en un momento paralizó su actividad.En julio pasado, a través de los canales de colaboración con Suecia, Polonia y Portugal a raíz de una aprehensión en un camión procedente de España, se intensificó y se localizó el punto de carga de la droga en una nave industrial ubicada en la localidad de Alcobendas.El pasado día 13, los investigadores detectaron que la organización podría estar preparando un nuevo transporte. Tras un intenso dispositivo de vigilancia, comprobaron cómo repetían el mismo patrón: alquiler de vehículos, desplazamiento al sur de España y regreso a Madrid.
Las autoridades de Medellín expresaron su preocupación por la evolución y el nivel de peligrosidad de las estructuras criminales que operan en el área metropolitana, al advertir que no se trata de bandas dedicadas únicamente a la extorsión o al microtráfico, sino de Grupos Delictivos Organizados vinculados al narcotráfico y a redes criminales transnacionales, que además incursionan en prestarles seguridad a capos internacionales.Así lo señaló el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, al explicar que estas organizaciones mantienen alianzas con estructuras de México y con grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo para mover droga hacia otros países.Según el mandatario, ciudadanos extranjeros que llegan a Medellín lo hacen para articularse con estas estructuras locales y delinquir en economías ilícitas como el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas. En ese proceso, solicitan apoyo logístico y esquemas de seguridad, un servicio que hoy se ha convertido en una renta criminal adicional para las bandas de la ciudad, incluso mediante el uso irregular de carnés y fachadas de empresas de vigilancia privada."No solo es qué hacen aquí, sino quiénes los cuidan, y los cuidan estructuras criminales de Medellín. Lo que constituye en muchos casos otra renta criminal, no solo sociedades mafiosas, sino otra renta criminal que tienen esas estructuras de acá para ofrecer servicios de guardaespaldas y de cuidado a mafiosos de otras partes del mundo", explicó.Así ocurrió por ejemplo con el recién capturado, el panameño Jean Carlo Valderrama, quien tenía circular roja de Interpol y fue sorprendido en El Poblado junto con cuatro personas más —tres colombianos y un panameño— y les incautaron tres armas de fuego y cinco teléfonos celulares. Alias ‘Balín’ sería uno de los principales cabecillas de la pandilla ‘Los Sam 23’ o ‘Jordan 23’, estructura criminal que controla territorios en San Miguelito, Panamá."Fue capturado con otras personas, algunos de acá, otros del sector de Acandí, y básicamente estaban realizando una cumbre mafiosa en el momento en el que fueron capturados en un apartamento en El Poblado, en Medellín. Esta es una operación también liderada, realizaban esa cumbre mafiosa, y lo que ellos básicamente tenían era una organización criminal para llevar drogas", añadió Gutiérrez.Las pesquisas señalan que ‘Balín’ habría llegado a Medellín hace aproximadamente un año, periodo en el cual tejió alianzas criminales mediante el intercambio de armas, rutas y esquemas de lavado de activos, además de coordinar la distribución de drogas hacia Panamá.
Unos 400 cerdos fueron encontrados muertos en una granja de Austria, muchos de ellos en avanzado estado de descomposición, durante una inspección policial motivada por las denuncias de vecinos debido a los fuertes malos olores que provenían de la explotación.El hallazgo se produjo en una granja situada a unos 110 kilómetros al oeste de Viena, donde las autoridades también encontraron 88 animales que todavía estaban con vida. Los cerdos fueron retirados del lugar y trasladados a explotaciones cercanas para recibir atención.Las autoridades investigan ahora las condiciones en las que se encontraban los animales y las circunstancias que llevaron a la muerte de cientos de ejemplares. El propietario de la explotación fue denunciado por maltrato animal y la granja quedó clausurada.Investigan qué ocurrió con los cerdos muertosLa inspección comenzó después de que residentes de la zona alertaran sobre los malos olores procedentes de la granja. Al ingresar al establecimiento, los agentes encontraron una gran cantidad de animales muertos, algunos de ellos en avanzado estado de descomposición.De acuerdo con fuentes policiales citadas por la agencia austríaca APA, el responsable de la explotación gestionaba la granja por su cuenta. Las autoridades consideran que podría atravesar problemas psicológicos, aunque