La Fiscalía y las autoridades capturaron a cinco personas que harían parte de una estructura criminal que, de acuerdo con la investigación, habría lavado más de 2,3 billones de pesos provenientes del narcotráfico.En el marco de las diligencias también fueron afectados 36 bienes relacionados con la estructura investigada. Los procedimientos se realizaron en Medellín, Antioquia y Barranquilla, Atlántico, donde además fueron incautadas seis armas de fuego, cuatro de ellas, según las autoridades, sin permiso de porte, así como otros elementos que quedaron a disposición de la investigación.La Fiscalía siguió el rastro de los recursos y detectó un entramado societario que habría operado entre 2018 y 2026 con el propósito de dar apariencia de legalidad a dineros provenientes del narcotráfico.De acuerdo con la investigación, el esquema habría comenzado con la creación de nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio dedicados a actividades como obras de ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.Las evidencias recopiladas por los investigadores indicarían que varias de estas empresas no contaban con la infraestructura ni con la capacidad operativa para desarrollar las actividades que registraban. Además, habrían presentado escasa o inexistente actividad económica y diferencias entre la información consignada en sus estados financieros y los movimientos registrados en sus cuentas bancarias.La investigación también identificó operaciones internacionales por altas sumas de dinero y transacciones cruzadas entre las mismas sociedades. Otra de las vías que habría sido utilizada para movilizar los recursos fue el mercado de criptoactivos.Los investigadores detectaron transferencias millonarias en USDT, una moneda digital, con empresas vinculadas a grupos dedicados al narcotráfico que han sido sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, de Estados Unidos.Según la Fiscalía, los recursos que ingresaban al país a través del sistema financiero o mediante activos virtuales eran monetizados y retirados rápidamente. Parte de este dinero habría sido posteriormente invertido en bienes, entre ellos inmuebles y vehículos de alta gama.Dentro de la investigación, Hugo Daniel Giraldo Santamaría fue identificado como presunto cabecilla de la organización y como el supuesto articulador de actividades de monetización, compensación y entrega de recursos.La Fiscalía también señala a Carolina María Giraldo, esposa de Giraldo Santamaría, por su presunta relación con el manejo de grandes sumas de dinero y con el conglomerado de sociedades investigadas.Asimismo, Janeth Catalina Cano Santamaría habría coordinado la canalización, dispersión y monetización de activos virtuales; Johan Mateo Ruiz Orijhuela presuntamente habría utilizado billeteras digitales para facilitar el ingreso, ocultamiento y posterior conversión de importantes sumas de dinero; y Luis Andrés Ospina Ochoa sería, según la investigación, quien daba tránsito y mantenía ocultos los recursos mediante las sociedades investigadas.
La Fiscalía General de la Nación amplió las medidas cautelares dentro de la investigación que adelanta por un presunto esquema de contrabando y lavado de activos relacionado con la sociedad Fast Moda S.A.S., empresa que opera las tiendas Lili Pink y Joy, al incorporar al proceso a la sociedad Elephant Import & Export S.A.S.La decisión fue adoptada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio dentro del proceso que vincula al menos a nueve personas que, según la investigación, harían parte de una estructura dedicada a operaciones de presunto contrabando y lavado de activos.De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, Elephant Import & Export S.A.S. habría sido utilizada para respaldar la importación y el abastecimiento de mercancías, pese a que, presuntamente, no contaba con la capacidad económica real para desarrollar esas operaciones comerciales.La investigación también estableció que la aparente solidez financiera de esa sociedad se sustentaba en un préstamo por 64.000 millones de pesos otorgado por otra empresa que, según el ente investigador, tampoco tendría la capacidad económica para realizar una operación de esa magnitud.Adicionalmente, la Fiscalía identificó que Fast Moda S.A.S. registraba una deuda por 126.000 millones de pesos a favor de Elephant Import & Export S.A.S., situación que, de acuerdo con la investigación, haría parte del esquema financiero utilizado por la estructura investigada.Como parte de las nuevas diligencias, fueron ubicados 12 contenedores con mercancía de origen chino que ingresó al país desde Panamá. De igual manera, la Fiscalía verificó que otros 31 contenedores habían sido aprehendidos previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).Los investigadores también establecieron que parte de la mercancía encontrada ya contaba con etiquetas elaboradas para su comercialización en el mercado colombiano, pese a corresponder a productos fabricados en China.Con la ampliación de las medidas cautelares, la Fiscalía busca fortalecer la afectación patrimonial sobre los bienes y sociedades vinculadas a la investigación, con el propósito de impedir que, presuntamente, continúen siendo utilizadas para operaciones relacionadas con contrabando y lavado de activos.Durante las recientes audiencias, la fiscal del caso expuso cómo, según la investigación, se habría estructurado un entramado empresarial mediante la creación de empresas de papel para ocultar el control real de las operaciones comerciales.La Fiscalía sostuvo que, durante varios años, habría operado una estructura conformada por empresas constituidas en Colombia y Panamá, cuyas operaciones comerciales hacen parte de la investigación que actualmente adelanta el ente acusador por un presunto esquema de contrabando y lavado de activos.
