La Fiscalía y las autoridades capturaron a cinco personas que harían parte de una estructura criminal que, de acuerdo con la investigación, habría lavado más de 2,3 billones de pesos provenientes del narcotráfico.En el marco de las diligencias también fueron afectados 36 bienes relacionados con la estructura investigada. Los procedimientos se realizaron en Medellín, Antioquia y Barranquilla, Atlántico, donde además fueron incautadas seis armas de fuego, cuatro de ellas, según las autoridades, sin permiso de porte, así como otros elementos que quedaron a disposición de la investigación.La Fiscalía siguió el rastro de los recursos y detectó un entramado societario que habría operado entre 2018 y 2026 con el propósito de dar apariencia de legalidad a dineros provenientes del narcotráfico.De acuerdo con la investigación, el esquema habría comenzado con la creación de nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio dedicados a actividades como obras de ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.Las evidencias recopiladas por los investigadores indicarían que varias de estas empresas no contaban con la infraestructura ni con la capacidad operativa para desarrollar las actividades que registraban. Además, habrían presentado escasa o inexistente actividad económica y diferencias entre la información consignada en sus estados financieros y los movimientos registrados en sus cuentas bancarias.La investigación también identificó operaciones internacionales por altas sumas de dinero y transacciones cruzadas entre las mismas sociedades. Otra de las vías que habría sido utilizada para movilizar los recursos fue el mercado de criptoactivos.Los investigadores detectaron transferencias millonarias en USDT, una moneda digital, con empresas vinculadas a grupos dedicados al narcotráfico que han sido sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, de Estados Unidos.Según la Fiscalía, los recursos que ingresaban al país a través del sistema financiero o mediante activos virtuales eran monetizados y retirados rápidamente. Parte de este dinero habría sido posteriormente invertido en bienes, entre ellos inmuebles y vehículos de alta gama.Dentro de la investigación, Hugo Daniel Giraldo Santamaría fue identificado como presunto cabecilla de la organización y como el supuesto articulador de actividades de monetización, compensación y entrega de recursos.La Fiscalía también señala a Carolina María Giraldo, esposa de Giraldo Santamaría, por su presunta relación con el manejo de grandes sumas de dinero y con el conglomerado de sociedades investigadas.Asimismo, Janeth Catalina Cano Santamaría habría coordinado la canalización, dispersión y monetización de activos virtuales; Johan Mateo Ruiz Orijhuela presuntamente habría utilizado billeteras digitales para facilitar el ingreso, ocultamiento y posterior conversión de importantes sumas de dinero; y Luis Andrés Ospina Ochoa sería, según la investigación, quien daba tránsito y mantenía ocultos los recursos mediante las sociedades investigadas.
La Fiscalía General de la Nación amplió las medidas cautelares dentro de la investigación que adelanta por un presunto esquema de contrabando y lavado de activos relacionado con la sociedad Fast Moda S.A.S., empresa que opera las tiendas Lili Pink y Joy, al incorporar al proceso a la sociedad Elephant Import & Export S.A.S.La decisión fue adoptada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio dentro del proceso que vincula al menos a nueve personas que, según la investigación, harían parte de una estructura dedicada a operaciones de presunto contrabando y lavado de activos.De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, Elephant Import & Export S.A.S. habría sido utilizada para respaldar la importación y el abastecimiento de mercancías, pese a que, presuntamente, no contaba con la capacidad económica real para desarrollar esas operaciones comerciales.La investigación también estableció que la aparente solidez financiera de esa sociedad se sustentaba en un préstamo por 64.000 millones de pesos otorgado por otra empresa que, según el ente investigador, tampoco tendría la capacidad económica para realizar una operación de esa magnitud.Adicionalmente, la Fiscalía identificó que Fast Moda S.A.S. registraba una deuda por 126.000 millones de pesos a favor de Elephant Import & Export S.A.S., situación que, de acuerdo con la investigación, haría parte del esquema financiero utilizado por la estructura investigada.Como parte de las nuevas diligencias, fueron ubicados 12 contenedores con mercancía de origen chino que ingresó al país desde Panamá. De igual manera, la Fiscalía verificó que otros 31 contenedores habían sido aprehendidos previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).Los investigadores también establecieron que parte de la mercancía encontrada ya contaba con etiquetas elaboradas para su comercialización en el mercado colombiano, pese a corresponder a productos fabricados en China.Con la ampliación de las medidas cautelares, la Fiscalía busca fortalecer la afectación patrimonial sobre los bienes y sociedades vinculadas a la investigación, con el propósito de impedir que, presuntamente, continúen siendo utilizadas para operaciones relacionadas con contrabando y lavado de activos.Durante las recientes audiencias, la fiscal del caso expuso cómo, según la investigación, se habría estructurado un entramado empresarial mediante la creación de empresas de papel para ocultar el control real de las operaciones comerciales.La Fiscalía sostuvo que, durante varios años, habría operado una estructura conformada por empresas constituidas en Colombia y Panamá, cuyas operaciones comerciales hacen parte de la investigación que actualmente adelanta el ente acusador por un presunto esquema de contrabando y lavado de activos.