esta circunstancia forma parte de las primeras hipótesis y deberá ser determinada por las investigaciones correspondientes.Algunos medios locales señalan que el propietario podría haber dejado de alimentar a los animales desde comienzos de este año. Esta información todavía forma parte de las indagaciones sobre las condiciones en las que permanecieron los cerdos.Faltan cerca de 1.000 animales del registro oficialUno de los elementos que más ha llamado la atención de los investigadores es la diferencia entre el número de animales que figuraban en los registros oficiales y los encontrados durante la inspección.Según APA, alrededor de 1.000 cerdos no aparecen en el recuento realizado en la explotación. Además, los agentes localizaron huesos entre los restos hallados en la granja.Ante esta situación, las autoridades no descartan que algunos de los animales pudieran haber recurrido al canibalismo como consecuencia de la falta de alimento. Sin embargo, se trata de una hipótesis que deberá ser esclarecida mediante la investigación y las pruebas correspondientes.La presencia de los huesos y la ausencia de una parte importante de los animales registrados han llevado a los investigadores a ampliar las pesquisas para determinar qué ocurrió en la explotación.88 cerdos fueron encontrados con vidaEn medio de las condiciones detectadas en la granja, los equipos que participaron en la intervención encontraron 88 cerdos vivos. Los animales fueron retirados de la explotación y distribuidos en otras granjas de la zona, donde quedaron bajo resguardo después de que las autoridades clausuraran el establecimiento.La intervención permitió evitar que estos ejemplares permanecieran en las mismas condiciones que los animales que murieron. Las autoridades deberán determinar ahora el estado de salud de los animales supervivientes y establecer las circunstancias en las que permanecieron en la explotación.El propietario fue denunciado por maltrato animalEl responsable de la granja fue denunciado por maltrato animal, mientras que las instalaciones quedaron clausuradas tras la intervención policial. La investigación deberá establecer, entre otros aspectos, durante cuánto tiempo los animales estuvieron sin recibir alimentación adecuada, qué ocurrió con los ejemplares que no fueron encontrados y cuáles fueron las causas concretas de las muertes.El caso ha generado atención en Austria debido a la magnitud del hallazgo y a las condiciones en las que fueron localizados los animales. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.
La Lotería del Tolima oficializó este lunes el aplazamiento de su sorteo número 4182, el cual estaba programado para realizarse durante la jornada. La entidad informó que la determinación responde a una “calamidad presentada en Colombia” durante la mañana de hoy, aunque no ofreció detalles adicionales sobre la naturaleza específica del suceso que motivó la medida.A través de un comunicado oficial dirigido a distribuidores, vendedores, loteros y asesores comerciales, la organización precisó que la nueva fecha y hora para el desarrollo del sorteo aún están por confirmarse.Para tranquilidad de los apostadores y de la red de comercialización, la Lotería del Tolima aclaró que el sorteo se llevará a cabo utilizando exactamente la misma billetería que ya se encuentra en circulación. En consecuencia, la entidad subrayó que la venta de billetes y fracciones continuará abierta y plenamente vigente hasta que se establezca el nuevo cronograma para el evento.La dirección de la institución indicó que esta decisión se toma en cumplimiento de su compromiso con el “juego legal, la transparencia, el bienestar y la tranquilidad” de todos los integrantes de su familia comercial. Asimismo, la Lotería del Tolima habilitó la línea telefónica 3125929517 para atender cualquier inquietud o requerimiento de información adicional por parte de sus colaboradores y clientes.Precio del billete de la Lotería del TolimaEl billete de la Lotería del Tolima tiene un valor de $12.000 y está compuesto por tres fracciones de $4.000 cada una.El producto puede adquirirse en los puntos Gana Gana y en más de 10.000 puntos autorizados en Colombia, incluidos establecimientos de Efecty, Gelsa y Codesa.La Lotería del Tolima realiza sus sorteos todos los lunes a las 10:30 p. m. Si el lunes es festivo, el sorteo se lleva a cabo el martes, en el mismo horario.La transmisión puede seguirse a través del canal P&C de Ibagué y de la página oficial de Facebook de la Lotería del Tolima.