La Policía del estado brasileño de São Paulo detuvo este jueves a la popular influencer Deolane Bezerra por ser sospechosa de lavar dinero para la mayor facción criminal de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC).Bezerra, que tiene 22 millones de seguidores en Instagram, fue detenida junto a otras cinco personas en el marco de una operación durante la cual se bloquearon 327 millones de reales (unos 65 millones de dólares o 56 millones de euros).Además, los agentes requisaron al menos 17 vehículos, incluyendo carros de lujo, y embargaron cuatro inmuebles vinculados a los investigados.Entre los edificios registrados figura la mansión en la que vive Bezerra, una vasta propiedad en un condominio a las afueras de la ciudad de São Paulo con piscina y una amplia área verde.Según la Policía regional, los responsables de la trama usaban empresas fachada, transferían cantidades millonarias sin sustento económico, y adquirían bienes para ocultar el origen ilícito del dinero del PCC.La investigación arrancó tras analizar un celular requisado en una operación anterior y que mostró conversaciones con los líderes de la facción y transferencias financieras.Tres de los investigados fueron incluidos en la lista roja de la Interpol, al creer que se encuentran en Bolivia, Italia y España.En este último país, vive Paloma Sanches Camacho, sobrina del máximo jefe del PCC, reportaron los medios brasileños.Bezerra ya fue detenida en septiembre de 2024 durante una operación que investigaba un supuesto lavado de dinero de plataformas de apuestas digitales ilegales y pasó varios días en prisión preventiva antes de ser liberada.La influencer de 38 años, quien acababa de volver de Italia cuando fue detenida este jueves, acostumbra a exhibir ante sus seguidores el alto tren de vida que lleva, con viajes frecuentes y compras en tiendas de lujo, mientras hace publicidad de productos cosméticos.
Un juez envió a prisión a Walter Francisco Martínez Martínez, señalado por la Fiscalía General de la Nación de participar en una presunta red de lavado de activos y contrabando relacionada con mercancía que tendría como destino la reconocida marca comercial Lili Pink.Por ahora, Martínez permanecerá bajo detención hospitalaria mientras se recupera y recibe el aval médico. Posteriormente, será trasladado a un centro de reclusión para cumplir la medida de aseguramiento impuesta dentro del proceso penal.Según la investigación, Walter Francisco Martínez Martínez es el primer capturado y judicializado dentro de este caso. La Fiscalía sostiene que el procesado presuntamente utilizaba importadoras de papel como empresas fachada con el propósito de evadir controles aduaneros y facilitar el ingreso irregular de mercancía al país.Por estos hechos, el ente acusador le imputó los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito.De manera paralela, las autoridades mantienen vigentes al menos nueve órdenes de captura contra otros presuntos integrantes de este entramado ilegal que, de acuerdo con la Fiscalía, estaría vinculado con operaciones de lavado de activos superiores a 730.000 millones de pesos.La investigación también señala que la organización habría facilitado el ingreso de mercancía de contrabando y recursos de origen ilícito que superarían los 75.000 millones de pesos.En medio del avance del proceso judicial, la empresa Fast Moda, vinculada comercialmente a la marca Lili Pink, emitió un comunicado público para aclarar que Walter Francisco Martínez Martínez no tiene actualmente ninguna relación con la compañía.En el pronunciamiento, la empresa aseguró que Martínez “no mantiene vínculo alguno de carácter comercial, contractual, laboral, societario ni operativo con la compañía”, ni con la operación empresarial asociada a la marca desde el año 2021.