La Policía del estado brasileño de São Paulo detuvo este jueves a la popular influencer Deolane Bezerra por ser sospechosa de lavar dinero para la mayor facción criminal de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC).Bezerra, que tiene 22 millones de seguidores en Instagram, fue detenida junto a otras cinco personas en el marco de una operación durante la cual se bloquearon 327 millones de reales (unos 65 millones de dólares o 56 millones de euros).Además, los agentes requisaron al menos 17 vehículos, incluyendo carros de lujo, y embargaron cuatro inmuebles vinculados a los investigados.Entre los edificios registrados figura la mansión en la que vive Bezerra, una vasta propiedad en un condominio a las afueras de la ciudad de São Paulo con piscina y una amplia área verde.Según la Policía regional, los responsables de la trama usaban empresas fachada, transferían cantidades millonarias sin sustento económico, y adquirían bienes para ocultar el origen ilícito del dinero del PCC.La investigación arrancó tras analizar un celular requisado en una operación anterior y que mostró conversaciones con los líderes de la facción y transferencias financieras.Tres de los investigados fueron incluidos en la lista roja de la Interpol, al creer que se encuentran en Bolivia, Italia y España.En este último país, vive Paloma Sanches Camacho, sobrina del máximo jefe del PCC, reportaron los medios brasileños.Bezerra ya fue detenida en septiembre de 2024 durante una operación que investigaba un supuesto lavado de dinero de plataformas de apuestas digitales ilegales y pasó varios días en prisión preventiva antes de ser liberada.La influencer de 38 años, quien acababa de volver de Italia cuando fue detenida este jueves, acostumbra a exhibir ante sus seguidores el alto tren de vida que lleva, con viajes frecuentes y compras en tiendas de lujo, mientras hace publicidad de productos cosméticos.
Un juez envió a prisión a Walter Francisco Martínez Martínez, señalado por la Fiscalía General de la Nación de participar en una presunta red de lavado de activos y contrabando relacionada con mercancía que tendría como destino la reconocida marca comercial Lili Pink.Por ahora, Martínez permanecerá bajo detención hospitalaria mientras se recupera y recibe el aval médico. Posteriormente, será trasladado a un centro de reclusión para cumplir la medida de aseguramiento impuesta dentro del proceso penal.Según la investigación, Walter Francisco Martínez Martínez es el primer capturado y judicializado dentro de este caso. La Fiscalía sostiene que el procesado presuntamente utilizaba importadoras de papel como empresas fachada con el propósito de evadir controles aduaneros y facilitar el ingreso irregular de mercancía al país.Por estos hechos, el ente acusador le imputó los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito.De manera paralela, las autoridades mantienen vigentes al menos nueve órdenes de captura contra otros presuntos integrantes de este entramado ilegal que, de acuerdo con la Fiscalía, estaría vinculado con operaciones de lavado de activos superiores a 730.000 millones de pesos.La investigación también señala que la organización habría facilitado el ingreso de mercancía de contrabando y recursos de origen ilícito que superarían los 75.000 millones de pesos.En medio del avance del proceso judicial, la empresa Fast Moda, vinculada comercialmente a la marca Lili Pink, emitió un comunicado público para aclarar que Walter Francisco Martínez Martínez no tiene actualmente ninguna relación con la compañía.En el pronunciamiento, la empresa aseguró que Martínez “no mantiene vínculo alguno de carácter comercial, contractual, laboral, societario ni operativo con la compañía”, ni con la operación empresarial asociada a la marca desde el año 2021.