La Lotería de Cundinamarca anunció oficialmente que el sorteo número 4815, originalmente programado para este lunes 10 de agosto, fue pospuesto para el próximo viernes 14 de agosto. La entidad informó que la decisión responde a una "calamidad" ocurrida durante la mañana de hoy en el territorio colombiano, sin precisar detalles adicionales sobre la naturaleza del evento.Según el comunicado emitido por la entidad, el sorteo se llevará a cabo en su nuevo horario a las 11:15 p.m. La Lotería enfatizó que esta modificación en su calendario operativo busca salvaguardar su compromiso con el juego legal, la transparencia y el bienestar de sus apostadores en todo el país.Para los usuarios que requieran información adicional o tengan inquietudes sobre el proceso, la organización ha dispuesto el número de WhatsApp 313 800 3929 como canal directo de atención al cliente.¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?La Lotería de Cundinamarca realiza sus sorteos todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que el lunes sea festivo, el sorteo se realiza el martes, también a las 10:30 p. m.La transmisión puede seguirse a través de la página oficial de Facebook de la Lotería de Cundinamarca.Los billetes se comercializan mediante canales autorizados como Lottired, Loti Colombi y Paga Todo, además de los puntos físicos habilitados por esta última red.Más de dos siglos de historiaLa Lotería de Cundinamarca tiene una trayectoria que se remonta al 16 de febrero de 1812, fecha en la que realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca.Con más de dos siglos de historia, se mantiene como una de las loterías con mayor tradición en Colombia.
La tierra sigue temblando en territorio colombiano, en los últimos minutos se presentaron dos sismos en el Pacífico, el primero a las 2:52 de la mañana de magnitud 3.2 con epicentro en Itsmina, Chocó, el segundo a las 4:03 de la mañana, de magnitud 3.1 en el Océano Pacífico. Terremoto en Colombia deja al menos 132 muertos, hospitales desbordados y toques de quedaAl menos 132 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte de Colombia, donde decenas de edificios colapsaron, hospitales quedaron desbordados y varios aeropuertos suspendieron sus operaciones, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.Pereira, capital del departamento de Risaralda y una de las ciudades más cercanas a San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).La cifra recoge únicamente el balance de las capitales del país, por lo que no incluye los muertos y heridos registrados en municipios y localidades aledañas, donde también se reportaron colapsos de edificios y daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia están entre las ciudades más golpeadas por el terremoto, que obligó al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, quien asumió el cargo hace solo tres días, a declarar la situación de "desastre nacional".El terremoto se produjo a las 07:34 de la mañana y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).El movimiento telúrico se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y oeste del país, así como en Ecuador, Panamá y Venezuela.
La sostenibilidad en la industria hotelera ha dejado de medirse únicamente por indicadores ambientales. Aunque la reducción del consumo de agua, energía o plásticos sigue siendo una prioridad, cada vez cobra más fuerza un enfoque que también busca generar oportunidades para las comunidades, promover la inclusión laboral y fortalecer el trabajo conjunto con organizaciones sociales.Así lo explicó Agustina Nadellini, líder de Up for People en América, quien considera que el reto del sector es demostrar que la sostenibilidad no puede limitarse al discurso, sino traducirse en acciones que tengan un impacto real sobre las personas.Uno de los ejes de este modelo es el voluntariado corporativo. A través de diferentes jornadas durante el año, colaboradores participan en actividades con fundaciones que apoyan a niños en condición de vulnerabilidad, entregando alimentos, juguetes y otros insumos. A esto se suman iniciativas de economía circular, en las que la ropa donada por los propios empleados se intercambia por alimentos no perecederos que posteriormente son destinados a organizaciones sociales.La inclusión laboral también hace parte de esta transformación. En Colombia, por ejemplo, se desarrollan programas que facilitan el acceso al empleo de personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual, en alianza con fundaciones especializadas. El propósito es ofrecer oportunidades de trabajo formal que contribuyan a su autonomía económica y a una mayor inclusión en el mercado laboral.Otra de las iniciativas busca brindar apoyo a familias con niños que deben desplazarse para recibir tratamientos médicos o cumplir actividades organizadas por fundaciones. La idea es que los menores puedan permanecer acompañados por sus familiares durante estos procesos, aprovechando la infraestructura hotelera como una herramienta de apoyo.Nadellini explicó que el impacto de estos programas se mide a través de indicadores como el número de beneficiarios, voluntarios y donaciones, además de la capacidad de adaptar las iniciativas a las necesidades específicas de cada comunidad.Este modelo hace parte de la estrategia de sostenibilidad de Minor Hotels, que divide su trabajo entre los programas Up for Planet, enfocado en el cuidado del medio ambiente, y Up for People, orientado al desarrollo de las comunidades. "La sostenibilidad llegó para quedarse. No solo se trata de cuidar el planeta, sino también de construir comunidades más fuertes, inclusivas y con mejores oportunidades para las futuras generaciones", concluyó Nadellini.