La empresa de ropa femenina Lili Pink se pronunció este 5 de mayo de 2026 frente a las investigaciones que adelantan las autoridades por presuntos delitos de contrabando, lavado de activos y procesos de extinción de dominio. A través de un comunicado, la compañía aseguró que actualmente no existe una decisión judicial en firme que establezca su responsabilidad.Según la firma, los procesos se encuentran en etapa preliminar y hacen parte de una controversia jurídica en curso, por lo que insistió en que los señalamientos conocidos públicamente no constituyen conclusiones definitivas.En relación con las acusaciones de contrabando, la empresa indicó que no existe declaratoria judicial que las confirme. Además, sostuvo que las actuaciones administrativas están siendo controvertidas ante la jurisdicción competente y que todas las mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados.La compañía también advirtió inconsistencias entre las cifras difundidas y los valores reales de los procesos administrativos, aspecto que, según señaló, deberá ser esclarecido en sede judicial.Iván Cancino: “La presunción de inocencia sigue incólume”El abogado penalista Iván Cancino, apoderado de Lili Pink, reforzó la posición de la empresa y explicó que la compañía está vinculada a procesos en etapa de investigación, sin que exista hasta ahora una decisión judicial en firme.“Quiero manifestar que la compañía se encuentra vinculada a procesos que están en esta etapa de investigación y algunos de extinción de dominio, sin que exista a la fecha decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna, y por lo tanto la presunción de inocencia sigue incólume”, afirmó.El jurista reiteró que no hay una declaratoria judicial que confirme los señalamientos de contrabando y subrayó que las actuaciones administrativas están siendo controvertidas ante las autoridades competentes. Asimismo, aseguró que la empresa cuenta con los soportes legales de importación de sus productos.Cancino insistió en que los hechos corresponden a una controversia jurídica en desarrollo y no a conclusiones definitivas. También indicó que existen inconsistencias entre las cifras divulgadas públicamente y los valores reales de las actuaciones administrativas, lo que deberá ser aclarado en el proceso judicial.El abogado destacó, además, que la compañía genera más de 3.000 empleos directos, opera legalmente en Colombia y en otros países de América Latina, y comparece ante las autoridades ejerciendo su derecho de defensa.Finalmente, hizo un llamado a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, evitando interpretaciones anticipadas. “A medida que conozcamos más hechos y que la Fiscalía nos entregue más elementos, haremos otros pronunciamientos”, concluyó.
Se trata de una compleja estructura empresarial señalada de mover millonarios recursos ilícitos bajo la fachada de la famosa cadena de venta de ropa conocida como Lili Pink, empresa que habría permitido el ingreso de recursos del contrabando al país.El entramado estaría compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante las cuales ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación.¿Que hacía Lili Pink, según la Fiscalía?Disimulaban el control aduanero, fragmentaban transacciones, simulaban relaciones comerciales y dificultaban la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal. Por eso fueron ocupados 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, bienes que quedan bajo proceso de extinción del derecho de dominio.Las cifrasEstá documentado por la Fiscalía el lavado de activos por 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dian, avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millonesLas diligencias se desplegaron en 59 municipios y ciudades distribuidos en 25 departamentos, con apoyo del Ejército Nacional, debido a la amplia presencia territorial de la cadena comercial investigada.Mientras avanza el proceso judicial, los establecimientos y activos intervenidos continuarán funcionando bajo supervisión, a la espera de que jueces especializados definan si pasan definitivamente al Estado.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que avanza en la investigación de cinco casos de incautación de dinero en efectivo registrados en distintas regiones del país durante los últimos días de cara a las elecciones. El objetivo de las indagaciones es determinar si los recursos tienen relación con delitos electorales o si su origen podría estar vinculado con otras conductas de presunto lavado de activos.Según la Fiscalía, en San Onofre, Sucre, fue incautado un monto de 28 millones y una persona fue capturada durante el procedimiento. Posteriormente, un juez de control de garantías impartió legalidad al operativo policial y avaló la incautación del dinero con fines de comiso, por lo que el proceso continúa en etapa de investigación.Otro caso se registró en Cúcuta, Norte de Santander, donde las autoridades incautaron 26 millones de pesos en efectivo y capturaron a una persona. En este caso, aún está pendiente la presentación ante un juez de control de garantías para definir la legalidad del procedimiento y las decisiones judiciales correspondientes.En Ibagué, Tolima, las autoridades reportaron la incautación de 71 millones en efectivo. En este procedimiento no se registraron capturas.Uno de los casos de mayor cuantía se presentó entre Montería y Planeta Rica, en el departamento de Córdoba, donde fueron incautados 434 millones de pesos. En audiencia ante un juez penal de control de garantías fueron legalizadas las capturas de Misael Augusto Villarreal Jorge y Virginia Rosa Urango Ramos.En la misma diligencia judicial se avaló la incautación del dinero con fines de comiso, así como de varios dispositivos móviles que también serán objeto de análisis dentro de la investigación. Los dos implicados quedaron vinculados al proceso, pero continuarán enfrentando la investigación en libertad.La Fiscalía también confirmó que, junto con estos expedientes, se mantienen actos investigativos relacionados con el caso del escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) capturado en La Guajira con dinero en efectivo y material electoral. Todos estos procesos están siendo orientados por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, con el propósito de obtener elementos materiales probatorios que permitan establecer con claridad el origen de los recursos y su eventual destinación.
La Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una mesa de trabajo con dos líneas de investigación en el caso de Alfredo Acuña, funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y escolta del secretario de la Cámara de Representantes de Colombia, Jaime Lacouture, quien fue capturado en La Guajira con 145 millones de pesos en efectivo y propaganda electoral del congresista Daniel Restrepo.Según el ente acusador, una de las líneas busca establecer si hay un posible delito de lavado de activos, con el fin de verificar el origen y destino del dinero. La otra apunta a determinar un eventual caso de corrupción relacionado con una posible destinación indebida de recursos con fines de campaña o electorales.La captura fue objeto de revisión en audiencia de legalización ante un juez de control de garantías, quien decidió dejar en libertad al escolta. De acuerdo con su abogado, Iván Cancino, la decisión obedeció a presuntas irregularidades en el procedimiento y fallas en la sustentación del ente acusador.“La defensa demostró que la captura fue ilegal en el procedimiento y que el dinero no tenía ningún motivo o circunstancia que lo vinculara con delito alguno, y se ordena también la devolución del dinero y de los vehículos. El debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia no son bienes que se puedan disponer a la ligera, como lo hemos visto hoy. La investigación obviamente seguirá, pero en Colombia llevar dinero en efectivo no es delito y no podemos permitir que eso se vuelva una costumbre. La Fiscalía obviamente tendrá que hacer sus procedimientos, sus indagaciones, pero lo importante es que hoy esas personas quedaron libres”, afirmó.El abogado también sostuvo que su defendido permaneció más de 30 horas capturado sin que avanzara la diligencia judicial y que inicialmente la Policía habló del delito por omisión de reporte sobre transacciones en efectivo.Por su parte, la Fiscalía explicó que la Policía tardó 24 horas en presentar el informe judicial, lo que generó retrasos en la legalización de la captura y en la evaluación del delito a imputar. Finalmente, en audiencia y tras una revisión de la información, el ente acusador sustentó la hipótesis de lavado de activos.Sin embargo, la jueza cuestionó que la Fiscalía no justificara adecuadamente las demoras y puso en duda la adecuación típica del delito planteado. Durante la diligencia también se conoció que el dinero estaba distribuido en siete paquetes con nombres que coinciden con políticos de La Guajira.
Este jueves concluyó una jornada más de audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, en la que la Fiscalía y la defensa han estado interponiendo sus recursos de reposición y apelación frente a las pruebas admitidas y rechazadas por el juez del caso, Hugo Carbonó.La diligencia se reanudará los próximos 26 y 27 de marzo, cuando se espera que la defensa termine su intervención y el juez se pronuncie sobre cada uno de los recursos interpuestos. Sin embargo, si la decisión del juzgado no satisface a las partes, estas pruebas en cuestión pasarán a manos del Tribunal Superior de Barranquilla para que defina en segunda instancia su pertinencia o no en el caso.Justamente, una de las pruebas debatidas es la información extraída del celular de Day Vásquez, exesposa del acusado y principal testigo de la Fiscalía. Este material fue avalado por el juez, convirtiéndose en prueba reina del ente acusador; sin embargo, la defensa sostiene que su procedencia es ilegal e insiste en que debe quedar por fuera del juicio.Al respecto, el delegado de la Procuraduría, Henry Bustos, advirtió que es imperante resolver este recurso para poder avanzar en el proceso, pues considera que, sin una decisión firme sobre la legalidad de esta prueba, "no resulta posible dar inicio al juicio oral".Para Bustos, la información extraída del teléfono de Day Vásquez sí puede ser utilizada como prueba, pues contrario a lo que plantea la defensa, considera que no hubo ningún tipo de vulneración a Vásquez a la hora incautar su dispositivo. Sostiene que ella lo entregó por voluntad propia y no bajo presión.Así las cosas, la instalación del juicio contra Nicolás Petro podría tardar unos meses más, mientras la justicia define qué pruebas son válidas o no en el proceso, pues las partes coincidieron en que, solo cuando haya una decisión en firme sobre estas pruebas rebatidas, se daría inicio al juicio oral.Otras pruebas objetadasLa Procuraduría insiste en que los testimonios previamente rendidos por Nicolás Petro no deben ser llevados al juicio oral, por lo que pide al juez que mantenga su decisión de no admitir esas declaraciones como pruebas.Recalcó que las declaraciones que rindió el procesado ante la Fiscalía, bien sea para buscar o no algún beneficio, no deben ser usadas en su contra, pues al final no se logró ningún preacuerdo a partir de esos diálogos.A su vez, la Procuraduría respaldó la decisión del juez de no admitir el testimonio de Ricardo Roa, como ex gerente de la pasada campaña presidencial, en el juicio oral contra Nicolás Petro. En este sentido, el Ministerio Público rechazó la apelación de la defensa e insistió en que la declaración de Roa no es pertinente, por cuanto la campaña política no es el objeto de este debate.Eso sí, consideró que los testimonios del ministro Armando Benedetti y el congresista Agmeth Escaf sí son pertinentes, porque ellos no hablarían de la campaña, sino de las relaciones sociales y el modo de vida de Nicolás.
