La empresa de ropa femenina Lili Pink se pronunció este 5 de mayo de 2026 frente a las investigaciones que adelantan las autoridades por presuntos delitos de contrabando, lavado de activos y procesos de extinción de dominio. A través de un comunicado, la compañía aseguró que actualmente no existe una decisión judicial en firme que establezca su responsabilidad.
Según la firma, los procesos se encuentran en etapa preliminar y hacen parte de una controversia jurídica en curso, por lo que insistió en que los señalamientos conocidos públicamente no constituyen conclusiones definitivas.
En relación con las acusaciones de contrabando, la empresa indicó que no existe declaratoria judicial que las confirme. Además, sostuvo que las actuaciones administrativas están siendo controvertidas ante la jurisdicción competente y que todas las mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados.
La compañía también advirtió inconsistencias entre las cifras difundidas y los valores reales de los procesos administrativos, aspecto que, según señaló, deberá ser esclarecido en sede judicial.
Iván Cancino: “La presunción de inocencia sigue incólume”
El abogado penalista Iván Cancino, apoderado de Lili Pink, reforzó la posición de la empresa y explicó que la compañía está vinculada a procesos en etapa de investigación, sin que exista hasta ahora una decisión judicial en firme.
“Quiero manifestar que la compañía se encuentra vinculada a procesos que están en esta etapa de investigación y algunos de extinción de dominio, sin que exista a la fecha decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna, y por lo tanto la presunción de inocencia sigue incólume”, afirmó.
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El jurista reiteró que no hay una declaratoria judicial que confirme los señalamientos de contrabando y subrayó que las actuaciones administrativas están siendo controvertidas ante las autoridades competentes. Asimismo, aseguró que la empresa cuenta con los soportes legales de importación de sus productos.
Cancino insistió en que los hechos corresponden a una controversia jurídica en desarrollo y no a conclusiones definitivas. También indicó que existen inconsistencias entre las cifras divulgadas públicamente y los valores reales de las actuaciones administrativas, lo que deberá ser aclarado en el proceso judicial.
El abogado destacó, además, que la compañía genera más de 3.000 empleos directos, opera legalmente en Colombia y en otros países de América Latina, y comparece ante las autoridades ejerciendo su derecho de defensa.
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Finalmente, hizo un llamado a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, evitando interpretaciones anticipadas. “A medida que conozcamos más hechos y que la Fiscalía nos entregue más elementos, haremos otros pronunciamientos”, concluyó.
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