La empresa de ropa femenina Lili Pink se pronunció este 5 de mayo de 2026 frente a las investigaciones que adelantan las autoridades por presuntos delitos de contrabando, lavado de activos y procesos de extinción de dominio. A través de un comunicado, la compañía aseguró que actualmente no existe una decisión judicial en firme que establezca su responsabilidad.Según la firma, los procesos se encuentran en etapa preliminar y hacen parte de una controversia jurídica en curso, por lo que insistió en que los señalamientos conocidos públicamente no constituyen conclusiones definitivas.En relación con las acusaciones de contrabando, la empresa indicó que no existe declaratoria judicial que las confirme. Además, sostuvo que las actuaciones administrativas están siendo controvertidas ante la jurisdicción competente y que todas las mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados.La compañía también advirtió inconsistencias entre las cifras difundidas y los valores reales de los procesos administrativos, aspecto que, según señaló, deberá ser esclarecido en sede judicial.Iván Cancino: “La presunción de inocencia sigue incólume”El abogado penalista Iván Cancino, apoderado de Lili Pink, reforzó la posición de la empresa y explicó que la compañía está vinculada a procesos en etapa de investigación, sin que exista hasta ahora una decisión judicial en firme.“Quiero manifestar que la compañía se encuentra vinculada a procesos que están en esta etapa de investigación y algunos de extinción de dominio, sin que exista a la fecha decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna, y por lo tanto la presunción de inocencia sigue incólume”, afirmó.El jurista reiteró que no hay una declaratoria judicial que confirme los señalamientos de contrabando y subrayó que las actuaciones administrativas están siendo controvertidas ante las autoridades competentes. Asimismo, aseguró que la empresa cuenta con los soportes legales de importación de sus productos.Cancino insistió en que los hechos corresponden a una controversia jurídica en desarrollo y no a conclusiones definitivas. También indicó que existen inconsistencias entre las cifras divulgadas públicamente y los valores reales de las actuaciones administrativas, lo que deberá ser aclarado en el proceso judicial.El abogado destacó, además, que la compañía genera más de 3.000 empleos directos, opera legalmente en Colombia y en otros países de América Latina, y comparece ante las autoridades ejerciendo su derecho de defensa.Finalmente, hizo un llamado a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, evitando interpretaciones anticipadas. “A medida que conozcamos más hechos y que la Fiscalía nos entregue más elementos, haremos otros pronunciamientos”, concluyó.
Se trata de una compleja estructura empresarial señalada de mover millonarios recursos ilícitos bajo la fachada de la famosa cadena de venta de ropa conocida como Lili Pink, empresa que habría permitido el ingreso de recursos del contrabando al país.El entramado estaría compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante las cuales ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación.¿Que hacía Lili Pink, según la Fiscalía?Disimulaban el control aduanero, fragmentaban transacciones, simulaban relaciones comerciales y dificultaban la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal. Por eso fueron ocupados 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, bienes que quedan bajo proceso de extinción del derecho de dominio.Las cifrasEstá documentado por la Fiscalía el lavado de activos por 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dian, avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millonesLas diligencias se desplegaron en 59 municipios y ciudades distribuidos en 25 departamentos, con apoyo del Ejército Nacional, debido a la amplia presencia territorial de la cadena comercial investigada.Mientras avanza el proceso judicial, los establecimientos y activos intervenidos continuarán funcionando bajo supervisión, a la espera de que jueces especializados definan si pasan definitivamente al Estado.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que avanza en la investigación de cinco casos de incautación de dinero en efectivo registrados en distintas regiones del país durante los últimos días de cara a las elecciones. El objetivo de las indagaciones es determinar si los recursos tienen relación con delitos electorales o si su origen podría estar vinculado con otras conductas de presunto lavado de activos.Según la Fiscalía, en San Onofre, Sucre, fue incautado un monto de 28 millones y una persona fue capturada durante el procedimiento. Posteriormente, un juez de control de garantías impartió legalidad al operativo policial y avaló la incautación del dinero con fines de comiso, por lo que el proceso continúa en etapa de investigación.Otro caso se registró en Cúcuta, Norte de Santander, donde las autoridades incautaron 26 millones de pesos en efectivo y capturaron a una persona. En este caso, aún está pendiente la presentación ante un juez de control de garantías para definir la legalidad del procedimiento y las decisiones judiciales correspondientes.En Ibagué, Tolima, las autoridades reportaron la incautación de 71 millones en efectivo. En este procedimiento no se registraron capturas.Uno de los casos de mayor cuantía se presentó entre Montería y Planeta Rica, en el departamento de Córdoba, donde fueron incautados 434 millones de pesos. En audiencia ante un juez penal de control de garantías fueron legalizadas las capturas de Misael Augusto Villarreal Jorge y Virginia Rosa Urango Ramos.En la misma diligencia judicial se avaló la incautación del dinero con fines de comiso, así como de varios dispositivos móviles que también serán objeto de análisis dentro de la investigación. Los dos implicados quedaron vinculados al proceso, pero continuarán enfrentando la investigación en libertad.La Fiscalía también confirmó que, junto con estos expedientes, se mantienen actos investigativos relacionados con el caso del escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) capturado en La Guajira con dinero en efectivo y material electoral. Todos estos procesos están siendo orientados por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, con el propósito de obtener elementos materiales probatorios que permitan establecer con claridad el origen de los recursos y su eventual destinación.
La Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una mesa de trabajo con dos líneas de investigación en el caso de Alfredo Acuña, funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y escolta del secretario de la Cámara de Representantes de Colombia, Jaime Lacouture, quien fue capturado en La Guajira con 145 millones de pesos en efectivo y propaganda electoral del congresista Daniel Restrepo.Según el ente acusador, una de las líneas busca establecer si hay un posible delito de lavado de activos, con el fin de verificar el origen y destino del dinero. La otra apunta a determinar un eventual caso de corrupción relacionado con una posible destinación indebida de recursos con fines de campaña o electorales.La captura fue objeto de revisión en audiencia de legalización ante un juez de control de garantías, quien decidió dejar en libertad al escolta. De acuerdo con su abogado, Iván Cancino, la decisión obedeció a presuntas irregularidades en el procedimiento y fallas en la sustentación del ente acusador.“La defensa demostró que la captura fue ilegal en el procedimiento y que el dinero no tenía ningún motivo o circunstancia que lo vinculara con delito alguno, y se ordena también la devolución del dinero y de los vehículos. El debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia no son bienes que se puedan disponer a la ligera, como lo hemos visto hoy. La investigación obviamente seguirá, pero en Colombia llevar dinero en efectivo no es delito y no podemos permitir que eso se vuelva una costumbre. La Fiscalía obviamente tendrá que hacer sus procedimientos, sus indagaciones, pero lo importante es que hoy esas personas quedaron libres”, afirmó.El abogado también sostuvo que su defendido permaneció más de 30 horas capturado sin que avanzara la diligencia judicial y que inicialmente la Policía habló del delito por omisión de reporte sobre transacciones en efectivo.Por su parte, la Fiscalía explicó que la Policía tardó 24 horas en presentar el informe judicial, lo que generó retrasos en la legalización de la captura y en la evaluación del delito a imputar. Finalmente, en audiencia y tras una revisión de la información, el ente acusador sustentó la hipótesis de lavado de activos.Sin embargo, la jueza cuestionó que la Fiscalía no justificara adecuadamente las demoras y puso en duda la adecuación típica del delito planteado. Durante la diligencia también se conoció que el dinero estaba distribuido en siete paquetes con nombres que coinciden con políticos de La Guajira.
Este jueves concluyó una jornada más de audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, en la que la Fiscalía y la defensa han estado interponiendo sus recursos de reposición y apelación frente a las pruebas admitidas y rechazadas por el juez del caso, Hugo Carbonó.La diligencia se reanudará los próximos 26 y 27 de marzo, cuando se espera que la defensa termine su intervención y el juez se pronuncie sobre cada uno de los recursos interpuestos. Sin embargo, si la decisión del juzgado no satisface a las partes, estas pruebas en cuestión pasarán a manos del Tribunal Superior de Barranquilla para que defina en segunda instancia su pertinencia o no en el caso.Justamente, una de las pruebas debatidas es la información extraída del celular de Day Vásquez, exesposa del acusado y principal testigo de la Fiscalía. Este material fue avalado por el juez, convirtiéndose en prueba reina del ente acusador; sin embargo, la defensa sostiene que su procedencia es ilegal e insiste en que debe quedar por fuera del juicio.Al respecto, el delegado de la Procuraduría, Henry Bustos, advirtió que es imperante resolver este recurso para poder avanzar en el proceso, pues considera que, sin una decisión firme sobre la legalidad de esta prueba, "no resulta posible dar inicio al juicio oral".Para Bustos, la información extraída del teléfono de Day Vásquez sí puede ser utilizada como prueba, pues contrario a lo que plantea la defensa, considera que no hubo ningún tipo de vulneración a Vásquez a la hora incautar su dispositivo. Sostiene que ella lo entregó por voluntad propia y no bajo presión.Así las cosas, la instalación del juicio contra Nicolás Petro podría tardar unos meses más, mientras la justicia define qué pruebas son válidas o no en el proceso, pues las partes coincidieron en que, solo cuando haya una decisión en firme sobre estas pruebas rebatidas, se daría inicio al juicio oral.Otras pruebas objetadasLa Procuraduría insiste en que los testimonios previamente rendidos por Nicolás Petro no deben ser llevados al juicio oral, por lo que pide al juez que mantenga su decisión de no admitir esas declaraciones como pruebas.Recalcó que las declaraciones que rindió el procesado ante la Fiscalía, bien sea para buscar o no algún beneficio, no deben ser usadas en su contra, pues al final no se logró ningún preacuerdo a partir de esos diálogos.A su vez, la Procuraduría respaldó la decisión del juez de no admitir el testimonio de Ricardo Roa, como ex gerente de la pasada campaña presidencial, en el juicio oral contra Nicolás Petro. En este sentido, el Ministerio Público rechazó la apelación de la defensa e insistió en que la declaración de Roa no es pertinente, por cuanto la campaña política no es el objeto de este debate.Eso sí, consideró que los testimonios del ministro Armando Benedetti y el congresista Agmeth Escaf sí son pertinentes, porque ellos no hablarían de la campaña, sino de las relaciones sociales y el modo de vida de Nicolás.