La Policía española detuvo a una mujer de nacionalidad colombiana y española de unos 40 años, acusada de ser la jefa de una "empresa de servicios" a narcotraficantes, cuando trataba de huir del país con un millón de euros en bolsas de supermercado, informaron este martes fuentes policiales.Paula fue detenida en Madrid el pasado 13 de febrero cuando agentes de las Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía y de la Brigada antidroga, tras casi dos años de pesquisas, asestaron un importante golpe a toda una estructura criminal que funcionaba como "prestador de servicios" del narco.Junto a ella, en una nave de Alcobendas (norte de Madrid) y en una gasolinera, fueron arrestados el resto de integrantes, once hombres, colombianos en su mayoría y algún holandés.Entre los apresados estaban Gilbert, pareja de Paula y, según los investigadores, jefe "operativo" de la organización, y dos hijos de Paula, quien -según constatan los agentes- estaba al frente de toda la red y manejaba la recaudación de dinero y la contabilidad.Las autoridades desmantelaron esta "organización criminal" que operaba como una red logística contratada por narcotraficantes para recoger, transportar, almacenar y entregar la droga a sus clientes, y descubrieron que Paula era la supuesta jefa.El inspector jefe de UDYCO central, Francisco Podio, y el inspector de la brigada de estupefacientes de Madrid, Manuel LLorente, han asegurado este martes que con toda probabilidad ella fue alertada desde la nave de Alcobendas.Con lo puesto, sin pasaporte pero con un DNI español, la mujer salió ese viernes 13 a toda prisa de su domicilio en la capital en su llamativo Mercedes de alta gama de color negro mate, con varias bolsas de supermercado que contenían paquetes embolsados con billetes de 100, 20 y sobre todo de 50 euros.La mayor incautación en tierra en MadridEn total, eran poco más de un millón de euros que la Policía expuso este martes dispuestos en bolsas transparentes que tenían escrita la cantidad: entre 30.000 y 50.000 euros cada bolsa.Junto al botín incautado del interior del coche y como resultado de esta operación, bautizada como 'Tocada Space', los agentes han mostrado los 2.700 "ladrillos" de cocaína incautados -3.400 kilos, la mayor incautación en tierra de Madrid-; armas de fuego y de guerra, además de una placa Starlink que dotaba a la organización de tecnología satelital para comunicarse con precisión.Entre los efectos intervenidos, varias furgonetas y vehículos de alquiler que la organización había caletado de forma muy sofisticada y con un mecanismo electrónico para ocultar armas y droga.La investigación la iniciaron hace alrededor de dos años unos agentes que sospechan que la organización en un momento paralizó su actividad.En julio pasado, a través de los canales de colaboración con Suecia, Polonia y Portugal a raíz de una aprehensión en un camión procedente de España, se intensificó y se localizó el punto de carga de la droga en una nave industrial ubicada en la localidad de Alcobendas.El pasado día 13, los investigadores detectaron que la organización podría estar preparando un nuevo transporte. Tras un intenso dispositivo de vigilancia, comprobaron cómo repetían el mismo patrón: alquiler de vehículos, desplazamiento al sur de España y regreso a Madrid.
Un primo de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, fue hallado sin vida en su domicilio después de que sus vecinos alertaran que hacía varias semanas que no lo veían, según reportaron este domingo 13 de septiembre medios locales.El fallecido es Ysidro Kagami Fujimori, de 67 años, hijo de Juana Fujimori, hermana del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) y, por ende, primo hermano de la actual mandataria, que desempeña el cargo desde el pasado 28 de julio.De acuerdo con los medios que tuvieron acceso al reporte policial, el cuerpo del familiar de la gobernante peruana no presentaba signos de violencia cuando el sábado ingresaron a la vivienda agentes de Policía.Kagami Fujimori vivía solo en un barrio del distrito limeño de La Molina, donde los vecinos relataron a medios locales que no lo habían visto desde hacía al menos 15 días.Los vecinos alertaron a la exesposa del difunto, que autorizó a la Policía para que accediera al inmueble a inspeccionar, momento en el que encontraron el cuerpo.Un vigilante de seguridad de la zona, que solía conversar con él, aseguró que le había contado que estaba yendo al hospital porque se encontraba " mal" de salud.En un breve mensaje en redes sociales, Fujimori lamentó el fallecimiento de su primo y elevó "una oración por su eterno descanso"."Pido al Señor que lo acoja a su lado. Por decisión de la familia, su despedida se realizará en estricto privado. Agradezco de corazón los mensajes de preocupación, las condolencias y el respeto en estos momentos difíciles", expresó Fujimori.Este hecho recordó lo sucedido con Juana Fujimori y su hermana Rosa Fujimori cuando fueron acusadas del delito de asociación ilícita en el caso del desvío de las donaciones recibidas de Japón en los años 90 para la organización no gubernamental Apenkai, hasta que en 2019 los hechos prescribieron y se eliminó la orden de captura que pesaba contra ellas.