La Policía española detuvo a una mujer de nacionalidad colombiana y española de unos 40 años, acusada de ser la jefa de una "empresa de servicios" a narcotraficantes, cuando trataba de huir del país con un millón de euros en bolsas de supermercado, informaron este martes fuentes policiales.Paula fue detenida en Madrid el pasado 13 de febrero cuando agentes de las Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía y de la Brigada antidroga, tras casi dos años de pesquisas, asestaron un importante golpe a toda una estructura criminal que funcionaba como "prestador de servicios" del narco.Junto a ella, en una nave de Alcobendas (norte de Madrid) y en una gasolinera, fueron arrestados el resto de integrantes, once hombres, colombianos en su mayoría y algún holandés.Entre los apresados estaban Gilbert, pareja de Paula y, según los investigadores, jefe "operativo" de la organización, y dos hijos de Paula, quien -según constatan los agentes- estaba al frente de toda la red y manejaba la recaudación de dinero y la contabilidad.Las autoridades desmantelaron esta "organización criminal" que operaba como una red logística contratada por narcotraficantes para recoger, transportar, almacenar y entregar la droga a sus clientes, y descubrieron que Paula era la supuesta jefa.El inspector jefe de UDYCO central, Francisco Podio, y el inspector de la brigada de estupefacientes de Madrid, Manuel LLorente, han asegurado este martes que con toda probabilidad ella fue alertada desde la nave de Alcobendas.Con lo puesto, sin pasaporte pero con un DNI español, la mujer salió ese viernes 13 a toda prisa de su domicilio en la capital en su llamativo Mercedes de alta gama de color negro mate, con varias bolsas de supermercado que contenían paquetes embolsados con billetes de 100, 20 y sobre todo de 50 euros.La mayor incautación en tierra en MadridEn total, eran poco más de un millón de euros que la Policía expuso este martes dispuestos en bolsas transparentes que tenían escrita la cantidad: entre 30.000 y 50.000 euros cada bolsa.Junto al botín incautado del interior del coche y como resultado de esta operación, bautizada como 'Tocada Space', los agentes han mostrado los 2.700 "ladrillos" de cocaína incautados -3.400 kilos, la mayor incautación en tierra de Madrid-; armas de fuego y de guerra, además de una placa Starlink que dotaba a la organización de tecnología satelital para comunicarse con precisión.Entre los efectos intervenidos, varias furgonetas y vehículos de alquiler que la organización había caletado de forma muy sofisticada y con un mecanismo electrónico para ocultar armas y droga.La investigación la iniciaron hace alrededor de dos años unos agentes que sospechan que la organización en un momento paralizó su actividad.En julio pasado, a través de los canales de colaboración con Suecia, Polonia y Portugal a raíz de una aprehensión en un camión procedente de España, se intensificó y se localizó el punto de carga de la droga en una nave industrial ubicada en la localidad de Alcobendas.El pasado día 13, los investigadores detectaron que la organización podría estar preparando un nuevo transporte. Tras un intenso dispositivo de vigilancia, comprobaron cómo repetían el mismo patrón: alquiler de vehículos, desplazamiento al sur de España y regreso a Madrid.
Un laboratorio clandestino utilizado para el procesamiento de pasta base de coca fue localizado y destruido por tropas del Ejército Nacional en zona rural de Unguía, Chocó, en medio de operaciones contra las economías ilícitas del Clan del Golfo.La estructura fue ubicada gracias al trabajo de aeronaves remotamente tripuladas, que permitieron identificar el punto exacto en medio de una zona boscosa. El laboratorio había sido construido de manera artesanal y permanecía oculto entre la vegetación.Hasta el lugar llegaron tropas de la Brigada 17, con apoyo de la Policía Nacional, quienes encontraron cerca de 600 litros de insumos líquidos y aproximadamente 200 libras de insumos sólidos utilizados para el procesamiento de la droga.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por el Ejército, el laboratorio estaría bajo control de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo y tendría una capacidad de producción superior a 300 libras de pasta base de coca mensuales.Según la estimación de las autoridades, esta actividad ilegal le representaría a la estructura criminal ingresos superiores a los $320 millones cada mes, por lo que el operativo busca afectar directamente una de sus fuentes de financiación.El Ejército señaló que este resultado hace parte de las operaciones sostenidas que adelanta la Séptima División contra las economías ilícitas en el Urabá antioqueño y chocoano. En lo corrido de 2026, la Brigada 17 ha reportado la ubicación y neutralización de 110 laboratorios destinados a la producción y procesamiento de drogas en esta región.Tras el hallazgo en Unguía, las tropas reforzaron el despliegue por tierra y aire para localizar otros laboratorios y posibles estructuras utilizadas por organizaciones criminales para mantener sus redes de producción y financiación ilegal.