La fecha 10 de la Liga BetPlay II dejó una nueva serie de resultados importantes en el campeonato, con partidos que modificaron la situación de varios equipos y otros que mantienen la expectativa en la parte alta de la clasificación.Lo jornada finalizó con el triunfo de Millonarios 2-1 frente a Cúcuta Deportivo en condición de visitante. Rodrigo Ureña y Rodrigo Contreras fueron los encargados de marcar para el conjunto capitalino, que se trepó a la segunda posición del campeonato.El compromiso también tuvo como protagonista una fuerte acción sobre Samuel Martín. Tamayo del Cúcuta golpeó con el codo al jugador de Millonarios, quien tuvo que ser retirado del terreno de juego por los servicios médicos.Bismark Santiago mostró inicialmente la tarjeta amarilla por la acción. Sin embargo, en la repetición se pudo observar la violencia de la entrada del jugador de Cúcuta. La jugada generó cuestionamientos sobre la decisión tomada durante el partido y sobre la intervención del VAR, a cargo de Leonard Mosquera.¿Qué otros resultados dejó la fecha 10 de la Liga BetPlay?La jornada comenzó el viernes con dos compromisos. Jaguares y Fortaleza terminaron igualados 2-2, mientras que Santa Fe derrotó 1-0 al Tolima.El sábado también hubo tres encuentros. Internacional de Bogotá superó 3-2 a Llaneros, Boyacá Chicó derrotó 2-1 al Deportivo Independiente Medellín y Alianza consiguió una victoria 1-0 sobre Junior.El resultado de Alianza volvió a dejar al conjunto barranquillero sin conseguir una victoria en el campeonato.Este domingo, además del duelo entre Cúcuta y Millonarios, se disputaron otros tres partidos. Bucaramanga derrotó 3-1 a Deportivo Pereira, Deportivo Cali venció 2-1 a Once Caldas y Atlético Nacional se impuso 2-0 sobre Águilas.El encuentro de Nacional tuvo un ingrediente especial: fue la presentación oficial de James Rodríguez con el equipo antioqueño.La décima jornada todavía tiene un partido pendiente. América de Cali, líder del campeonato, recibirá este lunes al Deportivo Pasto en el estadio Pascual Guerrero.Así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 10América de Cali — 20 pts | DG: +16Millonarios — 16 pts | DG: +4Tolima — 16 pts | DG: +3Atlético Nacional — 15 pts | DG: +10Medellín — 15 pts | DG: +5Bucaramanga — 13 pts | DG: +4Santa Fe — 13 pts | DG: +3Deportivo Cali — 12 pts | DG: +3Llaneros — 11 pts | DG: -1Internacional — 11 pts | DG: -1Águilas Doradas — 10 pts | DG: 0Once Caldas — 9 pts | DG: +1Cúcuta — 9 pts | DG: -6Fortaleza — 8 pts | DG: -2Boyacá Chicó — 8 pts | DG: -7Jaguares — 7 pts | DG: -5Deportivo Pereira — 6 pts | DG: -5Alianza — 5 pts | DG: -9Junior — 3 pts | DG: -5Pasto — 2 pts | DG: -8
Luego de ocho días de intenso trabajo, los organismos de socorro dieron por finalizada la emergencia generada por el incendio forestal en Cerro Gordo, Dapa y La Buitrera, en zona rural del municipio de Yumbo, Valle, que dejó una afectación estimada de 587 hectáreas.Las autoridades destacaron el trabajo articulado entre las instituciones municipales, departamentales y nacionales, así como el apoyo de la Fuerza Aérea y de la comunidad de la zona.“Hoy, domingo 13 de septiembre, sobre las seis de la tarde, estamos haciendo el cierre de estos ocho días de intenso trabajo en el incendio forestal de Cerro Gordo, Dapa, La Buitrera, con una afectación de 587 hectáreas. Un agradecimiento total a toda la labor en equipo, tanto de las instituciones a nivel municipal de Yumbo como departamental y nacional”, señaló el capitán Alberto Valencia, comandante de Bomberos Yumbo.Los equipos de emergencia concentraron sus esfuerzos en el sector sur de Cerro Gordo, donde realizaron labores de liquidación para controlar puntos de calor y columnas de humo que aún representaban riesgo.“Se hizo un despliegue pudiendo aplicar agua, haciendo una descarga de 2.000 galones por tierra y, en horas de la tarde, complementando estas labores con operaciones aéreas del Bambi Bucket, que pudo aplicar un promedio de 5.500 galones de agua desde la parte superior”, explicó el subteniente Julián Ramos, comandante del incidente.Con estas labores, los organismos de socorro esperan haber completado la fase de liquidación y dar por superada esta emergencia, que durante los últimos días generó un importante impacto ambiental y preocupación entre las comunidades cercanas. Entre tanto es zona rural del Bolívar, Valle, las autoridades también lograron controlar un incendio forestal en zona rural.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció este domingo 13 de septiembre que su gobierno acudirá a los mecanismos jurídicos disponibles para controvertir las recientes decisiones judiciales que han establecido límites a las operaciones aéreas ofensivas contra estructuras armadas y a la aspersión aérea de cultivos ilícitos en Putumayo.Durante su alocución presidencial, el mandatario aseguró que las decisiones de los jueces serán respetadas y las órdenes que se encuentren vigentes serán cumplidas. No obstante, sostuvo que esto no impide que el Ejecutivo use las herramientas contempladas en la Constitución y la ley para defender las atribuciones que, según explicó, corresponden al presidente de la República.