Abelino Palacio Rentería ha dedicado años a transformar metales con sus manos. En el Chocó construyó un taller de orfebrería y filigrana desde el que desarrollaba su oficio y elaboraba las piezas que le permitían sostener su actividad. Sin embargo, el terremoto que golpeó la región el pasado 10 de agosto destruyó por completo ese espacio de trabajo.El desastre afectó una parte fundamental de su vida como artesano, pero no borró los conocimientos que ha construido durante años. Ahora, Abelino se prepara para viajar a Francia, donde tendrá la oportunidad de mostrar parte de su trabajo y representar la tradición artesanal del Chocó.El viaje está previsto para el próximo 27 de septiembre. El artesano llevará algunas piezas elaboradas especialmente para la ocasión, entre ellas trabajos de filigrana que serán incorporados a diferentes elementos de una colección, incluso en detalles como botones. Otras piezas harán parte de una experiencia museográfica que busca poner en primer plano los saberes y las historias detrás de los oficios tradicionales.Su participación se enmarca en Territorios Vivos París 2026, una iniciativa que reunirá en Francia a artesanos, campesinos, diseñadores y creadores colombianos de diferentes regiones del país.Campesinos y artesanos también representarán a ColombiaLa delegación colombiana estará integrada por representantes de distintos territorios y oficios. Campesinos y artesanos de Cundinamarca, por ejemplo, aportarán trabajos relacionados con el cuero y la marroquinería, mientras otros participantes llevarán técnicas y conocimientos vinculados con diferentes materiales y tradiciones.A este grupo se sumarán jóvenes diseñadores y creativos que trabajan en la transformación de estos saberes tradicionales en propuestas contemporáneas. La iniciativa busca generar un encuentro entre el conocimiento ancestral y el diseño actual, teniendo como punto de partida el trabajo de quienes han aprendido y conservado estos oficios a través de generaciones.En este proceso participa LOZANO, el verdadero lujo, casa colombiana fundada por Jorge Lozano, cuya propuesta busca integrar diseño, artesanía y materiales considerados de valor patrimonial, entre ellos cuero, metales nobles y piedras preciosas.La filosofía de la marca está articulada alrededor de cinco conceptos: tierra, manos, patrimonio, transformación y Colombia. “Queremos que esos campesinos y artesanos que durante generaciones han trabajado el cuero, los metales, las piedras y otros oficios puedan tener la oportunidad de mostrar su talento fuera del país. El verdadero lujo también está en sus manos, en su conocimiento y en la historia que existe detrás de cada pieza”, explicó Jorge Lozano, fundador de la compañía.¿Qué es Territorios Vivos París 2026?Territorios Vivos París 2026 es una iniciativa liderada por ASODAMAS Colombia que llevará a Francia expresiones de la artesanía, la moda, los saberes ancestrales y el patrimonio cultural de diferentes regiones colombianas.La delegación partirá de Bogotá el domingo 27 de septiembre y permanecerá en Francia hasta el 5 de octubre. Durante ese periodo se desarrollará una programación que contempla jornadas académicas, encuentros con artesanos franceses, intercambio de técnicas, experiencias museográficas y espacios orientados a fortalecer la comercialización y el acceso de los creadores a mercados internacionales.Los maestros artesanos participantes deberán llevar piezas terminadas o en proceso para presentar directamente sus técnicas y explicar los procesos que existen detrás de cada creación. La programación también contempla actividades de intercambio con representantes del sector artesanal francés, con el propósito de compartir experiencias y conocimientos.Una programación en París durante la Semana de la ModaTerritorios Vivos París 2026 se desarrollará en París en el marco de la Semana de la Moda. La iniciativa, sin embargo, no corresponde a una pasarela oficial de la organización de Paris Fashion Week, sino a una programación colombiana independiente que tendrá lugar en la capital francesa durante ese contexto internacional.Uno de los principales momentos será el 3 de octubre. Ese día, en la Maison de l’Amérique Latine, se desarrollará la experiencia museográfica “Hilos de Territorio”, concebida para mostrar el patrimonio cultural vivo, los saberes ancestrales y las historias de los maestros artesanos.Posteriormente, en el Pavillon Dauphine, se realizará la Pasarela Territorios Vivos ASODAMAS de Colombia, con la participación de diseñadores y maestros artesanos provenientes de distintos territorios del país. La agenda busca mostrar las posibilidades que existen cuando los oficios tradicionales se encuentran con el diseño contemporáneo, pero también poner en primer plano a las personas que mantienen vivos esos conocimientos.El viaje también busca generar oportunidades en ColombiaEl intercambio no terminará cuando la delegación regrese al país. Parte de los conocimientos y experiencias adquiridos durante los encuentros con artesanos franceses pretende ser replicada posteriormente en Colombia.Dentro de la visión planteada por LOZANO, el proyecto contempla además la posibilidad de vincular en el futuro a mujeres de las Casas de la Mujer en la elaboración de algunas piezas de nuevas colecciones. Para Abelino Palacio Rentería, la experiencia tendrá además una dimensión personal. El terremoto del 10 de agosto destruyó el taller en el que desarrollaba su trabajo en el Chocó. A pocas semanas de esa pérdida, viajará a París con algunas de las piezas que logró elaborar y con el conocimiento que conserva de un oficio que ha marcado su trayectoria.Su participación permitirá que la filigrana chocoana forme parte de una muestra internacional junto con otros saberes artesanales de Colombia. Así, mientras enfrenta el proceso de reconstrucción de su taller, sus manos y su trabajo se convertirán en parte de la representación colombiana en París.
La Fiscalía General de la Nación identificó actuaciones que, de acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, evidenciarían un esquema de corrupción judicial en el que se habrían promovido demandas ante despachos que no tenían competencia territorial, con el propósito de obtener embargos sobre mesadas pensionales y posteriormente disponer de los recursos.La investigación señala que en este entramado estarían involucrados notarios, jueces, servidores públicos y particulares, quienes presuntamente habrían creado títulos ejecutivos para impulsar procesos relacionados con rentas vitalicias en ciudades diferentes a aquellas donde residían los demandantes y demandados.Entre los señalados figura Guillermo Hernán Burgos Rodríguez, exjuez de Sasaima, Cundinamarca. Según la Fiscalía, entre 2020 y 2025, el despacho que estaba a su cargo conoció 1.660 procesos relacionados con la modalidad que es objeto de investigación.La Fiscalía sostiene que Burgos Rodríguez, mientras ejercía como juez, habría admitido pretensiones pese a carecer de competencia territorial y habría ordenado retenciones sobre mesadas pensionales, además de adoptar otras decisiones encaminadas a mantener los recursos bajo custodia del juzgado.De los procesos conocidos por ese despacho, en 21 casos las decisiones habrían generado embargos de hasta el 50 por ciento de las pensiones, por lo cual más de 1.150 millones de pesos habrían sido captados.Otro de los hechos incorporados al expediente corresponde al caso de una mujer de 82 años, residente en Valledupar, Cesar, quien atravesaba dificultades económicas. Según la Fiscalía, en 2022 se habrían aprovechado de esa situación para obtener mediante engaños su firma en documentos en blanco, que posteriormente fueron utilizados para promover una demanda ejecutiva.Como consecuencia de ese proceso, a la mujer le habrían retirado 63 millones de pesos, de acuerdo con la investigación.Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Burgos Rodríguez los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, peculado por apropiación y abuso de la condición de inferioridad.