“Las decisiones judiciales se respetan y las órdenes vigentes se cumplen”, afirmó De La Espriella, al tiempo que señaló que su administración cree en la separación de poderes, la independencia judicial y el Estado de Derecho.El pronunciamiento se produjo en medio de dos asuntos que el jefe de Estado calificó como fundamentales para la seguridad nacional y la lucha contra el narcoterrorismo. El primero está relacionado con las operaciones aéreas ofensivas contra estructuras armadas cuando existe información sobre la posible presencia de menores de edad. El segundo corresponde a una decisión que ordenó provisionalmente suspender las actividades de aspersión aérea en Putumayo, mientras se resuelve de fondo una acción de tutela.De La Espriella defiende competencias constitucionalesEl mandatario sostuvo que las facultades del presidente para dirigir la fuerza pública y adoptar decisiones relacionadas con el orden público tienen respaldo constitucional, aunque reconoció que estas deben ejercerse dentro de los límites establecidos por la Constitución, los derechos fundamentales y el derecho internacional humanitario.En ese sentido, marcó una diferencia entre la función de control de los jueces y la conducción de las operaciones estatales.El mandatario agregó que, por esa razón, impartió instrucciones para que la defensa jurídica del Estado intervenga en el caso y anunció que se utilizarán los recursos correspondientes.“Vamos a ejercer todos los mecanismos jurídicos que correspondan para defender esas competencias que la Constitución me ha entregado a mí como presidente de la República”, manifestó.Reclutamiento de menores y operaciones contra grupos armadosUno de los principales argumentos expuestos por el presidente estuvo relacionado con el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales.De La Espriella afirmó que el Estado tiene una obligación reforzada de protección frente a los menores reclutados y que cualquier actuación de la fuerza pública debe desarrollarse con inteligencia, precisión y precaución, además de cumplir los principios de distinción y proporcionalidad establecidos en el derecho internacional humanitario.Sin embargo, advirtió que la presencia de menores en campamentos de grupos armados no debería convertirse, en su opinión, en un mecanismo para impedir de manera automática las acciones estatales contra los responsables de esas estructuras.El presidente insistió en que la respuesta debe combinar la protección de los menores con una estrategia militar basada en una mejor inteligencia, una mayor precisión operacional y una evaluación rigurosa de cada objetivo.Aspersión aérea en Putumayo y lucha contra los cultivos ilícitosEl segundo punto abordado durante la alocución fue la suspensión provisional de las actividades de aspersión aérea en Putumayo, una medida relacionada con la política de lucha contra los cultivos ilícitos.Sobre este asunto, De La Espriella aseguró que cualquier decisión del Gobierno deberá contar con los respectivos soportes técnicos, ambientales, sanitarios y territoriales, además de cumplir los procedimientos establecidos por la legislación.“Cumplidas esas exigencias, la definición y ejecución de la política contra el narcotráfico corresponde a las autoridades constitucionalmente competentes para ello”, afirmó.De esta manera, el mandatario defendió la capacidad del Ejecutivo para definir su estrategia contra los cultivos de uso ilícito, aunque señaló que las actuaciones deberán ajustarse a los requisitos legales y técnicos correspondientes.“No voy a convertir esto en pelea del presidente contra los jueces”Pese a su decisión de controvertir jurídicamente las medidas, De La Espriella descartó que su Gobierno pretenda convertir el asunto en una confrontación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial.El jefe de Estado insistió en que la discusión, desde su perspectiva, es institucional y no personal. También reconoció la importancia de la tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales y aseguró que esa garantía será respetada por su administración.Finalmente, De La Espriella sostuvo que el Estado de Derecho exige tanto la protección de los derechos fundamentales como el respeto por las competencias asignadas a cada rama del poder público.“Proteger los derechos fundamentales y garantizar la seguridad de los colombianos no son objetivos incompatibles. Tenemos que hacer ambas cosas”, concluyó el presidente, al reiterar que su gobierno mantendrá una defensa jurídica de las facultades del Ejecutivo para conservar el orden público, dirigir la fuerza pública y enfrentar a las organizaciones criminales.