Una tragedia familiar terminó con la vida de un hombre y sus dos hijos pequeños. El padre, identificado como Damien John Shaw, de 56 años, habría atacado a los menores antes de quitarse la vida.El hecho ocurrió el 13 de septiembre en Kuta, una ciudad turística de Bali, Indonesia. Shaw fue encontrado muerto junto a sus hijos, Archie, de 6 años, y Laura, de 4, después de que una llamada telefónica alertara a la madre de los niños sobre lo que estaba sucediendo dentro de la vivienda.La esposa de Shaw, Tesa Yanuar, se encontraba en Yakarta, a unos 900 kilómetros de distancia, luego de haberse separado temporalmente de su esposo. La pareja atravesaba una crisis matrimonial desde hacía varios años y, según personas cercanas, la mujer había abandonado la casa familiar aproximadamente dos semanas antes de la tragedia.Una llamada que terminó en angustiaDurante una comunicación telefónica con Shaw, Yanuar escuchó a su hija gritar: “¡Papá, no!”. La llamada se interrumpió poco después y la mujer, preocupada por sus hijos, pidió a un vecino que se acercara al bungalow para comprobar qué estaba ocurriendo.El vecino llegó acompañado por un trabajador y ambos tuvieron que romper la puerta para ingresar. En el interior encontraron a Shaw muerto y a los dos menores sin vida. Uno de los niños estaba sobre el otro, mientras el televisor continuaba encendido con dibujos animados.La Policía posteriormente analizó las cámaras de seguridad de la zona, que permitieron reconstruir parte de la secuencia previa al hallazgo.Las grabaciones muestran al hijo de la pareja gritando desde el interior de la vivienda. En otro momento, la niña habría intentado escapar, pero su padre la persiguió y la llevó nuevamente hacia una habitación.Leonardo D. Simatupang, jefe de Policía de Denpasar, explicó que las imágenes muestran a la menor pidiendo a su padre que se detuviera y diciéndole “te amo, papá”.Los investigadores creen que Archie ya había sido estrangulado cuando ocurrió esta parte de la secuencia. Posteriormente, según la hipótesis policial, Shaw habría causado también la muerte de su hija mediante estrangulamiento y después se habría ahorcado.El caso también puso bajo la lupa las circunstancias personales que rodeaban a Shaw durante los meses anteriores. El hombre trabajaba como marino mercante, pero llevaba varios meses desempleado.Además, allegados señalaron que había enfrentado varias pérdidas familiares. Su padre murió cuando él tenía 15 años, posteriormente falleció uno de sus hermanos y, más recientemente, perdió a su madre después de que ella padeciera una enfermedad.La Policía informó, además, que Shaw había intentado quitarse la vida aproximadamente un mes antes de la tragedia. En esa ocasión, su esposa consiguió intervenir y evitar que muriera. Sin embargo, después de ese episodio la familia no buscó atención psiquiátrica, según la información conocida por las autoridades.Mientras avanza la investigación, el caso ha generado conmoción tanto en Bali como en Australia. En Perth, ciudad de origen de la familia, vecinos describieron a Shaw como un hombre reservado y tranquilo y recordaron a sus integrantes como personas discretas y amables.
El Ministerio de Minas y Energía de Colombia anunció este 25 de septiembre de 2026 la declaración de un racionamiento programado de gas natural debido a una condición técnica imprevista presentada en la infraestructura de la planta de regasificación de SPEC LNG en Cartagena.Esta contingencia generó una reducción temporal en la capacidad de entrega de gas importado, lo que obligó a las autoridades del sector a reorganizar de forma inmediata la distribución del combustible en todo el territorio nacional.Medidas preventivas y reorganización del suministroEl racionamiento, calificado por el Gobierno nacional como una medida "preventiva y temporal", fue adoptado con base en las evaluaciones y análisis técnicos efectuados por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio y el Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas).Según detalló la cartera ministerial, la decisión "permite administrar de manera ordenada la disponibilidad temporal de gas importado y proteger la continuidad del suministro de los usuarios prioritarios".Para prevenir desabastecimientos críticos en los sectores más vulnerables del país, el Ejecutivo fijó un orden jerárquico claro para la asignación del gas disponible. De acuerdo con el comunicado oficial: "En este escenario, la demanda esencial tendrá la máxima prioridad, seguida de la generación térmica y de las industrias necesarias para garantizar el abastecimiento de las refinerías".Una vez cubierta dicha atención prioritaria, la oferta se destinará a "los demás usuarios con contratos vigentes, de acuerdo con las condiciones de disponibilidad del gas".Protección a usuarios esenciales y ejecución de reparacionesLa medida gubernamental otorga la máxima importancia a la continuidad del servicio para la comunidad y las instituciones básicas. El Ministerio puntualizó que "la prioridad de la demanda esencial busca garantizar el suministro requerido por hogares, hospitales, colegios, transporte masivo y demás usuarios esenciales, mientras se desarrollan las actividades de inspección y corrección necesarias en la infraestructura de regasificación".Las autoridades reafirmaron que esta restricción responde de forma directa a la falla puntual registrada en la terminal marítima y no a una falta de planeación a largo plazo.En palabras expresas del Ministerio de Minas y Energía: "Esta es una medida temporal, necesaria y responsable, que se levantará tan pronto SPEC LNG confirme la superación de la condición técnica" y "se restablezcan las condiciones necesarias para recuperar la capacidad de entrega de gas importado".Seguimiento constante al sector energéticoEl Ministerio confirmó que mantendrá un monitoreo permanente de la contingencia en mesa de trabajo continua junto al CNO Gas y a los agentes del mercado energético. Asimismo, la entidad precisó que expedirá "las instrucciones adicionales que sean necesarias para garantizar la adecuada aplicación de las medidas y la continuidad del servicio".Por último, el Gobierno nacional ratificó su compromiso con la seguridad y confiabilidad del abastecimiento del país, asegurando que continuará "trabajando de manera coordinada con los agentes del sector para proteger a los usuarios esenciales y la continuidad de los servicios fundamentales".