La música, las danzas y los personajes de la fiesta serán parte de una experiencia que busca llevar la identidad del Caribe a miles de espectadores. El recorrido comenzó meses antes entre ensayos, vestuarios, instrumentos, nervios y la responsabilidad de representar una fiesta que hace parte de la identidad del Caribe colombiano.La residencia que Shakira realiza en Madrid como cierre de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour tendrá lugar en un estadio construido especialmente para la ocasión, con capacidad para más de 50.000 personas por noche. Y para de verdad demostrar el sabor del Caribe, Shakira y su equipo decidieron que cada noche cerrará con un carnaval inspirado en distintas tradiciones y, entre ellas, estará Barranquilla, su ciudad natal.“Completamente lo que se espera durante todo este evento es un intercambio cultural, donde nosotros, a partir de nuestras danzas patrimoniales, representemos con mucho orgullo todo lo que tiene que ver con el Carnaval de Barranquilla en la ciudad de Madrid”, explica José David Cervantes, representante de la danza del Congo Grande de Barranquilla. “Es un honor para nosotros estar al lado de Shakira, haber sido escogidos para estar allá en Madrid representando el Carnaval de Barranquilla”, agregó Breiner Sala, representante del mismo grupo. La comitiva reúne a miembros de los grupos Nativos, Marimonda, Garabato, Son Calimba, Congo Grande de Barranquilla, Cumbiamba y Fuerza Negra.En Madrid, ese patrimonio tendrá además un significado particular. Shakira lleva décadas siendo una de las grandes embajadoras internacionales de la identidad barranquillera. En 1998 compartió escenario con Joe Arroyo durante el Festival de Orquestas y, años después, Hips Don’t Lie incorporó referencias a las danzas y personajes del Carnaval. La frase “En Barranquilla se baila así” terminó convertida en una especie de declaración universal de identidad barranquillera.Para William Espejo, músico de la delegación, lo que ocurrirá en Madrid tendrá una dimensión mucho mayor que una presentación folclórica. “Tengo entendido que vamos a hacer un desfile allá, mejor dicho, un carnaval allá. O sea, no es solamente una muestra, es un carnaval completo”, dice.“Eso va a ser como una entrega cultural y es la puesta de Colombia en esas tierras extranjeras, en donde van a haber muchos madrileños y europeos conociendo nuestras músicas tradicionales”, agregó.Con esto, se busca llevar mucho más allá que una postal o muestra de Barranquilla, sino mostrar toda una celebración que nació del encuentro de culturas indígenas, africanas y europeas y que encontró en la ciudad del Caribe una manera propia de expresarse a través de la música, el baile, los disfraces y los personajes.“No es solamente música, sino también van a estar las expresiones dancísticas aquí, como el al garabato, paloteo, mapalé, samba, cumbia, etc", dijo. Miguel Costa, integrante de la cumbiamba La Gigantona, lo resume sin demasiadas palabras: “La verdad no sé si reír, llorar de la emoción”.“Principalmente estamos muy comprometidos, muy responsables, porque desde el Carnaval de Barranquilla vamos a llevar esto a otro nivel, porque venimos ya preparándonos, no descansamos y estamos dispuestos a dar lo mejor de sí", señaló.La delegación tendrá varios días de preparación en España antes de las presentaciones, con ensayos y ensambles junto a los demás artistas que harán parte de la residencia. El objetivo es que las distintas expresiones encajen en una puesta en escena concebida para un público internacional. Y mientras Madrid recibe a Shakira, Barranquilla se reconoce en quienes viajan. “Nosotras somos una representación y sobre todo vamos con responsabilidad para dejar el nombre de Barranquilla en alto y también a disfrutar”, dice Yuliana Muñoz, integrante de Son Calimba.
